STC13672-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13672-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00170-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 7 de noviembre de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Lyda In\u00e9s P\u00e1ez Mora contra el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00aben conexidad con el derecho a la propiedad privada\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efecto parcialmente lo decidido en la sentencia de\u2026 10 de julio de 2023\u2026, en lo relacionado con las consideraciones y resoluci\u00f3n respecto de la acci\u00f3n reivindicatoria\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ligia Moreno Cano promovi\u00f3 acci\u00f3n de pertenencia contra los \u00abherederos\u00bb de Abraham P\u00e9rez, con miras a que se declarara que adquiri\u00f3 por \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria\u00bb el dominio del predio identificado con folio inmobiliario 090-45630. <\/p>\n
2.2. Surtidos los emplazamientos, comparecieron al rito Dora Esperanza, Luz Nely y Lyda In\u00e9s P\u00e1ez Mora, \u00aben calidad de hijas de\u2026 Abraham P\u00e1ez\u00bb, quienes contestaron el libelo y formularon acci\u00f3n reivindicatoria en reconvenci\u00f3n \u00aba favor de la comunidad hereditaria o de la sucesi\u00f3n de\u2026 Lastenia Su\u00e1rez y\u2026 Abraham P\u00e1ez L\u00f3pez\u00bb. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 6 de julio de 2022, se negaron tanto las pretensiones principales como las incoadas en reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que apelaron ambas partes, siendo confirmada por el estrado accionado con providencia del 10 de julio de esta anualidad. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el ad quem cuestionado \u00abefectu\u00f3 un equivocado an\u00e1lisis\u2026 del\u2026 certificado de tradici\u00f3n del inmueble objeto del litigio, puesto que en este aparece claramente descrito (anotaci\u00f3n No.1) que el titular de derecho real de dominio o completo (X) es\u2026 Abraham P\u00e1ez\u00bb; y que \u00abdesconoci\u00f3 por completo una prueba fundamental obrante dentro del expediente\u2026, esto es, el certificado\u2026, en el cual [consta] que el titular del derecho real de dominio del inmueble\u2026 es\u2026 P\u00e1ez Abraham\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abla respectiva escritura p\u00fablica\u2026 No. 697 del 27\/12\/1951\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tiban\u00e1 (Boyac\u00e1), tras rendir informe de las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, precis\u00f3 que \u00abpor parte de ese despacho judicial no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna a los derechos de debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con el derecho a la propiedad privada\u00bb invocados. <\/p>\n
2. Leonardo Castiblanco Bol\u00edvar, quien dijo obrar \u00aben [su] calidad de apoderado dentro del proceso objeto de la acci\u00f3n\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para intervenir en este tr\u00e1mite constitucional, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n atacada incurri\u00f3 en una de las causales generales de procedencia de la acci\u00f3n constitucional como es el denominado \u00abdecisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u00bb\u00bb, pues la sede judicial acusada \u00abse limit\u00f3\u2026 a se\u00f1alar que la simple lectura del folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio materia del litigio era suficiente para determinar que\u2026 Abraham y de contera, sus herederos, no se encontraban habilitados para ejercer la acci\u00f3n, pero ninguna menci\u00f3n realiz\u00f3 referente a qu\u00e9 era lo que se desprend\u00eda de dicha \u00absimple lectura\u00bb del documento p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Ligia Moreno Caro, a trav\u00e9s de apoderado judicial, precis\u00f3 que la promotora \u00abomiti\u00f3 agotar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en materia civil, puesto que es un requisito para la procedencia de acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, cuando se alega la causal de decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u00bb; y que no se configura la falta de motivaci\u00f3n que encontr\u00f3 el fallador de primera instancia, pues la providencia criticada \u00abse encuentra debidamente motivada, adolece de defecto alguno y dentro de los argumentos esgrimidos por el Juzgador, no se evidencia que los mismos sean arbitrarios, insuficientes o inexistentes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abhabiendo fallecido\u2026 Abraham P\u00e1ez el 23 de junio del 2017, la demanda reivindicatoria no era procedente a su nombre como erradamente fue presentada; y la acci\u00f3n intentada era completamente improcedente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al resolver la apelaci\u00f3n que se interpuso frente a la sentencia de 6 de julio de 2022, espec\u00edficamente, al pronunciarse sobre la acci\u00f3n reivindicatoria formulada en reconvenci\u00f3n, omiti\u00f3 valorar la totalidad de pruebas recaudadas, en especial, aquellas con las que se pretendi\u00f3 demostrar el dominio en cabeza del causante Abraham P\u00e1ez, en favor de cuya sucesi\u00f3n se ejerci\u00f3 la referida acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
De los requisitos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n puede se\u00f1alarse que se cumple con dos de ellos, a saber, (i) la posesi\u00f3n en el demandado, pues la demandante principal la ostenta, hecho aceptado por los demandantes en reconvenci\u00f3n (hecho 17); y (ii) que se trata de una cosa singular as\u00ed el apoderado de la demandante principal haya desconocido esta condici\u00f3n, lo que ciertamente fue una contradicci\u00f3n, pues para la pertenencia si lo consideraba como una cosa singular pero para la acci\u00f3n reivindicatoria no. <\/p>\n
El tercer requisito, esto es que el derecho de dominio est\u00e9 en cabeza del demandante, no se cumple, precisando que aqu\u00ed se pretend\u00eda la reivindicaci\u00f3n para la sucesi\u00f3n de\u2026 ABRAHAM PAEZ, sin embargo, ABRAHAM no es el titular del derecho de dominio, hecho que se evidencia de la simple lectura del certificado de libertad, de ah\u00ed que, no haya lugar a hacer mayores elucubraciones al respecto. La ley es clara y cuando lo es, no admite interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, evidente es que el juzgado accionado ninguna valoraci\u00f3n hizo del \u00abcertificado de libertad\u00bb del inmueble objeto del litigio, pues se limit\u00f3 a afirmar que de su \u00absimple lectura\u00bb se constaba que el extinto Abraham P\u00e1ez no era \u00abtitular del derecho de dominio\u00bb, pero dej\u00f3 de apreciar el contenido del citado documento y las anotaciones que en \u00e9l reposaban, lo que resultaba determinante para la debida resoluci\u00f3n del litigio sometido a su conocimiento. <\/p>\n
De otro lado, el estrado acusado tampoco valor\u00f3 la copia de la escritura p\u00fablica 697 del 27 de diciembre de 1951, a trav\u00e9s de la cual el prenombrado de cujus adquiri\u00f3 el bien materia de reivindicaci\u00f3n, instrumento que tambi\u00e9n resultaba conducente para dilucidar qui\u00e9n ostentaba la propiedad de dicha heredad. <\/p>\n
Entonces, es indudable que la sede judicial criticada dej\u00f3 de valorar la totalidad de las pruebas que se allegaron en el tr\u00e1mite censurado, lo que permite concluir que incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, que impon\u00eda conceder el amparo, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. En cuanto a los reparos de la impugnante, conforme qued\u00f3 expuesto en antelaci\u00f3n, el defecto en el que incurri\u00f3 el estrado acusado fue de tipo f\u00e1ctico y no de motivaci\u00f3n, por lo que la Sala, por sustracci\u00f3n de materia, se abstendr\u00e1 de pronunciarse sobre los argumentos enfilados a predicar que no se cumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad, ante la existencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, tampoco se advierte que, como lo alega la impugnante, la tutelante hubiese ejercido la acci\u00f3n en nombre en propio, sino como representante de la sucesi\u00f3n de Abraham P\u00e1ez, aspecto sobre el que, precisamente, habr\u00e1 de pronunciarse la sede judicial acusada al resolver debidamente la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Lo considerado impone respaldar el fallo de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Por secretar\u00eda rem\u00edtase copia de esta decisi\u00f3n al a quo constitucional para que vele por su cumplimiento, as\u00ed como tambi\u00e9n a la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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