STC13723-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13667-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2023-01318-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 2 de noviembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Manuel Antonio Vega Ayala contra los Juzgados Veintisiete de Familia y Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal con radicado 2014-0543. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abpatrimonio personal\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, luego del tr\u00e1mite contencioso de divorcio adelantado con la se\u00f1ora Clara In\u00e9s \u00c1ngel Palacios, que finaliz\u00f3 con sentencia de 19 de septiembre de 2023, ante el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 se adelanta proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en ese tr\u00e1mite, en los inventarios presentados y en la partici\u00f3n, result\u00f3 afectado en los gananciales por lesi\u00f3n enorme superior al 50% en relaci\u00f3n con lo adjudicado a su exc\u00f3nyuge \u00abquien en su HIJUELA, PARTIDA PRIMERA recibi\u00f3 $302.116.000-oo adjudic\u00e1ndose el 100% de una CASA Y BODEGA ubicada en la carrera 43 NO 73 – 45 identificada con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-338255, cuyo aval\u00fao fue aprobado el d\u00eda 9 de marzo de 2018, aval\u00fao que difiri\u00f3 del valor comercial que se debi\u00f3 tener para el inmueble u aval\u00fao adelantado por el perito, por el contrario para dicho bien se tuvo en cuenta el aval\u00fao catastral el cual para el 2018 estaba determinado en la suma de $ 462.133.000 y de acuerdo al C.C. y CGP el valor comercial correspond\u00eda a la suma de $ 693.133.500, para el a\u00f1o de adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en la partici\u00f3n, se le adjudic\u00f3 la valorizaci\u00f3n de un bien propio, que fue adquirido por sucesi\u00f3n de su padre, el cual nunca tuvo mejoras, raz\u00f3n por la cual no era procedente que la valorizaci\u00f3n formara parte de los inventarios y agreg\u00f3 que, para la fecha de presentaci\u00f3n de los inventarios, su apoderado mostr\u00f3 actitud silente y, por v\u00eda telef\u00f3nica, tiempo despu\u00e9s, le inform\u00f3 sobre la sentencia proferida, dej\u00e1ndolo en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n al carecer de una adecuada defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, por lo anterior, debi\u00f3 promover demanda de rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n por lesi\u00f3n enorme el 20 de septiembre del 2021, contra el tr\u00e1mite que adelant\u00f3 el Juzgado accionado en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal No. 2014-00543, que por reparto fue asignado al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 bajo el radicado No. 2021-653. <\/p>\n
Indic\u00f3 que enterado de esa decisi\u00f3n, a trav\u00e9s de su apoderado present\u00f3 escrito el 6 de marzo de 2023 en el que solicit\u00f3 \u00abla cancelaci\u00f3n y\/o suspensi\u00f3n\u00bb de esa providencia al encontrarse en tr\u00e1mite el proceso de rescisi\u00f3n en el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia, petici\u00f3n que fue negada el 13 de abril siguiente, bajo el argumento que la actuaci\u00f3n no estaba legalmente autorizada, petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 28 de abril de 2023 en la que \u00abrogando la revocatoria y\/o suspensi\u00f3n\u00bb del auto de 21 de febrero de 2023, a la que tampoco se accedi\u00f3 el 1\u00b0 de junio de 2023. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que avocado el comisorio por el Juzgado Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, fij\u00f3 como fecha para la diligencia de entrega el 15 de agosto de 2023, la que no se logr\u00f3 hacer efectiva. <\/p>\n
Finalmente inform\u00f3, que el 6 de septiembre de 2023 envi\u00f3 un correo al Juzgado comisionado, solicitando la suspensi\u00f3n del despacho comisorio tramitado bajo el radicado 2023 – 00213, sin que a la fecha exista pronunciamiento. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, \u00absuspender el auto del 21 de febrero del 2023\u00bb, mediante el cual orden\u00f3 la entrega del inmueble ubicado en la Carrera 43 No. 73-45 de esta ciudad, para que, en consecuencia, el Juzgado Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, suspenda la diligencia de entrega de inmueble. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a remitir el enlace del expediente del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal con radicado n\u00b0 2014-00543-00. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por carecer del requisito de la subsidiariedad tras se\u00f1alar, <\/p>\n
(\u2026) revisado el micrositio del Juzgado Veintisiete de Bogot\u00e1 en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, se evidencia que el auto de 21 de febrero de 2023 fue notificado por estado No. 29 del 22 de febrero de 2023, sin embargo, s\u00f3lo fue hasta el mes de abril de 2023 cuando el accionante, se\u00f1or Vega Ayala, por conducto de su apoderado judicial solicit\u00f3 la revocatoria y\/o suspensi\u00f3n del auto del 21 de febrero del 2023, y con esto, el Juzgado accionado profiere el auto del 1\u00b0 de junio de 2023 que rechaza por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a pesar de que en los memoriales suscritos por el apoderado del accionante se\u00f1ala que el auto del 21 de febrero de 2023 se debe dejar sin efectos en atenci\u00f3n al derecho del debido proceso que le asiste al se\u00f1or Vega Ayala, es claro que el fin de su solicitud es revocar la decisi\u00f3n adoptada con pleno derecho por el Juez natural, contando para ello el recurso de reposici\u00f3n que se enlista en el art\u00edculo 318 del CGP, el cual fue interpuesto dos meses despu\u00e9s de expedida la providencia objeto del reclamo constitucional\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, y en relaci\u00f3n con la solicitud de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega fijada para el 21 de noviembre de 2023 por el Juzgado Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, sostuvo que no se evidencia un perjuicio irremediable que permita actuar al juez constitucional para acceder a lo pedido, porque no se alega cu\u00e1l es el da\u00f1o que se pretende prevenir, debido a que la fecha es futura, y como adem\u00e1s, se present\u00f3 un memorial de suspensi\u00f3n, ser\u00e1 la autoridad judicial la que se pronuncie y decida la procedencia o no de la suspensi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, el solicitante la impugn\u00f3 con id\u00e9nticos argumentos a los expuestos en el escrito inicial, esto es, que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en error grave y negligencia al comisionar para la diligencia de entrega del inmueble, pese a conocer que el proceso de recisi\u00f3n de la partici\u00f3n que promovi\u00f3 se encuentra en curso. <\/p>\n
Reproch\u00f3 las consideraciones del a quo constitucional, al darle la connotaci\u00f3n de recursos a los oficios por \u00e9l presentados, pues en estos se aclar\u00f3 que no formaban parte de una oposici\u00f3n a la entrega y que simplemente se trataba de una petici\u00f3n encaminada a la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, se advierte el fracaso del amparo reclamado al incumplirse el presupuesto de la inmediatez, toda vez que entre la determinaci\u00f3n cuestionada y la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n -18 de octubre de 2023-, han transcurrido m\u00e1s de 8 meses, t\u00e9rmino que supera holgadamente el establecido por esta Corte como suficiente para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n, exigencia sobre la que la Sala reiteradamente ha puntualizado, \u00ab(\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC10554-2018, STC8525-2022, STC8539-2022, STC3427-2023 y STC11282-2023, entre otras muchas). <\/p>\n
Y es que si bien, el accionante a trav\u00e9s de su apoderado judicial present\u00f3 con posterioridad solicitud de \u00abrevocatoria y\/o suspensi\u00f3n\u00bb de la providencia debatida, esta fue resuelta sin \u00e9xito el 13 de abril de 2023, fecha que, en el mismo sentido, supera el t\u00e9rmino establecido en p\u00e1rrafo precedente, sin que le sea factible al quejoso, pretender soslayar el aludido requisito con la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, en id\u00e9nticos t\u00e9rminos, tal como lo hizo el 28 de abril de 2023. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la demora en el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional, descarta la existencia de amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales imploradas, evento que seg\u00fan quedo visto, impide al juez constitucional entrar a analizar el fondo de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s que el accionante no acredit\u00f3, ni aleg\u00f3, ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad, por tanto, si se demor\u00f3 en proponer este amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad accionada, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Ahora, de flexibilizarse lo anterior, el amparo igualmente es improcedente al no acreditarse el requisito de la subsidiariedad, en consideraci\u00f3n a la incuria del se\u00f1or Manuel Antonio Vega Ayala, pues si su intenci\u00f3n era proteger su derecho al \u00abpatrimonio personal\u00bb, debi\u00f3 adelantar las acciones pertinentes, en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, lo que no aconteci\u00f3, por el contrario lo que se evidencia es que fue aprobado el trabajo de partici\u00f3n, y que el accionante no formul\u00f3 objeci\u00f3n alguna. <\/p>\n
T\u00e9ngase presente que, la acci\u00f3n de tutela impone el agotamiento previo de todos los medios de defensa a disposici\u00f3n del interesado, pues cualquier inconformidad debe ser alegada en el proceso en tanto que, esta acci\u00f3n excepcional, no fue concebida para pretender revivir un t\u00e9rmino ya precluido, ni mucho menos se trata de un mecanismo alterno que permita sustituirlos, y cuando existe negligencia de las partes para interponerlos, como aqu\u00ed acontece \u00abquedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01, reiterada en STC2264-2022, STC11804-2022 y, STC1793-2023 entre muchas). <\/p>\n
5. Finalmente en lo que ata\u00f1e a la vulneraci\u00f3n endilgada al Juzgado Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad, si bien, no se pronunci\u00f3 en el tr\u00e1mite de primera instancia, lo cierto es que, revisado el expediente, se observa que la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n formulada por el accionante el pasado 6 de septiembre, fue resuelta en providencia del 24 de octubre de 2023, en virtud de la cual no se accedi\u00f3 a lo pretendido. <\/p>\n
6. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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