STC13666-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13666-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00427-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 14 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, \u00abla Procuradora General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Rep\u00fablica\u00bb; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el propietario de \u00abEmiratos Caf\u00e9\u00bb, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de esa localidad, \u00abla Defensor\u00eda del Pueblo y al Ministerio P\u00fablico, ambos de Regional Risaralda\u00bb, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00404. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo present\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abEmiratos Caf\u00e9\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de \u00abuna rampa apta para ciudadanos que se desplazan en silla de ruedas\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, quien no accedi\u00f3 a lo pretendido1. <\/p>\n
Posteriormente, el convocante solicit\u00f3 el desistimiento, sin embargo, el cognoscente no accedi\u00f3 a ello, pues consider\u00f3 que \u00abla facultad que tiene el actor popular de renunciar a la demanda para detener su tr\u00e1mite no se encuentra consagrada legalmente en nuestro ordenamiento jur\u00eddico\u00bb2. <\/p>\n
Finalmente, en memoriales del 19 y 23 de otubre de 2023, el gestor reiter\u00f3 dicho requerimiento y pidi\u00f3 se diera aplicaci\u00f3n a lo consagrado en el art\u00edculo 121 de C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, el estrado encartado dispuso (i) estarse a lo resuelto en el prove\u00eddo del 9 de agosto de 2023 y (ii) \u00abno acep[t\u00f3] [la] (\u2026) perdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
El precursor acudi\u00f3 a la presente salvaguarda cuestionando que se \u00abnieg[ue] [su] desistimiento\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que se ordene \u00abseparar[lo] (\u2026) de la acci\u00f3n popular por razones de dignidad humana ante la mora judicial y la renuencia de la tutelada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio e inform\u00f3 que \u00abimprimi\u00f3 todo el tr\u00e1mite contemplado en la Ley 472 de 1998, profiriendo sentencia de primera instancia, misma que, al haber sido concedido recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo, se encuentra pendiente de remitir a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira para su tr\u00e1mite, inmediatamente hayan quedado en firme el auto que resuelve las peticiones posteriores a la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y su regional de Risaralda requirieron su desvinculaci\u00f3n del asunto por configurarse la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Presidencia de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del auxilio, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel 09 de agosto de 2023 se profiri\u00f3 el auto por medio del cual se neg\u00f3 la solicitud de desistimiento de la demanda presentada por el actor, luego para la fecha en que se promovi\u00f3 la demanda de tutela, 15 de ese mismo mes, el t\u00e9rmino de ejecutoria de esa providencia a\u00fan no hab\u00eda vencido\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00aben el citado plazo de ejecutoria, y de estar inconforme el actor popular con la decisi\u00f3n, debi\u00f3 haber formulado recurso de reposici\u00f3n en su contra, y no venir a canalizar su inconformidad a trav\u00e9s del mecanismo del amparo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el recurrente, para insistir en su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la salvaguarda satisface el presupuesto de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si el estrado Segundo Civil del Circuito de Pereira lesion\u00f3 la prerrogativa fundamental de Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00404), por cuanto no acept\u00f3 el desistimiento que present\u00f3. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que el resguardo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo, al no satisfacer el presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el convocante censura el auto por medio del cual la agencia judicial encartada no accedi\u00f3 al desistimiento por \u00e9l formulado en la acci\u00f3n popular rad. 2023-00404; sin embargo, pese a las inconformidades tra\u00eddas a esta sede, no acredit\u00f3 haber ejercido el medio de defensa de que dispon\u00eda para controvertir lo resuelto, esto es, el recurso de reposici\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general contenida en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso3. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, dijo que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
Conforme con lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n del remedio que proced\u00eda contra la determinaci\u00f3n del 9 de agosto de 2023, inviabiliza la salvaguarda, porque cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las [resoluciones] de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC425-2023, 25 ene., rad. 2022-01290-01, entre otras). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC16627-2022, 14 dic., rad. 01210-01). <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. De otra parte, en lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de este auxilio, dirigidas a que se ordene \u00aba la procuradora gral nacion y defensor del pueblo Colombia en BGTA DC (sic) (\u2026) [que] informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentaran acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente mora y renuencia judicial\u00bb entre otras4, nada obsta para que el censor comparezca directamente ante las autoridades para formular los requerimientos que estime pertinentes; pues se reitera que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que conciernen al interesado. <\/p>\n
4.2. Finalmente, respecto de la petici\u00f3n de que se \u00abnombre apoderado de pobre en esta tutela\u00bb\u2013, basta decir que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la salvaguarda constitucional, la misma puede ser ejercida por \u00abcualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb5 quien podr\u00e1 actuar en nombre propio, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente asunto. Sin embargo, si el promotor considera que en lo sucesivo debe ser asistido por un \u00abapoderado judicial\u00bb, nada impide que acuda a un profesional del derecho, a la Defensor\u00eda del Pueblo6 o a los consultorios jur\u00eddicos habilitados para tal fin y solicite lo correspondiente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado, pues el actor no hizo uso oportuno y adecuado del medio judicial legalmente previsto para rebatir la actuaci\u00f3n cuestionada, y ante la inexistencia de excusa para tal omisi\u00f3n, tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgar la tutela transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia que fue impugnada y se encuentra pendiente de ser remitida al tribunal. <\/p>\n
2\u0002 Auto del 9 de agosto de 2023 <\/p>\n
3\u0002 En concordancia con el canon 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
4\u0002 Igual se predica de la solicitud al presidente para que \u00abordene seg\u00fan sus funciones deberes o me diga que entidad estatal es la encargada de presentar mi acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa\u00bb, pues no acredit\u00f3 presentar tal requerimiento. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
6\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
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