STC13722-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13722-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-02041-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gloria Helena Leal Bedoya, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta capital, la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscal \u2013 UGPP \u2013; y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-00009. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, fue procesada por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n agravado en concurso homog\u00e9neo\u00bb, por los hechos conocidos p\u00fablicamente como el caso \u00abFoncolpuertos\u00bb, que curs\u00f3 en el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. 2014-00009). <\/p>\n
El 19 de junio de 2019 fue absuelta por el juzgado de conocimiento, sin embargo, el apoderado de la UGPP, v\u00edctima reconocida en el proceso, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El 9 de octubre de ese mismo a\u00f1o, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n, para en su lugar, condenar a la aqu\u00ed accionante a la pena de 84 meses de prisi\u00f3n y multa de 50 mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Acudi\u00f3 la actora a la presente salvaguarda recriminando el fallo del tribunal que la conden\u00f3 en segunda instancia. Adicionalmente, cuestion\u00f3 diversas regularidades de \u00edndole procesal, como por ejemplo, que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el delegado de la UGPP fue presentado por fuera del t\u00e9rmino legal, debiendo haber sido declarado desierto; asimismo, que solo vino a enterarse de dicha providencia el 22 de septiembre de 2022 por comunicaci\u00f3n que le envi\u00f3 la misma UGPP, pues nunca fue notificada en debida forma por el tribunal, pese a que en el expediente se observa una comunicaci\u00f3n remitida a su apoderado, quien ya hab\u00eda fallecido. <\/p>\n
Reproch\u00f3 tambi\u00e9n que, en la sentencia, la colegiatura accionada vari\u00f3 su forma de participaci\u00f3n en los hechos, es decir, \u00abde determinadora a autora\u00bb, lo que en su parecer constituy\u00f3 una violaci\u00f3n de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Sostuvo finalmente que, no present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, por cuanto \u00abel t\u00e9rmino se venci\u00f3 antes de conocer la decisi\u00f3n\u00bb, y, adem\u00e1s, porque \u00absu nuevo cargo en el Ministerio del Trabajo le imped\u00eda contar con el tiempo para averiguar sobre el desarrollo del proceso penal\u00bb, que es tambi\u00e9n la raz\u00f3n por la que tard\u00f3 para formular la presente tutela. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se deje sin efecto la sentencia condenatoria de segunda instancia, proferida el 9 de octubre de 2019 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, \u00aby se le ordene que dicte una nueva que respete sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho del magistrado ponente de la sentencia recriminada, de Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, en efecto, esa corporaci\u00f3n dict\u00f3 fallo condenatorio en contra de la aqu\u00ed actora el 9 de octubre de 2019; en cuanto a la notificaci\u00f3n del mismo, precis\u00f3 que esa labor le correspond\u00eda a la secretar\u00eda de esa Sala, a la cual se remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n el d\u00eda 15 de ese mismo para lo de su cargo. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta capital, admiti\u00f3 que, ciertamente, absolvi\u00f3 a Leal Bedoya el 20 de junio de 2019, empero, dicha decisi\u00f3n fue revocada por el Tribunal Superior que resolvi\u00f3 condenarla. Destac\u00f3 que la procesada no interpuso el recurso de casaci\u00f3n ni el de la impugnaci\u00f3n especial, procedente por tratarse de una condena en segunda instancia. <\/p>\n
4. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional encargado y representante Judicial de la UGPP, afirm\u00f3 que en este caso la demanda de tutela es improcedente pues \u00ablo que busca la accionante es convertir esta acci\u00f3n en una tercera instancia, al no poder desvirtuar lo establecido en la sentencia de condena\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; del primero porque la sentencia en discusi\u00f3n data del 9 de octubre de 2019, y \u00ab(\u2026) la tutela se interpuso, seg\u00fan el acta de reparto el 6 de octubre de 2023, vale decir, casi 4 a\u00f1os despu\u00e9s\u00bb; y, del segundo, porque, contra el fallo de segundo grado proced\u00eda la impugnaci\u00f3n especial, por tratarse de la primera condena, del cual la procesada no hizo uso. Adicionalmente, examin\u00f3 la sentencia en cuesti\u00f3n, y advirti\u00f3 que esta se encontraba fundada en criterios razonables; y, finalmente, sobre la supuesta extemporaneidad del recurso de apelaci\u00f3n de la UGPP, seg\u00fan lo constat\u00f3 del expediente, estableci\u00f3 que fue impetrado dentro del t\u00e9rmino. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la quejosa, reiterando las alegaciones del escrito inicial relacionadas con las irregularidades presentadas en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, y de la supuesta indebida o falta de notificaci\u00f3n de la sentencia criticada. As\u00ed mismo, replic\u00f3 sus censuras frente a la valoraci\u00f3n probatoria y los argumentos que tuvo el tribunal para condenarla. <\/p>\n
Refut\u00f3 los criterios que aplic\u00f3 la a quo para denegar el auxilio. De la subsidiariedad, insisti\u00f3 en que, al no haber sido debidamente notificada de la sentencia de segunda instancia, se vio despojada del derecho de presentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. En relaci\u00f3n con la inmediatez, justific\u00f3 su demora para interponer la salvaguarda en que, se tom\u00f3 \u00abel tiempo de revisar y leer los 133 cuadernos que contienen los 50.000 folios [del proceso] no como los funcionarios del tribunal, que ni siquiera lo revisaron ni lo leyeron\u00bb. Critic\u00f3 que, la Sala de primer grado, \u00absolamente se enmarca en los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, sin verificar los presupuestos que rodearon la decisi\u00f3n del tribunal y que hay prueba sumaria suficiente para tutelar el debido proceso [\u2026] la presente decisi\u00f3n no hace un \u00e9nfasis en el derecho fundamental del debido proceso sino solamente en los requisitos de admisibilidad [\u2026] donde es imperante reflexionar sobre lo que debe sopesar al momento de presentarse un desconocimiento flagrante a un derecho fundamental (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente; y, de superarse lo anterior, si la colegiatura convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la accionante al condenarla \u2013 por primera vez en segunda instancia \u2013 a la pena de 84 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n agravado\u00bb (sentencia de 9 de octubre de 2019) incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y por variar el grado de su participaci\u00f3n en los hechos. De otro lado, por no haber declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n por extempor\u00e1neo y omitir notificarle dicho fallo. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que hace la actora no atiende el postulado que viene de comentarse ya que, el fallo del tribunal accionado que la conden\u00f3, fue proferido el 9 de octubre de 2019, mientras que este auxilio se radic\u00f3 el 6 de octubre de 2023, esto es, superando con amplitud el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Y, a\u00fan si se tomara como punto de referencia la fecha en que afirm\u00f3 la actora haberse enterado de aquella decisi\u00f3n por intermedio de la UGPP, esto es, el 22 de septiembre de 2022, tampoco se satisface el se\u00f1alado requisito temporal. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, no se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de la providencia recriminada, los cuestionamientos relacionados con el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n y la notificaci\u00f3n del fallo atacado, aspectos que, en este evento, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
3.4. Ahora bien, prohijando lo se\u00f1alado por la primera instancia, las razones que expuso la tutelante para justificar su inercia frente al amparo (el fallecimiento de su apoderado, y el no contar con tiempo para averiguar sobre el proceso debido al cargo que desempe\u00f1a en el Ministerio del Trabajo) no pueden ser de recibo por la Sala en consideraci\u00f3n del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, esto es, la inviabilidad de alegar en su favor su propia culpa, en la medida en que, resulta inexcusable su distanciamiento con el proceso penal aun teniendo pleno conocimiento del mismo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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