STC13784-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13784-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02545-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Stella Moreno Ram\u00edrez contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n rad. n\u00b0 2022-00047. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
La promotora, tras destacar que se trata de \u00abuna persona de la tercera edad, campesina, con educaci\u00f3n de tercero de primaria, con una situaci\u00f3n econ\u00f3mica muy precaria\u00bb, indica que al interior del juicio ejecutivo que Yeison Antonio Chaguendo Pulgar\u00edn promueve en contra de Rosa Mar\u00eda Zorro Forero ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1 (rad. n\u00b0 2022-00047), \u00aben el cual el demandante solicit\u00f3 como medida cautelar el embargo y secuestro del inmueble con FMI No. 156-11917\u00bb, se opuso al secuestro llevado a cabo, toda vez que \u00abingres\u00f3 al predio (\u2026) desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os como empleada del se\u00f1or Bertulfo Carmona, en el a\u00f1o 1986 [y quien posteriormente] le vendi\u00f3 a Sandra Leonora D\u00edaz [que] desde el a\u00f1o 1999 nunca m\u00e1s volvi\u00f3 a aparecer\u00bb, por lo que \u00abdesde entonces (\u2026) opt[\u00f3] por hacerlo [suyo], pagando servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica, impuestos, especialmente arregl\u00e1ndolo en techos, paredes, pisos, evitando su deterioro y habit\u00e1ndolo con [su] familia de manera independiente y sin reconocer a ninguna otra persona con mejor derecho\u00bb. <\/p>\n
A pesar de lo anterior, dice que los estrados encartados desestimaron lo pedido a partir de una \u00abaplicaci\u00f3n plana y tajante a la legislaci\u00f3n que habla de la oposici\u00f3n (art. 309 del CGP)\u00bb y que aun cuando \u00ablas pruebas demuestran posesi\u00f3n, los autos que resuelven el incidente hablan de administraci\u00f3n [omitiendo] aplicar los arts. 8 y 42 del CGP\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abse ordene a los juzgados accionados anular los autos de primera y segunda instancia que resolvieron el incidente de oposici\u00f3n (\u2026) presentado a la diligencia de secuestro llevada a cabo por el Juzgado Promiscuo Municipal de Alban (\u2026) [respecto del inmueble distinguido] con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 156-11917\u00bb y, en su lugar \u00abproceder nuevamente a fallar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1 mencion\u00f3 las actuaciones adelantadas y remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio deprecado al considerar que \u00ablo resuelto con el auto de segunda instancia que dict\u00f3 la se\u00f1ora Juez Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 obedeci\u00f3 a argumentaciones serias, en punto a la distribuci\u00f3n y ejercicio de la carga probatoria que en la materia consagra el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, por lo que lo decidido \u00abno encuentra yerros que, por su magnitud y trascendencia pudieran hacer viable la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, siendo que \u00ablo planteado ac\u00e1 por la accionante no va m\u00e1s all\u00e1 de la exposici\u00f3n de su propio criterio\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora discutiendo que \u00abno se trata de una \u201cdivergencia\u201d respecto a las consideraciones de los falladores\u00bb, sino que debe tenerse en cuenta \u00ab[su] situaci\u00f3n constituida por el hecho de que [es] anciana, que [su] grado de instrucci\u00f3n apenas [l]e permite rasgu\u00f1ar (sic) [su] nombre, que por haber vivido en el campo durante toda [su] vida [tiene] total desconocimiento y temor para afrontar y expresar[se] correctamente ante las autoridades\u00bb, lo que, en su criterio, le otorga una especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en que \u00abel acopio probatorio allegado al proceso, [lleva] a concluir que [sus] actos han sido de poseedora y no de administradora\u00bb y resalt\u00f3 que, en todo caso, \u00abla nuda propietaria inscrita no ha aparecido a defender lo que supuestamente es suyo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la convocante, en el asunto rad. n\u00b0 2022-00047, por cuanto decidi\u00f3 \u00abCONFIRMAR el auto calendado veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023), proferido por el Juzgado Primero (1) Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., mediante el cual se declar\u00f3 impr\u00f3spera la solicitud de levantamiento y\/o cancelaci\u00f3n del secuestro sobre un inmueble, formulado por Gloria Stella Moreno Ram\u00edrez\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el pasado 4 de octubre por el estrado del circuito accionado, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que sirvieron para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aquella no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.1. En efecto, para arribar a la determinaci\u00f3n objeto de reproche, el ad-quem convocado, despu\u00e9s de establecer que el canon 596 del estatuto procesal \u00abotorga a un tercer poseedor la posibilidad de liberar bienes comprometidos en una ejecuci\u00f3n de la cual no es parte, oponi\u00e9ndose a la diligencia de secuestro\u00bb, subray\u00f3 que al tenor del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, respecto a la posesi\u00f3n que alega Gloria Stella Moreno Ram\u00edrez, al revisar \u00ablas pruebas decretadas y practicadas en la diligencia de secuestro y en la audiencia en que se resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n (\u2026) [las mismas] no tienen la contundencia que pretende endilgarse, pues, demostrar que se realiz\u00f3 el pago de los impuestos municipales (predial \u2013a\u00f1os 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021y 2022), no es un acto suficiente para tener por demostrada la posesi\u00f3n reclamada, ya que, los pagos los puede realizar un secuestre, un mero tenedor, un locatario, un arrendatario, sin que de ello pueda desprenderse, que se trata de un poseedor\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, al referirse a la certificaci\u00f3n emitida por la Junta de Acci\u00f3n Comunal de la vereda donde se ubica el inmueble objeto del proceso, la juez acusada dijo que dicha documental \u00abno permite tampoco establecer que la se\u00f1ora Gloria Stella Moreno Ram\u00edrez ostenta la condici\u00f3n de poseedora, dicho certificado da cuenta de que por el lapso de al menos 20 a\u00f1os, reside en el lugar, pero ello no implica que, con habitar dicho inmueble, obtenga la condici\u00f3n de poseedora\u00bb y, que \u00absi lo anterior no fuera suficiente, los testigos recibidos en audiencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023), que la misma interesada convoc\u00f3, contrario a soportar la presunta posesi\u00f3n, de manera espont\u00e1nea y de forma concordante, no se\u00f1alaron de forma clara la condici\u00f3n de poseedora de la se\u00f1ora Gloria Stella, pues pese a informar no conocer a la propietaria inscrita, se\u00f1alaron de la interesada que se trataba de una persona que cuidaba hace mucho tiempo la finca, que permiten establecer que en efecto, la se\u00f1ora Gloria Stella ocupa el inmueble, pero no, con \u00e1nimo de poseedora. Pues el hecho de se le reconozca como vigilante del predio, conlleva que lo hace para otro y no para ella\u00bb, lo que a su vez resulta acorde con las propias declaraciones de la opositora, que la condujeron a concluir que \u00abreconoce un dominio ajeno, que la encargaron de cuidar el predio pero no le han pagado el sueldo, por lo tanto el derecho que podr\u00eda tener es el de cobrar el sueldo, lo que la alejana (sic) de la consideraci\u00f3n propia como poseedora\u00bb. <\/p>\n
Luego, la falladora encargada, puntualiz\u00f3 que la manifestaci\u00f3n alusiva a que \u00ab\u201cpara acreditar mi condici\u00f3n de poseedora manifiesto que ya me encuentro adelantando proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u201d (\u2026) no puede ser tenida como un hecho o acto que acredite su posesi\u00f3n, [pues] en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble no aparece inscrito ning\u00fan proceso de pertenencia, mucho menos se aport\u00f3 copia de [un] auto (\u2026) donde conste dicha actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, defini\u00f3 que no hab\u00eda elementos de prueba suficientes que permitan establecer la condici\u00f3n de poseedora que reclama la aqu\u00ed accionante y, por ende, \u00abla determinaci\u00f3n del a quo, se dio luego del surtir el procedimiento previsto para la oposici\u00f3n al secuestro, sin que pueda advertirse ninguna circunstancia irregular que invalide lo actuado; tambi\u00e9n es claro, que la parte apelante, no logr\u00f3 probar los actos de posesi\u00f3n que dijo la opositora como argumentos de la oposici\u00f3n, es decir no cumpli\u00f3 con la carga probatoria para llevar al Juzgador al pleno convencimiento de su propio dicho en cuanto a la posesi\u00f3n material que supuestamente ven\u00eda ejerciendo\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, consider\u00f3 que \u00ablas consideraciones expuestas por el apelante, en relaci\u00f3n con la edad de su representada, no son elemento de juicio para tenerla o no como poseedora, como mera tenedora y ser ello el elemento en que se funde la decisi\u00f3n [y] como control de legalidad, [indic\u00f3 que] el Juez de Primera instancia podr\u00e1, si a bien lo tiene, ordenar al Juez que practic\u00f3 la diligencia de secuestro, que adicione el acta de la diligencia, para declarar legalmente secuestrado el inmueble y entregado al secuestre\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado. Por el contrario, la decisi\u00f3n criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado igualmente que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, sobre la afirmaci\u00f3n de la libelista de que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013en tanto pertenece a la tercera edad, adem\u00e1s de otras condiciones de vulnerabilidad\u2013, esta Colegiatura pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar el amparo en la forma pretendida, pues, sobre el particular, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.). Aunado a ello, nada obsta para que la parte interesada acuda directamente ante las autoridades competentes para ser parte de los programas sociales establecidos, tanto por el gobierno nacional, como por el local, y que impulsan el acceso a una vivienda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pues el prove\u00eddo materia de censura fue motivado y lo pretendido por la tutelante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13784-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13784-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02545-01 Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78094","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78094"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78094\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}