STC13764-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13764-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de noviembre de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Centro Comercial y Empresarial Blue Gardens contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y la sociedad Mar\u00eda Jos\u00e9 Vives Gonz\u00e1lez y C\u00eda. SAS -Vivesco SAS, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene al estrado de ejecuci\u00f3n acusado que \u00abproceda al fraccionamiento de los t\u00edtulos depositados a \u00f3rdenes del despacho y [la] autorice… para retirar las sumas de su propiedad, de conformidad con la liquidaci\u00f3n que se adjunta…\u00bb; que \u00abVivesco se abstenga de depositar sumas adicionales en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales indicada en su momento por el juez de origen, en consideraci\u00f3n a que el proceso termin\u00f3 por transacci\u00f3n\u00bb; y se \u00abadopten las dem\u00e1s medidas que el despacho considere necesarias para poner fin a la situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n ya anotada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Germ\u00e1n Paredes Gonzalez promovi\u00f3 juicio de resoluci\u00f3n de contrato contra la sociedad Hernando Heredia Arquitectos Ltda por el incumplimiento en la entrega de un bien, en el que el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 al pago del valor de la cosa m\u00e1s los intereses, decisi\u00f3n que fue confirmada por el ad-quem. <\/p>\n
2.2. Tras iniciarse el respectivo juicio ejecutivo a continuaci\u00f3n y decretarse medidas cautelares, el expediente fue remitido al estrado de ejecuci\u00f3n criticado, el que avoc\u00f3 conocimiento, modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y el 22 de septiembre de 2022 orden\u00f3 el fraccionamiento de los t\u00edtulos judiciales que estaban a su disposici\u00f3n, en proporci\u00f3n al 17% a favor del apoderado del demandante. <\/p>\n
2.3. El 14 de febrero de 2023 el referido estrado acept\u00f3 el desistimiento del fraccionamiento de los t\u00edtulos judiciales y efectu\u00f3 un requerimiento a la inmobiliaria Vivesco a fin de que informara de manera detallada las consignaciones de dinero puestas a disposici\u00f3n del despacho y especificara si estaba incluida la cuota de administraci\u00f3n que correspond\u00eda a los locales comerciales y que debi\u00f3 ser consignada a favor del Centro Comercial y Empresarial Blue Gardens, as\u00ed mismo se requiri\u00f3 a este \u00faltimo a fin que informara el valor de la cuota que le correspond\u00eda a los locales comerciales cuyos c\u00e1nones eran objeto de cautela, adem\u00e1s se abstuvo de ordenar la entrega de dineros a la parte demandante hasta que no se dilucidara esa situaci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue recurrida. <\/p>\n
2.4. El 15 de febrero las partes solicitaron la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n; con prove\u00eddo 30 de mayo de 2023 se acept\u00f3 el mismo, se dispuso el levantamiento de las cautelas decretadas sobre los bienes de la demandada y por sustracci\u00f3n de materia, se abstuvo de resolver los recursos interpuestos; y mediante auto de 3 de octubre no accedi\u00f3 a la adici\u00f3n deprecada por la gestora. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 la accionante que en el marco del juicio ejecutivo, en el que no fue parte sino tercera interesada, el ejecutante logr\u00f3 acreditar el inter\u00e9s del ejecutado en los frutos civiles de dos contratos de arrendamiento, suscritos entre Vivesco Ltda. y la sociedad Invercomer del Caribe, sobre unos locales del Centro Comercial y Empresarial. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1al\u00f3 que en junio de 2021 se le comunic\u00f3 a Vivesco Ltda. el embargo y retenci\u00f3n de frutos civiles -c\u00e1nones- del contrato de arrendamiento que administraba; que en cumplimiento de ese mandato, esa sociedad realiz\u00f3 consignaciones a \u00f3rdenes del juzgado del valor total recibido por parte del arrendatario Invercomer del Caribe SAS, sin tener en cuenta que este le entregaba a la inmobiliaria no solo el canon de arrendamiento, sino tambi\u00e9n la cuota de administraci\u00f3n de esos locales. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que las partes firmaron una transacci\u00f3n; que coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso y deprec\u00f3 que antes de devolverle los t\u00edtulos al demandado, se deb\u00edan fraccionar; que el 3 de marzo y 23 de mayo de los corrientes insisti\u00f3 en dicha petici\u00f3n; y el 30 de mayo siguiente se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, sin resolver la petici\u00f3n presentada bajo el supuesto que el demandando deb\u00eda cancelar lo adeudado o de lo contrario se deb\u00eda iniciar otro proceso judicial. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que el 2 de junio pidi\u00f3 adici\u00f3n del auto, explicando la neceidad del fraccionamiento del t\u00edtulo, la que reiter\u00f3 el 20 de junio, 6 y 26 de julio siguiente, sin embargo, el despacho tard\u00f3 casi un a\u00f1o en pronunciarse sobre el fraccionamiento de t\u00edtulos y resolvi\u00f3 en auto de 3 de octubre siguiente denegar dicha adici\u00f3n, en tanto que no hab\u00eda lugar a ordenar pagos a terceros y no exist\u00eda embargo de remanentes. <\/p>\n
2.10. Afirm\u00f3 que el no fraccionamiento de los t\u00edtulos hac\u00eda inane sus derechos como coadyuvante, volviendo una formalidad su comparecencia al proceso, adem\u00e1s toleraba y autorizaba la ejecuci\u00f3n irregular de un embargo sobre bienes ajenos y la obligaba a iniciar reclamaciones a un tercero. <\/p>\n
2.11. Indic\u00f3 que pese a la terminaci\u00f3n del juicio, a la orden de levantar las medidas y a las continuas solicitudes para que se le girara la cuota de administraci\u00f3n que pagaba el arrendatario, la inmobiliaria insist\u00eda en retener dineros del centro comercial; que por todo ello el arrendatario aparec\u00eda en mora con la administraci\u00f3n; y que padec\u00eda las consecuencias que amenazaban convertirse en un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2.12. Se\u00f1al\u00f3 que la afectaci\u00f3n era actual y pod\u00eda generar un perjuicio irremediable; que hab\u00edan sido diligentes; y que desde el 20 de octubre de 2022 el Centro Comercial hab\u00eda llamado la atenci\u00f3n de Vivesco y del juzgado, pero se hac\u00eda caso omiso a las mismas. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso criticado, en el que se evacuaron las etapas procesales, se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n por el superior y se remiti\u00f3 el expediente a los estrados de ejecuci\u00f3n; y que la tutela se contra\u00eda a las decisiones adoptadas por el despacho acusado, las que no guardaban relaci\u00f3n con las providencias emitidas por esa agencia judicial, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y adujo que la pretensi\u00f3n de la accionante de que se le entregaran directamente las sumas correspondientes a las cuotas de administraci\u00f3n depositadas junto con los c\u00e1nones de arrendamiento por la inmobiliaria, no pod\u00eda resolverla, en atenci\u00f3n a la terminaci\u00f3n del proceso; que el demandado, en su calidad de propietario de los inmuebles, era el que deb\u00eda dar cumplimiento al pago de dichas cuotas de administraci\u00f3n, lo que adem\u00e1s era un hecho ajeno al proceso; que no se configuraba un actuar caprichoso o desmedido; y que se trataba de una controversia eminentemente econ\u00f3mica, frente a la que no proced\u00eda el resguardo. Remiti\u00f3 el link del proceso criticado. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Jos\u00e9 Vives Gonz\u00e1lez y C\u00eda. SAS -Vivesco SAS se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la tutela y se\u00f1al\u00f3 que nunca hab\u00eda sido su intenci\u00f3n desviar dineros para perjudicar al centro comercial o engrosar el valor embargado, sino que estaba esperando la orden judicial que le indicara como discriminar el dep\u00f3sito; que todas las acciones desplegadas se hab\u00edan materializado de conformidad con lo establecido en la ley; y que era el juzgado de conocimiento el que defin\u00eda el futuro de los dep\u00f3sitos judiciales, por lo que ese era el conducto para obtenerlos. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, puesto que aunque la accionante no indicara que pretend\u00eda modificar el auto de 3 de octubre de 2023, a trav\u00e9s del que se resolvi\u00f3 de forma negativa la solicitud de adici\u00f3n, era evidente que aspiraba a lo que all\u00ed no logr\u00f3; y que la gestora no interpuso ning\u00fan recurso frente a dicha determinaci\u00f3n, ni frente a la del 30 de mayo anterior, por lo que se encontraba imposibilitada para pronunciarse sobre los hechos denunciados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su respuesta y aduciendo que durante meses hab\u00eda deprecadado el fraccionamiento de los t\u00edtulos judiciales, pero el estrado acusado se hab\u00eda abstenido de hacerlo por falta de competencia; que no ten\u00eda sentido que se le exigiera la presentaci\u00f3n ilimitada de solicitudes y recursos \u00abvista la inflexibilidad del despacho en asumir conocimiento de la causa\u00bb; que en el entretanto se pod\u00edan perder de manera definitiva los recursos que estaban pendientes de ser desembolsados, raz\u00f3n por la que era imperativa la intervenci\u00f3n del juez constitucional; que mientras que no se entregaran los t\u00edtulos se pod\u00edan tomar medidas frente a su fraccionamiento, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda dejado vencer ninguna oportunidad; que la inmobiliaria Vivesco SAS tambi\u00e9n hab\u00eda sido accionada; que la subsidiariedad no solo ped\u00eda que existieran otros mecanismos de defensa, sino que los mismos fueran id\u00f3neos, lo que no ocurr\u00eda en el asunto, siendo una formalidad para que el juez reiterara lo dicho en sus providencias; que adem\u00e1s exist\u00eda un perjuicio irremediable, pues estaba en riesgo de desaparecer su activo; que el estudio efectuado no se ajust\u00f3 a la jurisprudencia constitucional sobre el punto; que no se ten\u00eda en cuenta que no era un tercero, sino la propietaria de los dineros err\u00f3neamente embargados; que pretender que adelante el cobro fuera del juicio criticado era un exceso ritual manifiesto y aumentaba la congesti\u00f3n judicial; y que no contaba con otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
En efecto, la promotora del resguardo no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 30 de mayo de 2023, cuya adici\u00f3n se deneg\u00f3 en auto de 3 de octubre siguiente, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n
\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n a lo anterior, respecto del perjuicio irremediable alegado, se le recuerda a la peticionaria que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Finalmente, en cuanto a las quejas que enfila frente a Mar\u00eda Jos\u00e9 Vives Gonz\u00e1lez y C\u00eda. SAS -Vivesco SAS, se advierte que no se dan las especiales circunstancias previstas en el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la tutela contra particulares. <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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