STC13654-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13654-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2023-00177-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 20 de octubre de 2023 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela que Judith Fandi\u00f1o Hern\u00e1ndez le formul\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso de insolvencia n\u00b0 85001-31-03-003-2018-00100-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora denunci\u00f3 que el juzgado lesion\u00f3 sus derechos porque termin\u00f3, por desistimiento t\u00e1cito, la reorganizaci\u00f3n que promovi\u00f3 (11 may. 2023). <\/p>\n
Adujo que la decisi\u00f3n se apoy\u00f3 en que no cumpli\u00f3 con el requerimiento realizado por auto de 9 de marzo de 2023, seg\u00fan el cual deb\u00eda \u00abpresentar los estados b\u00e1sicos financieros correspondientes al cuarto trimestre del a\u00f1o 2022\u00bb. Destac\u00f3 que ello ocurri\u00f3 porque el despacho no tuvo en cuenta los que present\u00f3 el 8 y 13 de marzo de 2023, en los que revel\u00f3 su informaci\u00f3n financiera del trimestre, comparada con el a\u00f1o anterior. De ese modo, precis\u00f3, se desconoci\u00f3 el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 19 de la Ley 1116 de 2006, la Circular Externa 100-00005 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades, y las normas internacionales de informaci\u00f3n financiera (NIFF), reglas que determinan las condiciones bajo las cuales pueden presentarse los citados estados. <\/p>\n
Finalmente apunt\u00f3 que la acci\u00f3n cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que recurri\u00f3 la directriz controvertida pero el fallador la mantuvo (24 jul. 2023). <\/p>\n
2.- De los informes remitidos por los convocados se destacan los siguientes: El juzgado se limit\u00f3 a remitir el expediente objeto de queja constitucional, sin referirse a los hechos materia de tutela. El Centro Comercial Unicentro Yopal Etapa 1 P.H., acreedor de la concursada, se opuso al amparo, argumentando que \u00abse omiti\u00f3 el cumplimiento de una carga procesal que \u201cno\u201d fue recurrida en su momento\u00bb. Los dem\u00e1s acreedores, pese a ser notificados, guardaron silencio. <\/p>\n
3.- El Tribunal desestim\u00f3 el ruego al concluir que la resoluci\u00f3n fue debidamente motivada. <\/p>\n
4.- En desacuerdo con el desenlace, la gestora lo impugn\u00f3. Precis\u00f3 que el a quo constitucional se limit\u00f3 a realizar un recuento de la actuaci\u00f3n, sin resolver de fondo el problema planteado, en virtud del cual corresponde determinar \u00abpor qu\u00e9 el juez del concurso [manifiesta] que el deudor no present\u00f3 los estados financieros del cuarto periodo del a\u00f1o 2022, sin tener en cuenta los estados financieros presentados el d\u00eda 8 de marzo del a\u00f1o 2023 que corresponden de manera comparada como lo ordena la Circular Externa 100-00005 de 2016 expedida por la Superintendencia de Sociedades y el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 19 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. En lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 las observaciones del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El veredicto impugnado se revocar\u00e1 y, en su lugar, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. Esto, porque no se cumpl\u00edan con los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso para decretar el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.- Lo primero que debe destacar la Sala, es que es razonable sostener que los estados financieros aportados el 8 y 13 de marzo de 2023 no reflejan la informaci\u00f3n financiera de la recurrente durante el \u00faltimo semestre de 2022, como, en efecto, lo ordena el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 19 de la Ley 1116, al se\u00f1alar que el deudor deber\u00e1 \u00abmantener a disposici\u00f3n de los acreedores (\u2026), dentro de los diez (10) primeros d\u00edas de cada trimestre, a partir del inicio de la negociaci\u00f3n, los estados financieros b\u00e1sicos actualizados, y la informaci\u00f3n relevante para evaluar la situaci\u00f3n del deudor y llevar a cabo la negociaci\u00f3n, as\u00ed como el estado actual del proceso de reorganizaci\u00f3n, so pena de la imposici\u00f3n de multas\u00bb. Lo anterior, por cuanto los allegados no muestran claramente los datos de ese periodo espec\u00edfico, sino que revelan los de toda la anualidad (2022)1. <\/p>\n
Sin embargo, lo cierto es que dicha circunstancia no habilitaba, en el caso concreto, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.- El desistimiento t\u00e1cito, como lo ha dicho la Sala, es una consecuencia derivada de la inactividad procesal cuando \u00e9sta corresponde a la parte y de ella depende el impulso de la causa (STC152-2023, STC314-2023, STC6147-2023, entre otras). Por eso, el numeral primero del art\u00edculo 317 citado dispone que \u00ab[c]uando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado\u00bb. Por su parte, el numeral segundo establece \u00ab[c]uando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo\u00bb (se enfatiza). <\/p>\n
En el caso, el impulso de la reorganizaci\u00f3n no depend\u00eda de una carga que debiera cumplir la deudora y, por tanto, no pod\u00eda ser conminada a cumplirla ni mucho menos sancionarla por su inejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.- En efecto, lo primero que debe destacarse es que el reportar trimestralmente de los estados financieros al juez del concurso no es una \u00abcarga procesal\u00bb del deudor de la que dependa el tr\u00e1mite de la reorganizaci\u00f3n. Es un deber del impulsor de la insolvencia, con miras a que el procedimiento cumpla su finalidad y, por ende, su desatenci\u00f3n, en ninguna circunstancia puede acarrear la p\u00e9rdida del derecho del comerciante a reorganizarse, y ha de ser conjurada oficiosamente por el juez del concurso. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, como lo ha dicho la Sala, que los deberes procesales \u00abson aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realizaci\u00f3n del proceso y que miran, unas veces al Juez, otras a las partes y aun a los terceros y su incumplimiento se sanciona en forma diferente seg\u00fan quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido\u00bb, mientras que las cargas procesales \u00abson aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realizaci\u00f3n facultativa, normalmente establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n trae aparejadas para \u00e9l consecuencias desfavorables, como la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial debatido en el proceso\u00bb2. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, f\u00edjese que cuando el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 19 de la Ley 1116 demanda al deudor \u00abmantener a disposici\u00f3n de los acreedores (\u2026), dentro de los diez (10) primeros d\u00edas de cada trimestre, a partir del inicio de la negociaci\u00f3n, los estados financieros b\u00e1sicos actualizados (\u2026)\u00bb, le impone un deber que busca hacer p\u00fablica su situaci\u00f3n financiera, a fin de que con base con ella pueda determinarse el rumbo de la insolvencia. A tono con ello, la misma regla, en la parte final, se\u00f1ala que la infracci\u00f3n de ese mandato acarrea una consecuencia especial: \u00abla imposici\u00f3n de multas\u00bb. En armon\u00eda con lo anterior, el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1116 de 2006 dispone que el juez del concurso tendr\u00e1, entre otras, la facultad de \u00ab[s]olicitar u obtener, en la forma que estime conveniente, la informaci\u00f3n que requiera para la adecuada orientaci\u00f3n del proceso de insolvencia\u00bb; \u00ab[i]mponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus \u00f3rdenes, la ley o los estatutos\u00bb, y en general, \u00abtendr\u00e1 atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo\u00bb (numerales 1, 5 y 11 de la norma). <\/p>\n
Luego, como el mandato previsto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 19 de la Ley 1116 de 2006 es un deber y no una carga procesal, el que la quejosa lo hubiese cumplido imperfectamente no pod\u00eda provocar la terminaci\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
<\/p>\n
3.2.- De otro lado, el impulso de la causa no estaba supeditado a que la recurrente suministrara los referidos estados, pues ninguna actuaci\u00f3n, en concreto, depend\u00eda de ello. Por el contrario, el tr\u00e1mite subsiguiente estaba a cargo del juzgado. N\u00f3tese que para el momento en que la agencia requiri\u00f3 a la actora para que aportara los estados financieros (9 mar. 2023), corri\u00f3 traslado a los intervinientes, por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, de \u00ablos proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto de la persona natural comerciante Judith Fandi\u00f1o Hern\u00e1ndez\u00bb3. Luego, y comoquiera que los acreedores presentaron objeciones4, le correspond\u00eda tramitarlas de conformidad con lo consagrado en los art\u00edculos 28 y 29 de la Ley 1116 de 2006, para finalmente decidirlas, reconocer los cr\u00e9ditos, asignar los derechos de voto y fijar plazo para la celebraci\u00f3n del acuerdo. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, y en lo pertinente, la primera de dichas normas se\u00f1ala: <\/p>\n
El proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentados por el promotor, se correr\u00e1 traslado en las oficinas del juez del concurso por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Vencido dicho plazo, correr\u00e1 un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para provocar la conciliaci\u00f3n de las objeciones. Las objeciones que no sean conciliadas ser\u00e1n decididas por el juez del concurso en la audiencia de que trata el art\u00edculo siguiente. (\u2026). (se destaca). <\/p>\n
Por su lado, el precepto 30 siguiente establece: <\/p>\n
Si se presentaren objeciones, el juez del concurso proceder\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tendr\u00e1 como pruebas las documentales aportadas por las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En firme la providencia de decreto de pruebas convocar\u00e1 a audiencia para resolver las objeciones, la cual se llevar\u00e1 a cabo dentro de los cinco d\u00edas siguientes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En la providencia que decida las objeciones el Juez reconocer\u00e1 los cr\u00e9ditos, asignar\u00e1 los derechos de voto y fijar\u00e1 plazo para la celebraci\u00f3n del acuerdo. Contra esta providencia solo proceder\u00e1 el recurso de reposici\u00f3n que deber\u00e1 presentarse en la misma audiencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si de acuerdo con el estado de la reorganizaci\u00f3n, era al fallador de Yopal a quien le correspond\u00eda impulsarla, mediante el curso de las objeciones formuladas a \u00ablos proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb, no pod\u00eda tener por desistida la actuaci\u00f3n. Su deber era proseguir con las fases subsiguientes, con miras a que la deudora y sus acreedores celebren el respectivo acuerdo de reorganizaci\u00f3n, que permita a la primera la preservaci\u00f3n de su empresa y la normalizaci\u00f3n de sus relaciones comerciales y crediticias, o en su defecto, la liquidaci\u00f3n de su patrimonio5. <\/p>\n
3.3.- En suma, comoquiera que el mandato previsto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 19 de la Ley 1116 de 2006 asigna un deber del deudor sometido a insolvencia, sancionable con multa, y no una carga procesal de la que dependa el tr\u00e1mite del proceso de reorganizaci\u00f3n, sumado a que, en el caso, el impulso de la controversia estaba a cargo del despacho, al estar en curso la definici\u00f3n de \u00ablos proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo era improcedente. De all\u00ed que fueran lesionados el debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la querellante, quien tiene derecho a que la judicatura culmine su causa, previo agotamiento de las fases de rigor. <\/p>\n
4.- Ahora, es cierto que la censora no reproch\u00f3 el auto por medio del cual el juzgado la requiri\u00f3 para que allegara los estados financieros, so pena de aplicar el desistimiento t\u00e1cito. Sin embargo, ello no impide, en el caso concreto, la fertilidad de la salvaguarda, pues mal podr\u00eda otorgarse efectos a una decisi\u00f3n que carece de fundamento y es lesiva de los derechos fundamentales de la interesada. Adem\u00e1s, en todo caso, el control constitucional final debe recaer en el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, al ser el que clausur\u00f3 el litigio. <\/p>\n
5.- En consecuencia, el desenlace impugnado debe revocarse, para, en su lugar, proteger los derechos al debido y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la promotora. Con ese fin, se dejar\u00e1 sin efecto el interlocutorio de 11 de mayo de 2023, mediante el cual el juzgado termin\u00f3 la insolvencia y las dem\u00e1s providencias que dependan de esa determinaci\u00f3n. En su lugar, se ordenar\u00e1 al estrado que reanude el tr\u00e1mite atendiendo las reglas de procedimiento prescritas en la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. En su lugar, se resuelve: <\/p>\n
Primero. AMPARAR los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Judith Fandi\u00f1o Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Segundo. DEJAR SIN EFECTO el prove\u00eddo de 11 de mayo de 2023, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal decret\u00f3, por desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n de la accionante, as\u00ed como las directrices que dependen de esa resoluci\u00f3n. <\/p>\n
En su lugar, se ORDENA al titular de esa agencia que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a esta sentencia, reanude el tr\u00e1mite de la causa de acuerdo con las reglas de procedimiento prescritas en la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Tercero. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Consecutivos 13 y 14, \u00abAllegaActualizaci\u00f3nEstadosFinancierosDel01EneroAl31dic2022\u00bb, en el Cuaderno \u00abC02EstadosFinancieros\u00bb, enlace expediente remitido por el juzgado accionado (Consecutivo 09 de la acci\u00f3n de tutela). <\/p>\n
2\u0002 AC 8 nov. 1972. Tomo CXLIII n.\u00b0 2358-2363, p\u00e1g. 241 A 243. <\/p>\n
3\u0002 Consecutivo \u00ab46.Auto Corre Traslado Proyectos \u2013 Requiere previo DT\u00bb, en Cuaderno \u00abC 01 Principal\u00bb, enlace acceso expediente, remitido por el juzgado accionado al informar las partes del proceso. <\/p>\n
4\u0002 Consecutivos 49, 50 y 52, en Cuaderno \u00abC 01 Principal\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 A voces del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1116 de 2006: \u00ab[e]l r\u00e9gimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor. <\/p>\n
El proceso de reorganizaci\u00f3n pretende a trav\u00e9s de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuraci\u00f3n operacional, administrativa, de activos o pasivos. <\/p>\n
El proceso de liquidaci\u00f3n judicial persigue la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. <\/p>\n
El r\u00e9gimen de insolvencia, adem\u00e1s, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias. <\/p>\n
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