STC13681-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13681-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02490-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 8 de noviembre de 2023 por la Sala Civil del tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Luz Stella Orozco Rivera contra el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogot\u00e1 y el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Inspecci\u00f3n 8F Distrital de Polic\u00eda de Bogot\u00e1, y a los intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1al\u00f3 la actora que, en junio de 2022 recibi\u00f3 una citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal de conformidad con lo reglado en el art. 291 del C\u00f3digo General del Proceso de un proceso verbal de reconocimiento de contrato de administraci\u00f3n incoado en su contra por Elizabeth S\u00e1nchez. <\/p>\n
2.2. Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, al momento de presentar la demanda se debe remitir el escrito a los demandados salvo que se desconozca el correo electr\u00f3nico de los mismos lo cual se debe manifestar bajo juramento, situaci\u00f3n que en el caso cuestionado no se dio y, el juzgado tampoco lo exigi\u00f3 por lo que consider\u00f3 que existi\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Alega la quejosa que desconoce la totalidad del expediente, a pesar que ha realizado varias solicitudes al juzgado accionado para que le sea remitido el link de acceso al mismo, sin obtener respuesta alguna, aun as\u00ed, present\u00f3 solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, mismo que fue declarado improcedente. <\/p>\n
2.4. Que el 29 de junio de 2022, se celebr\u00f3 audiencia inicial en la cual no fue escuchada ni le permitieron allegar pruebas y, posterior a esto, el 4 de agosto de 2022, se profiri\u00f3 una sentencia que a juicio de la quejosa carec\u00eda de marco legal toda vez que, manifiesta que no conoce a la demandante, ni mucho menos suscribi\u00f3 un contrato de mandato con ella, sin embargo el juzgado accionado consider\u00f3 que el mismo si existi\u00f3 y en consecuencia la conden\u00f3 a pagar el 33% de una suma que nunca fue probada. En contra de dicha decisi\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n del cual tuvo conocimiento el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien, en sentencia del 10 de octubre de 2023, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia en su integridad. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veintis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1, hizo un relato de las actuaciones desplegadas al interior del proceso objeto de quejo, indicando que el 4 de agosto de 2022 profiri\u00f3 sentencia en la cual decidi\u00f3, entre otras cosas, declarar la existencia de un contrato de mandato en la modalidad de administraci\u00f3n, decisi\u00f3n frente a la cual la accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fu concedido el 20 de septiembre de 2022, en el efecto devolutivo. Indic\u00f3 que las actuaciones desplegadas por dicha dependencia judicial estuvieron ajustadas al marco de la legalidad, en la cual la decisi\u00f3n adoptada fue el resultado de un an\u00e1lisis juicioso de las pruebas aportadas de cara a la normatividad aplicable y la jurisprudencia vigente aplicable al caso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica en la cual indic\u00f3 que profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia el pasado 9 de octubre, en la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, teniendo en cuenta que s\u00ed se demostr\u00f3 dentro de las diligencias que ella se comprometi\u00f3 a administrar unos inmuebles, teniendo como evidencia las pruebas documentales aportadas, las que no fueron tachadas de falsedad, por lo que concluy\u00f3 que efectivamente la hoy quejosa ejerci\u00f3 un mandato de administraci\u00f3n. <\/p>\n
Agrega que, su decisi\u00f3n no pone en peligro ning\u00fan derecho fundamental de la accionante ya que se hizo un estudio de las pruebas y la normatividad aplicable al caso para emitir la misma; considerando que la quejosa no puede usar la acci\u00f3n de tutela como otra instancia, cuando claramente esa no es la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras evidenciar que, frente a la queja respecto a una presunta indebida notificaci\u00f3n, no se vislumbra vulneraci\u00f3n, pues hay evidencia en el expediente de tal acto y, se profiri\u00f3 por el juez de conocimiento la providencia del 13 de octubre de 2021, en la cual se da por notificada a la quejosa del auto admisorio de la demanda y que vencido el t\u00e9rmino de traslado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Respecto de la queja frente a las sentencias emitidas por los juzgados accionados, advirti\u00f3 que los mismos fueron resueltos de acuerdo a la normativa vigente para el caso, estableci\u00e9ndose la existencia de un contrato de mandato para administrar el inmueble objeto del litigio, se demostraron los v\u00ednculos comerciales entre la demandante y la demandada, se valor\u00f3 el material probatorio, especialmente, los documentales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 9 de octubre de 2023, que confirm\u00f3 la dictada el 4 de agosto de 2022, comoquiera que fue esa determinaci\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate suscitado de cara a la existencia de un contrato de mandato bajo la modalidad de administraci\u00f3n en cabeza de la accionante. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, concluye esta Colegiatura que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, por cuanto la citada providencia, mediante la cual se declar\u00f3 que en efecto s\u00ed existi\u00f3 un contrato de mandato de administraci\u00f3n y se profirieron las condenas respectivas, no luce arbitraria, comoquiera que la autoridad criticada explic\u00f3 las razones por las cuales de conformidad con las pruebas allegadas al plenario se logr\u00f3 demostrar que la hoy accionante s\u00ed administr\u00f3 unos bienes, en aplicaci\u00f3n a la normatividad aplicable y la jurisprudencia, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026 Advertido lo anterior, se considera que efectivamente se est\u00e1 frente a un contrato de mandato que en el caso bajo estudio ser\u00eda para administrar el inmueble objeto de la litis, pues claramente la misma demandada admiti\u00f3 tanto en el interrogatorio como en el recurso que elaboraba los contratos y su secretar\u00eda realizaba unas <\/p>\n
consignaciones, adem\u00e1s, en sus alegatos de conclusi\u00f3n dijo que ella elaborada los documentos y su secretar\u00eda recib\u00eda los arrendamientos por los que le pagaban unos honorarios, con lo que no queda duda que efectivamente ejerc\u00eda una labor con la demandante con quien si bien no se reun\u00eda ten\u00eda conocimiento que era propietaria del bien y estaba representada por la se\u00f1ora CLAUDIA S\u00c1NCHEZ con quien si admiti\u00f3 haberse encontrado y acordado elaborar los contratos de arrendamientos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se considera que efectivamente se est\u00e1 frente a un contrato de mandato que en el caso bajo estudio ser\u00eda para administrar el inmueble objeto de la litis, pues claramente la misma demandada admiti\u00f3 tanto en el interrogatorio como <\/p>\n
en el recurso que elaboraba los contratos y su secretar\u00eda realizaba unas consignaciones, adem\u00e1s, en sus alegatos de conclusi\u00f3n dijo que ella elaborada los documentos y su secretar\u00eda recib\u00eda los arrendamientos por los que le pagaban unos honorarios, con lo que no queda duda que efectivamente ejerc\u00eda una labor con la demandante con quien si bien no se reun\u00eda ten\u00eda conocimiento que era propietaria del bien y estaba representada por la se\u00f1ora CLAUDIA S\u00c1NCHEZ con quien si admiti\u00f3 haberse encontrado y acordado elaborar los contratos de arrendamientos. <\/p>\n
Ahora, la demandada indica que no ha tenido ninguna relaci\u00f3n con la demandante; sin embargo, en el minuto 1:03:27 dijo que llevo un proceso de sucesi\u00f3n de su padre y dentro de las diligencias se indic\u00f3 tambi\u00e9n que hab\u00eda recibido poder de ella, con lo que se desvirt\u00faa que la demandada no haya tenido v\u00ednculos con la demandante y siendo as\u00ed, tambi\u00e9n queda en entre dicho su afirmaci\u00f3n de no actuar por un contrato de administraci\u00f3n pues nunca desvirtu\u00f3 que hubiera colaborado al padre de la demandante y que con ocasi\u00f3n de la asignaci\u00f3n que se hizo de la sucesi\u00f3n de este no hubiera colaborado a la demandante y prueba de ello es que una y otra vez reconoce que elabor\u00f3 los contratos de arrendamiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el minuto 11:32 de la audiencia del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso la se\u00f1ora CLAUDIA S\u00c1NCHEZ indic\u00f3 que representaba a su hermana y con ocasi\u00f3n de ello la demandada elaboraba los contratos de arrendamiento y los inquilinos iban a su oficina y le pagan a ella y esta les consignaba los arriendos. <\/p>\n
que le correspond\u00eda a la demandante y dentro del plenario la demandada no tach\u00f3 el testimonio de la se\u00f1ora CLAUDIA S\u00c1NCHEZ, es decir, que no vio de modo alguno que se dieran los presupuestos del art\u00edculo 211 del C\u00f3digo General del Proceso y siendo as\u00ed, se debe dar credibilidad por esta sede judicial al testimonio rendido en primera instancia. <\/p>\n
Seg\u00fan se indic\u00f3 en el minuto 28:20 la demandante y su hermana pon\u00edan los letreros de arrendamiento pero los n\u00fameros de contacto eran los de la demandante, situaci\u00f3n que tampoco fue desvirtuada por la actora y que se reitera por el contrario en el curso del proceso ha admitido ser quien elaboraba los contratos de arrendamiento. <\/p>\n
Ha de advertirse que en cuanto a la promesa de compraventa que se celebr\u00f3 y por la cual se dice poseedora la demandada esta sede judicial no es el escenario para debatir dicha situaci\u00f3n, pues ac\u00e1 lo que se estudia es que seg\u00fan el certificado de tradici\u00f3n del bien ubicado en la carrera 72 A N\u00b011 A \u2013 40 era administrado por la demandada y en este sentido es que debe enfocarse el cardumen probatorio y por ello, ha de tenerse en cuenta que seg\u00fan el minuto 1:12:45 la misma demandada dijo que c\u00e1nones de arrendamiento que no pod\u00eda llegar a cobrar la hermanda de la demanda los consignaba su secretaria, sin acreditarse dentro del plenario que efectivamente ello corresponda a la realidad, porque lo que se deja <\/p>\n
entrever es que en efecto la demandada conoc\u00eda de los arrendamientos que eran entregados a su secretar\u00eda lo cual deb\u00eda ocurrir en su oficina, pues nunca se indic\u00f3 por la demandada la manera como la secretar\u00eda las recib\u00eda pero si afirm\u00f3 en varias oportunidades que su secretar\u00eda los recib\u00eda y los consignaba; adem\u00e1s, n\u00f3tese que la demandada indic\u00f3 que se le vendi\u00f3 la totalidad del inmueble, pero lo cierto es que no se demostr\u00f3 que ello hubiere sido as\u00ed, pues en el expediente en el archivo 25 que aport\u00f3 la testigo se tiene que en la cl\u00e1usula primera se indic\u00f3 que la promitente vendedora se oblig\u00f3 a vender a la promitente compradora y \u00e9sta se obliga a comprar a aquella, el derecho de propiedad y posesi\u00f3n que tiene y ejercer sobre el bien inmueble como se observa en el siguiente pantallazo: (\u2026) <\/p>\n
Es decir, que la propiedad que ejerce la demandante no se encuentra dentro del mencionado contrato y siendo as\u00ed, la demandada siendo profesional del derecho sab\u00eda que exist\u00eda un porcentaje en cabeza de la demandante. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, en el minuto 1:16:18 se dijo que se le llevaban documentos a la oficina y luego del estudio que hac\u00eda con su secretar\u00eda le cobraban una suma no solo por el estudio de los documentos sino tambi\u00e9n por la elaboraci\u00f3n del contrato desde el a\u00f1o 2008 y en el minuto 1:17 dijo que aproximadamente le elaborada contratos hasta el a\u00f1o 2016. <\/p>\n
Ahora, n\u00f3tese que el poder que obra en el archivo 26 allegado tambi\u00e9n por la testigo indica que se otorg\u00f3 poder a la demandada para que administrara el inmueble situado en la carrera 72 A N\u00b011 A \u2013 40 Apto 203 y este seg\u00fan la presentaci\u00f3n realizada en la notar\u00eda 1 de Ch\u00eda data del 18 de julio de 2013, documento que valga decir tambi\u00e9n fue suscrito por la demanda (\u2026) <\/p>\n
Documento anterior, que la demanda tuvo conocimiento en la audiencia y que no tacho de falso. <\/p>\n
En consecuencia, se considera que efectivamente la demandada ejerci\u00f3 un mandato para administrar el bien situado en la carrera 72 A N\u00b011 A \u2013 40 Apto 203 y teniendo en cuenta que la demandante tiene un porcentaje en el mismo esta sede comparte la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada valor\u00f3 las pruebas aportadas al juicio criticado y concluy\u00f3 que la accionante si ejerci\u00f3 actor de administraci\u00f3n de cara a unos bienes de las demandantes dentro del proceso criticado, realizando un an\u00e1lisis minucioso de las pruebas tanto documentales como testimoniales existentes dentro del plenario. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13681-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13681-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02490-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}