STC13661-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13661-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04724-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Isabel Escobar Elizalde contra la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Tribunal dejar sin efecto la providencia de 26 de julio de 2023 y, en consecuencia, se disponga admitir su demanda. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Isabel Escobar Elizalde inco\u00f3 contra la Asamblea de Copropietarios del Edificio Parque Banderas P.H., nulidad absoluta del acta de asamblea general de Copropietarios n\u00b0 3 de 7 de marzo de 2021 y del acta de asamblea extraordinaria de 8 de octubre de 2022, en relaci\u00f3n con el uso exclusivo del garaje n\u00b0 59; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 30 de enero de 2023 rechaz\u00f3 la demanda por caducidad, conforme al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el canon 382 de la misma obra; determinaci\u00f3n que mantuvo el 9 de febrero siguiente, al tiempo que, concedi\u00f3 la alzada incoada. <\/p>\n
2.2. El 26 de julio de 2023 el Tribunal confirm\u00f3 el rechazo de la demanda, al considerar que lo pretendido es la nulidad de las actas de asamblea por no ajustarse a las prescripciones legales y al reglamento de propiedad horizontal, por lo que se debe seguir la disposici\u00f3n del art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s, la impugnaci\u00f3n de actas de asamblea no excluye la nulidad del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, contrario a lo indicado por el fallador accionado, lo pretendido en la nulidad absoluta de unas decisiones adoptadas por la asamblea general de copropietarios, la cual debe aplicarse el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, y no la disposici\u00f3n del canon 382 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que al pretenderse la nulidad absoluta de una decisi\u00f3n de asamblea general, se puede demandar despu\u00e9s de transcurridos los 2 meses que indica el art\u00edculo 382 citado, pues \u00abcuando un acto o contrato es nulo por objeto il\u00edcito o causa il\u00edcita, no se puede sanear por la ratificaci\u00f3n de las partes, ni por prescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que \u00abel derecho de uso exclusivo sobre el garaje 59 del Parque Banderas P.H., es una facultad amparada por la ley, ya que ha ingresado a [su] patrimonio con base en un justo t\u00edtulo, el reglamento de propiedad horizontal que a su vez se deriva de un acto de administraci\u00f3n en firme\u2026 por lo que, la administraci\u00f3n de la copropiedad no puede arrendar, ni usufructuar el mismo, tal como fue aprobado por la asamblea de propietarios\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio criticado; anot\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto la quejosa pretende la revocatoria del prove\u00eddo de 26 de julio de 2023 emitido por el Tribunal, por medio del cual confirm\u00f3 el rechazo de la demanda, pues, a su parecer, no se debe aplicar la caducidad de la acci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que lo pretendido es la nulidad de las decisiones adoptadas en la asamblea de copropietarios, de ah\u00ed que, se debe aplicar la acci\u00f3n de nulidad contemplada en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Al examinar tal determinaci\u00f3n, encuentra esta Colegiatura que la salvaguarda rogada est\u00e1 llamada al fracaso, porque con aqu\u00e9lla no se incurri\u00f3 en arbitrariedad alguna que imponga la intervenci\u00f3n constitucional, pues, el Tribunal acusado tras indicar la queja de alzada, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026es necesario tener en cuenta que el art\u00edculo 90 del C.G.P., consagra como causal de rechazo de la demanda la caducidad de la acci\u00f3n, entre otras razones, por la prevalencia del principio de econom\u00eda procesal, pues \u00e9sta evita que se adelante in\u00fatilmente un proceso judicial que podr\u00eda terminar con la declaraci\u00f3n oficiosa de caducidad, en caso de no ser advertida por el juez al calificar la demanda. <\/p>\n
Y, para dilucidar el asunto, debemos trae a colaci\u00f3n que de conformidad con el art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001, el administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de bienes privados, podr\u00e1n impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el procedimiento para surtir lo antes dicho, igualmente est\u00e1 establecido por la ley, en el canon 382 de C.G.P., que consagra el proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asambleas, juntas directivas o de socios, y a la letra reza que \u201cLa demanda de impugnaci\u00f3n de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas de derecho privado, solo podr\u00e1 proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deber\u00e1 dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t\u00e9rmino se contar\u00e1 desde la fecha de la inscripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, de cara al caso concreto, dijo que: <\/p>\n
\u2026del an\u00e1lisis efectuado al l\u00edbelo genitor, desde ya se advierte que \u00abcomo lo dispuso la Juez de primer grado\u00bb al asunto debe aplicarse lo dispuesto en el art\u00edculo 382 citado, pues las pretensiones se dirigen precisamente a obtener la nulidad de unas actas de asamblea general y extraordinaria referidas, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal, sin que sea de recibo el argumento del apelante, m\u00e1xime cuando la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea no debe excluir a la acci\u00f3n de nulidad del C\u00f3digo Civil, menos cuando lo aqu\u00ed pretendido coincide perfectamente con la mencionada acci\u00f3n, pues es interpuesta por los sujetos de que trata la norma, quienes pretenden impugnar y obtener la invalidez de las decisiones de la asamblea que no se ajusta, se reitera, a las normas legales y del reglamento de propiedad horizontal, raz\u00f3n por la que el otro mecanismo expuesto por la demandante resulta impropio para conseguir el fin aqu\u00ed perseguido. <\/p>\n
Precisado lo anterior, debe se\u00f1alarse ahora que el tantas veces citado art\u00edculo 382 ejusdem, consagra que la demanda de impugnaci\u00f3n de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas de derecho privado, solo podr\u00e1 proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deber\u00e1 dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t\u00e9rmino se contar\u00e1 desde la fecha de la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al encontrarse que en efecto oper\u00f3 el t\u00e9rmino de caducidad, se advierte que el recurso interpuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que el rechazo de la demanda era procedente y, por tanto, el auto impugnado ser\u00e1 confirmado, sin lugar a imponer condena en costas en la presente instancia, por no aparecer causadas. (art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala halla que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plant\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y la normatividad aplicable al caso concreto, concluyendo que, muy a pesar de las alegaciones de la accionante, lo pretendido es la nulidad de unas actas de asamblea general y extraordinaria por no ajustarse a las prescripciones legales y al reglamento, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, el que, entre otras, indica que el t\u00e9rmino de caducidad para incoar la acci\u00f3n es de 2 meses, plazo que ya expir\u00f3, relievando que, la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea no excluye la acci\u00f3n de nulidad del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo consignado impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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