STC13743-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13743-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01969-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 12 de octubre de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Nabor Salas Tabares contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, \u00ablibertad de empresa\u00bb y defensa, que dice vulnerados por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar\u00bb las sentencias de 9 de julio de 2019, 30 de octubre de 2020 y 13 de junio de 2023 y, en su lugar, \u00abdeclarar que\u2026 es beneficiario de la pensi\u00f3n convencional\u00bb que reclam\u00f3 en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Elimeleth Rodelo Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Nabor Salas Tabares, William Gonz\u00e1lez Buitrago y Mart\u00edn Magdaleno P\u00e9rez Ramos promovieron acci\u00f3n laboral contra la Electrificadora del Caribe SA ESP, con la finalidad de que se declarara \u00abla nulidad o ineficacia del art\u00edculo 51 del Acuerdo Extraconvencional de 18 de septiembre de 2003, celebrado entre Electricaribe de la Costa Atl\u00e1ntica SA ESP y algunas subdirectivas sindicales o, en su defecto, su ineficacia\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abse encuentran vigentes los art\u00edculos 45 de la CCT 1988-1989 y 57 de la CCT 1998-1999\u00bb. En consecuencia de esas declaraciones, reclamaron los demandantes que se condenara a su antagonista \u00abal reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a que tienen derecho\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 9 de julio de 2019, se desestimaron las pretensiones, decisi\u00f3n confirmada, en grado de consulta, con providencia del 30 de octubre de 2020, determinaci\u00f3n que recurrieron en casaci\u00f3n los demandantes, medio de impugnaci\u00f3n desestimado con fallo del 13 de junio de los corrientes. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la providencia dictada en sede de casaci\u00f3n \u00abdesconoce los\u2026 precedentes judiciales que se\u00f1alan que la edad es requisito de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, pero, no de causaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resalt\u00f3 que \u00abno trasgredi\u00f3 ninguno de las prerrogativas constitucionales invocadas por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Electricaribe SA ESP En Liquidaci\u00f3n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno es la encargada de atender las solicitudes realizadas por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que la providencia criticada \u00abno es irrazonable ya que\u2026 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente ha se\u00f1alado que la consideraci\u00f3n de la edad como un requisito de causaci\u00f3n o de exigibilidad de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n depende de lo establecido en la respectiva convenci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la cuestionada providencia de 13 de junio de 2023 (SL1586-2023), no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada explic\u00f3 los motivos por los que consideraba inviable la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que reclam\u00f3 el actor en el juicio criticado, aspecto sobre el cual, tras desechar la impugnaci\u00f3n extraordinaria por defectos de t\u00e9cnica, precis\u00f3 que: <\/p>\n
A pesar de todo lo previo, si la Sala actuando con amplitud dejara de lado las anotadas deficiencias t\u00e9cnicas, encontrar\u00eda que el juez plural no cometi\u00f3 ning\u00fan yerro ostensible que diera al traste con la decisi\u00f3n adoptada, pues siendo indiscutible que los demandantes reunieron los 20 a\u00f1os de servicios exigidos por las estipulaciones convencionales, fuente de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n perseguida, antes del 31 de julio de 2010, data en la que el Acto Legislativo restringi\u00f3 la vigencia de las normas extralegales de contenido pensional, no aconteci\u00f3 lo mismo con el requisito de la \u00abedad\u00bb que corresponde a 55 a\u00f1os, que en este asunto no se satisfacen puesto que arribaron a ella despu\u00e9s de dicha fecha. <\/p>\n
Lo anterior en la medida en que, en este caso, la edad prevista no es un requisito de exigibilidad o disfrute como lo sugieren los impugnantes, sino de causaci\u00f3n del derecho, como bien se extrae de los textos convencionales en los cuales descansa la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n requerida, cuyo contenido son los siguientes: <\/p>\n
Art\u00edculo 45 de la CCT 1988-1990 celebrada entre la Empresa de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de Magangu\u00e9 S. A. ESP y el Sindicato de Trabajadores de Colombia \u201cSINTRAELECOL\u201d, se\u00f1ala: <\/p>\n
A partir de la vigencia de la presente Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, la Empresa jubilar\u00e1 a todos sus trabajadores que hayan prestado sus servicios exclusivamente a la Empresa por un lapso de veinte (20) a\u00f1os continuos o discontinuos y que cumplan cincuenta (50) a\u00f1os de edad para las mujeres y cincuenta y cinco (55) para los hombres, con el ciento por ciento (100%) del salario promedio devengado por el trabajador en los \u00faltimos tres (3) meses. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 57 de la CCT-1998-1999, suscrita entre la Empresa de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de Magangu\u00e9 S. A. ESP y el Sindicato de Trabajadores de Colombia Sintraelecol establece: <\/p>\n
A partir de la vigencia de la presente Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, la Empresa jubilar\u00e1 a todos sus trabajadores que hayan prestado sus servicios exclusivamente a la Empresa por un lapso de veinte (20) a\u00f1os continuos o discontinuos y que cumplan cincuenta (50) a\u00f1os de edad para las mujeres y cincuenta y cinco (55) para los hombres, con el ciento por ciento (100%) del salario promedio devengado por el trabajador en los \u00faltimos doce (12) meses. <\/p>\n
Sin que el art\u00edculo 51 del acuerdo extraconvencional, del 18 de septiembre de 2003, celebrado entre Electrocosta y Sintraelecol respecto del cual la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en m\u00faltiples oportunidades sobre su ineficacia, tuviera la virtualidad, en este asunto en particular, de haber afectado la edad establecida en dichos convenios colectivos, siendo uno de los temas sobre el cual los recurrentes pretend\u00edan su nulidad, ya que nada al respecto se dijo en aquel convenio, de manera que la edad para obtener la prestaci\u00f3n se mantuvo en 55 a\u00f1os para el caso de los hombres, mientras que el tiempo de servicios y la tasa de remplazo se incrementaron. <\/p>\n
Am\u00e9n de que conforme al alcance fijado actualmente por la Corte, al par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005 \u00abcuando la convenci\u00f3n se encontraba vigente a la fecha de entrar a regir el Acto Legislativo, es decir, las suscritas antes del 29 de julio de 2005 o que estaban rigiendo por la ausencia de denuncia\u00bb, como sucede en este asunto la reguladora de la prestaci\u00f3n perseguida \u00abesta se mantendr\u00e1 por el t\u00e9rmino inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jur\u00eddica de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, cuando las partes no presenten la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem\u00bb (negrilla fuera del texto)(CSJ SL1925-2021, CSJ SL4904-2021). <\/p>\n
En estas condiciones, era evidente que el derecho perseguido por los promotores del juicio se vio afectado por el citado Acto Legislativo, habida consideraci\u00f3n de que, como bien se expres\u00f3 en l\u00edneas anteriores, el requisito de edad de -55 a\u00f1os- es un presupuesto necesario para que se generara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal, la que efectivamente la cumplieron los demandantes despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, pues, en efecto, Elimeleth Rodelo Mart\u00ednez, el 15 de septiembre de 2015; Jos\u00e9 Nabor Salas Tabares, el 27 de agosto de 2011; William Gonz\u00e1lez Buitrago, el 7.\u00ba de diciembre de 2012 y Mart\u00edn Magdaleno P\u00e9rez Ramos el 28 de noviembre de 2011, en atenci\u00f3n a las datas de sus natalicios (f.\u00ba 46 a 49). <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que el requisito de edad necesario para la configuraci\u00f3n de la prestaci\u00f3n pensional reclamada, era un presupuesto de estructuraci\u00f3n del derecho y no de exigibilidad, de ah\u00ed, que al haberse alcanzado con posterioridad al 31 de julio de 2010, data en la que el Acto Legislativo restringi\u00f3 la vigencia de las normas extralegales de contenido pensional, se extingui\u00f3 la posibilidad de acceder a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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