STC13753-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13753-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04610-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nelson Enrique C\u00e1ceres Pinto contra el Tribunal Superior Militar y Policial en Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n y a los intervinientes en el proceso de radicado 2017-59343-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. El actor relata que la Fiscal\u00eda Doce Penal Militar profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en su contra, por el delito de ataque al inferior, ante el Juzgado de Brigada -tipificado en el art\u00edculo 100 de la Ley 1407 de 2010-. Refiere que ello, se desprende \u00abde la prueba recaudada [por cuanto] el investigado posiblemente atac\u00f3 por v\u00edas de hecho al soldado regular Ortiz Guzm\u00e1n, mientras el primero fung\u00eda como Suboficial de Administraci\u00f3n y por ende ten\u00eda a su cargo el aseo de rancho de tropa y el conscripto se encontraba efectuando tal labor, por orden del citado Sargento Segundo\u00bb. <\/p>\n
2.1. Se\u00f1ala que surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Primero de Brigada -con fallo del 25 de 2020- resolvi\u00f3 condenarlo a la pena de 10 meses de prisi\u00f3n por el delito de ataque al inferior y que \u00abno se im[puso] pena accesoria de separaci\u00f3n absoluta de las Fuerzas Militares ya que la pena impuesta es menor a dos a\u00f1os, as\u00ed como tambi\u00e9n no se otorga la condena de ejecuci\u00f3n condicional\u00bb. Refiere que inconforme con la determinaci\u00f3n, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El Tribunal Superior Militar y Policial -con sentencia del 17 de marzo de 2023- dispuso \u00abdesatender los argumentos de la apelaci\u00f3n y, en consecuencia confirmar la sentencia adiada 25 de agosto de 2020\u00bb. Asimismo, le inform\u00f3 que \u00abprocede [\u2026] el recurso de casaci\u00f3n de manera discrecional\u00bb1. Frente a lo decidido, el actor impetr\u00f3 remedio de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n \u2013con auto del 6 de septiembre de 2023- decret\u00f3 \u00abinadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada\u00bb2. <\/p>\n
2.4. Censura que se vulneraron sus prerrogativas fundamentales, dado que el tribunal de segundo grado defini\u00f3 la causa \u00abexistiendo dudas en el proceso penal, \u00e9stas fueron resueltas en [su contra] afectando el n\u00facleo esencial del debido proceso y la presunci\u00f3n de inocencia, dudas que se utilizaron como insumo para fabricar una orden judicial mediante la cual se le priva de su libertad por 10 meses\u00bb. Adem\u00e1s, estima que \u00abal momento de recepcionar la versi\u00f3n libre e indagatoria no se dej\u00f3 plasmado en el acta que se le hizo saber del derecho fundamental a guardar silencio, ni tampoco se dej\u00f3 constancia que lo hab\u00eda entendido a cabalidad, lo cual a pesar que en el fallo de segunda instancia se diga que ello no constituye una causal de nulidad, lo cierto es que si lo constituye, porque se trata de la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental del debido proceso el cual debe ser cumplido con todas las ritualidades procesales\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n relat\u00f3 lo acontecido en sede extraordinaria y manifest\u00f3 que \u00abel actor insiste en sus postulaciones iniciales con las que pretende convertir el mecanismo en una tercera instancia en la que busca que se haga eco de sus solicitudes, pero ello se considera que la misma es improcedente, pues la tutela no es una fase adicional en la que se intente revivir etapas procesales ya fenecidas y que se sustentan en decisiones amparadas bajo las presunciones de acierto, legalidad y constitucionalidad y emitidas en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado resalt\u00f3 que \u00abno hay lugar al amparo solicitado por el actor, en caso contrario, se estar\u00eda promoviendo un criterio a partir del cual se admitir\u00eda la acci\u00f3n de tutela como si se tratara de un nuevo juicio en aras de verificar situaciones particulares que fueron debatidas en las instancias competentes conforme a los procedimientos establecidos\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Se anuncia el fracaso de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2. Ciertamente, en orden a los cuestionamientos frente a la sentencia de segunda instancia, la Sala advierte que el accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n. No obstante, la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n -con prove\u00eddo AP2748-2023 del 6 de septiembre de 2023- inadmiti\u00f3 dicho escrito inicial. Lo anterior, pues consider\u00f3 frente al primer cargo propuesto, concerniente con la vulneraci\u00f3n \u00abdel debido proceso\u00bb al no haber \u00absido informado pormenorizadamente [\u2026] durante la diligencia de indagatoria [\u2026] acerca del derecho que lo asist\u00eda a guardar silencio\u00bb, que el censor \u00abhizo fue un ejercicio libre, consentido, espont\u00e1neo y sin vicios de su derecho de defensa. Lo que equivale a afirmar que dispuso de su derecho a guardar silencio prefiriendo dar su versi\u00f3n en busca de una decisi\u00f3n favorable. Cosa que de una u otra forma ocurri\u00f3, puesto que le redujeron la pena a causa de lo que manifest\u00f3. Y de haber guardado silencio, lo m\u00e1s probable es la condena sin la reducci\u00f3n de la pena, como quiera que las instancias invocaron abundante prueba testimonial y documental diferente para fundamentar la condena\u00bb. Por lo tanto, indic\u00f3 que no encuentra \u00abque el cargo cumpla con la obligaci\u00f3n de evidenciar una irregularidad sustancial que habiendo trascendido contra el debido proceso deba entrar a corregirse por la ruta de las nulidades\u00bb. <\/p>\n
Y, en relaci\u00f3n con el segundo cargo, tocante con la \u00abaplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 100 de la Ley 1407 de 2010, [pues] oper\u00f3 una condici\u00f3n excluyente de culpabilidad, espec\u00edficamente un error de tipo\u00bb, sostuvo que \u00abel planteamiento es por s\u00ed mismo contradictorio pues al tiempo que afirm\u00f3 no ser aplicable el tipo subjetivo, estar\u00eda admitiendo que s\u00ed lo es el tipo objetivo. Significando que no hubo un error en la selecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma, sino en la derivaci\u00f3n de responsabilidad que corresponder\u00eda\u00bb. Y, adem\u00e1s consider\u00f3 que \u00abun debate en torno a la viabilidad de reconocer una causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad que no s\u00f3lo no fue requerida en primera ni segunda instancia, y que por tanto no fue objeto de an\u00e1lisis, se orienta no a enmendar un yerro proveniente de la sentencia de segunda instancia, como que no identific\u00f3 alguna vulneraci\u00f3n producida u originada a prop\u00f3sito de la sentencia impugnada, sino a cuestionar la apreciaci\u00f3n de los hechos y de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Ese contexto ratifica que la solicitud de tutela es improcedente, dado que el gestor desperdici\u00f3 la oportunidad legal que ten\u00eda a su alcance en el marco del proceso penal, por no ejercitarlo id\u00f3neamente para censurar la decisi\u00f3n con la que dice estar en desacuerdo y que ahora busca derruir en sede de amparo. Lo cual, resulta inviable en raz\u00f3n al car\u00e1cter residual sobre el que est\u00e1 erigido esta senda excepcional. Aunado a lo anterior, se advierte que el planteamiento -por v\u00eda de amparo- relativo a que se debi\u00f3 resolver a su favor la duda razonable surgida en el tr\u00e1mite, no fue expuesto en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, lo cual, igualmente desconoce la subsidiariedad de la acci\u00f3n de resguardo. As\u00ed las cosas, el fracaso frente a los jueces naturales no podr\u00eda superarse con este postrero ataque en el marco constitucional. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 63 a 114 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab0002Auto\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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