STC13673-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13673-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02569-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 9 de noviembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mauricio G\u00f3mez Betancourt contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abacceso a la justicia\u00bb y defensa, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada por lo que pidi\u00f3 \u00abse revoque la sentencia de \u00fanica instancia\u2026, para que, en su lugar, se declare la nulidad del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Davivienda SA promovi\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia contra Mauricio G\u00f3mez Betancourt, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con providencia del 19 de julio de 2021, por lo que se orden\u00f3 al enjuiciado restituir a la actora los inmuebles identificados con folios inmobiliarios 50N-20787874, 50N20787748, y 50N-20787679. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la demandante deprec\u00f3 \u00abdejar sin efecto el auto por el cual se declar\u00f3 terminado el contrato de Leasing toda vez que se debe notificar a la direcci\u00f3n Cra 75 No 150-40 apto 1803 To 3 y no como obra en el expediente\u00bb, petici\u00f3n desestimada con prove\u00eddo del 2 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, la actora solicit\u00f3 se declarara la nulidad de lo actuado \u00abpor indebida notificaci\u00f3n\u00bb, solicitud frente a la cual, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 15 de febrero de 2023, el estrado accionado le orden\u00f3 estarse a lo resuelto en el citado auto de 2 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abnunca tuvo conocimiento del proceso judicial que se adelantaba en su contra, ya que no fue notificado formalmente y, por consiguiente, no tuvo acceso a un asesoramiento legal que le permitiera ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que \u00abesta acci\u00f3n carece del requisito de subsidiariedad, dado que, teniendo recursos para controvertir las providencias que se acusan de agresoras de derechos fundamentales, de ellas no se hizo uso en oportunidad, por lo que la tutela resulta improcedente\u00bb. <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, toda vez que \u00abno obra dentro del expediente prueba de que [el quejoso] haya impetrado los mecanismos de defensa establecidos en [la] Legislaci\u00f3n Procesal Civil\u00bb; as\u00ed como tampoco se cumple con el presupuesto de inmediatez, comoquiera que \u00aba la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, trascurrieron aproximadamente, nueve (9) meses, contados desde la decisi\u00f3n que consider\u00f3 lesiva de las garant\u00edas fundamentales\u2026 (15 de febrero de 2023)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor precis\u00f3 que \u00abno tuvo oportunidad de interponer los recursos que la ley tiene previstos para este tipo de procesos, ya que en el momento en que se enter\u00f3 de que exist\u00eda una sentencia en su contra la misma ya estaba ejecutoriada\u00bb, por lo que no pudo \u00abhacer uso de los otros mecanismos de defensa judicial a que hace referencia la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que s\u00ed se cumple con el presupuesto de inmediatez, habida cuenta que \u00ab[s]i bien\u2026 [se]decidi\u00f3 sobre la solicitud de nulidad el 15 de febrero de 2023\u2026, la orden de desalojo se hizo efectiva el 30 de agosto de 2023\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, el amparo incoado est\u00e1 llamado a fracasar, toda vez que el quejoso dej\u00f3 de alegar, en las oportunidades pertinentes y a trav\u00e9s de los medios judiciales ordinarios, la indebida notificaci\u00f3n que por v\u00eda constitucional aleg\u00f3. <\/p>\n
En efecto, revisado el expediente contentivo del juicio alegado, se constat\u00f3 que el tutelante omiti\u00f3 solicitar la invalidez del proceso materia de censura, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 133 (numeral octavo) del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo que la \u00fanica petici\u00f3n que en ese sentido se elev\u00f3, fue presentada por su antagonista. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que no hay duda para la Sala que el promotor conoc\u00eda de la existencia del tr\u00e1mite acusado, al punto que, el 22 de septiembre de 2022, reclam\u00f3 al estrado convocado dar tr\u00e1mite \u00abal memorial allegado por la parte actora ya que se requiere sea resuelto lo m\u00e1s pronto posible y as\u00ed poder acogerse a la ley de borr\u00f3n y cuenta nueva\u00bb. <\/p>\n
Ahora, respecto al argumento del actor seg\u00fan el cual, cuando se enter\u00f3 de la existencia del asunto cuestionado, no contaba con medios judiciales para la salvaguarda de sus derechos fundamentales, comoquiera que se hab\u00eda dictado sentencia y \u00e9sta hab\u00eda cobrado ejecutoria, destaca la Sala que, de conformidad con el art\u00edculo 134 del citado estatuto procesal, \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega\u2026\u00bb. <\/p>\n
Entonces, contrario a lo afirmado por el quejoso, al conocer sobre la existencia del litigio acusado (lo que ocurri\u00f3, por lo menos, el 22 de septiembre de 2022, cuando present\u00f3 el memorial antes rese\u00f1ado), a\u00fan ten\u00eda la posibilidad de pedir la nulidad de lo actuado, comoquiera que, seg\u00fan \u00e9l mismo lo inform\u00f3, la entrega s\u00f3lo vino a perfeccionarse el pasado 30 de agosto, diligencia en la que pudo esgrimir la prenotada invalidez, lo que no hizo, conforme se extracta de los elementos de juicio allegados a este rito. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dada la falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la determinaci\u00f3n que hoy se critica en sede de tutela. <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones que aqu\u00ed se esgrimen. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado en lo que fue materia de censura. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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