STC13767-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13767-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Mauricio D\u00edaz O\u00f1ate contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, tr\u00e1mite al que fueron integrados el Juzgado Segundo de la misma especialidad del Circuito de Santa Marta, as\u00ed como los part\u00edcipes e intervinientes en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, \u00abigualdad, (\u2026) trabajo, (\u2026) propiedad y (\u2026) m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente conculcados desde la corporaci\u00f3n jurisdiccional repelida. En concreto, se conmine a restar valor a lo sentenciado dentro del expediente n.\u00b0 \u00ab2021-00069\u00bb o, en subsidio, \u00abMODUL[ARLO]\u00bb a fin de invertir las resoluciones ah\u00ed impuestas -entre \u00e9l y los solicitantes de la restituci\u00f3n1- o, (tambi\u00e9n en subsidio) proveer la suspensi\u00f3n de la \u00abentrega\u00bb del predio en discordia, para la realizaci\u00f3n del c\u00e1lculo del valor de tal fundo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que en breve se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Tribunal accionado se prosigui\u00f3 el paginario arriba descrito, por solicitud en nombre de Jes\u00fas Mar\u00eda de la Cruz Escorcia y Marlene Beatriz Barros Guti\u00e9rrez. De la contienda provino fallo el 27 de junio de los corrientes, que, grosso modo, dispuso conferir la restituci\u00f3n sobre el inmueble objeto de la controversia (zona rural de Pivijay, Magdalena)2 y, sin embargo, dio orden de pago de una compensaci\u00f3n (en dinero equivalente al aval\u00fao comercial del bien ra\u00edz) a favor del tutelante, luego de declarar pr\u00f3spera su oposici\u00f3n -como tercero de buena fe exenta de culpa-. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del petitorio de amparo de marras critic\u00f3 lo resuelto en ese pronunciamiento, pues, en estricto compendio, el estamento tribunalicio quiso tener por constatada, sin estarlo, la restituci\u00f3n materia de reclamo en contra suya, con m\u00e1s soporte si fue \u00abirregular\u00bb la inscripci\u00f3n del predio en el registro de tierras abandonadas, no hubo una relaci\u00f3n precisa de los \u00abhechos victimizantes\u00bb -los cuales tampoco se demostraron a cabalidad-, ni se practicaron todas las probanzas decretadas. Situaci\u00f3n que am\u00e9n de albergar inadecuada apreciaci\u00f3n suasoria va en desmedro de \u00abprecedentes\u00bb de la misma colegiatura, a lo que adujo -en adici\u00f3n- que no es justo el pretendido despojo de la heredad en la que ha permanecido por mucho tiempo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte imparti\u00f3 adelanto al pliego supralegal. Y en paralelo, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal memor\u00f3 lo acontecido \u2013recalcando hallarse en fase de cumplimiento de su veredicto, pendiente de desatar una s\u00faplica de modulaci\u00f3n del ac\u00e1 quejoso\u2013 y se opuso al \u00e9xito del acudimiento, por no vulneraci\u00f3n. La Procuradur\u00eda 13 Judicial II Delegada, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos resaltaron por separado que los ataques les son extra\u00f1os. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en abrigo de las premisas b\u00e1sicas, susceptible de invocar siempre que resulten afectadas o en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo vale excepcionalmente y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios (\u2026) previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de acaecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Compete, de un lado, auscultar en sus cimientos el fallo del Tribunal Superior de Cartagena, al comprender el motivo de la censura sub examine. N\u00f3tese que, en lo medular, ah\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u2026Con relaci\u00f3n a los hechos que se dice originaron su desplazamiento forzado del fundo solicitado, el accionante Jes\u00fas Mar\u00eda [d]e [l]a Cruz Escorcia, en su interrogatorio de parte rendido ante el Juzgado de instrucci\u00f3n, (\u2026) precis\u00f3[ que] durante su estad\u00eda en el predio (\u2026) fue v\u00edctima de extorsiones por parte de miembros de grupos paramilitares quienes constantemente le exig\u00edan el pago de altas sumas de dinero al tiempo que requer\u00edan insumos como tarjetas de tel\u00e9fono, tanques de ACPM y balones de futbol, situaci\u00f3n que lo conmin\u00f3 a abandonar la zona para trasladarse hac\u00eda el municipio de Fundaci\u00f3n dejando el predio (\u2026) al cuidado de un tercero. <\/p>\n
Agrega el citado deponente que, entre los a\u00f1os 2002 y 2003, mientras se encontraba en el municipio de Fundaci\u00f3n, fue alertado por parte de un familiar cercano que (\u2026) las AUC habr\u00edan lanzado amenazas en su contra, al parecer, tras acusarlo de favorecimientos a la guerrilla; tales hechos, seg\u00fan inform\u00f3\u2026, no fueron denunciados ante las autoridades dado el temor que le generaba posibles represalias en su contra. <\/p>\n
Coincide esta versi\u00f3n con la declaraci\u00f3n rendida por la [tambi\u00e9n reclamante,] se\u00f1ora Marlene Beatriz Barros Guti\u00e9rrez[,] ante el juzgado de instrucci\u00f3n cuando indic\u00f3[ que] su compa\u00f1ero Jes\u00fas Mar\u00eda (\u2026) fue objeto de intimidaciones y amenazas por parte de grupos insurgentes quienes le exig\u00edan el pago de sumas de dinero so pena de atentar en contra de su vida; tales amenazas, aduce la deponente, se hicieron extensivas a los hermanos del se\u00f1or (\u2026) quienes ocupaban las tierras colindantes al fundo La Bodega, lo cual finalmente los conllev\u00f3 a abandonar el predio para refugiarse en la ciudad de Santa Marta con un familiar cercano. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es de precisar en este punto que dentro del informativo milita copia de Formato \u00fanico de declaraci\u00f3n rendida por el se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda (\u2026) ante la Personer\u00eda de Santa Marta (Magdalena) el 02 de julio de 2010\u2026, en cuya oportunidad relat\u00f3 haber sido v\u00edctima de hurto de semovientes por parte de grupos paramilitares al interior de la parcela La Bodega, suceso que lo conmin\u00f3 a trasladarse a\u2026 Santa Marta\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
A su vez militan en el dossier certificaciones allegadas por la Fiscal\u00eda [G]eneral de la [N]aci\u00f3n con fecha 18 de enero (\u2026) y 29 de mayo [de] 2012\u2026, dando cuenta [de] que el se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda (\u2026) denunci\u00f3 los hechos de violencia ocurridos el 16 de octubre de 2002 en el municipio de Pivijay\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Los testigos Viana y D\u00edaz afirmaron no tener conocimiento de las amenazas y el hurto padecidos por [los] solicitantes[, pero] ello por s\u00ed solo no permite descartar que sucedieron ya que (\u2026) si bien aseguran ser vecinos de la finca[,] t\u00e9ngase en cuenta que las amenazas, usualmente se desarrollan en la clandestinidad, es decir no trascienden la \u00f3rbita personal de quien ha sido amenazado o de sus allegados m\u00e1s cercanos[,] en especial por[q]ue las personas acusadas de pertenecer a grupos ilegales eran estigmatizadas, raz\u00f3n por la cual, es probable que la coacci\u00f3n pueda no ser perceptible para el p\u00fablico; la Corte Constitucional en Sentencia T-468 de 2006 explic\u00f3 al respecto: <\/p>\n
\u201cHay hechos de los cuales es dif\u00edcil aportar prueba diferente del testimonio de quien lo presenci\u00f3. Esta situaci\u00f3n se presenta por ser este el \u00fanico testigo y no haber constado en ning\u00fan documento la ocurrencia del mismo, ya sea por la sutileza misma que puede caracterizar al hecho en algunas ocasiones, la cual lo hace imperceptible para personas diferentes a quien es afectado por el mismo. El desplazamiento forzado puede ser causado por circunstancias abruptamente evidentes como el hecho de una masacre en la poblaci\u00f3n en la que se est\u00e1 viviendo, el asesinato de un allegado como aviso de lo que puede pasar si no abandonan sus tierras, o por hechos m\u00e1s sutiles como la simple amenaza verbal de alguno de los grupos alzados en armas, la iniciaci\u00f3n de reclutamiento de j\u00f3venes de la regi\u00f3n por la cual se podr\u00eda ver afectado alg\u00fan miembro de la familia en caso de no desplazarse, o el simple clima de temor generalizado que se vive en determinados territorios el cual es percibido por sus habitantes como una tensa calma. Estos hechos de naturaleza sutil son dif\u00edciles de probar, ya que muchas veces no hay m\u00e1s testigo que quien vive la tensi\u00f3n de la amenaza. Estas circunstancias deben tomarse en consideraci\u00f3n para determinar si una persona tiene la condici\u00f3n o est\u00e1 en situaci\u00f3n de desplazado.\u201d <\/p>\n
Cabe recordar que la Corte Constitucional en la sentencia T-006-2014, estableci\u00f3 textualmente la siguiente regla: \u201cLos desplazados son v\u00edctimas del conflicto armado interno, no por la calidad del sujeto perpetrador, sino por las circunstancias objetivas. El Estado debe ser consciente de que existen factores marginales a la situaci\u00f3n del conflicto armado que inciden directamente en la generaci\u00f3n del desplazamiento forzado, y que, independientemente de la causa, constituyen una vulneraci\u00f3n m\u00faltiple de derechos humanos. Las personas que han sufrido el desplazamiento forzado son v\u00edctimas por el s\u00f3lo hecho de haber sufrido un riesgo tal, ocasionado por el conflicto armado, que se vieron obligadas a dejar su hogar.\u201d <\/p>\n
De [otro] lado el opositor manifest\u00f3 haber conocido al se\u00f1or [Jes\u00fas Mar\u00eda] y que este viv\u00eda en Fundaci\u00f3n, sin embargo, estas circunstancias no infirman la explotaci\u00f3n que desde a\u00f1os se asegura ejerc\u00eda en [l]a parcela el solicitante… <\/p>\n
Hay que anotar tambi\u00e9n que sobre las declaraciones de las v\u00edctimas del conflicto armado recae la presunci[\u00f3n] de buena fe(\u2026) siendo solo infirmada por pruebas concretas que demuestre[n] que han mentido acerca de las circunstancias que dieron lugar a su desplazamiento forzado y el de su n\u00facleo familiar; [s]umado a ello, y como lo ha sostenido la Corte Constitucional, en trat\u00e1ndose de este tipo de v\u00edctimas: \u201clas imprecisiones, contradicciones o ficciones detectadas en la declaraci\u00f3n s\u00f3lo son relevantes si de ellas es posible deducir, con certeza, que la persona no se encuentra en situaci\u00f3n de desplazamiento forzado\u201d… <\/p>\n
Valorados en conjunto los medios de prueba antes relacionados y acompasados con el contexto de violencia registrado para la \u00e9poca en la zona Rural del municipio de Pivijay, Magdalena, donde se encuentra ubicado el predio objeto del proceso, se puede inferir razonablemente que el n\u00facleo familiar de los solicitantes fue v\u00edctima del conflicto armado, sin que se encuentre acreditado en el plenario otro motivo que informe voluntariedad en dicha salida(\u2026) de un grupo familiar que desde los a\u00f1os 80 explotaba(\u2026) sus fundos[,] sin que se avizoren razones adicionales que justifiquen el cambio intempestivo de la actividad econ\u00f3mica habitual del se\u00f1or [Jes\u00fas Mar\u00eda]. <\/p>\n
De tal manera que se puede inferir razonablemente acreditada la calidad de v\u00edctima del conflicto armado interno de\u2026 Jes\u00fas Mar\u00eda (\u2026) y (\u2026) su compa\u00f1era al momento de los hechos victimizantes Marlene Beatriz Barros entre los a\u00f1os 2002 -2003. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[N]o logr\u00f3 la parte opositora desvirtuar las alegaciones de la [bancada] activa en relaci\u00f3n con su condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[S]i bien los testigos D\u00edaz y Quintero manifestaron al un\u00edsono que el se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda (\u2026) permaneci\u00f3 en la zona de Caraballo desempe\u00f1ando labores con un tractor que adquiri\u00f3 con posterioridad a la venta del predio, lo cierto [es] que (\u2026) no ofrecieron mayores pormenores o detalles sobre la permanencia del solicitante en la zona de ubicaci\u00f3n de la parcela luego de su desplazamiento en el a\u00f1o 2002; es decir, no dieron cuenta de un retorno efectivo al predio objeto de reclamo por parte de[ \u00e9l]. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De esta manera, no avizora [l]a Colegiatura razones distintas al conflicto armado interno que justifiquen el cambio intempestivo de las actividades econ\u00f3micas habituales de explotaci\u00f3n del fundo que ven\u00eda ejerciendo el se\u00f1or Jes\u00fas [Mar\u00eda] en la finca reclamada(\u2026); hecho que devela, que su abandono y posterior venta surgi\u00f3 en respuesta a la protecci\u00f3n de su vida, integridad f\u00edsica y seguridad, sin que se encuentre acreditado en el plenario otro motivo que informe voluntariedad en la aludida salida. Tambi\u00e9n es importante acotar que la permanencia de una de las hermanas del solicitante en la zona no resulta ser suficiente para descartar los hechos victimizantes sufridos (\u2026) ya que, no se acopi[aron] probanzas que permitieran establecer los pormenores de la permanencia en el sector de esta ciudadana(\u2026); de todos modos sabido es que ante el miedo los seres humanos responden de manera diferenciada, con lo cual no puede asimilarse sin profundizar en las particularidades, los comportamientos de dos n\u00facleos familiares aun cuando hubieren sido sometidos a los mismos hechos de persecuci\u00f3n\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
Sentencia que al margen de compartirse no subyace arbitraria, subjetiva o antojadiza, lo que desecha las trasgresiones de orden f\u00e1ctico y de menoscabo de \u00abprecedente\u00bb aducidas, las que, por ende, no son de recibo en esta calzada especial\u00edsima de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el convocante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal fustigado dispuso conferir la garant\u00eda de restituci\u00f3n de tierras en favor de los all\u00e1 solicitantes, luego de concluir, en virtud de la apreciaci\u00f3n en conjunto del acervo suasorio obrante en la disputa, la constataci\u00f3n de su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado interno. Planteamientos que son dif\u00edciles de descalificarlos de plano o tildarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(\u2026) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite de la reyerta judicial (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De otro flanco, la modulaci\u00f3n aqu\u00ed exigida (en subsidio de la revocatoria de la criticada sentencia de 27 jun. 23) est\u00e1 pendiente de zanjarla la misma corporaci\u00f3n judicial de Cartagena, con ocasi\u00f3n de un pedimento de similar connotaci\u00f3n elevado por el ahora promotor en el marco del pleito restitutivo. Aspecto que junto a la -tambi\u00e9n subsidiaria- aspiraci\u00f3n de suspensi\u00f3n de la entrega de inmueble revela lo prematuro de la impetraci\u00f3n de la herramienta de amparo del ep\u00edgrafe, adem\u00e1s de descartar dilaci\u00f3n injustificable en lo tocante a la realizaci\u00f3n del aval\u00fao comercial. <\/p>\n
No en vano, la Corte ha labrado que, <\/p>\n
resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negrillas fuera del texto, sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. No.1100102030002012-00728-00)… (Destaco adrede. CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 00210-01; reiterada, entre muchas otras, en STC11440, 27 ag. 2019, rad. 00186-01 y STC3867, 18 jun. 2020, rad. 00155-01). <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, es de advertir que si el hoy demandante considera que al interior de la restituci\u00f3n de tierras en an\u00e1lisis se han perpetrado \u00abirregularidades\u00bb o conductas penal y\/o disciplinariamente reprochables, ostenta v\u00edas al alcance3 para pregonarlo y probarlo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lo consignado conlleva, entonces, a cerrar paso a la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo implorado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el sentido de que la compensaci\u00f3n dineraria se le confiera a los beneficiarios de la restituci\u00f3n, para que el predio permanezca bajo el dominio de \u00e9l -como opositor de buena fe-. <\/p>\n
2\u0002 Para la entrega de la parcela en comento se comision\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, primigenio conocedor del pleito. <\/p>\n
3\u0002 Tiene dicho la Corte que \u00absi el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias\u2026\u00bb (CSJ STC13871-2016, STC14669-2016, STC13994-2017, STC5058-2022 y STC8409-2023). <\/p>\n
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STC13767-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13767-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Mauricio D\u00edaz O\u00f1ate contra el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78082"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78082\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}