STC13728-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC13728-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04688-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Libardo Antonio Londo\u00f1o Mora contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita ordenar a la accionada que \u00abproceda al estudio de los requisitos del recurso de casaci\u00f3n, concediendo un t\u00e9rmino para la presentaci\u00f3n de la misma, asign\u00e1ndose su estudio a una sala de conjueces, dado el impedimento para fallar a los magistrados titulares\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Libardo Antonio y Diego Mauricio Londo\u00f1o Mora, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros profiri\u00f3 sentencia el 23 de marzo de 2012, en la que absolvi\u00f3 a los acusados. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En fallo de 27 de mayo de 2014 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia los conden\u00f3 por primera vez como coautores del delito de homicidio agravado por el estado de indefensi\u00f3n de la v\u00edctima, imponi\u00e9ndoles la pena de 400 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que recurrieron en casaci\u00f3n, la que fue inadmitida el 29 de abril de 2015 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2020 se admiti\u00f3 el recurso de impugnaci\u00f3n especial; y en providencia de 28 de junio de 2023 la Sala querellada resolvi\u00f3 confirmar la sentencia condenatoria dictada el 27 de mayo de 2014, modific\u00e1ndola en el sentido de que los procesados eran coautores del delito de homicidio simple y fijando la pena en 208 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que en el fallo de septiembre de 2023, con el que la Corporaci\u00f3n acusada resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial, se consign\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n no proced\u00eda ning\u00fan recurso, con lo que se le vulner\u00f3 su derecho a la casaci\u00f3n penal, \u00faltimo que hab\u00eda sido reconocido en distintas decisiones por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que no cuestionaba la prescripci\u00f3n, temas probatorios, algo instr\u00edseco del juicio penal o la impugnaci\u00f3n especial, la que ya le fue fallada, sino que deprecaba el derecho al recurso extraordinario de casaci\u00f3n penal. <\/p>\n
2.6. Adujo que tras ser condenado junto con su hermano, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, se les concedi\u00f3, tras varios a\u00f1os de disputa jur\u00eddica, el derecho a la impugnaci\u00f3n especial, la que revoc\u00f3 parcialmente el fallo; y que interpusieron una primera tutela alegando que desde la imputaci\u00f3n de cargos hasta el recurso hab\u00edan transcurrido los t\u00e9rminos previstos en la Ley 599 de 2000, la que le fue denegada. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que ninguna norma proh\u00edbia el mencionado recurso extraordinario, por lo que la autoridad convocada tampoco lo pod\u00eda hacer; que los jueces no eran legisladores; y que se deb\u00eda tener en cuenta los fallos de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, adem\u00e1s de las decisiones que hab\u00edan acogido su postura. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros indic\u00f3 que actu\u00f3 en el juicio criticado como juez de control de garant\u00edas en segunda instancia; que no contaba con el expediente; y que en cuanto a los hechos y pretensiones de la presente solicitud de resguardo, se aten\u00eda a lo que se resolviera en el tr\u00e1mite del mismo. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso censurado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n refiri\u00f3 que el recurso de casaci\u00f3n proced\u00eda ante sentencias de segunda instancia dictacadas por los Tribunales Superiores, tal como lo se\u00f1alaban los art\u00edculos 181 y 183 de la Ley 906 de 2004, que no ante los fallos dictados por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, menos cuando el accionante hizo uso del recurso de casaci\u00f3n frente a la sentencia del Tribunal que lo conden\u00f3 por primera vez, el que se inadmiti\u00f3 el 29 de abril de 2015; y que se deb\u00eda observar si exist\u00eda temeridad, pues se present\u00f3 una tutela anterior atacando el fallo que favoreci\u00f3 al gestor y le rebaj\u00f3 la pena impuesta por el Tribunal cuando lo conden\u00f3 por primera vez. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal acusada, en la providencia de 28 de junio de 2023, en la que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial interpuesta por los condenados, consider\u00f3 que contra esa \u00abdecisi\u00f3n no proceden recursos\u00bb, determinaci\u00f3n que no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la decisi\u00f3n con la que se consign\u00f3 que frente a la sentencia que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial no proced\u00edan recursos; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se advierte que esta Sala, en un asunto de similares contornos, hizo una revisi\u00f3n de la materia y precis\u00f3: <\/p>\n
Para ejercer su defensa la Sala de Casaci\u00f3n Penal adujo que en el caso concreto sigui\u00f3 las reglas fijadas para el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial las cuales fueron establecidas en la sentencia AP1263-2019, en donde se estableci\u00f3 que \u00abcontra la decisi\u00f3n que resuelve la impugnaci\u00f3n especial no procede casaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que fue proferida con ocasi\u00f3n del cumplimiento de una orden constitucional emitida por esta Sala. Ahora, sin perjuicio de lo aducido en casos de similares contornos, una nueva revisi\u00f3n del asunto permite afirmar que la simple discrepancia con la interpretaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal tiene sobre el particular, no da lugar a la concesi\u00f3n del amparo constitucional, menos a\u00fan si se tiene en cuenta que \u201c(\u2026) como una instancia adicional con la que se pueda controvertir una decisi\u00f3n judicial, al contrario, su alcance es restringido y, por ello no permite cuestionar la interpretaci\u00f3n que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza que desborde la l\u00f3gica, o cercene una evidente oportunidad procesal, situaciones inexistentes en el presente asunto\u00bb (CSJ STC11261-2020). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la decisi\u00f3n objeto de censura hizo un an\u00e1lisis \u00edntegro de la legalidad de la condena impuesta por el Tribunal y de las probanzas obrantes en el expediente, por lo que no puede predicarse la lesi\u00f3n de garant\u00eda fundamental alguna del solicitante (CSJ STC13941-2021, 19 oc. 2021, rad. 2021-03236-00). <\/p>\n
Asimismo, en un caso que guarda cierta simetr\u00eda con el actual, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
…Como la queja constitucional apunta esencialmente al hecho de haberse rechazado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia \u2013 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de febrero de 2022 \u2013 al interior de la causa penal que se le adelant\u00f3 al aqu\u00ed actor; el an\u00e1lisis de esta Sala se circunscribir\u00e1 a los pronunciamientos que abordaron dicha postulaci\u00f3n, esto es, el auto AP3252-2022 de 21 de julio de 2022 y el AP5368-2022 de 15 de noviembre de 2022 que confirm\u00f3 el anterior \u2013, escenario que concentr\u00f3 la controversia que ahora se replica por esta senda excepcional. <\/p>\n
3.2.Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al ad quem accionado para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la postura de la accionada no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores del actor. <\/p>\n
3.2.1. En ese contexto, la defensa del tutelante, adem\u00e1s de los argumentos de \u00edndole constitucional, expuso… Sin embargo, la accionada en ese sentido precis\u00f3 que, es menester que dicha normativa y el r\u00e9gimen regulatorio de ese remedio extraordinario, se lean sistem\u00e1ticamente, ya que, \u00ab(\u2026) ese enunciado encuentra limitaciones en el hecho de que, en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, se advierte que el \u00abrecurso se interpondr\u00e1 ante el Tribunal dentro de los cinco d\u00edas siguientes\u00bb, y luego de cumplido el tr\u00e1mite de sustentaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 184 del mismo estatuto, la \u00abdemanda se remitir\u00e1 junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte\u00bb, lo cual significa que el recurso extraordinario procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales y no contra las de la Corte Suprema de Justicia cuando act\u00faa como juez en segunda instancia. De manera que a partir del contexto y no desde la literalidad de las disposiciones jur\u00eddicas, la idea de que el recurso de casaci\u00f3n procede contra todas las sentencias de segunda instancia, incluidas las dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es inadmisible\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, agreg\u00f3 que, los recursos de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1n dise\u00f1ados por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de conformidad con el canon 235, siendo por esencia la Corte Suprema de Justicia un Tribunal de Casaci\u00f3n, luego, \u00ab(\u2026) en ese entendido, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal le corresponde garantizar el derecho a la impugnaci\u00f3n especial y a la doble instancia, m\u00e1s no le est\u00e1 permitido extender la posibilidad de resolver recursos no previstos constitucional y legalmente contra sus propias decisiones\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, recalc\u00f3 que esa Sala ya hab\u00eda tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el particular en el prove\u00eddo AP2299 de 16 de septiembre de 2020, para concluir que, \u00ablo expuesto reafirma que el dise\u00f1o constitucional de los recursos judiciales no autoriza el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra sentencias de segunda instancia proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en las que no est\u00e1 de por medio la garant\u00eda de la doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. En el auto de 15 de noviembre de 2022 \u2013 que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto frente a la anterior determinaci\u00f3n \u2013, la Sala accionada aclar\u00f3 que, no obstante que la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en sede de tutela, defendi\u00f3 la tesis de la procedencia de la casaci\u00f3n contra las sentencias que resuelven la impugnaci\u00f3n especial (seg\u00fan lo aleg\u00f3 el recurrente), resalt\u00f3 que, aquellas decisiones de tutela fueron revocadas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, \u00ab(\u2026) tras considerar que no existe en el ordenamiento jur\u00eddico ninguna norma que autorice el recurso de casaci\u00f3n contra decisiones dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de sus otras competencias, como es el caso de las sentencias proferidas en sede de segunda instancia. <\/p>\n
Por citar un ejemplo, en el fallo de tutela CSJ STL4038- 2021, que revoc\u00f3 el STC1008-2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral explic\u00f3 que en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el Acto Legislativo 01 de 2018 que modific\u00f3 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia no se plante\u00f3 la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a las decisiones que adopte la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el marco de la impugnaci\u00f3n especial, o como juez de segunda instancia\u00bb. Subrayas fuera de texto. <\/p>\n
Seguidamente a\u00f1adi\u00f3 que, no se trata de una discusi\u00f3n novedosa, que no sufri\u00f3 variaci\u00f3n alguna con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2018 y que, \u00ab(\u2026) [t]ampoco se ha promulgado ninguna otra norma que autorice a la Corte a revisar, por virtud del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sus propias sentencias. De ah\u00ed que la postura que sobre el particular ha venido sosteniendo la jurisprudencia conserva plena vigencia. As\u00ed, por ejemplo, en el auto CSJ AP, 10 nov. 2004, rad. 16023, se dijo: <\/p>\n
La petici\u00f3n de los libelistas, de interponer la casaci\u00f3n discrecional, contra un fallo proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, es manifiestamente improcedente y as\u00ed lo ha venido insistiendo esta Sala en variadas oportunidades, raz\u00f3n por la cual se traer\u00e1 en comento lo dicho desde ya hace varios a\u00f1os para desestimar la pretensi\u00f3n (\u2026). En torno a la procedencia del recurso de casaci\u00f3n contra las sentencias proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el tema ya ha sido objeto de diversos pronunciamientos por esta Corporaci\u00f3n, en t\u00e9rminos que resulta pertinente recordar: (\u2026) Ahora, si no es procedente el recurso ordinario de apelaci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n resulta desatinada la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual, en su modalidad com\u00fan solamente es viable, contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por los delitos que tengan se\u00f1alada pena privativa de la libertad cuyo m\u00e1ximo sea o exceda de seis (6) a\u00f1os, a\u00fan cuando la sanci\u00f3n impuesta haya sido una medida de seguridad’. (Inciso 1o. Art. 218 C de P. P., reformado por la ley 81 de 1993). <\/p>\n
No es que se est\u00e9 interpretando esta norma de manera restrictiva, es que siendo la casaci\u00f3n un recurso extraordinario, los fallos contra los cuales procede est\u00e1n previstos de manera taxativa, y por la propia naturaleza del derecho procesal, no es posible, so pretexto de una interpretaci\u00f3n extensiva, pretender aplicarlo contra decisiones que la ley no ha se\u00f1alado. Los recurrentes desconocen este elemental principio al afirmar que, ‘…si bien es cierto que no contempla las sentencias proferidas en \u00fanica instancia, tampoco existe prohibici\u00f3n expresa en tal sentido, \u201cy lo que no est\u00e1 prohibido por la ley est\u00e1 permitido\u201d <\/p>\n
Estas mismas consideraciones se pueden corroborar, incluso, en pronunciamientos m\u00e1s recientes, como el auto AP5097-2021 en el que la Sala neg\u00f3 por improcedente el recurso de casaci\u00f3n promovido contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n reprochada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, puntualizando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional \u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016)… (CSJ STC10629-2023, 27 sep. 2023, rad. 2023-03625-00). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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