STC13777-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13777-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2023-00349-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 9 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por William Bagett Ben\u00edtez contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito de esa ciudad y el Promiscuo Municipal de Dagua, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de pertenencia radicado n\u00ba 2021-00332. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las agencias judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 acci\u00f3n de pertenencia contra personas inciertas e indeterminadas de un lote de terreno ubicado en la vereda \u00abEl Diviso\u00bb en el municipio de Dagua, cuya posesi\u00f3n viene ejerciendo, seg\u00fan afirm\u00f3, desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
El asunto se tramit\u00f3 en el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua que, mediante providencia del 15 de febrero de 2023, y con vista en un informe de la Agencia Nacional de Tierras, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del proceso al advertir que el inmueble pretendido \u00abes de naturaleza bald\u00eda\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, en decisi\u00f3n del 2 de mayo de este mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las referidas determinaciones, y las acusa de constituir v\u00edas de hecho por defectos sustantivo, f\u00e1ctico y desconocimiento de precedente. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, ha pose\u00eddo de manera pac\u00edfica el predio, sin ninguna oposici\u00f3n desde el a\u00f1o 1997, el cual cuenta con matr\u00edcula inmobiliaria inscrita en la Oficina de Registros P\u00fablicos de Cali y paga impuesto predial. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, los juzgadores desconocieron la sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional, que unific\u00f3 criterios frente al r\u00e9gimen especial de bald\u00edos, ratificando la vigencia de normativas como la ley 200 de 1936 y el art\u00edculo 48 de la ley 160 de 1994 que \u00abpromueven mayores facilidades para demostrar la posesi\u00f3n material sobre el bien inmueble rural, esto es, tan solo aquilatando la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo [\u2026] se previeron unas reglas para acrisolar el dominio privado de la tierra que tienden a ser m\u00e1s flexibles [\u2026] con la aportaci\u00f3n de t\u00edtulos debidamente otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley 160\u00bb, aunque estos no se reflejen en el folio de matr\u00edcula respectiva. <\/p>\n
Discuti\u00f3 que, se le diera valor \u00aba una simple afirmaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Tierras, concerniente a que el bien objeto del proceso es un inmueble rural bald\u00edo, desconociendo que ello, por s\u00ed solo, no es suficiente para otorgarle al fundo una destinaci\u00f3n p\u00fablica, teniendo en consideraci\u00f3n que dicha entidad es de naturaleza administrativa y no judicial\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, fue ignorado \u00abtotalmente el caudal probatorio, donde se hallaban [la] ficha catastral, factura de impuesto predial, t\u00edtulos traslaticios de dominio otorgados por particulares desde la d\u00e9cada de los 50\u2019s, medios que era un\u00edvocos [para] acreditar que el feudo es de naturaleza privada y susceptible de ser adquirido por la figura jur\u00eddica de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se deje sin efectos, \u00ablos autos interlocutorios emitidos por los accionados y en su lugar, ordenar que se me permita entrar al debate judicial para demostrar el cumplimiento de los requisitos para ganar el mencionado predio por usucapi\u00f3n [o] por lo menos dar apertura al procedimiento especial agrario de calificaci\u00f3n de la propiedad al que ha hecho referencia la reciente sentencia de unificaci\u00f3n sobre los bienes del Estado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que hoy se cuestiona, tras aducir que la misma no es resultado de un \u00abproceder arbitrario [o] caprichoso\u00bb, sino que estuvo ajustada \u00aba las probanzas adosadas al expediente\u00bb y \u00aben atenci\u00f3n a las pretensiones de la demanda\u00bb, asimismo, refiri\u00f3 que el fundamento neural para confirmar la providencia del juzgado de primera instancia estrib\u00f3 en que la Agencia Nacional de Tierras \u00abse\u00f1al\u00f3 que del bien pretendido no se acredita propiedad privada y es un inmueble rural bald\u00edo, el cual solo puede ser adjudicado por [esa misma entidad]\u00bb, entonces, esa circunstancia, por s\u00ed sola, torna \u00abimprescriptible\u00bb el feudo y, de paso, impone \u00abla terminaci\u00f3n anticipada del proceso\u00bb <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al considerar que las providencias denunciadas como vulneradoras de las garant\u00edas constitucionales, se aprecian razonables, pues, \u00ab(\u2026) las argumentaciones esgrimidas por las c\u00e9lulas judiciales confutadas lucen coherentes, serias y debidamente sustentadas, por lo que, de contera, desplaza la posibilidad del amparo, pues la juiciosa ex\u00e9gesis aplicada se repele con el abuso del derecho\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, reiterando los argumentos del escrito inicial. Insisti\u00f3 en los defectos se\u00f1alados a las decisiones atacadas, y sostiene que \u00abse aplic\u00f3 una teor\u00eda que no est\u00e1 vigente desde el a\u00f1o 2005\u00bb en torno a la configuraci\u00f3n de la v\u00eda de hecho para revisar por tutela providencias judiciales; de manera que, \u00abno se hizo un an\u00e1lisis de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y por tanto, no se analiz\u00f3 la afectaci\u00f3n de mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las agencias judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el quejoso al declarar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso de pertenencia que promovi\u00f3 (contra personas indeterminadas) luego de establecer que el predio cuyo dominio se pretend\u00eda adquirir por usucapi\u00f3n, es de naturaleza bald\u00eda; incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00edas de hecho por defectos sustantivo, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos que, en primera y segunda instancia declararon la terminaci\u00f3n anticipada del juicio de pertenencia en cuesti\u00f3n, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 2 de mayo de 2023 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la decisi\u00f3n del despacho acusado, fue el resultado de una respetable hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado y de los medios probatorios. <\/p>\n
4.1. Preliminarmente, el juez tutelado precis\u00f3 que, de la revisi\u00f3n de la demanda, se observa la ausencia de titulares de dominio anteriores del bien, lo que permit\u00eda presumir de su naturaleza bald\u00eda, pero, adem\u00e1s, la Agencia Nacional de Tierras, que se hizo parte del litigio, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se\u00f1al\u00f3 que del bien pretendido no se acredita propiedad privada y es un inmueble rural bald\u00edo, el cual solo puede ser adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n (t\u00edtulo originario) conforme este fue adquirido por venta como herederos en la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Mar\u00eda Jes\u00fas Llanos de Guevara [\u2026] [que] se materializ\u00f3 mediante escritura p\u00fablica 561 de 17 de febrero de 1958, Notar\u00eda Tercera de Cali, acto inscrito en la ORIP el 21 de agosto de 1959, por lo que, se itera, es imprescriptible, y as\u00ed se encuentren explotando uno de estos bienes, no puede denominarse poseedor sino un mero ocupante, quien a la postre podr\u00e1 adquirir su dominio mediante adjudicaci\u00f3n, adelantando un tr\u00e1mite administrativo que es competencia de la Agencia Nacional de Tierras o de la alcald\u00eda, en el evento de tratarse de inmuebles urbanos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, tras rese\u00f1ar los art\u00edculos 674 y 675 que definen y clasifican los bienes propiedad del Estado, agreg\u00f3 que, conforme lo informado por la Agencia Nacional de Tierras, <\/p>\n
Destac\u00f3 un pronunciamiento de esta Sala sobre la materia (sentencia de 31 de julio de 2002, exp. 5812) que alude a la imposibilidad de adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho p\u00fablico, por lo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) un eventual proceso de esta \u00edndole no tiene la aptitud de cambiar la naturaleza jur\u00eddica de un bien del Estado de imprescriptible a prescriptible. Y no se diga que, el simple hecho de encontrarse el fundo debidamente inscrito dentro de un folio de matr\u00edcula inmobiliaria sea suficiente para acceder a determinar un r\u00e9gimen privado, sino que el mismo sirve de medio de prueba que permite al juez ahondar en razones para tomar una decisi\u00f3n. (\u2026) en conclusi\u00f3n, al no tener raz\u00f3n la parte impugnante, corresponde a esta instancia confirmar el auto apelado como se advirti\u00f3 en l\u00edneas anteriores (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, es evidente que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que el juzgador accionado se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, ciertamente, excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n notoria del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal o en la valoraci\u00f3n probatoria, supuesto que no se advierte configurado en este evento, ya que, la evaluaci\u00f3n efectuada por los falladores tuvo soporte en el informe t\u00e9cnico allegado a la actuaci\u00f3n por la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de realizar los estudios y verificaciones respecto de la naturaleza de los bienes rurales. <\/p>\n
En todo caso, el actor no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
Ahora, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer por sobre el del juzgador un determinado raciocinio probatorio, a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que el juzgador aqu\u00ed demandado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues, se reitera, los motivos que expuso en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial respetable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional \u2013 subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, en torno al supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial, puntualmente, de la sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional SU-288 de 2022, se trata de un alegato que debi\u00f3 invocarse al interior del litigio y, concretamente, en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del juicio de pertenencia (el del 15 de febrero de 2023), lo que omiti\u00f3 el aqu\u00ed accionante, seg\u00fan puede verificarse del escrito de alzada1 aportado a estas diligencias con el expediente digitalizado de la actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
Y es que, la inviabilidad de la s\u00faplica se refuerza al evidenciarse el incumplimiento de uno de los presupuestos esenciales que orienta esta justicia excepcional como lo es de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria. <\/p>\n
Al respecto, el car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna esta acci\u00f3n, impide que el juez de tutela se inmiscuya en las decisiones proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho que tuvieron lugar en el proceso, o emprender debates que no fueron suscitados por los interesados en la etapa pertinente. <\/p>\n
Entonces, a pesar de haber hecho uso del medio de refutaci\u00f3n ordinario previsto para oponerse a la decisi\u00f3n que le fue desfavorable, el tema aludido no fue puesto en consideraci\u00f3n del juzgado accionado a fin de rebatir lo resuelto, de ah\u00ed que no pueda hacerse extensivo al juez constitucional, en tanto que, se repite, no estar\u00eda llamado a auscultar planteamientos que no hicieron parte del recurso cuestionado. Sobre el particular ha precisado esta Sala que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse los recursos y acciones previstas en el ordenamiento legal, y que el desaprovechamiento de los mismos se refleja no s\u00f3lo en que se deje de hacer uso de ellos, sino en el de omitir los fundados argumentos. <\/p>\n
Pretender que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que se resuelve en las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta importante herramienta constitucional, en tanto el juez de tutela no puede inmiscuirse en las decisiones que fueron proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho debatidos al interior del proceso de conocimiento\u00bb (CSJ STC4511-2017, 29 mar. 2017, rad. 00097-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituy\u00e9ndolo, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
6.2. La presente salvaguarda tampoco satisface el requisito de la subsidiariedad, puesto que su improcedencia por dicho criterio se da no solo por el concreto desaprovechamiento de los recursos o medios de impugnaci\u00f3n, sino por omitir en ellos los argumentos que se traen v\u00eda tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el memorial de apelaci\u00f3n, el apoderado de Bagett Ben\u00edtez, luego de transcribir el art\u00edculo 48 de la ley 160 de 1994, asever\u00f3 que: \u00abla naturaleza jur\u00eddica del predio se refuta de propiedad privada y no p\u00fablica como lo menciona la Agencia Nacional de Tierras en su oficio 159 del 5 de abril del 2022. <\/p>\n
Por otro lado, el estado Colombiano tiene la obligaci\u00f3n de tener los predios bald\u00edos plenamente identificados en una base de datos de bienes bald\u00edos del estado, porque no por el simple hecho de decir que no tiene tradici\u00f3n o no tiene aparente due\u00f1o se considere bald\u00edo, por esto se debe hacer un an\u00e1lisis jur\u00eddico y el an\u00e1lisis que da el art 48 de la ley 160 es muy sencillo justamente para poder evitar los problemas que hay entre la estructura jur\u00eddica de los predio, por esta raz\u00f3n el hecho de que la ANT no los tenga incluidos en los predio no se refuta como bald\u00edo, de hecho, lo que precisamente va a decidir eso es la demanda y la ANT podr\u00e1 intervenir en las audiencias con sus respectivos representantes para efectos de refutar si es privado o p\u00fablico, mas no por certificar por descarte de que se trate de un bien inmueble bald\u00edo y menos aun cuando estos bienes no son selvas, reservas naturales, etc. Son zonas de expansi\u00f3n del municipio de Dagua\u00bb. <\/p>\n
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