STC13770-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13770-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00626-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 26 de octubre de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Compa\u00f1\u00eda Colombiana de Inversiones El Chance Ltda. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Mercedes Pimienta de Libonati, Germ\u00e1n Libonati Pimienta, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2012-00108. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, la sociedad solicitante reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
Aduce la promotora que, ante el estrado encartado, Mercedes Pimienta de Libonati -apoderada general de Germ\u00e1n Alberto Libonati Pimienta- adelanta juicio ejecutivo en su contra (rad. n\u00b0 2012-00108), en el cual se llev\u00f3 a cabo el remate del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 040-183176 a pesar de que, seg\u00fan afirma, la juez de instancia \u00abevalu[\u00f3] ella misma el inmueble objeto de remate, violentando lo ordenado por su superior de practicar un verdadero peritaje\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que habiendo acudido previamente a una acci\u00f3n de igual naturaleza a esta, se orden\u00f3 mediante sentencia de 13 de julio de 2017 \u00abdejar si[n] efecto el auto del 13 de marzo del 2017 por medio del cual fijaba aval\u00fao al inmueble y que decrete de oficio un nuevo peritaje\u00bb; sin embargo, el juzgado cuestionado aunque inicialmente as\u00ed lo dispuso, \u00abdecide por auto dejarlo sin efecto, basado en que la parte actora no pose\u00eda el recurso econ\u00f3mico para [costearlo] y procede (\u2026) a mutuo propio sin ser perito, [a] hacer el peritaje basado en el aval\u00fao catastral, [determin\u00e1ndolo] en la suma de $1.738.568.208, el cual fue objetado, [pero] mediante auto de fecha 14 de febrero de 2023, niega el control de legalidad y fija nueva fecha para remate el d\u00eda 12 de abril de 2023\u00bb, la cual se surti\u00f3, adjudic\u00e1ndose el bien al extremo ejecutante, pero sin cubrir la totalidad de la obligaci\u00f3n \u00absiendo totalmente injusto la depreciaci\u00f3n que dicha togada hizo del predio, exponiendo [su] patrimonio y llev\u00e1ndolo a la ruina\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, critica que se aprob\u00f3 la subasta y que los recursos que formul\u00f3 contra esa decisi\u00f3n fueron rechazados, acudiendo a este instrumento excepcional para \u00abevitar que se cometa un perjuicio irremediable como lo ser\u00eda que se materialice la diligencia de entrega del bien inmueble rematado\u00bb y en la medida que -conforme lo manifest\u00f3 en escrito posterior- agot\u00f3 todos los mecanismos ordinarios a su alcance. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que \u00abse deje sin efecto el auto de remate de fecha 12 de abril del 2023 y el auto del 4 de mayo del 2023 que aprueba el remate\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del juzgado querellado hizo un recuento de las actuaciones surtidas en la etapa de ejecuci\u00f3n a su cargo y resalt\u00f3 que \u00ablos hechos [narrados] en la acci\u00f3n constitucional (\u2026) han sido expuestos en diversas oportunidades a trav\u00e9s de solicitudes de control de legalidad y recursos, as\u00ed como acciones de tutela, indicando de manera di\u00e1fana las razones por las cuales no son procedentes tales solicitudes. Adem\u00e1s, dentro de sus peticiones, [la accionante] solicita que se suspenda la diligencia de entrega del bien inmueble rematado, cuando a la fecha, el auto que ordena la entrega del inmueble no se encuentra ejecutoriado por cuanto se encuentra pendiente la resoluci\u00f3n de recurso de Queja que cursa ante el H. Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, [por lo que] se evidencia que pretende la demandada acudir al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo implorado al advertir que se incumple el presupuesto de la subsidiariedad de la acci\u00f3n, comoquiera que \u00abcontra el auto de fecha 4 de mayo de 2023 que aprob\u00f3 el remate, la parte demandada hoy accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n el cual fue resuelto negativamente mediante providencia del 10 de agosto de 2023, auto que a su vez tambi\u00e9n fue objeto de reposici\u00f3n y en subsidio queja; respecto de cuyas defensas el Juzgado accionado a trav\u00e9s de auto adiado 3 de octubre de 2023 resolvi\u00f3 mantener la decisi\u00f3n emitida en el numeral segundo del auto de 10 de agosto de 2023 y conceder el recurso de queja, [evidenci\u00e1ndose] que ha sido remitido al Superior para su resoluci\u00f3n, de manera que a\u00fan se encuentra pendiente la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n al interior del proceso, y por ende, no agotados los recursos y herramientas procesales ordinarias con las que cuenta la empresa accionante para la defensa de sus derechos en sede judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora precisando que la decisi\u00f3n del tribunal a-quo constitucional \u00abdeja claro que la presente acci\u00f3n cumple el resto de requisitos exigidos por la Corte para la procedencia de la acci\u00f3n de amparo contra providencia judicial como el de inmediatez [y] los espec\u00edficos [por haber] incurrido en defectos f\u00e1cticos y procedimental\u00bb y, en lo que tiene que ver con el requisito de la subsidiariedad echado de menos, agreg\u00f3 que \u00aba pesar de existir y haberse agotado el recurso de queja el cual est\u00e1 e[n] tr\u00e1mite, si es procedente la acci\u00f3n [porque] se usa para prevenir un perjuicio irremediable como seria la entrega del inmueble, debido a que el recurso de queja no est\u00e1 sujeto a ning\u00fan efecto de suspensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, insisti\u00f3 en que \u00absolicit\u00f3 a la Juez un nuevo avalu\u00f3, fundamentado en el pronunciamiento de la tutela, emitido por el Magistrado ABDON SIRRA y desconoci\u00f3 dicha petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple los requisitos generales de procedibilidad que pasan a examinarse, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la parte querellante, dentro del proceso ejecutivo rad. n\u00b0 2012-00108. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso en concreto. <\/p>\n
3.1. Del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed, se desconoce el mentado presupuesto, visto como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio. En torno a este t\u00f3pico, se tiene dicho que, <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, advierte la Sala que la convocante dirige su inconformidad a cuestionar asuntos relacionados con el aval\u00fao otorgado al bien inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 040-183176 y a partir del cual se llev\u00f3 a cabo la subasta; ello, seg\u00fan alega la sociedad promotora, porque la juez endilgada \u00abevalu[\u00f3] ella misma el inmueble objeto de remate, violentando lo ordenado por su superior de practicar un verdadero peritaje\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, se establece que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que el prove\u00eddo que defini\u00f3 lo reprochado, esto es, aquel mediante el cual el juzgado convocado decidi\u00f3 \u00abno reponer el auto de fecha 19 de julio de 2022 [y] no conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en forma subsidiaria por la parte demandada, contra la [referida] providencia de fecha 19 de julio de 2022\u00bb, que a su vez decidi\u00f3 \u00abdeclarar fundada la observaci\u00f3n presentada por la parte ejecutante respecto del aval\u00fao presentado por el deudor; acoger el aval\u00fao comercial presentado por el demandante, para el bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-183176 (\u2026) [y], en consecuencia, [determinarlo] en la suma de mil setecientos treinta y ocho millones quinientos sesenta y ocho mil doscientos ocho pesos ($1.738.568.208,00)\u00bb-, data del 11 de octubre de 2022, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 9 de octubre de 2023. <\/p>\n
Es claro que la accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional para plantear tales alegaciones, es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte para incoar la salvaguarda y ese car\u00e1cter extempor\u00e1neo hace que se torne improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Asimismo, como la gestora depreca que, a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, \u00abse deje sin efecto el auto de remate de fecha 12 de abril del 2023 y el auto del 4 de mayo del 2023 que aprueba el remate\u00bb, la Sala resalta que la tutela no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto la acci\u00f3n se torna prematura frente a tales alegaciones, pues de acuerdo a las actuaciones que obran en el expediente objeto de revisi\u00f3n, se observa que, mediante auto de 3 de octubre de 2023, se resolvi\u00f3 \u00abNo reponer el numeral segundo (02) del auto de fecha 10 de agosto de 2023, por medio del cual se rechaz\u00f3 por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia de fecha 04 de mayo de 2023, por medio de la cual, se aprob\u00f3 el remate de un bien inmueble [y, en consecuencia], conceder el recurso de queja (\u2026)\u00bb, sin que se haya emitido decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De manera que esa circunstancia, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado, porque se desconocen las medidas que puedan adoptarse en el curso del mismo, lo que impone ineludiblemente declarar la inviabilidad del auxilio; ya que, se itera, en el sub-examine se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones constitucionales, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el amparo tampoco procede como mecanismo transitorio, pues, aunque alegado, no se prob\u00f3 un perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio i) por no superar el requisito de la inmediatez en torno al prove\u00eddo que acogi\u00f3 el aval\u00fao presentado dentro del proceso, respecto del inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 040-183176; ii) por tornarse prematura la tutela en relaci\u00f3n al auto de aprobaci\u00f3n de la almoneda criticada; y iii) porque esta herramienta no est\u00e1 instituida para suspender diligencias, menos cuando, como en este caso, no se prob\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Asunto asignado por reparto al despacho del suscrito magistrado ponente el pasado 22 de noviembre. <\/p>\n
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