STC13775-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13775-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-10-000-2023-00334-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 8 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gabriel Orjuela Garz\u00f3n contra el Juzgado Trece de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2017-01100. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el convocante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, petici\u00f3n e igualdad, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Aduce el promotor que, ante el estrado encartado, se adelant\u00f3 proceso ejecutivo por alimentos en su contra (rad. n\u00b0 2017-01100), que \u00abcerr\u00f3\u00bb el 13 de marzo de 2019; sin embargo, afirma que se \u00abmantuvo el descuento (\u2026) a [su] sueldo de retiro hasta el mes de marzo de 2023\u00bb y \u00abmuchas de las remesas fueron asignadas a [su] hija Mar\u00eda Camila -demandante-, situaci\u00f3n que no entiend[e] por cuanto (\u2026) el proceso hab\u00eda terminado\u00bb y sin que las restantes \u00abse [hayan] podido reintegrar por no estar a [su] nombre\u00bb, pues aun cuando ha elevado diferentes peticiones solicit\u00e1ndolo, le respondieron que carece de derecho de postulaci\u00f3n para actuar directamente y, en otra oportunidad, que \u00abdeb[e] remitirse a la citadora al correo Igomezd@cendoj.ramajudicial.gov.co, [pero] esta direcci\u00f3n [los] rechaza\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, reprocha que \u00abestos derechos de petici\u00f3n no fueron respondidos en debida forma por parte del Juzgado por cuanto no se respondi\u00f3 a lo que se preguntaba, sencillamente las respuestas fueron evasivas\u00bb, pues el Banco Agrario le inform\u00f3 que \u00abel \u00fanico ente del estado que puede ordenar el pago y el beneficiario de los dep\u00f3sitos judiciales es el Juzgado 13 de Familia de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene al despacho acusado \u00abdesplegar todas las acciones pertinentes para que queden a [su] nombre y disposici\u00f3n los dep\u00f3sitos Judiciales que se encuentran en el Banco Agrario (\u2026), [as\u00ed como aquellos] que [l]e corresponden por concepto de devoluci\u00f3n y actualmente se encuentran a nombre de [su] hija\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn empez\u00f3 por precisar que \u00abel derecho de petici\u00f3n es improcedente \u201cpara poner en marcha el aparato judicial\u201d\u00bb y reliev\u00f3 que \u00abtodas las solicitudes que ha elevado el [querellante] lo han sido dentro y con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo (\u2026), las cuales fueron atendidas (\u2026) de acuerdo a la legislaci\u00f3n procesal y sustancial aplicable al caso, mediante providencias notificadas en debida forma por estados electr\u00f3nicos, [siendo] la \u00faltima del 25 de septiembre del corriente a\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual se autoriz\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos al aqu\u00ed accionante, siendo carga suya acercarse al Juzgado, o solicitar la entrega de los t\u00edtulos a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico, con base en esa actuaci\u00f3n, sin que lo haya hecho pues opt\u00f3 por acudir primeramente al Juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abpara el buen funcionamiento del Juzgado, se ha dispuesto la manera en la que se debe solicitar la entrega de t\u00edtulos, la cual se encuentra publicada en la p\u00e1gina web del Juzgado (\u2026), misma que debe acoger el accionante, como lo hacen todos los usuarios a los que se les hace entrega de t\u00edtulos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio tras considerar que \u00abexisten tres razones que truncan las aspiraciones invocadas por v\u00eda supralegal, esto es: i) El hecho de que cuando se involucra aspectos propios de un tr\u00e1mite procesal, no es dable fundamentar la solicitud de amparo en la afectaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. ii) No se aprecia alguna arbitrariedad en los argumentos de la autoridad fustigada, al se\u00f1alar en auto del 6 de junio de 2023 que la solicitud debi\u00f3 ser entablada a trav\u00e9s de un profesional del derecho, como lo prev\u00e9 el r\u00e9gimen adjetivo. iii) Las acreditaciones revelan que la c\u00e9lula judicial en auto dictado el 25 de septiembre de 2023, [atendi\u00f3] el pedimento del actor (\u2026), prove\u00eddo que fue notificado por estados del 26 de septiembre de 2023 [y] sin que el actor haya aportado prueba alguna que permita inferir que adelant\u00f3 el tr\u00e1mite para obtener dichos t\u00edtulos, el que como lo advirti\u00f3 la accionada se encuentra en la p\u00e1gina judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor discutiendo que \u00absi bien es cierto que el 26 de septiembre de 2023 [se] notific\u00f3 por estados que hay un dinero disponible en la cuenta del presente proceso (\u2026), no es cierto que se haya autorizado la devoluci\u00f3n\u00bb, pues seg\u00fan le indicaron \u00abverbalmente en el Banco Agrario de la ciudad de Ibagu\u00e9, donde resid[e]\u00bb, no le ser\u00e1n pagados hasta que el juzgado a cargo \u00abcoloque un destinatario, \u00f3sea los ponga a [su] nombre\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, alega que al tratarse de un \u00abcaso como este, sencillo, f\u00e1cil de resolver, donde solo hay un interesado\u00bb, no encuentra proporcionada la exigencia de un abogado para que lo represente, pues lo pretendido es que, \u00aba pesar de estar notificado por estados, que esta notificaci\u00f3n tambi\u00e9n se le debe hacer al pagador [del] Banco Agrario\u00bb; para terminar, arguy\u00f3 que \u00abno entiend[e] por qu\u00e9 afirman que dej[\u00f3] de pagar cuotas alimentarias\u00bb, cuando ello no es as\u00ed, \u00ab[tachando su] buen nombre\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante en el tr\u00e1mite del juicio ejecutivo rad. n\u00b0 2017-01100, por cuanto, presuntamente, desatendi\u00f3 la solicitud de entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial presentada, en tanto, seg\u00fan el actor, \u00abestos derechos de petici\u00f3n no fueron respondidos en debida forma por parte del Juzgado por cuanto no se respondi\u00f3 a lo que se preguntaba, sencillamente las respuestas fueron evasivas\u00bb. <\/p>\n
2. De la naturaleza de la acci\u00f3n de tutela y de los presupuestos de procedibilidad. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, debido a que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, de tal forma que se habilitase la concesi\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, a pesar de que el gestor censur\u00f3 que el juzgado enjuiciado no hab\u00eda atendido en debida forma la solicitud de entrega de t\u00edtulos que impetr\u00f3 desde el 19 de mayo de 2023 al interior del asunto ejecutivo objeto de queja; lo cierto es que, contrario a lo afirmado, una vez verificado el expediente digital del proceso confutado, se pudo constatar -conforme lo reconoce el propio accionante, mediante auto de 25 de septiembre de 2023 -esto es, antes de formularse la presente acci\u00f3n constitucional1-, el juzgado a cargo resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abuna vez revisados los t\u00edtulos que se encuentran disponibles en la cuenta del presente proceso del Banco Agrario y, teniendo en cuenta que, el presente proceso termin\u00f3 el 12 de marzo de 2019, y se orden\u00f3: \u201cDe los dep\u00f3sitos judiciales existentes en este despacho se ordena la entrega a Mar\u00eda Camila Orjuela V\u00e1squez de la suma de $43.167.264 correspondientes a las cuotas dejadas de pagar por parte del ejecutado desde el 1 de enero del a\u00f1o 2016 y hasta el 31 de marzo del a\u00f1o 2019, quedando el ejecutado a paz y salvo hasta el 31 de marzo del a\u00f1o 2019, y al ejecutado se le deber\u00e1 devolver la suma de $29.291.747 por concepto de saldo a su favor\u2026\u201d, se tiene que, a la demandante se le entregaron los dineros ordenados mediante auto #49 del 12 de marzo de 2019, por consiguiente, los dineros que a\u00fan se encuentren en la cuenta del Banco Agrario a nombre de este proceso, ser\u00e1n autorizados para su entrega al ejecutado, tal y como fuere ordenado en el auto aludido\u00bb. <\/p>\n
Encontr\u00e1ndose a la espera de que el interesado adelante el tr\u00e1mite administrativo respectivo para su autorizaci\u00f3n y materializaci\u00f3n, el cual ciertamente no ha procurado, al no existir constancia de ello en el expediente digital, pues ninguna petici\u00f3n ha elevado en ese sentido ante el juzgado convocado. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la referida autoridad -en el marco de un proceso judicial2- defini\u00f3 lo sometido a su conocimiento, siendo ese su deber legal, el de pronunciarse sobre las peticiones que los interesados efect\u00faen en los litigios sometidos a su resoluci\u00f3n, en la medida que, sustraerse de esa obligaci\u00f3n configura una v\u00eda de hecho3, pero sin que ello implique una decisi\u00f3n favorable a lo pedido o que se resuelva en los t\u00e9rminos deprecados. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n a las garant\u00edas esenciales invocadas por el promotor, tornando inviable el ruego tuitivo, pues, como se sabe, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, resulta inane referirse a la decisi\u00f3n proferida el 6 de junio de 2023 que igualmente critica el accionante, en la que \u00abse rechaz[\u00f3] de plano sin necesidad de darle tr\u00e1mite [su] solicitud, toda vez que el interesado, carece de derecho de postulaci\u00f3n\u00bb, pues, en \u00faltimas, lo pedido fue definido en el referido auto de 25 de septiembre de 2023. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, debido a que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de despacho accionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicada el pasado 2 de noviembre. <\/p>\n
2\u0002 A tono con el precedente constitucional (sentencia T-290\/93), esta Sala ha precisado que cuando se invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, para que el juez haga o deje de hacer determinada actividad jurisdiccional o para que impulse y resuelva el asunto bajo su conocimiento, su tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, sino que \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01). <\/p>\n
3\u0002 \u00ab(\u2026) tal comportamiento desidioso infringe los principios del debido proceso, ya que el Juez est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de pronunciarse afirmativa o negativamente frente a las solicitudes del interesado (\u2026) por consiguiente, el censor de conocimiento, como viene de verse, sin justificaci\u00f3n de orden legal o f\u00e1ctica\u2026no ha dado respuesta a los memoriales que impetr\u00f3 el ejecutante de acuerdo con los procedimientos establecidos, por tal motivo, puede concluirse que el funcionario est\u00e1 incurriendo en v\u00eda de hecho\u00bb (sentencia de 16 de febrero de 2012, exp. 02206-01, reiterada el 23 de mayo de 2013, 00058-01). <\/p>\n
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