STC13762-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13762-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-02035-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 17 de octubre de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ramal Inversiones Construcciones S.A.S. contra la a Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 de manera oficiosa a los intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y a \u00abpropiedad privada\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 se decrete la nulidad de las sentencias proferidas al interior del incidente de reparaci\u00f3n directa, orden\u00e1ndose se profiera una nueva decisi\u00f3n en la cual se tengan en cuenta las pruebas obrantes en el plenario. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En virtud de un preacuerdo el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cartagena, el 18 de mayo de 2020 profiri\u00f3 sentencia condenatoria respecto del ciudadano Manuel Gregorio Guti\u00e9rrez Godoy, en calidad de autor del delito de acceso carnal violento, hechos sucedido en un taxi de su propiedad. La sentencia de condena no fue objeto de recurso por lo que en esa misma fecha esta cobr\u00f3 ejecutoria. <\/p>\n
2.2. En atenci\u00f3n la sentencia condenatoria y, dentro del t\u00e9rmino establecido en la ley, la v\u00edctima del injusto penal present\u00f3 incidente de reparaci\u00f3n integral, por lo que el juzgado accionado procedi\u00f3 a impartir el tr\u00e1mite respectivo y, una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, profiri\u00f3 sentencia el 30 de enero de 2023 en la cual declar\u00f3 patrimonial y solidariamente responsables a Manuel Gregorio Guti\u00e9rrez y a la empresa Ramal Inversiones Construcciones S.A.S., conden\u00e1ndolos al pago de las indemnizaciones respectivas. <\/p>\n
2.3. Frente a la anterior determinaci\u00f3n la sociedad accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, el cual en sentencia del 24 de mayo de 2023 confirm\u00f3 \u00edntegramente la sentencia de primera instancia, indicando en la parte resolutiva de la mencionada providencia que en contra de la misma no proced\u00eda ning\u00fan recurso. <\/p>\n
2.4. La quejosa considera que sus garant\u00edas fundamentales fueron quebrantadas, toda vez que no se tuvo en cuenta que al momento de la ocurrencia de los hechos exist\u00eda un administrador del veh\u00edculo y, adem\u00e1s este se encontraba bajo la responsabilidad de un secuestre. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Judicial Penal I. No.291 indic\u00f3 que la tutela es improcedente toda vez que carece del requisito de inmediatez toda vez que desde la fecha en que se profiri\u00f3 la providencia atacada, esto es, el 24 de mayo de 2023, han transcurrido 4 meses, lo que desdibuja lo alegado por la accionante de cara a estar ante un perjuicio irremediable. Aunado a lo anterior, consider\u00f3 que no se log\u00f3 demostrar un defecto f\u00e1ctico en la valoraci\u00f3n de las pruebas al momento de emitir los fallos censurados, tanto de primera como de segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Seccional 32 CAIVAS realiz\u00f3 un breve recuento de los hechos y advirti\u00f3 que dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral criticado se respetaron todas las garant\u00edas procesales y el debido proceso, agotando las etapas procesales correspondientes a dicho tr\u00e1mite.<\/p>\n
3. El Tribunal Superior del Distrito de Cartagena y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, puesto que si bien la accionante cuenta con otro mecanismo de protecci\u00f3n como lo es el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el mismo no se interpuso teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Cartagena estableci\u00f3 en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n censurada que en contra de la misma no proced\u00eda recurso alguno, lo cual es una irregularidad procesal puesto que de conformidad con lo reglado en el art. 181 del C\u00f3digo Procedimiento Penal en concordancia con los arts. 336 y 338 del C.G.P. el recurso era procedente, raz\u00f3n por la cual habilit\u00f3 la oportunidad para interponer la casaci\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n atacada y dej\u00f3 sin efectos el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo para cobrar la condena. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La victima del injusto penal impugn\u00f3 la decisi\u00f3n alegando que en lo que respecta a la casaci\u00f3n al interior del incidente de reparaci\u00f3n integral, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en lo que respecta a las causales y la cuant\u00eda se aplican las normas que rigen la casaci\u00f3n en materia civil, evidenci\u00e1ndose que en el presente caso el mencionado recurso extraordinario no era procedente toda vez que la cuant\u00eda de las indemnizaciones es inferior a los 1000 SMMLV, por lo que considera que el fallo de tutela es contrario a derecho y por lo tanto pide que el mismo sea revocado, solicitando adem\u00e1s se compulsen copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra del magistrado sustanciador de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esta \u00f3ptica y circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n impetrada, se concluye que con la criticada determinaci\u00f3n adoptada por a quo de habilitar a la sociedad accionante para que interponga los recursos extraordinarios en contra de la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior el pasado 24 de mayo al interior del incidente de reparaci\u00f3n integral criticado, lo cierto es que es una cuesti\u00f3n intrascendente de cara a los derechos fundamentales que invoc\u00f3 la promotora. <\/p>\n
3. Ello en la medida en que, si bien el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 cometi\u00f3 un imprecisi\u00f3n al consignar en la parte resolutiva de la sentencia proferida el 24 de mayo de 2023, que en contra de dicha decisi\u00f3n no proced\u00eda ning\u00fan recurso, lo cierto es que de conformidad con el art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en lo que respecta al recurso extraordinario de casaci\u00f3n al interior de incidentes de reparaci\u00f3n integral, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a las normas que rigen en materia civil el mencionado recurso, advirti\u00e9ndose pues que para que sea procedente el mismo, el inter\u00e9s para recurrir deber\u00e1 ser superior a los 1000 SMMLV. <\/p>\n
Entonces, si bien el estrado acusado estableci\u00f3 en el numeral segundo de la sentencia del 24 de mayo de 2023 que en contra de la misma no proced\u00edan recurso alguno, lo cierto es que esto es una cuesti\u00f3n que, de cara a los derechos fundamentes de la promotora, se reitera, no ostenta trascendencia, toda vez que de la revisi\u00f3n de la cuant\u00eda de las condenas impuestas al interior del incidente de reparaci\u00f3n integral se advierte que las mismas no cumplen con la cuant\u00eda exigida en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que habilitar la oportunidad de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no tendr\u00eda ninguna raz\u00f3n de ser puesto que, se itera, no se cumple con el inter\u00e9s para recurrir necesario para que el recurso sea procedente. <\/p>\n
4. Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
5. Ahora bien, en lo que respecta a las quejas de la accionante frente a las decisiones emitidas al interior del incidente de reparaci\u00f3n integral cuestionado, sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 24 de mayo de 2023, que confirm\u00f3 la dictada el 30 de enero de 2023, comoquiera que fue esa determinaci\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate frente a la determinaci\u00f3n si la sociedad actora deb\u00eda ser considerada como un tercer civilmente responsable y en consecuencia se emitiera una condena de cara a la indemnizaci\u00f3n de la v\u00edctima del injusto penal. <\/p>\n
6. Bajo ese horizonte, concluye esta Colegiatura que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, por cuanto la citada providencia, en la cual se determin\u00f3 que la empresa Ramal Construcciones S.A.S era un tercero civilmente responsable, con ocasi\u00f3n al da\u00f1o infligido con el actuar delictivo desarrollado por el condenado Manuel Gregorio Guti\u00e9rrez Godoy, no luce arbitraria, comoquiera que la autoridad criticada explic\u00f3 las razones por las cuales la accionante deb\u00eda responder como tercero civilmente responsable, toda vez que omiti\u00f3 su deber de vigilancia, custodia, guarda y supervisi\u00f3n de uno de sus empleados, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026 Por esa senda, la Sala pasar\u00e1 a determinar si en el presente caso la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS logr\u00f3 probar que para la \u00e9poca en que el condenado caus\u00f3 el da\u00f1o a la se\u00f1ora Liceth Mar\u00eda Guti\u00e9rrez G\u00f3mez, hab\u00eda transferido a otra persona la tenencia y custodia del automotor de placas SPI-357, el cual era de su propiedad. En esta labor, pasaremos revisar las pruebas aportadas dentro del tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
Por un lado, el apoderado del tercero civilmente responsable -Ramal Inversiones Construcciones SAS- ofreci\u00f3 dos testimoniales para probar su postura. <\/p>\n
Primeramente, fue escuchada la se\u00f1ora Luisa Fernanda Almario Gonz\u00e1lez, quien desde el 2019 -varios a\u00f1os despu\u00e9s de la ocurrencia de los hechos- funge como contadora de dicha entidad. En su discurso, la declarante manifest\u00f3 que entre la persona condenada y la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS nunca existi\u00f3 vinculo alguno, y que a pesar de que esa entidad era la propietaria del rodante conducido por el condenado, la administraci\u00f3n del mismo era ejercida por una persona reconocida con el nombre de Ancizar L\u00f3pez. <\/p>\n
Sin embargo, cuando el Ministerio P\u00fablico la cuestion\u00f3 sobre las particularidades del contrato o negocio jur\u00eddico celebrado entre Ramal Inversiones Construcciones SAS y el administrador Ancizar L\u00f3pez, esto mencion\u00f3: <\/p>\n
\u201cPues, el contrato que manejaba la empresa como tal, con el se\u00f1or Ancizar, era que administraba los veh\u00edculos, pero como tal, no tengo, no lo he visto f\u00edsicamente y no me consta como esas condiciones, porque como en ese momento yo no estaba. Entonces digamos que no puedo como dar plena, o sea, darles a conocer lo que pas\u00f3 en ese momento porque en ese momento yo no estaba, entonces no me consta como tal todas las caracter\u00edsticas que pod\u00eda tener ese contrato. Yo pienso que de pronto, solicitando el documento a la administraci\u00f3n, de pronto para que lo puedan enviar o algo as\u00ed. Ac\u00e1 tengo un n\u00famero del se\u00f1or Ancizar, no s\u00e9 si lo pueda dar\u2026\u201d <\/p>\n
Seguidamente, fue escuchado el testimonio de la se\u00f1ora Piedad Lorena Almario Ram\u00edrez, quien funge como representante legal de la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS. En su testifical tambi\u00e9n hizo referencia a la supuesta cesi\u00f3n de la tenencia y custodia de varios veh\u00edculos, entre los que se encontraba el conducido por el condenado, a una persona de nombre Ancizar L\u00f3pez. <\/p>\n
Del mismo modo desconoci\u00f3 que la empresa que representa tuviera alg\u00fan v\u00ednculo con el condenado. En ese sentido, anunci\u00f3 que era el se\u00f1or Ancizar L\u00f3pez el encargado de realizar lo pertinente para que estos rodantes fueran entregados mediante contrato de arrendamiento a conductores como el condenado Manuel Gregorio Guti\u00e9rrez Godoy. <\/p>\n
Como dato importante, tenemos que ante pregunta que fuera realizada por el apoderado juridicial de Ramal Inversiones Construcciones SAS, relacionada con la relaci\u00f3n contractual de esa entidad con el administrador de los veh\u00edculos, la testigo indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn este momento no tengo como tal el contrato de administraci\u00f3n que se tuvimos con el se\u00f1or Ancizar L\u00f3pez, el manejaba una empresa que se llama Texcar. No tenemos en nuestro poder, digamos el contrato de administraci\u00f3n, pero si tenemos el correo electr\u00f3nico en donde \u00e9l nos enviaba la informaci\u00f3n de cada uno de los carros, que, si hab\u00eda tenido alg\u00fan inconveniente, en cuanto a la producci\u00f3n de los carros, si hab\u00edan entrado al taller, si se le hab\u00edan hecho cambios de llantas, si se le hab\u00eda hecho digamos alg\u00fan mantenimiento. Como tal, los informes que nos enviaba el administrador eran respecto a cada uno de los carros, sin embargo, no se contaba con informaci\u00f3n de quienes eran las personas que conduc\u00edan esos carros. Por lo tanto, nosotros en ning\u00fan momento tuvimos ni v\u00ednculo con los conductores, ni sab\u00edamos qui\u00e9nes eran los conductores, porque obviamente \u00e9l se encargaba de asignar esos carros.\u201d <\/p>\n
Pues bien, hecho el an\u00e1lisis del material probatorio que fue presentado por el tercero civilmente responsable para acreditar la ausencia de responsabilidad indirecta en el da\u00f1o causado por el condenado a la incidentante, la Sala, a partir de las reglas de la carga de la prueba en materia civil, logra determinar que en este asunto no se ha desvirtuado la responsabilidad que recae sobre la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta, primero, que la declaraci\u00f3n realizada por la testigo Luisa Fernanda Almario Gonz\u00e1lez no est\u00e1 revestida de la entidad suficiente para dar por sentada esa transferencia de la custodia y manejo del veh\u00edculo utilizado por el procesado para cometer la conducta productora del da\u00f1o, habida cuenta que para el momento del injusto, la mencionada ciudadana no desempe\u00f1aba labores dentro de la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS. Es esta la raz\u00f3n por lo que no se encuentra habilitada para dar fe de la existencia del contrato o negocio jur\u00eddico realizado supuestamente entre esa compa\u00f1\u00eda y el se\u00f1or Ancizar L\u00f3pez, de manera que su afirmaci\u00f3n sobre la existencia de esa circunstancia -contrato de administraci\u00f3n- no pasa de ser una mera conjetura. <\/p>\n
La misma consideraci\u00f3n merece la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Piedad Lorena Almario Ram\u00edrez, pues, como representante legal de la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS, adem\u00e1s de su dicho, en el que vehementemente se\u00f1al\u00f3 que la empresa que representa no tenia la custodia del taxi en el que se cometi\u00f3 el injusto, debi\u00f3 aportar al tr\u00e1mite los soportes que permitieran al Juzgador dar por sentado el negocio jur\u00eddico celebrado con el supuesto administrador de los veh\u00edculos que eran de su propiedad. <\/p>\n
En este caso, no ha sido as\u00ed, la representante legal de la empresa se limit\u00f3 a lanzar afirmaciones de ese corte, aportando solo unos correos electr\u00f3nicos que datan del a\u00f1o 2016, es decir, de fechas posteriores a la fecha de los hechos que motivaron la sentencia penal -20 de septiembre de 2015-, en los que una persona que firma con el nombre de Gerardo Ancizar L\u00f3pez L\u00f3pez hace referencia a gestiones realizadas para lograr el traspaso y chatarrizaci\u00f3n de varios autom\u00f3viles. <\/p>\n
Los eventos exhibidos en los documentos aportados por la declarante para nada pueden ser entendidos como una manifestaci\u00f3n de la transferencia de la tenencia de la cosa, sino que, por el contrario, hacen patente ese control ejercido por la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS sobre una persona que ejecutaba labores a su nombre. <\/p>\n
En tal orden de ideas, al no cumplirse con la carga probatoria, no es posible que en este caso se acceda a la pretensi\u00f3n del recurrente, consistente en que se absuelva de responsabilidad solidaria que pesa sobre la empresa Ramal Inversiones Construcciones SAS como tercero civilmente responsable de los da\u00f1os sufridos por la v\u00edctima. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada analiz\u00f3 las pruebas existentes en el expediente para determinar que la sociedad accionante era un tercero civilmente responsable al interior del incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
7. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, negar en totalidad el resguardo rogado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar niega el resguardo rogado en su totalidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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