STC13758-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13758-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00347-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 8 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Lucila Lozano Pinz\u00f3n contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el sucesorio radicado bajo el n\u00b0 2019-00026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y como agente oficioso de su progenitora \u00c1ngela In\u00e9s Pinz\u00f3n Triana y de sus t\u00edas maternas Blanca Alicia y Rosa Marina Pinz\u00f3n Triana, quienes son \u00abadultos mayores y con quebrantos de salud\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, salud, igualdad, petici\u00f3n, debido proceso, vivienda digna, familia, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que sus representadas fueron reconocidas como herederas dentro del sucesorio de Ezequiel Pinz\u00f3n Reina, progenitor de estas, cuya apertura tuvo lugar el 8 de abril de 2019 ante el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9; no obstante, al juicio concurri\u00f3 Pedro Pinz\u00f3n Triana, tambi\u00e9n hijo del causante, quien para acreditarse \u00abcomo heredero de mejor derecho [present\u00f3] testamento dictado y firmado por Ezequiel Pinz\u00f3n [siendo que este] \u201cno sab\u00eda firmada, era analfabeta, cieguito, con un siglo de edad\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que el apoderado judicial de las herederas solicit\u00f3 en vano declarar \u00abla nulidad e invalidez del testamento, desheredamiento, indignidad para suceder de Pedro Pinz\u00f3n Triana, con prueba documental y testimonial\u00bb, pues el accionado reconoci\u00f3 \u00abde plano [al compareciente] como heredero de mejor derecho, legatario testamentario, albacea [y] administrador, con violaci\u00f3n del debido proceso e ilegalidades\u00bb. <\/p>\n
Que frente a \u00abtres derechos de petici\u00f3n autenticados ante notario peticionando [la] ratificaran [a ella] como administradora [de un inmueble], el juzgado sigue guardando silencio\u00bb, y mientras tanto, \u00ablos arrendatarios se est\u00e1n apoderando del inmueble, no pagan los arriendos, o lo entregan a Pedro Pinz\u00f3n [pese a que estos corresponden a] las tres herederas (mis t\u00edas y mi mam\u00e1), [y quien los recibe no ha procedido a] pagar impuestos, ni registrar [la] sucesi\u00f3n il\u00edquida en DIAN (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que, tras la etapa de inventarios, donde Pedro Pinz\u00f3n Triana rechaz\u00f3 la inclusi\u00f3n de dineros por concepto de arrendamientos y en su lugar reclam\u00f3 mejoras, seguidamente se dispuso la partici\u00f3n, cuyo trabajo fue objetado sin \u00e9xito, pues \u00abla se\u00f1ora juez amenaza a nuestro abogado apoderado por insistir [en que se declare la] ilegalidad [del] reconocimiento de Pedro Pinz\u00f3n, sin previo incidente\u00bb, y por ello, la aprob\u00f3 \u00abde plano\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que se declare sin efecto lo actuado a partir del reconocimiento de Pedro Pinz\u00f3n Triana como \u00abheredero testamentario\u00bb dentro de la sucesi\u00f3n mixta n\u00b0 2019-00026, en particular, que se invalide lo actuado desde el prove\u00eddo del 20 de agosto de 2019, \u00abdonde rechaza de plano la solicitud de indignidad y nulidad del testamento\u00bb, lo resuelto sobre inventarios y el trabajo de partici\u00f3n, por ser \u00abilegales, nulas de pleno derecho\u00bb. Igualmente, \u00abordenar a Pedro Pinz\u00f3n Triana que haga entrega a la sucesi\u00f3n\u00bb del inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00b0 350-79604, y de los frutos civiles percibidos \u00abdel 1 de agosto de 2018 al 1 de octubre de 2023\u00bb; que al requerido se le ordene entregar la administraci\u00f3n del predio a la accionante, y que \u00absuspenda llamadas y visitas coercitivas a las tres herederas adultos mayores de 80 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Quinta de Familia de Ibagu\u00e9, dijo que las herederas \u00abrecurren a [la tutela], a trav\u00e9s de la apoderada general de una de ellas, para proponer debate sobre los mismos aspectos jur\u00eddicos que desde hace ya m\u00e1s de 3 a\u00f1os de devenir procesal le ha explicado este juzgado, que no es otro que para lograr la declaratoria de indignidad para heredar debe acudir a proceso judicial diferente como tambi\u00e9n que para poder impugnar el testamento que hace parte integral de [la sucesi\u00f3n], debe necesariamente adelantar proceso separado\u00bb. Pidi\u00f3 negar el amparo, ya que, \u00abel tr\u00e1mite que [se] ha impreso al asunto siempre ha estado enmarcado dentro de los l\u00edmites constitucionales y legales, respetando los derechos fundamentales de los intervinientes, las solicitudes y reparos (\u2026) se han resuelto con argumentos jur\u00eddicos [y por ello], la actuaci\u00f3n desplegada por esta agencia judicial no puede calificarse como vulneradora de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 14 Judicial II de Familia de la misma ciudad, tambi\u00e9n se opuso a lo pretendido, porque \u00abclaramente se infiere que la controversia que se ventila es de contenido eminentemente jur\u00eddico familiar la cual debe ser dirimida por la justicia ordinaria [y] la tutela [no] se estableci\u00f3 para implementar otra instancia en los procesos judiciales\u00bb, adem\u00e1s, \u00abbrilla por su ausencia el requisito de temporalidad, al intentar nulitar parte del prove\u00eddo del 20 de agosto de 2019, pues han pasado m\u00e1s de 4 a\u00f1os [desde] su expedici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo al considerar que como las determinaciones reprochadas corresponden a las contenidas en providencias del \u00ab20 de agosto de 2019 y 14 de julio de 2021, (\u2026), se inobserv\u00f3, sin excusa v\u00e1lida, el requisito de inmediatez que permea el presente asunto constitucional, habida cuenta que, entre [tales] decisiones y la formulaci\u00f3n [de la tutela] transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino ostensiblemente superior al semestre que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han considerado prudente para acudir a este excepcional sendero cuando se trata de debatir actuaciones desplegadas dentro de un pleito judicial\u00bb. Tambi\u00e9n, porque no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que \u00abcontra los prove\u00eddos de 4 de septiembre de 2023, (\u2026) obvi\u00f3 la parte actora acudir a las herramientas id\u00f3neas en el interior del proceso cuestionado, [y] menos identific\u00f3 los presuntos hechos generadores de transgresi\u00f3n a efecto de proceder con el an\u00e1lisis por esa v\u00eda excepcional\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que \u00abno se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite excepcionalmente el clamor constitucional\u00bb, y que situaci\u00f3n similar acontece \u00abcon la pretensi\u00f3n tendiente a ordenar a Pedro Pinz\u00f3n Triana suspenda las \u201cllamadas y visitas coercitivas a las tres herederas\u201d por cuanto la gestora puede acudir directamente ante la autoridad competente a fin de denunciar las conductas que considerar constitutivas de delito, en el escenario procesal id\u00f3neo para discutir si se incurri\u00f3 o no en un obrar reprensible\u00bb. Por \u00faltimo, \u00aben relaci\u00f3n con la presunta tardanza en definir m\u00faltiples peticiones (\u2026), se observa el informe rendido por el secretario del despacho el 25 de octubre de 2023\u00bb, y con sustento en dichas explicaciones, \u00abla mora judicial aducida es inexistente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del ruego tuitivo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si al interior del proceso de sucesi\u00f3n n\u00b0 2019-00026, el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al desatender los reparos sobre supuesta ilegalidad en el reconocimiento de un heredero testamentario y continuar el tr\u00e1mite sucesoral con los efectos jur\u00eddicos que de tal reconocimiento se desprende. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, lo que implica actuar oportuna y adecuadamente. Ello, toda vez que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues esta no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio invocado, habida cuenta su improcedencia por no satisfacer los esenciales requisitos generales en comento, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Del impedimento temporal. <\/p>\n
Este impedimento general de procedibilidad emerge al observarse que la censura expresada a trav\u00e9s de este instrumento, se enfila en raz\u00f3n a la concurrencia de Pedro Pinz\u00f3n Triana al sucesorio n\u00b0 2019-00026, tras lo cual el juzgado, mediante auto del 20 de agosto de 2019, procedi\u00f3 a reconocerlo como heredero y albacea testamentario -habida cuenta el testamento por este allegado y contentivo en la escritura p\u00fablica n\u00b0 893 del 9 de mayo de 2014-; a declarar improcedente la solicitud de nulidad e ilegalidad del testamento \u00abporque ese tr\u00e1mite debe hacerse en proceso separado\u00bb, y a \u00abrechazar de plano la petici\u00f3n de declarar indigno al heredero legatario\u00bb, advirtiendo la inviabilidad de tramitar incidente \u00abporque el nuevo heredero entra al sucesorio en calidad de hijo, de igual derecho que las dem\u00e1s reconocidas\u00bb. <\/p>\n
Ahora, aunque las decisiones contenidas en el prove\u00eddo en menci\u00f3n no fueron oportunamente recurridas por las hoy tutelantes, s\u00ed fueron refutadas a trav\u00e9s de solicitud de \u00abilegalidad, ilicitud [y] nulidad de pleno derecho\u00bb, siendo desestimado el pedimento mediante auto del 10 de febrero de 2020, y el recurso de queja que, en relaci\u00f3n con la no concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, fue resuelto desfavorablemente por el tribunal el 11 de marzo de 2022. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el interregno entre la decisi\u00f3n de primer grado y la de segundo, el juzgado no s\u00f3lo llev\u00f3 a cabo la audiencia de presentaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de inventarios -el 14 de julio de 2021-, sino que tambi\u00e9n reiter\u00f3 -con auto del 6 de octubre de 2021-, la improcedencia de solicitudes semejantes a las resueltas, las cuales elev\u00f3 el apoderado judicial de las herederas -hoy accionantes- bajo la figura del \u00abcontrol de legalidad\u00bb. <\/p>\n
Cabe precisar que, con prove\u00eddo del 26 de mayo de 2022, el juzgado record\u00f3 que como las peticiones de desheredamiento, indignidad y nulidad de testamento ya hab\u00edan sido resueltas, proced\u00eda continuar el tr\u00e1mite de partici\u00f3n, Por ello, neg\u00f3 la designaci\u00f3n de \u00c1ngela Lucila Lozano Pinz\u00f3n como administradora; declar\u00f3 no probadas las objeciones formuladas contra el trabajo de partici\u00f3n, corregirlo respecto de una de las partidas, y \u00abrequerir al abogado Jaime Cubides Orozco [apoderado judicial de las herederas -ac\u00e1 querellantes-], para que en lo sucesivo se abstenga de efectuar peticiones reiterativas y abiertamente improcedentes que no hacen m\u00e1s que dilatar el tr\u00e1mite procesal\u00bb, actuaciones que no fueron objeto de reproche alguno. <\/p>\n
De lo anterior se infiere razonablemente, que como el 11 de marzo de 2022 se defini\u00f3 que eran impr\u00f3speras dentro del sucesorio las peticiones sobre el reconocimiento del heredero testamentario y sus implicaciones jur\u00eddicas que hoy se plantean como pretensiones de la presente acci\u00f3n de tutela, esta deviene improcedente por desatender el presupuesto de la inmediatez, en la medida en que fue presentada a reparto el 25 de octubre de 2023, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promoverla tempestivamente. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC4984-2023, 24 may., rad. 00104-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC2084-2023, 8 mar., rad. 00843-00). Se resalta. <\/p>\n
Sobre el nivel de exigencia frente al criterio temporal, recu\u00e9rdese que tal presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable superarlo o no, condici\u00f3n esta que le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al resguardo, as\u00ed como de las calidades personales o profesionales de quien la promueve. <\/p>\n
Con observancia en lo anterior, en este caso no se aleg\u00f3 y menos se demostr\u00f3 circunstancia que evidencie situaciones ajenas a la voluntad de las demandantes, pues, entre otras, han contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el proceso, y con ello, la falta de justificaci\u00f3n por desconocimiento jur\u00eddico que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a este remedio excepcional. <\/p>\n
3.2. De la incuria. <\/p>\n
A tono con lo antes expuesto, la modalidad de subsidiariedad en comento, emerge, en primer lugar, porque las herederas a quien representa la ac\u00e1 querellante, pese a contar con apoderado judicial reconocido dentro del juicio de sucesi\u00f3n, omitieron atacar mediante los recursos ordinarios pertinentes lo resuelto en autos del 20 de agosto de 2019, pues fue a trav\u00e9s de estos que el juzgado dispuso el reconocimiento del heredero testamentario y rechaz\u00f3 las declaraciones de indignidad para suceder que, en sentir de las demandantes, est\u00e1 incurso Pedro Pinz\u00f3n Triana. <\/p>\n
En segundo lugar, porque habi\u00e9ndose formulado objeciones al trabajo de partici\u00f3n y estas haber sido desatadas de manera desfavorable seg\u00fan prove\u00eddo del 4 de septiembre de 2023, tal resoluci\u00f3n tambi\u00e9n era susceptible de recursos con observancia en lo previsto en el art\u00edculo 509 del estatuto adjetivo general, pero la respectiva foliatura da cuenta de que tal decisi\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria sin que hubiese sido objeto de ataque jur\u00eddico por parte de las ac\u00e1 inconformes. <\/p>\n
En tercer lugar, el comportamiento desidioso tambi\u00e9n se manifiesta en las herederas demandantes, pues en auto de la misma data -4 de septiembre de 2023-, luego de remover del cargo de albacea al heredero Pedro Pinz\u00f3n Triana y ordenarle presentar \u00abcuentas finales\u00bb de su gesti\u00f3n, resolvi\u00f3 \u00abnegar la designaci\u00f3n que como administradora se efect\u00faa a favor de la se\u00f1ora \u00c1ngela Lucila Lozano Pinz\u00f3n\u00bb, ello \u00abal no haberse elevado dicha petici\u00f3n de mutuo acuerdo por parte de todos los intervinientes, tal como lo exige el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 496 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo en esta medida la administraci\u00f3n del bien reglada bajo las normas que regulan la situaci\u00f3n de los comuneros\u00bb, sin que tal determinaci\u00f3n hubiera sido objeto de refutaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Por lo que acaba de verse, la tutela deber\u00e1 declararse improcedente, pues la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado que cuando una persona invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la inviabilidad del auxilio, -por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato-, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, en la medida en que no se advierte motivo alguno que justifique la incuria de la parte accionante, quien queda, por tanto, sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
En situaciones semejantes, donde se acude al amparo sin agotar los medios de defensa consagrados legalmente y cuya idoneidad y eficacia no est\u00e1n en entredicho, impiden la injerencia del fallador excepcional, pues de vieja data la Corte Constitucional precis\u00f3 que esta acci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, seguidamente se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para controvertir asuntos propios del litigio criticado, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). [Esto, por cuanto] la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC7666-2023, 3 ago., rad. 00184-01 y STC STC12494-2023, 9 nov., rad. 00396-01, entre otras). <\/p>\n
De otro lado, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que la quejosa dilapid\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que exige la jurisprudencia constitucional para su prosperidad bajo tal modalidad: <\/p>\n
\u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
En segundo lugar, se ratifica lo advertido por el tribunal frente a la dilaci\u00f3n procesal injustificada enrostrada al querellado, esto es, que la misma qued\u00f3 descartada habida cuenta las explicaciones rendidas por la secretar\u00eda del juzgado, aunado a que para emitir pronunciamiento sobre \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb elevados por las herederas, cuya definici\u00f3n habr\u00e1 de producirse en los t\u00e9rminos y conforme a las reglas del procedimiento previsto en el estatuto adjetivo, el expediente ingres\u00f3 al despacho en la misma fecha en fue presentada la acci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
Finalmente, respecto de las solicitudes encaminadas a que por esta senda se le ordene al heredero testamentario entregar bienes que puedan pertenecer a la sucesi\u00f3n, se les reitera a las peticionarias que tales tem\u00e1ticas deben abordarse por el juez de la causa con sujeci\u00f3n a la situaci\u00f3n que refleje la actuaci\u00f3n procesal, por ende, exceden el \u00e1mbito de competencia del sentenciador constitucional, dada las caracter\u00edsticas de residualidad y subsidiariedad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del amparo, por incumplir tanto el requisito temporal como el de la subsidiariedad, advirtiendo que ante la inexistencia de excusa que conlleve su imposibilidad para recurrir temprana y adecuadamente a este instrumento jur\u00eddico de protecci\u00f3n, tampoco se configuran las indispensables condiciones para su concesi\u00f3n transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13758-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13758-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00347-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78073\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}