STC13783-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13783-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04701-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ana Yanet Tapias G\u00f3mez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma especialidad con sede en Villavicencio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las personas naturales y jur\u00eddicas que intervinieron en el juicio de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras n\u00ba 2016-00159-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la dignidad humana, trabajo, solidaridad, justicia, propiedad, igualdad, debido proceso\u2026 defensa y los derechos valores y principios recogidos en el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n Nacional, principalmente los de moralidad, transparencia, eficiencia, eficacia, publicidad y respeto a los derechos humanos de los que habla el art\u00edculo 5 Superior [SIC]\u00bb. <\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3, en s\u00edntesis, que al interior del juicio especial indicado en p\u00e1rrafos precedentes, iniciado a favor de Jos\u00e9 Antonio Hern\u00e1ndez Ocampo, la Sala de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 4 de junio de 2020, dispuso la restituci\u00f3n y entrega al reclamante del predio rural denominado El Placer, con una extensi\u00f3n de 215 hect\u00e1reas el cual, asegur\u00f3, es de su propiedad. <\/p>\n
Dijo que no tuvo la oportunidad de participar en la actuaci\u00f3n para oponerse a la consecuencia jur\u00eddica decretada por la colegiatura accionada y hacer valer sus intereses, pues no se le vincul\u00f3 \u00abcomo tercero poseedora material del inmueble\u00bb pese a que lo adquiri\u00f3 de buena fe exenta de culpa y resalt\u00f3 que \u00abse enter\u00f3, hace poco, por vecinos de la regi\u00f3n que se adelantaba una acci\u00f3n de despojo o expropiaci\u00f3n de su propiedad\u00bb dado que no fue \u00abdebidamente notificada y enterada del procedimiento realizado por los funcionarios que tuvieron a cargo el proceso\u2026 tampoco en el predio se ha realizado, por parte de la autoridad p\u00fablica, diligencia de inspecci\u00f3n ocular que viabilice las personas que ocupan o residen en el predio en forma real y viviente, por alguna vez [SIC]\u00bb. <\/p>\n
3. Para la gestora, el tribunal querellado \u00abincurri[\u00f3] en una v\u00eda de hecho por causa error sustantivo al proferir la sentencia\u2026 despu\u00e9s de once a\u00f1os de la ocupaci\u00f3n de hecho de un previo privado abandonado sin que hubiese habido previo desplazamiento ni violencia contra sus propietarios quienes lo recibieron por adjudicaci\u00f3n del\u2026 \u201cIncora\u201d, en el a\u00f1o 1998 [SIC]\u00bb comoquiera que \u00abno [se] integr[\u00f3] el litisconsorcio y [se] omiti[\u00f3] la notificaci\u00f3n personal de la admisi\u00f3n de la demanda o de los incidentes procesales a la persona poseedora material del objeto de la demanda [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio confirm\u00f3 que en ese despacho se tramit\u00f3 el proceso fustigado hasta la fase probatoria, y procedi\u00f3 a remitirlo a la Sala Civil Especializada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ante el reconocimiento de opositores. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad del resguardo, habida consideraci\u00f3n que \u00aba dicho proceso se le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite previsto en la Ley 1448 de 2011, y dem\u00e1s normas procedimentales aplicables que por remisi\u00f3n rigen la materia, garantizando el acceso efectivo y oportuno a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y dem\u00e1s conexos\u00bb, de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrsele lesi\u00f3n a derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Procurador 23 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00abnegar y rechazar la presente tutela, por improcedente y evidente temeridad [SIC]\u00bb, en la medida que se trata de una \u00abposible maniobra dilatoria o temeraria, leguleyada o argucia jur\u00eddica para que terceros obligados a entregar un predio que hab\u00eda sido despojado a sus verdaderos ocupantes, se beneficien de estas maniobras, argucias o leguleyadas, comunes en los despojos de tierras y muy comunes en las personas que ocasionaron el desplazamiento como lo fueron los narcoparamilitares de la zona o sus c\u00f3mplices, encubridores, testaferros o los empresarios corruptos o politiqueros corruptos c\u00f3mplices de los grupos ilegales [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que \u00abexiste la posibilidad de ejercer alg\u00fan recurso o medio de defensa diferente a la tutela y adem\u00e1s estaba siendo ejercitado\u2026 ante el Tribunal \u2026 y se encontraba a la espera de ser resuelto, y por ello la tutela puede derivar en una acci\u00f3n prematura constituy\u00e9ndose como improcedente\u00bb; sin embargo, no indica cu\u00e1l instrumento defensivo fue activado por la gestora, ni cu\u00e1ndo ocurri\u00f3 ello. <\/p>\n
3. La defensora p\u00fablica que represent\u00f3 a Alcira Herrera Rodr\u00edguez como opositora en el proceso de restituci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, advirti\u00f3 que el resguardo resultaba \u00abimprocedente\u00bb comoquiera que la accionante \u00abno re\u00fane los requisitos establecidos en el art\u00edculo 3 de la ley 1448 de 2011\u00bb para ser reconocida como v\u00edctima ni adjunt\u00f3 \u00abprueba siquiera sumaria de haber sufrido un da\u00f1o por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, ni que sea v\u00edctima [del] conflicto ella o su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o pareja del mismo sexo familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la victima directa o estar en segundo grado de consanguinidad ascendente [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador Regional de instrucci\u00f3n del Meta y la Personera Municipal de Puerto Gait\u00e1n pidieron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esas dependencias del Ministerio P\u00fablico por carecer de \u00ablegitimidad\u00bb en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. La Directora Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD, la jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la UARIV y el apoderado de Ecopetrol S.A., tambi\u00e9n impetraron ser apartados del presente tr\u00e1mite ante la ausencia de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer, preliminarmente, si la presente salvaguarda satisface el presupuesto de la subsidiariedad que le es inherente y, de superarse lo anterior, si la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3, al interior del juicio especial 2016-00159-01, las prerrogativas invocadas por Ana Yanet Tapias G\u00f3mez con la expedici\u00f3n de la sentencia de 4 de junio de 2020 por medio de la cual ampar\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n de Jos\u00e9 Antonio Hern\u00e1ndez Ocampo, pues, supuestamente, no fue vinculada a la actuaci\u00f3n y no pudo oponerse a la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La subsidiariedad <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a \u00e9se car\u00e1cter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos judiciales estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. La inobservancia del presupuesto arriba mencionado se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama o, incluso, porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen se configura la segunda modalidad comoquiera que Ana Yanet Tapias cuenta con herramientas al interior del proceso para proponer las inquietudes que son objeto de esta demanda de amparo las cuales, de acuerdo con el material probatorio, no han sido activadas ante la magistratura querellada. <\/p>\n
En tal virtud, el resguardo resulta improcedente habida cuenta que la gestora, pese a tener instrumentos id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de sus intereses respecto del bien sobre el que recay\u00f3 la reclamaci\u00f3n, prefiri\u00f3 acudir directamente a esta particular senda, con el fin de obtener un pronunciamiento expedito por fuera de los cauces propios de la actuaci\u00f3n, obviando que es al interior de ella donde se deben realizar este tipo de solicitudes para ser resueltas por el funcionario competente, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta acci\u00f3n supralegal que fue erigida para proteger derechos fundamentales, ante la ausencia de mecanismos de defensa ordinarios, y no para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, de conformidad con los principios orientadores del auxilio constitucional, el mismo se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros medios de protecci\u00f3n de sus derechos, por ende, no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de los dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, de manera que la inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad lleva indefectiblemente a la inviabilidad de la salvaguarda en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En cuanto al medio de defensa adecuado para debatir asuntos propios de los litigios, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC6448-2023, 5 jul., rad. 00196-01, entre otras). \u00c9nfasis a prop\u00f3sito. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, dada la aptitud de las herramientas judiciales a disposici\u00f3n de la gestora, no procede la salvaguarda ni siquiera como protecci\u00f3n transitoria, pues como lo dijo esta Sala en oportunidad anterior, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n, pues la promotora de la acci\u00f3n no se encuentra en ninguna situaci\u00f3n calamitosa, de tal magnitud, que no pueda acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos (\u2026)\u00bb (CSJ STC15701-2016, 26 oct., rad. 00378-01). <\/p>\n
As\u00ed, para pretender el reconocimiento de un perjuicio irremediable es menester demostrar suficientemente la inminencia de un da\u00f1o de tal magnitud que amerite otorgar el resguardo de manera transitoria y, si bien en este evento la actora inform\u00f3 que la diligencia de entrega deb\u00eda ser evacuada a escasos d\u00edas de la formulaci\u00f3n de la tutela, lo cierto es que, dicha circunstancia no tiene la potencialidad de enervar el cumplimiento de la decisi\u00f3n judicial cuestionada, m\u00e1xime si se tiene en cuenta, como ya se puntualiz\u00f3, se trata de una determinaci\u00f3n que goza de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario, ya que frente a la reclamaci\u00f3n que plantea la gestora del amparo, existen mecanismos procesales adecuados, al interior del proceso, a trav\u00e9s de los cuales se pueden proponer las presuntas irregularidades por ella detectadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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