STC13662-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13662-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02615-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de noviembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jefferson Esteban Jara Ru\u00edz contra los Juzgados Octavo Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito, ambos de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, revocar las decisiones proferidas por las autoridades accionadas por v\u00eda de tutela y, en consecuencia, se ordene \u00abbajar[lo] del registro en las bases de datos estatales que [se] reflejan como infractor, entre otras en las bases de datos del RUNT y SIMIT\u00bb, adem\u00e1s que, \u00ab[le] sea devuelta y actualizada [su] licencia de conducci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jefferson Esteban Jara Ru\u00edz instaur\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Cundinamarca \u2013 Jefatura de Procedimientos Administrativos, pretendiendo la prescripci\u00f3n del comparando n\u00b0 9999999000002366840 del 10 de febrero de 2016, pues el mandamiento de pago se intent\u00f3 enterar a una direcci\u00f3n en donde ya no reside, a m\u00e1s que, la orden de seguir con la ejecuci\u00f3n se le enter\u00f3 solo hasta el 26 de abril de 2023, de ah\u00ed que, los 5 a\u00f1os que refiere el C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda ya se superaron; agreg\u00f3 que no se ha dado respuesta a su petici\u00f3n de 15 de junio de los corrientes. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, quien con fallo de 8 de septiembre de 2023 neg\u00f3 las s\u00faplicas, al considerar que el promotor cuenta con otras v\u00edas administrativas para censurar el acto que neg\u00f3 la prescripci\u00f3n del comparendo, donde puede pretender la suspensi\u00f3n del mismo; adem\u00e1s, porque el 15 de agosto de estas calendas se dio respuesta clara, completa y fondo a su petici\u00f3n; determinaci\u00f3n que, el 6 de octubre siguiente, en sede de impugnaci\u00f3n, confirm\u00f3 el estrado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, pues las alegaciones expuestas deben ser presentadas ante la autoridad de movilidad accionada o ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 el quejoso, en lo medular, que los fallos criticados desconocieron que el art\u00edculo 159 de la Ley 769 de 2002, el cual dispone que las infracciones de tr\u00e1nsito prescriben a los 3 a\u00f1os desde la ocurrencia de los hechos y debe ser declarada de oficio; que la prescripci\u00f3n no fue interrumpida con la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, pues tal enteramiento no se dio. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que no es de recibo la notificaci\u00f3n de las resoluciones emitidas en el juicio coactivo, pues datan del a\u00f1o 2018, por lo que las mismas no pueden entenderse enteradas en abril de 2023; adem\u00e1s, \u00abla notificaci\u00f3n del mandamiento como as\u00ed se prueba en el expediente administrativo\u2026 se produjo v\u00eda correo a la antigua direcci\u00f3n que tu[vo], los d\u00edas 12 de septiembre de 2017 y 10 de agosto de 2018; esto es a la fecha ya transcurrieron m\u00e1s de 5 a\u00f1os desde la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, entonces opera la prescripci\u00f3n de ipso facto y en derecho\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que estuvo privado de la libertad desde el 25 de julio de 2019 hasta el 19 de enero de 2023, por lo que \u00abtodo el tr\u00e1mite de la multa se hizo a [sus] espaldas\u00bb, sumado a que por cuenta del juicio penal \u00abt[iene] una impagable multa de 1.383.3 SMLMV, es decir superior a MIL MILLONES DE PESOS\u00bb y por cuenta de la multa de tr\u00e1nsito adeuda $9.646.677, raz\u00f3n por la que se encuentra en estado de indefensi\u00f3n por cuenta de la falta de capacidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no existe ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que tenga incidencia directa o indirecta a la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas que alega el promotor; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los Ministerios de Transporte, y de Comercio Industria y Turismo, en escritos separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n, al considerar que no son las llamadas a responder las pretensiones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios indic\u00f3 que las pretensiones de la tutela no guardan relaci\u00f3n con su naturaleza jur\u00eddica y las competencias asignadas por el art\u00edculo 10 de la Ley 769 de 2002. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que, para el caso, las multas por comparendos en su contra est\u00e1n prescritas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 el 6 de octubre de 2023, que confirm\u00f3 el proferido el 8 de septiembre anterior por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, que neg\u00f3 el amparo implorado por Jefferson Esteban Jara Ruiz; pretendiendo el accionante que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examine dicha decisi\u00f3n tutelar, por cuanto, considera, desconoci\u00f3 el art\u00edculo 159 de la Ley 769 de 2002, en la medida en que el comparendo que le est\u00e1n cobrando coactivamente est\u00e1 prescrito. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, pues goza de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed donde debe acudir, incluso a trav\u00e9s del mecanismo de insistencia, destac\u00e1ndose que la aludida acci\u00f3n de tutela est\u00e1 pendiente de radicaci\u00f3n ante el Alto Tribunal, sin que haya sido excluida de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto la jurisprudencia ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10; reiterada por CSJ STC178, 21 ene. 2016). <\/p>\n
4. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados, que permita un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja del peticionario no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en procedencia para confirmar la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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