STC13756-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13756-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68679-22-14-000-2023-00076-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 26 de octubre de 20231, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Asoingener\u00eda del Oriente S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ansoelec Ingener\u00eca S.A.S. inici\u00f3 el ejecutivo contra Asoingener\u00eda del Oriente S.A.S., S\u00e1nchez G\u00f3mez y c\u00eda. Ltda. \u2013en su calidad de integrantes del Consorcio Modernizaci\u00f3n de Redes SAAS 2017\u2013, y de Jorge Enrique Gonz\u00e1lez Reyes, con fundamento en dos facturas electr\u00f3nicas (FE30 por $130.738.588 y FE30 por $91.974.873), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil (rad. n.\u00ba 2023-00063), quien, con autos independientes de 1 de septiembre de 2023, libr\u00f3 el mandamiento de pago y decret\u00f3 las medidas solicitadas con el libelo inicial. <\/p>\n
2.2. Con prove\u00eddo de 12 de octubre posterior, el estrado reconoci\u00f3 personer\u00eda a la abogada de Asoingenier\u00eda del Oriente S.A.S., aqu\u00ed tutelante, y la tuvo por notificada por conducta concluyente, de acuerdo con el inciso 2 del canon 301 del C\u00f3digo General del Proceso2, por lo que orden\u00f3 que se le corriera traslado de la demanda y se le enviara el enlace de acceso del expediente. <\/p>\n
2.3. En tal virtud, por Secretar\u00eda se le remiti\u00f3 el cuaderno principal, pero se le neg\u00f3 la consulta y verificaci\u00f3n del concerniente a las cautelas, pues \u00abalgunas medidas a\u00fan no se encuentran materializadas\u00bb, raz\u00f3n por la cual insisti\u00f3 en su requerimiento, pero, a la fecha de radicar la salvaguarda, no ha sido posible que ello se garantice. <\/p>\n
2.4. Lo anterior, en su criterio, \u00abse traduce en una abierta y flagrante vulneraci\u00f3n de los derechos de mi asistido, siendo del caso indicar que, al revisar las actuaciones propias del cuaderno principal, se advierte la ausencia de documentos que se han generado entre la demandante y mi representado, el cual, seg\u00fan el dicho de la actora, se han allegado al juzgado, ciertas actuaciones propias del producto de las conversaciones de las partes procesales, por lo que la suscrita, requiere realizar una concienzuda revisi\u00f3n documental del expediente y defender a mi asistido\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abORDENAR a la accionada que se proceda con la remisi\u00f3n integral del link del expediente sin poner obst\u00e1culo alguno de acceso al mismo\u00bb y (ii) \u00abCOMPULSAR copias a la autoridad de disciplina judicial respectiva, para determinar la falta disciplinaria del funcionario o juzgado, por obstruir la informaci\u00f3n para ejercer la defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil relat\u00f3 las actuaciones del proceso y anot\u00f3 que, \u00abprevio notificar el auto que decret\u00f3 las medidas cautelares, las mismas se deben cumplir o materializar, claro resulta, que no se puede poner en conocimiento de la parte ejecutada las mismas, hasta que no se materialicen por contar con reserva legal; enti\u00e9ndase es un imperativo legal de obligatorio cumplimiento por el Despacho, por ende, lejos de ser un mero capricho, es deber del Despacho honrar el principio de legalidad, desprendi\u00e9ndose la imposibilidad legal de compartir el cuaderno de medidas cautelares a la parte ejecutada\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que, \u00abfrente a la defensa t\u00e9cnica se debe indicar que el cuaderno principal, el cual le fue remitido a la parte demandada, contiene la demanda junto con todos sus anexos, los cuales son suficientes para ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, adem\u00e1s en el mandamiento de pago se indica las opciones con las que cuenta la parte ejecutada, como puede ser el pago o proponer las excepciones que considere necesarias, cabe resaltar que el cuaderno de medidas, \u00fanicamente contiene las solicitud de medidas y su decreto, pues los dem\u00e1s anexos se encuentran en el cuaderno principal, en consecuencia, para ejercer su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n (PAGAR \u2013 PROPONER EXCEPCIONES), no requiere el cuaderno de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
2. Ansoelec Ingenier\u00eda S.A.S. indic\u00f3 que, \u00aben los procesos de ejecuci\u00f3n, la providencia que se profiere por el Juez de conocimiento lo es \u201cEL MANDAMIENTO DE PAGO\u201d; providencia que debe ser recurrida en cuanto a la falencia de requisitos formales del t\u00edtulo (que no es clara o expresa, no es exigible o el documento como tal no es id\u00f3neo; y que el demandado cuenta con el t\u00e9rmino perentorio de tres d\u00edas para proponer las excepciones correspondiente frente al mandamiento de pago; luego no estatuye la norma, que para recurrir esta providencia deba tener las cautelares para tal fin. Es as\u00ed que, para el d\u00eda 19 de octubre del 2023, fecha en que radic\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, este t\u00e9rmino ya feneci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo, porque \u00abel Juzgado accionado no ha vulnerado el derecho fundamental invocado por la entidad accionante, por cuanto, ha ce\u00f1ido su actuar al principio de legalidad, en donde la no notificaci\u00f3n del auto que decreta la medida cautelar antes de la materializaci\u00f3n de las distintas medidas decretadas, tiene como finalidad garantizar la efectividad de la acci\u00f3n judicial respecto de lo pretendido, tal y como anteriormente se expuso. Aunado a que, al actor se le remiti\u00f3 el cuaderno principal con la totalidad de los anexos del expediente contentivo del proceso ejecutivo rad. 2023-00063-00, los cuales constituyen documentos suficientes para ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n al interior de la referida litis\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad censora recurri\u00f3 la precitada providencia, porque \u00ablas medidas cautelares fueron decretadas el pasado 07 de septiembre de 2023, por ende, S\u00cd SE HAN MATERIALIZADO medidas cautelares, pues bien, las cuentas bancarias cuyo titular es mi asistido, se encuentran embargadas, por lo que es contradictoria la afirmaci\u00f3n a la realidad f\u00e1ctica. Tenemos que, a la fecha de remisi\u00f3n del link del cuaderno principal, ya se ten\u00edan materializadas las medidas cautelares decretadas, que aunque se desconocen, ya se aprecian en su esplendor\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que \u00abpara desvirtuar la supuesta legalidad de impedir el acceso al link integral del expediente, tenemos que, el pasado 14 de septiembre de 2023, ya se materializ\u00f3 la medida cautelar, entre estas la de embargo de las cuentas bancarias de los ejecutados, suma embargada que fue dejada a disposici\u00f3n del juzgado de conocimiento accionado, por lo que es un atentado al debido proceso alegar, un mes despu\u00e9s de materializadas, que no lo est\u00e1n, pues advi\u00e9rtase que el pasado 13 de octubre fue la fecha de remisi\u00f3n del link incompleto del expediente. Tambi\u00e9n se corrobora lo expuesto por el accionante, al tenerse que la cuenta del CONSORCIO DE MODERNIZACI\u00d3N DE REDES SAAS tambi\u00e9n fue embargada el pasado 26 de septiembre de 2023, fecha anterior a la remisi\u00f3n precaria del link\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, sostuvo que \u00abla misma apoderada del ejecutante, ostentaba el pleno conocimiento de la ejecuci\u00f3n de las medidas cautelares, ya que as\u00ed qued\u00f3 en acuerdo privado de transacci\u00f3n celebrado el pasado 20 de septiembre de 2023 por mi asistido en calidad de representante legal, donde esta se compromete a solicitar la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares ya materializadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo que se inici\u00f3 contra Asoingenier\u00eda del Oriente S.A.S. y otras (rad. n.\u00ba 2023-00063), por negar el acceso completo al expediente \u2013al excluir el cuaderno de las cautelas\u2013, pese a que ya se notific\u00f3 del mandamiento de pago, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para su viabilidad, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, la Corte precisa que habr\u00e1 de revocarse la decisi\u00f3n desestimatoria de primer grado, para, en su lugar, conceder el resguardo, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil ha trasgredido las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso que le asisten a la sociedad tutelante, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, con prove\u00eddo de 1\u00ba de septiembre de 2023, el estrado cognoscente libr\u00f3 la orden de apremio que Insoelec Ingenier\u00eda S.A.S. solicit\u00f3 contra Asoingener\u00eda del Oriente S.A.S. y S\u00e1nchez y G\u00f3mez c\u00eda. Ltda. \u2013en su calidad de integrantes del Consorcio Modernizaci\u00f3n de Redes SAAS 2017\u2013, as\u00ed como de Jorge Enrique Gonz\u00e1lez, con fundamento en dos facturas electr\u00f3nicas (FE30 y FE31), junto con los intereses moratorios (022Auto01-09-23, cd. ppal.). <\/p>\n
Con posterioridad, el 9 de octubre hoga\u00f1o la abogada de la sociedad inconforme solicit\u00f3 el reconocimiento de la personer\u00eda para obrar en esa causa, la notificaci\u00f3n de las providencias proferidas y la remisi\u00f3n de la foliatura (024Escrito09-10-2023solicitud, \u00eddem), pedimentos a los cuales accedi\u00f3 la autoridad, con decisi\u00f3n de 12 de octubre (026auto-12-10-2023reconocepersoner\u00eda, \u00eddem), en la que reliev\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo al memorial presentado, se reconoce personer\u00eda para actuar en este proceso como apoderado de la demandada sociedad ASOINGENIER\u00cdA DEL ORIENTE SAS, a la profesional del derecho NATALY ARCINIEGAS VEGA, identificada con T.P. 189.074 del C.S. de la J., en los t\u00e9rminos del poder allegado al expediente digital. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos, t\u00e9ngase por notificado el demandado antes mencionado de conformidad con el inciso 2 del art\u00edculo 301 de la Ley 1564 de 2012, igualmente de conformidad con el art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022, c\u00f3rrase traslado de la presente demanda, enviando el link del expediente al correo de la apoderada NATALY ARCINIEGAS VEGA\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la apoderada reiter\u00f3 la petici\u00f3n de acceder al expediente y la Secretar\u00eda del despacho se lo permiti\u00f3, pero, al percatarse de que no ten\u00eda autorizaci\u00f3n para visualizar la carpeta de las medidas cautelares, insisti\u00f3 en su reclamaci\u00f3n; no obstante, la enunciada servidora le se\u00f1al\u00f3 que \u00abno acceder\u00e1 a su solicitud de env\u00edo del cuaderno de medidas cautelares, toda vez que, algunas medidas a\u00fan no se encuentran materializadas\u00bb. As\u00ed, con oficio n.\u00ba 461 de 19 de octubre (030oficio461respuestas, \u00eddem), le inform\u00f3 nuevamente que: <\/p>\n
\u00abMediante el presente me permito informarle que de conformidad con el art\u00edculo 298 de la Ley 1564 de 2012, en concordancia con el inciso segundo del art\u00edculo 9 de la Ley 2213 de 2022, no es posible para este Despacho compartirle el Link de cuaderno de medidas cautelares, toda vez que las mismas se encuentran pendientes para su materializaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, cabe resaltar que el env\u00edo del link, ordenado en providencia del doce (12) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023), es para efectos de notificaci\u00f3n de la demanda, sin que el cuaderno de medidas sea necesario para ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de varias gestiones, Asoingenier\u00eda del Oriente S.A.S.3 radic\u00f3 escritos de \u00abcontestaci\u00f3n de la demanda\u00bb y formulaci\u00f3n de \u00abexcepciones perentorias\u00bb, as\u00ed como una solicitud de \u00absentencia anticipada\u00bb; luego de lo cual, la c\u00e9lula judicial encartada dict\u00f3 el auto de 26 de noviembre de 2023 (042auto27-11-23requiere, \u00eddem), en el que, entre otros aspectos, dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REQUERIR a la apoderada de la parte demandante para que allegue al despacho la constancia de entrega a la demandada S\u00c1NCHEZ G\u00d3MEZ Y CIA LTDA con el fin de constatar la misma y adoptar una decisi\u00f3n frente al emplazamiento solicitado. <\/p>\n
SEGUNDO: REQUERIR a la parte demandante para que preste cauci\u00f3n sobre el 5% del valor de la ejecuci\u00f3n, suma equivalente a $12.048.000, la cual deber\u00e1 prestarse dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, allegando las respectivas constancias del caso. <\/p>\n
TERCERO: NEGAR la solicitud de sentencia anticipada solicitada por la apoderada de la demandada Asoingenieria del Oriente S.A.S., por lo expuesto en la parte motiva de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Y, de otra parte, en lo que al amparo interesa, en el cuaderno de cautelas se avizora que, ciertamente, con auto de 1\u00ba de septiembre hoga\u00f1o \u2013data en la que, se itera, tambi\u00e9n se dict\u00f3 la orden de pago\u2013, se decretaron algunas medidas frente a un inmueble, varios veh\u00edculos y los dineros depositados en cuentas bancarias cuya titularidad detentan los integrantes de la pasiva (005auto01-09-23, cd. medidas), por lo que, a continuaci\u00f3n, se libraron los oficios pertinentes. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se advierte que: (i) con oficio n.\u00ba 373 de 5 de septiembre, el Banco de Occidente indic\u00f3 que procedi\u00f3 en la forma ordenada (012escrito06-09-banco, \u00eddem); (ii) con oficio n.\u00ba 380 del d\u00eda siguiente, el Banco BBVA hizo lo propio (015escrito06-09-23rtaoficio380, \u00eddem); (iii) Movilidad y Servicios Gir\u00f3n S.A.S. acat\u00f3 lo dispuesto respecto de varios automotores (026escrito12-09-23rtaoficio366 y 027, \u00eddem); (iv) Bancolombia tambi\u00e9n cumpli\u00f3 lo exigido (029escrito18-09-23rtaoficio397, \u00eddem); (v) al igual que el Banco Agrario de Colombia (032escrito20-09-23rtaoficio377, \u00eddem), entre otros. <\/p>\n
Inclusive, la apoderada de la parte ejecutante puso en conocimiento la efectividad de algunas de esas cautelas y requiri\u00f3 el levantamiento de otras, lo que estim\u00f3 el juzgado el 25 de septiembre (036auto25-09-23, \u00eddem) y que igualmente se materializ\u00f3. <\/p>\n
3.2. En ese contexto, para la Sala es claro que, con la negativa a permitir el acceso completo al expediente del recaudo rese\u00f1ado se vulneraron las garant\u00edas reclamadas por Asoingenier\u00eda del Origente S.A.S., en tanto la autoridad querellada y el colegiado a quo constitucional partieron de una intelecci\u00f3n que no se compadece con el contenido de la norma en la que se bas\u00f3 ese proceder (art. 298 del Estatuto Procesal). <\/p>\n
N\u00f3tese que el precepto referido supra establece que las medidas cautelares se cumplir\u00e1n inmediatamente, antes de la notificaci\u00f3n a la parte contraria del auto que las decrete, y, si fueren previas al proceso, \u00abse entender\u00e1 que dicha parte queda notificada el d\u00eda en que se apersone en aquel o act\u00fae en ellas o firme la respectiva diligencia\u00bb (inc. 1, ejusdem), lo que en modo alguno puede entenderse como la imposibilidad de que la parte que compareci\u00f3 al tr\u00e1mite y se enter\u00f3 del mandamiento de pago pueda conocer la integralidad del expediente, pues, ciertamente, al intervenir debe estar al tanto de las actuaciones disponibles, de modo que se garantice su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Distinto es que no exista el deber de informar sobre la existencia del prove\u00eddo que decreta las cautelas hasta que estas se perfeccionen, en aras de la tutela judicial efectiva; pero, una vez se hace parte la demandada y se notifica del inicio de esa causa \u2013de la orden de apremio, como en este evento, por conducta concluyente\u2013, carece de sustento legal denegar la auscultaci\u00f3n de la foliatura, pues la interesada, en ese caso, ya ha comparecido y conoce la existencia del proceso, inclusive, de algunas de las cautelas. <\/p>\n
Por ende, la citaci\u00f3n que hiciere el tribunal a quo de una providencia de esta Sala Especializada4 para puntualizar que la pr\u00e1ctica de las cautelas sin notificaci\u00f3n a la parte contraria del auto que as\u00ed las disponga se finca en la necesidad de preservar la observancia de las eventuales decisiones que se profieran se hizo de forma descontextualizada, porque, de un lado, (i) no existe controversia sobre dicha premisa, en tanto precisamente la cautela pretende asegurar que la pasiva no se sustraiga del cumplimiento en un hipot\u00e9tico escenario de prosperidad de los reclamos o que no se pierda la garant\u00eda del cr\u00e9dito, et. al. \u2013suspectio debitoris\u2013; y, de otro, (ii) ello no quiere decir que si aquel extremo comparece y se notifica \u2013v. gr., como en este asunto y asume su defensa en el proceso\u2013, deba ver restringidas sus posibilidades, si ya se le ha habilitado para actuar. <\/p>\n
Ello, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, aun bajo la interpretaci\u00f3n que defendi\u00f3 el a quo, tampoco tendr\u00eda asidero esa limitaci\u00f3n, pues, en este evento, ya se perfeccionaron la mayor\u00eda de las medidas dispuestas en lo que a la entidad tutelante respecta5, tal como se puso de relieve en el memorial de impugnaci\u00f3n, en el que, al igual que en el cuaderno cuyo estudio se le impidi\u00f3, se aportaron los oficios de las entidades encargadas de materializarlas. <\/p>\n
Incluso, a modo de ejemplo, sobre la importancia de garantizar adecuadamente el ejercicio de las prerrogativas que les asisten a las partes en los recaudos como el sub-lite6, en el canon 602 ejusdem se establece la posibilidad de que, v. gr., en ciertos eventos y cumpliendo los presupuestos para el efecto, la parte ejecutada pueda \u00ab(\u2026) evitar que se practiquen embargos y secuestros solicitados por el ejecutante o solicitar el levantamiento de los practicados, si presta cauci\u00f3n por el valor actual de la ejecuci\u00f3n aumentada en un cincuenta por ciento (50%)\u00bb7, entre otros aspectos. <\/p>\n
En suma, en el sub-ex\u00e1mine se configur\u00f3 una irregularidad que amerita la excepcional intervenci\u00f3n del juez constitucional, lo que se afianza con el hecho de que, tal como sostuvo la sociedad actora, cuando el estrado de San Gil la tuvo por notificada y le confiri\u00f3 la posibilidad de conocer el expediente \u2013auto de 12 de octubre de 2023\u2013, no estableci\u00f3 la limitante que luego impuso de manera irreflexiva a trav\u00e9s de su secretar\u00eda \u2013y que prohij\u00f3 en ese decurso y en este amparo\u2013, lo que origin\u00f3 este reclamo. <\/p>\n
3.3. Finalmente, en lo atinente a la pretensi\u00f3n de que se compulsen copias para investigar el proceder de los servidores judiciales involucrados en el ejecutivo, estima la Sala que nada obsta para que la sociedad querellante acuda ante las autoridades competentes para formular sus quejas y\/o denuncias, en tanto que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para adelantar gestiones que corresponden a la interesada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se infirmar\u00e1 la providencia del tribunal a quo y, en su lugar, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada por la sociedad reclamante, por cuanto el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, al negar de forma injustificada el acceso completo al expediente del ejecutivo cuestionado \u2013luego de que aquella se notificara del mandamiento de pago, por conducta concluyente\u2013, cercen\u00f3 las prerrogativas fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso que le asisten. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de octubre de 2023, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, como a quo constitucional. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso de Asoingenier\u00eda de Oriente S.A.S. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a adoptar los correctivos y medidas de saneamiento de rigor \u2013en ejercicio de sus facultades\u2013, de tal forma que permita el acceso completo al expediente del ejecutivo revisado, en atenci\u00f3n a las consideraciones expuestas en la parte motiva. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 \u00abQuien constituya apoderado judicial se entender\u00e1 notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el d\u00eda en que se notifique el auto que le reconoce personer\u00eda, a menos que la notificaci\u00f3n se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personer\u00eda antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte ser\u00e1 notificada por estado de tales providencias\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 A trav\u00e9s de su mandataria, quien tambi\u00e9n indic\u00f3 obrar en representaci\u00f3n \u00abdel Consorcio Modernizaci\u00f3n de Redes SAAS 2017\u00bb (sic). <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC2056-2021, 3 mar. <\/p>\n
5\u0002 Recu\u00e9rdese que el inciso 3 de la pluricitada norma 298 del CGP se\u00f1ala con claridad que: \u00abLa interposici\u00f3n de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada. Todos los recursos se consideran interpuestos en el efecto devolutivo\u00bb, siendo esta una garant\u00eda para la acreedora. <\/p>\n
6\u0002 Sobre el particular, el art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso ense\u00f1a, en punto de las medidas cautelares en los ejecutivos, que \u00ab[d]esde la presentaci\u00f3n de la demanda el ejecutante podr\u00e1 solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Aunado a ello, en el inciso 5 del canon 599 \u00eddem, se precisa: \u00abEn los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de m\u00e9rito o el tercer afectado con la medida cautelar, podr\u00e1n solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar cauci\u00f3n hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecuci\u00f3n para responder por los perjuicios que se causen con su pr\u00e1ctica, so pena de levantamiento. La cauci\u00f3n deber\u00e1 prestarse dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelaci\u00f3n. Para establecer el monto de la cauci\u00f3n, el juez deber\u00e1 tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n
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STC13756-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13756-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68679-22-14-000-2023-00076-01 (Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 26 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78072","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78072"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78072\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}