STC13745-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13745-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01730-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Seguros Generales Suramericana S.A. contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, Humberto Gonz\u00e1lez Escobar y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso laboral de radicado 11001310500220110063400. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, mediante apoderada judicial, demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Humberto Gonz\u00e1lez Escobar demand\u00f3 a Seguros Generales Suramericana S.A., para que se ajustara su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y se incluyeran 444 semanas que labor\u00f3 entre el 3 de junio 1960 y el 2 de marzo de 1969, desde 1992, cuando lleg\u00f3 a la edad de 60 a\u00f1os. <\/p>\n
2.2. El 13 de agosto de 2012, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probadas las excepciones de inexistencia de la obligaci\u00f3n, falta de causa y cobro de lo no debido y absolvi\u00f3 a la demandada, determinaci\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad revoc\u00f3 el 7 de mayo de 2013, de modo que aqu\u00e9lla fue condenada a reconocer y pagar al demandante una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por retiro voluntario de $442.715, a partir del 16 de diciembre de 1992, y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 11 de junio de 2008. <\/p>\n
2.3. Inconformes, las partes recurrieron en casaci\u00f3n. En sentencia CSJ SL1412 del 20 de junio de 2023, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte decidi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3. La actora considera que la Sala accionada realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n incongruente de los medios probatorios y aplic\u00f3 indebidamente el r\u00e9gimen normativo que regula el caso, en tanto bas\u00f3 su decisi\u00f3n \u00fanicamente en lo dispuesto en el art\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961 y no en lo que prev\u00e9 el art\u00edculo 76 de la Ley 90 de 1946. <\/p>\n
Asegura que, contrario a lo establecido por la Sala accionada, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n no es un derecho aut\u00f3nomo, porque, cuando la pensi\u00f3n de vejez la reemplaza y el Instituto de Seguros Sociales se subroga en el riesgo, impide su reconocimiento. En ese orden, precisa que \u00fanicamente tendr\u00edan derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n quienes llevaran cuando menos diez a\u00f1os de servicio al momento en que se produce dicha subrogaci\u00f3n; y, como en este caso el se\u00f1or Humberto Gonz\u00e1lez Escobar llevaba 8 a\u00f1os y 8 meses al servicio de Seguros Generales cuando el I.S.S. subrog\u00f3 el riesgo en 1969, no era acreedor de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, solicita dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n y que se emitiera una nueva. <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral respald\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n y asever\u00f3 que el tutelante pretende revivir un debate ya concluido. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se remit\u00eda a lo expuesto en la sentencia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque la decisi\u00f3n controvertida se encuentra razonada, en tanto la Sala de Descongesti\u00f3n accionada interpret\u00f3 y aplic\u00f3 las normas de conformidad con su precedente vigente. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante afirm\u00f3 que, de persistir la decisi\u00f3n de la Sala accionada, se vulnera su debido proceso, porque se desconoce una ley preexistente y aplicable para el caso concreto, como la Ley 90 de 1946. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. En efecto, en la sentencia CSJ SL1412-2023, la Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a fin de establecer lo realmente pretendido por el se\u00f1or Humberto Gonz\u00e1lez Escobar contra Seguros Generales Suramericana S.A., interpret\u00f3 la demanda, de conformidad con los par\u00e1metros establecidos en la sentencia CSJ SL22923-2005, porque el juez tiene el deber de interpretar las \u00abdemandas imprecisas\u00bb, de lo cual dedujo que la aspiraci\u00f3n del accionante fue el reconocimiento de la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961, por retiro voluntario con m\u00e1s de 15 a\u00f1os de servicio, en tanto exist\u00edan insumos f\u00e1cticos y normativos suficientes para descifrar que esa fue su verdadera intenci\u00f3n, como lo puso de presente el Tribunal, de modo que lo alegado en cuanto a que se interpret\u00f3 err\u00f3neamente la demanda y se fall\u00f3 ultra y extra petita, no ten\u00eda ning\u00fan asidero. <\/p>\n
En otro de los cargos, la Sala accionada puso de presente que las argumentaciones de casaci\u00f3n conduc\u00edan a que la Sala determinara si la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n, por retiro voluntario superior a 15 a\u00f1os de servicios, es un derecho que pod\u00eda ser debatido aut\u00f3nomamente y que, si d\u00e1ndose la afiliaci\u00f3n oportuna al Sistema de Seguridad Social, en este caso, al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida administrado por el ISS, se configuraba la subrogaci\u00f3n en el tema pensional. <\/p>\n
Al respecto, asegur\u00f3 que la controversia entre la jurisprudencia que sirvi\u00f3 de respaldo al Tribunal y aqu\u00e9lla que se contrapuso ya fue zanjada, en tanto el precedente actual apunta a la direcci\u00f3n que asumi\u00f3 el Tribunal, en cuanto a que se trata de un derecho aut\u00f3nomo, que no est\u00e1 condicionado a la afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social, como se desprende de la sentencia CSJ SL3480-2018, en la que se dijo: <\/p>\n
\u2026el hito que define cu\u00e1l es la norma aplicable para el reconocimiento del derecho es la causaci\u00f3n de esta clase de pensiones. Esto es, cuando se cumplen los requisitos de tiempo de servicio y el retiro del trabajador, ya sea bajo la modalidad de la renuncia o por decisi\u00f3n unilateral del empleador, toda vez que el cumplimiento de la edad no es requisito de causaci\u00f3n sino de exigibilidad de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026las pensiones especiales de jubilaci\u00f3n reguladas por el citado art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 171 de 1961, se causan desde el mismo momento en que el trabajador es despedido injustamente con m\u00e1s de 10 o 15 a\u00f1os de servicio que corresponde a la \u2018sanci\u00f3n pensi\u00f3n\u2019, o cuando se produce el retiro voluntario despu\u00e9s de 15 a\u00f1os de servicios que ata\u00f1e a la llamada \u2018pensi\u00f3n por retiro voluntario\u2019, sin que interese cu\u00e1l haya sido el tiempo laborado hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales asumi\u00f3 el riesgo de vejez, pues dichas pensiones son independientes a las que deba reconocer el ISS y corren a cargo exclusivo del empleador. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, como la postura del Tribunal coincide con lo expuesto por esta Corporaci\u00f3n, la sentencia recurrida en casaci\u00f3n permanece inc\u00f3lume, pues la condena al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por retiro voluntario a favor del se\u00f1or Gonz\u00e1lez Escobar se encuentra ajustada a derecho. <\/p>\n
3. De lo transcrito y analizada la providencia cuestionada se sigue que, como se indic\u00f3, no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, dado que fue proferida despu\u00e9s de una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones correspondientes, el material probatorio, la normatividad que gobierna el asunto y de jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues la Sala accionada consider\u00f3 motivadamente que el Tribunal no interpret\u00f3 err\u00f3neamente la demanda que el se\u00f1or Humberto Gonz\u00e1lez Escobar instaur\u00f3 contra la tutelante y que, por tanto, no fall\u00f3 ni ultra ni extra petita, a lo cual se sum\u00f3, de un lado, que, seg\u00fan el precedente actual de la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral, la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n por retiro voluntario superior a 15 a\u00f1os de servicios es un derecho aut\u00f3nomo que no est\u00e1 condicionado a la afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social, por lo que la determinaci\u00f3n de acceder a ella en el caso del se\u00f1or Gonz\u00e1lez Escobar ten\u00eda soporte. <\/p>\n
Lo visto muestra que entre la decisi\u00f3n controvertida y lo argumentado por la parte accionante existe una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro y determine cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio de la parte actora sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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