STC13683-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13683-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00320-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, vida digna, salud y a la debida notificaci\u00f3n personal, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
Aduce el promotor que, ante el estrado encartado, se promueve juicio ejecutivo en su contra y de sus hermanos Yurley Andrea y Paul Francisco Corzo Jaimes \u00abquien es una persona con discapacidad cognitiva\u00bb (rad. 2010-00188). <\/p>\n
Al respecto, afirma que al interior del referido asunto se han presentado diversas irregularidades, destacando que \u00abno se verific\u00f3 la autenticidad de la letra de cambio\u00bb que sirve de base para el cobro; \u00abal momento de iniciar y darle continuidad a todo este proceso [su] hermano ten\u00eda 15 a\u00f1os siendo menor de edad (\u2026), el cual est\u00e1 a cargo de [su] madre Blanca Teresa Jaimes Garc\u00eda quien es una persona de la tercera edad con escasos recursos econ\u00f3micos\u00bb; las notificaciones surtidas fueron indebidas \u00abal no ser entregadas personalmente\u00bb; se ordena secuestrar el inmueble que habitan actualmente \u00absin contar con defensor\u00bb, despoj\u00e1ndolos de \u00abun lugar digno para vivir\u00bb; y cuestiona que \u00abSandra Estella Sanabria [A]costa a quien le concedieron despu\u00e9s de la muerte de [su] pap\u00e1 la uni\u00f3n marital de hecho, no la hicieron participe de dicha deuda, solo a [sus] hijos, lo cual deja mucho que pensar, dicha se\u00f1ora es la hermana de Zuly Sanabria quien interpone la demanda por la supuesta letra de cambio\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en escrito posterior, el gestor solicita \u00abclaridad del por qu\u00e9 no se archiv\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide que \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado\u00bb y se ordene \u00absuspender el proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta hizo un recuento de las actuaciones surtidas a su cargo y resalt\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela \u00aben la medida en que [los reproches del actor] ya fueron resueltos por el juez ordinario, y lo que busca es una decisi\u00f3n diferente a trav\u00e9s de la v\u00eda tuitiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo implorado, al advertir que se incumple el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00ablo requerido por la parte accionante, esto es, que se decrete la nulidad del tr\u00e1mite procesal y la suspensi\u00f3n del mismo, lo debe solicitar ante el Despacho judicial accionado\u00bb, conclusi\u00f3n que extendi\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito deprecada. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en la transgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple los requisitos generales de procedibilidad que pasan a examinarse, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la parte querellante, dentro del proceso ejecutivo rad. n\u00b0 2010-00188. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Del caso en concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, comoquiera que deviene improcedente al no satisfacer el esencial presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan se extrae del contenido del libelo introductor, el convocante dirige su inconformidad a cuestionar asuntos que fueron definidos mediante la sentencia proferida en el proceso objeto de revisi\u00f3n que, entre otros, decidi\u00f3 \u00abdeclarar no probadas las excepciones de tacha de falsedad, omisi\u00f3n de requisitos del t\u00edtulo valor, falta de origen real de la obligaci\u00f3n cambiaria, relaciones personales de la demanda con el obligado\u00bb; as\u00ed como en los prove\u00eddos que resolvieron \u00abrechazar de plano la nulidad incoada por el apoderado de la parte demandada\u00bb y \u00abno declarar la nulidad alegada por la parte demandada\u00bb -peticiones de nulidad soportadas en una indebida notificaci\u00f3n de la parte all\u00e1 convocada, en tanto, seg\u00fan aleg\u00f3, debi\u00f3 \u00abnotificarse o emplazarse en debida forma a la se\u00f1ora Sandra Stella Sanabria Acosta por tener vigente una uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial constituida con el causante y haber relacionado la obligaci\u00f3n que se ejecuta, como pasivo de esta en el inventario y aval\u00fao adicional presentado dentro del proceso de sucesi\u00f3n radicado n\u00famero 2010-00154\u00bb-. <\/p>\n
A partir de lo anterior, se establece que lo ahora criticado no fue refutado a trav\u00e9s de los recursos judiciales ordinarios al alcance de la parte interesada, pues pudiendo haber hecho uso del recurso de apelaci\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil2, frente a la providencia que defini\u00f3 el asunto, y del de reposici\u00f3n, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 348 del mismo estatuto procesal3, trat\u00e1ndose de las decisiones que desatendieron las solicitudes de nulidad presentadas, se abstuvo de hacerlo, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta improcedente el amparo deprecado, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n de los recursos que proced\u00edan contra las decisiones refutadas, inviabiliza la salvaguarda, porque cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
3.2. Del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Asimismo, la Sala resalta el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez de la acci\u00f3n, pues las providencias censuradas, esto es -se itera-, los prove\u00eddos mediante los cuales el juzgado endilgado \u00abrechaz\u00f3 de plano\u00bb y \u00abno declar\u00f3\u00bb las nulidades deprecadas, as\u00ed como la sentencia proferida, datan del 13 de octubre de 2011, 27 de febrero de 2014 y 30 de noviembre de 2016, respectivamente, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 26 de octubre de 2023; es decir, superando ampliamente el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte para proponer el resguardo. <\/p>\n
Sobre el tema, establecido se tiene que esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas. <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor discute igualmente que se desconoce la condici\u00f3n de \u00abdiscapacidad cognitiva\u00bb que padece su hermano y codemandado Paul Francisco Corzo Jaimes, quien \u00abest\u00e1 a cargo de [su] madre Blanca Teresa Jaimes Garc\u00eda quien es una persona de la tercera edad con escasos recursos econ\u00f3micos\u00bb; reprochando tambi\u00e9n que se dispuso el secuestro del inmueble que habitan, despoj\u00e1ndolos de \u00abun lugar digno para vivir\u00bb. <\/p>\n
4.2. Por lo dem\u00e1s, en atenci\u00f3n al escrito que el promotor aport\u00f3 encontr\u00e1ndose en tr\u00e1mite esta acci\u00f3n y en el que cuestion\u00f3 \u00abpor qu\u00e9 no se archiv\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb, es del caso advertir que, adem\u00e1s de que ello no ha sido formulado ante el juez de la causa, al tratarse de una circunstancia que no fue planteada oportunamente para que fuera discutida por los interesados, de tal forma que se respetara el derecho al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, no es dable hacer pronunciamiento de fondo al respecto. <\/p>\n
En ese sentido, sobre la improcedencia de traer hechos no controvertidos \u2013y, por ende, novedosos\u2013 en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abRespecto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep. 2017, rad. 01913-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio por no superar el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el extremo actor no hizo uso oportuno y adecuado del medio judicial legalmente previsto para rebatir las actuaciones censuradas, y tampoco se cumple el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abToda vez que se trata de una persona con discapacidad cognitiva, trastorno de lenguaje y habla, y con la enfermedad de epilepsia, trastorno cerebral en el cual tiene convulsiones repetidas durante un tiempo\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 R\u00e9gimen procesal aplicable para la fecha en que fue emitida. <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
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