STC13786-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13786-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04364-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Mirella Parales Carvajal contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad y los intervinientes en el liquidatorio radicado bajo el n\u00b0 2018-00154. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana y a la tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 26 de octubre de 1995 contrajo matrimonio con David Holgu\u00edn con quien procre\u00f3 dos hijos, y el 26 de diciembre de 2016 se produjo el divorcio y consecuente disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, tras lo cual su ex pareja promovi\u00f3 el proceso de liquidaci\u00f3n que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Arauca, en cuyo proceso se llev\u00f3 a cabo la diligencia de presentaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos el 10 de julio de 2019, donde ella \u00abobjet\u00f3 algunas partidas\u00bb presentadas por tres acreedores, y su contraparte \u00abhizo una simple manifestaci\u00f3n de inclusi\u00f3n y petici\u00f3n de exclusi\u00f3n de partidas de deudas\u00bb. <\/p>\n
Que tras las sesiones de audiencia del 7 de noviembre de 2019, 5 y 13 de octubre de 2020 donde se practicaron interrogatorios y testimonios, y de que se allegaran respuestas a oficios, \u00abel 3 de diciembre de 2020, el apoderado de David Holgu\u00edn alleg\u00f3 copia de promesa de compraventa celebrada entre las partes el 15 de mayo de 2014, ello, para \u201ctener en cuenta en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u201d y probar la compra de 22 hect\u00e1reas de terreno aleda\u00f1as a la finca Las Palmeras, documento del que se corri\u00f3 traslado a la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante auto n\u00b0 036 proferido en audiencia del d\u00eda 26 de enero de 2021, [el juzgado] decidi\u00f3 las objeciones presentadas por las partes, a los inventarios y aval\u00faos de los bienes (activos y pasivos) de la sociedad conyugal, y all\u00ed, sin fundamentos jur\u00eddicos probatorios serios y suficientes, rayando en la discrecionalidad absoluta y arbitrariedad, declar\u00f3 probadas las supuestas objeciones a los bienes y deudas, que en realidad nunca hizo el demandante David Holgu\u00edn, pero que de oficio y sin pruebas ni sustentaci\u00f3n alguna as\u00ed lo consider\u00f3 el Juzgado, basadas en su gran mayor\u00eda en el solo dicho o alegato del apoderado de aqu\u00e9l, tales como decir \u201ca mi cliente no le consta\u201d, violando ostensiblemente los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en cuanto al derecho a la motivaci\u00f3n debida, 164, 167, 176 y 501-3 del C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n
Que al se\u00f1or Holgu\u00edn \u00absolo le bast\u00f3 decir que no sab\u00eda de las deudas\u00bb, para que el despacho a-quo resolviera \u00abincluir bienes que no corresponden a la sociedad, dejar de incluir otros y excluir deudas del pasivo de la sociedad conyugal para asignarla ilegal e injustamente a la demandada Luz Mirella Parales, sin que estuviera demostrado que fuesen deudas personales de \u00e9sta y lo peor, sin que se hubiesen efectivamente objetado, dado que solo se pidi\u00f3 que se excluyeran, pero sin indicar, alegar ni demostrar el porqu\u00e9 de ello\u00bb. <\/p>\n
Que contra la anterior resoluci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n para controvertir: \u00ab(i) partida tercera de los activos del demandante; (ii) partida cuarta de los activos presentados por [la demandada], y; (iii) partidas primera, tercera, quinta, sexta, s\u00e9ptima, octava, novena, d\u00e9cima, und\u00e9cima, duod\u00e9cima, d\u00e9cima tercera, d\u00e9cima cuarta, d\u00e9cima quinta, d\u00e9cima sexta, d\u00e9cima s\u00e9ptima, d\u00e9cima octava, d\u00e9cima novena y vig\u00e9sima de los pasivos presentados\u00bb; y, \u00abla apoderada de Luis Eduardo Pineda Palomino, Alirio Alberto Garrido Parales y Marco Aurelio Hern\u00e1ndez Zambrano, acreedores reconocidos al interior del proceso de liquidaci\u00f3n, recurri\u00f3 frente a las partidas d\u00e9cima cuarta, d\u00e9cima quinta, d\u00e9cima sexta y d\u00e9cima s\u00e9ptima de los pasivos presentados por la demandada Luz Mirella Parales Carvajal\u00bb. <\/p>\n
Que, con prove\u00eddo del 18 de mayo de 2023, el tribunal \u00abresolvi\u00f3 confirmar el auto de 26 de enero de 2021, y condenar en costas a la parte recurrente\u00bb, decisi\u00f3n que en su sentir configura \u00abdefectos sustantivo, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente\u00bb, porque, \u00abal igual que lo hizo el Juzgado, el Tribunal se equivoc\u00f3 al darle tr\u00e1mite a una objeci\u00f3n que jam\u00e1s, ni en ning\u00fan momento hizo el demandante, como consta en el folio 149, correspondiente al auto de la audiencia celebrada el 10 de julio de 2019\u00bb, y que \u00ablo llev\u00f3 a optar por una interpretaci\u00f3n que contrar\u00eda los postulados m\u00ednimos de la razonabilidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que por esta v\u00eda se disponga \u00abla descalificaci\u00f3n judicial del auto de 18 de mayo de 2023, proferido por el Tribunal [accionado], en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal radicado [2018-00154], donde sin objeciones del all\u00ed demandante David Holgu\u00edn, fueron excluidas varias partidas de los pasivos sociales para beneficiarlo con un enriquecimiento il\u00edcito\u00bb, y ordenarle a dicha colegiatura, que \u00abvuelva a proferir auto que sea constitucional, legal y congruente con el imperio de la ley, la l\u00ednea jurisprudencial sobre la razonabilidad en las objeciones, los hechos y las pruebas allegadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada, manifest\u00f3 que esta \u00abse ajusta a derecho, pues en la misma se abordaron todos los puntos de inconformidad planteados por la parte recurrente y aqu\u00ed accionante contra la decisi\u00f3n del Juzgado de excluir de haber social los activos y pasivos por ella denunciados. Al respecto, se resalt\u00f3 el deber que le asiste a las partes al presentar sus partidas, m\u00e1s a\u00fan cuando lo que se pretende incluir es una deuda, ya que esta obligaci\u00f3n adem\u00e1s de estar relacionada, debe estar respaldada con el t\u00edtulo valor respectivo\u00bb, y concluy\u00f3 que \u00abel hecho de que la obligaci\u00f3n haya sido adquirida por la demandada en el intervalo de la sociedad conyugal, ello por s\u00ed solo no permite la prosperidad de inclusi\u00f3n en el pasivo reclamado, toda vez que, como se expuso a lo largo de la providencia, deb\u00eda acreditar las circunstancias por las cuales la obligaci\u00f3n a su cargo, en lugar de personales, hab\u00edan sido destinadas a atender gastos de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Arauca, remiti\u00f3 el enlace para acceder al respectivo expediente digital y certific\u00f3 \u00abque sobre el asunto adelantando en este Despacho Judicial, bajo el radicado # 81-001-31-10-002-2018-00154-00, no se ha surtido o se surte alg\u00fan tr\u00e1mite ante [esta] Sala\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Arauca, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, porque, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 el prove\u00eddo mediante el cual el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, resolvi\u00f3 las objeciones a los inventarios y aval\u00faos presentados por las partes y acreedores al interior del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal radicado bajo el n\u00b0 2018-00154. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
A tono con la decantada jurisprudencia constitucional, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo modo, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, aunque los jueces ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar la ley, en esa funci\u00f3n puede intervenir el fallador excepcional, \u00absi se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC13340-2023, 5 oct., rad. 00253-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con fundamento en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala otorgar\u00e1 parcialmente el auxilio, toda vez que al resolver la instancia a su cargo mediante providencia del 18 de mayo de 2023: (i) incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico al desatar la objeci\u00f3n de una de las partidas de los activos, y (ii) en defecto de motivaci\u00f3n insuficiente al excluir una partida relacionada con pasivos. Por lo dem\u00e1s, (iii) se desestimar\u00e1n los reproches formulados contra la referida determinaci\u00f3n, comoquiera que lo decidido obedece a un criterio razonable, conforme se detallar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Del defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
Emerge en relaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n de la objeci\u00f3n que la ac\u00e1 accionante propuso frente a la partida 3\u00aa del activo que relacion\u00f3 su contraparte en la audiencia del 10 de julio de 2019, es decir, sobre \u00abel incremento patrimonial que sufri\u00f3 el lote de terreno ubicado en la carrera 10 # 1 Sur -89 del barrio Flor de Mi Llano del municipio de Arauca, desde la vigencia de la sociedad conyugal hasta su disoluci\u00f3n (\u2026), avaluada en $25\u00b4000.000\u00bb. <\/p>\n
Esto, porque como demandada en el liquidatorio, persegu\u00eda su exclusi\u00f3n, aduciendo que durante la sociedad conyugal, sobre dicho bien propio su ex marido \u00abjam\u00e1s limpi\u00f3 dicho terreno y menos invirti\u00f3 un solo peso en mejoras para el mismo\u00bb, y en el interrogatorio oficioso que absolvi\u00f3, asegur\u00f3 que \u00ablo compr\u00f3 en el a\u00f1o 1991 por un valor de $1.500.000\u00bb, y que con material que le regalaron, \u00abconstruy\u00f3 para el a\u00f1o 1994, unas paredes y la parte de una plancha, pero no tiene pisos [y que ese inmueble] no fue habitado porque no se termin\u00f3 de construir\u00bb; el demandante por su parte adujo que \u00ablo compr\u00f3 en un mill\u00f3n de pesos (\u2026), pero como para esa \u00e9poca no hab\u00eda resuelto la sociedad conyugal con la mam\u00e1 de su hijo mayor [ese y otro bien] se compraron a nombre a la se\u00f1ora Luz Mirella Parales Carvajal\u00bb. <\/p>\n
En la providencia del 26 de enero de 2021 -que el tribunal confirm\u00f3 el 18 de mayo de 2023-, el juzgado sostuvo que si bien el lote \u00abfue adquirido por la se\u00f1ora Luz Mirella Parales Carvajal, el 15 de agosto de 1995, conforme se desprende de la anotaci\u00f3n # 1 del certificado de tradici\u00f3n y libertad (\u2026), es decir, 2 meses antes que las partes contrajeran matrimonio, pues este ocurri\u00f3 el 26 de octubre de 1995, tambi\u00e9n lo es que, en dicho inmueble se construyeron unas mejoras, tal como lo indicaron las partes al momento de rendir interrogatorio. Informaci\u00f3n corroborada con las fotograf\u00edas tomadas al inmueble (folios 165 a 169); mejoras que sin lugar a equivocaci\u00f3n se realizaron durante la convivencia de las partes\u00bb. <\/p>\n
El ad quem aval\u00f3 tales apreciaciones, precisando que \u00abno puede desconocerse que en el certificado de instrumentos p\u00fablicos se hace menci\u00f3n que el predio corresponde a un \u201clote\u201d; de las fotograf\u00edas allegadas por la parte demandada, que valga se\u00f1alar no contienen registro de la fecha de su captura, se demuestra, tal y como lo aleg\u00f3 el demandante, que en este se hicieron las adecuaciones expuestas por \u00e9l. Ahora, en lo que respecta al estado del bien, as\u00ed como el presunto abandono que David Holgu\u00edn asumi\u00f3 frente al mismo, conforme se alega por la demandada y presuntamente se prueba con los oficios remitidos por veedores comunitarios sobre el estado de referido inmueble, ha de se\u00f1alarse a la parte inconforme que este alegato por s\u00ed solo no constituye base para excluir el incremento reclamado, toda vez que en audiencia se rindieron las explicaciones de ello, situaci\u00f3n que obedeci\u00f3 a la inseguridad presentada en la zona\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se coligen falencias de car\u00e1cter probatorio, e inclusive procedimental, pues trat\u00e1ndose de un bien propio de la demandada y que la partida inventariada por el demandante correspond\u00eda a mejoras, es claro que el juez de conocimiento deb\u00eda establecer estas, precisando, en caso de haberse efectuado durante la vigencia de la sociedad conyugal, cu\u00e1l era su valor. <\/p>\n
No obstante, el labor\u00edo anterior no se aprecia en el sub j\u00fadice, pues partiendo s\u00f3lo del dicho del demandante y de algunas fotograf\u00edas allegadas, asegur\u00f3 que \u00absobre el bien se construyeron unas mejoras y se generaron unos frutos, rendimientos o valorizaciones\u00bb, y dando as\u00ed por cumplida la carga probatoria infiri\u00f3 que del precio recibido por la venta de ese inmueble en 2016, a favor de quien fung\u00eda como la titular de domino s\u00f3lo hab\u00eda que reconocerse lo que hab\u00eda pagado por el bien cerca de 30 a\u00f1os atr\u00e1s, pues en su sentir, el restante era social y por ende deb\u00eda repartirse entre los ex consortes. <\/p>\n
Como ya se dijo, a la colegiatura accionada no le era dable determinar el aval\u00fao de la referida partida bas\u00e1ndose s\u00f3lo en la versi\u00f3n dada por el actor, desvirtuando sin m\u00e1s la de su contraparte, desconociendo igualmente el valor probatorio de los documentos expedidos por la Junta de Acci\u00f3n Comunal, que daba cuenta de las condiciones de \u00ababandono y deterioro\u00bb en que se hallaba el predio y que imped\u00edan que la casa fuera \u00abhabitable\u00bb, por ende, la posibilidad de analizar la vetustez de las mejoras. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, se colige que para incorporar como social la partida en cuesti\u00f3n, se omiti\u00f3 efectuar un examen cr\u00edtico de las pruebas, y establecer si con las allegadas era suficiente para resolver en derecho los reparos, los cuales no s\u00f3lo refer\u00edan a la existencia de un predio propiedad de la demandada, sino a las posibles mejoras que pudieron haberse plantado durante la vigencia de la sociedad conyugal, y por ende, a su valor preciso y objetivo, recurriendo para ello a los medios conducentes y pertinentes, habida cuenta de su necesidad y utilidad para verificar los hechos materia de controversia. <\/p>\n
Cabe recordar que como lo preve\u00eda la anterior normativa adjetiva, el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que: \u00ablas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos [y] el juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb, y que sobre la procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico, la Corte Constitucional ha advertido que este se configura cuando se evidencia \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa)\u00bb, o cuando \u00abel juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-576\/93, T-442\/94, T-538\/94, T-239\/96 y T-567\/98, reiterada en SU-241\/15). <\/p>\n
En similar sentido esta Corte ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Uno de los supuestos que estructura [la tutela] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. <\/p>\n
Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (\u2026), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. <\/p>\n
Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 02231-00, citada en STC6415-2021, 4 jun., rad. 00083-02, entre otras). <\/p>\n
En las condiciones se\u00f1aladas, al haberse dejado de valorar con mayor estrictez las pruebas encaminadas a establecer la existencia y estimaci\u00f3n econ\u00f3mica de la partida que ata\u00f1e a \u00abincremento patrimonial del lote de terreno ubicado en la carrera 10 No. 1 sur-89 barrio Flor de Mi Llano del municipio de Arauca\u00bb, presentada como activo social por el se\u00f1or Holgu\u00edn, se hace necesaria la injerencia del juez constitucional para que se corrija el yerro, disponiendo nueva decisi\u00f3n que defina la objeci\u00f3n, atendiendo el rigor y objetividad probatoria que la ley exige para preservar las garant\u00edas del debido proceso. <\/p>\n
3.2. Insuficiente motivaci\u00f3n. <\/p>\n
El desafuero en comento se predica en cuanto tratamiento dado por la sala enjuiciada a la partida d\u00e9cima quinta del pasivo, porque para definir su objeci\u00f3n, el tribunal dej\u00f3 de abordar aristas que legal y jurisprudencialmente deb\u00edan apreciarse para determinar si correspond\u00eda a deuda personal o ten\u00eda visos de pasivo social. <\/p>\n
3.2.1. Ciertamente, la partida en menci\u00f3n se plante\u00f3 como \u00abpr\u00e9stamo\u00bb adquirido por la se\u00f1ora Luz Mirella Parales Carvajal, representada en \u00abla letra de cambio de 7 de julio de 2014, [a favor de] Luis Eduardo Pineda Palomino, por valor de $30.000.000, m\u00e1s intereses de $18.000.000\u00bb, obligaci\u00f3n respecto de la cual la interesada asegur\u00f3 que no se trataba de deuda personal sino social. Sobre el particular, tras dilucidar -con apoyo jurisprudencial- que contrario al dicho de la demandada, dicha partida fue objetada por el demandante, procedi\u00f3 a confirmar su exclusi\u00f3n del inventario, exponiendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando Luz Mirella Parales Carvajal present\u00f3 de forma escrita los inventarios y aval\u00faos, se observa que olvid\u00f3 resaltar o mostrar en la referida oportunidad la inversi\u00f3n o destino del capital consignado en el t\u00edtulo valor en favor de la sociedad conyugal. <\/p>\n
No obstante, cuando se absolvi\u00f3 el interrogatorio de partes, la demandada dijo al respecto que ese peculio fue utilizado para la compra de un terreno bald\u00edo que se estaba negociando y de unos semovientes, para cubrir el semestre universitario de su hija Ludvy Mallirdec y pagar deudas a los se\u00f1ores Plutarco Rivas y V\u00edctor Lozada. Insisti\u00f3 que para esa fecha \u201cse requer\u00eda estas inversiones\u201d, raz\u00f3n por la que el demandante le dijo que hablara con el aqu\u00ed acreedor para la consecuci\u00f3n de este dinero. <\/p>\n
Por su parte, David Holgu\u00edn se\u00f1al\u00f3 en su interrogatorio desconocer esta deuda; asimismo, refiri\u00f3 que para la \u00e9poca de la firma del t\u00edtulo valor, la demandada ostentaba la credencial como concejal del municipio de Arauca, adem\u00e1s que \u00e9l laboraba en una compa\u00f1\u00eda petrolera en el municipio de Yopal – Casanare, percibiendo el hogar ingresos suficientes para sufragar los gastos del n\u00facleo familiar, sin que recuerde que para el mes de junio del a\u00f1o 2014 haya tenido \u201calg\u00fan apuro econ\u00f3mico\u201d que emergiera la necesidad de adquirir esta obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Como ya se dijo, al tr\u00e1mite incidental tambi\u00e9n concurri\u00f3 este acreedor (Pineda Palomino), quien refiri\u00f3 que la demandada \u201centr\u00f3 en crisis econ\u00f3mica para el a\u00f1o 2014 (\u2026) fue concejal de Arauca (\u2026) despu\u00e9s ella no pudo seguir y ah\u00ed empez\u00f3 el debacle econ\u00f3mico y emocional\u201d. Resalt\u00f3 que para esa \u00e9poca el dinero por \u00e9l suministrado fue invertido para la compra de \u201c4 celulares\u201d, equipos adquiridos para el hogar, as\u00ed como para costear \u201cla educaci\u00f3n de estos muchachos\u201d, refri\u00e9ndose con ello a los hijos de las partes; que la demandada \u201ccomo no qued\u00f3 de concejal ella estaba endeudada tambi\u00e9n y hab\u00eda que socorrerla, entonces recurri\u00f3 a m\u00ed, le prest\u00e9 la plata y por eso se firm\u00f3 la letra de cambio\u201d. Refiri\u00f3 desconocer si David Holgu\u00edn ten\u00eda conocimiento del pr\u00e9stamo, puntualmente dijo \u201cno s\u00e9 si se enter\u00f3, pero me imagino que Lucy tuvo que comentarle cuando le compr\u00f3 el celular\u201d, al paso que dijo que \u00e9l nunca le inform\u00f3 al demandante del pr\u00e9stamo que ahora se dice est\u00e1 a cargo de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Bajo estos supuestos, de la prueba documental y testimonial aportada al tr\u00e1mite no se demuestra de manera cierta e inequ\u00edvoca que esta obligaci\u00f3n haya sido para cubrir gastos sociales, ni tan siquiera se logr\u00f3 establecer las razones que conllevaron a la adquisici\u00f3n de esta deuda por parte de la demandada, toda vez que las versiones ofrecidas muestran entre si varias contradicciones. <\/p>\n
Recordemos que el numeral 2\u00b0 del art. 1796 del C\u00f3digo Civil, establece que \u201cla sociedad es obligada al pago: (…) 2\u00b0) De las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por el marido o la mujer, y que no fueren personales de aqu\u00e9l o \u00e9sta, como lo ser\u00edan las que se contrajeren por el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que el art. 2\u00b0 de la ley 28 de 1932 instituy\u00f3 que \u201ccada uno de los c\u00f3nyuges ser\u00e1 responsable de las deudas que personalmente contraiga, salvo las concernientes a satisfacer las ordinarias necesidades dom\u00e9sticas o de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos comunes, respecto de las cuales responder\u00e1n solidariamente ante terceros, y proporcionalmente entre s\u00ed, conforme al C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
En este caso la parte interesada, no acredit\u00f3 ning\u00fan supuesto de los rese\u00f1ados en las normas citadas, para que esta obligaci\u00f3n sea catalogada como social. Ello es as\u00ed por cuanto: (i) en la elaboraci\u00f3n de los inventarios y aval\u00fao nada se dijo respecto a la inversi\u00f3n de esta acreencia; (ii) en audiencia se atribuy\u00f3 el gasto del dinero para costear la compra de un terreno y para gastos de educaci\u00f3n de Ludvy Mallirdec, sin embargo, no se arrim\u00f3 prueba alguna, m\u00e1s all\u00e1 del dicho de la actora, pues no se acredit\u00f3 siquiera sumariamente que efectivamente este dinero fue utilizado para comprar las hect\u00e1reas rese\u00f1adas; y el material acopiado evidencia que para la educaci\u00f3n de Ludvy Mallirdec se gener\u00f3 un cr\u00e9dito con el ICETEX, y que el demandante sufrag\u00f3 de su salario cuotas al respecto; (iii) el acreedor, quien dijo ser muy cercano a la demandada, disinti\u00f3 de la versi\u00f3n dada por ella en lo que concierne a la inversi\u00f3n del dinero adeudado, esto, por cuanto en audiencia dijo que el dinero fue para comprar unos equipos de telecomunicaci\u00f3n y pagar obligaciones que como consecuencia de la funci\u00f3n de concejal ten\u00eda el extremo pasivo, sumado a que se\u00f1al\u00f3 que el demandante no ten\u00eda conocimiento de la deuda adquirida por su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la demandada no destin\u00f3 mayores esfuerzos para acreditar la calidad de deuda social de la obligaci\u00f3n alegada. La actividad probatoria desplegada por esta en torno a tal particular se circunscribi\u00f3 a demostrar su existencia, empero, no el car\u00e1cter social de la misma. Reit\u00e9rese, no existe certeza, ni se prob\u00f3 fehacientemente, en qu\u00e9 gast\u00f3 Luz Mirella la considerable suma de dinero, lo que impide afirmar que el matrimonio se benefici\u00f3 de alguna u otra forma del peculio. <\/p>\n
El hecho de que la obligaci\u00f3n haya sido adquirida por la demandada en el intervalo de la sociedad conyugal, ello por s\u00ed solo no permite la prosperidad de inclusi\u00f3n en el pasivo reclamado, toda vez que, como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, deb\u00eda acreditar las circunstancias por las cuales la obligaci\u00f3n a su cargo, en lugar de personales, hab\u00edan sido destinadas a atender gastos de la sociedad. <\/p>\n
Y si se analiza la actividad del acreedor, la suerte no es distinta, pues al igual que la peticionaria, la solicitud de inclusi\u00f3n del cr\u00e9dito la soporta solo en el hecho que este fue adquirido en vigencia de la sociedad conyugal. Adem\u00e1s, si bien la recurrente se\u00f1ala que \u201cno hubo prueba alguna que condujera a decir que [la deuda] era para gastos exclusivos o personales\u201d de la demandada, tambi\u00e9n lo es que tales razonamientos desconocen que la carga de probar los destinos de las obligaciones es de quien presenta la solicitud de inclusi\u00f3n, aspecto que aqu\u00ed, res\u00e1ltese, no aconteci\u00f3. <\/p>\n
Conforme a estas consideraciones, no queda otra alternativa que confirmar la decisi\u00f3n que frente a este pasivo emiti\u00f3 el juzgado de instancia\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
3.2.2. De lo anterior, la Corte advierte que al resolver la objeci\u00f3n que acaba de describirse, la corporaci\u00f3n encartada no tuvo en cuenta la interpretaci\u00f3n que la reciente jurisprudencia especializada ha dado al tema de los pasivos en el r\u00e9gimen de la sociedad conyugal y patrimonial, que contempla la capacidad y libre administraci\u00f3n de los bienes adquiridos antes o durante la vigencia de la sociedad. <\/p>\n
En particular, porque a partir del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 28 de 1932, seg\u00fan el cual, \u00ab[c]ada uno de los c\u00f3nyuges ser\u00e1 responsable de las deudas que personalmente contraiga, salvo las concernientes a satisfacer las ordinarias necesidades dom\u00e9sticas o de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos comunes, respecto de las cuales responder\u00e1n solidariamente ante terceros y proporcionalmente entre s\u00ed, conforme al C\u00f3digo Civil\u00bb, la Sala consider\u00f3 necesario unificar el criterio que debe otorgarse a tales deudas, las cuales ya no se presumen personales y por excepci\u00f3n sociales, sino lo contrario. En ese sentido expuso: <\/p>\n
\u00abEn el actual r\u00e9gimen patrimonial del matrimonio y de los compa\u00f1eros permanentes la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes existentes al momento del matrimonio o de la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial, de los aportados o los que se adquieran, la tiene cada uno libremente, es decir a su juicio, y en la medida de sus posibilidades pueden comprar, enajenar o gravar bienes inmuebles o muebles1 sin contar con la aquiescencia del otro. <\/p>\n
Administraci\u00f3n, que ser\u00e1 conjunta, si no se han solicitado y decretado medidas cautelares, una vez se disuelva la sociedad conyugal por alguna de las causales previstas por el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, o la patrimonial por alguno de los motivos se\u00f1alados en el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 54 de 1990, durante el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n, en donde de la masa social se deducir\u00e1 el pasivo social, y los activos l\u00edquidos restantes previas las deducciones y compensaciones a que hubiere lugar, se dividir\u00e1n por partes iguales. <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne con el pasivo, vigente la sociedad2 cada uno responder\u00e1 por el que haya adquirido, excepto si se trata de satisfacer las necesidades dom\u00e9sticas ordinarias o crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos comunes. <\/p>\n
Es decir, por ejemplo, en el evento que uno de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1ero permanente en la compra de un bien mueble o inmueble, independientemente que su destinaci\u00f3n sea o no familiar, contraiga una deuda, ser\u00e1 de su exclusivo cargo el pago, de la misma manera que tiene la facultad dispositiva y administraci\u00f3n libre de los bienes. En caso de incumplimiento responder\u00e1 ya sea con los bienes inmuebles o muebles adquiridos antes del surgimiento de la sociedad, o despu\u00e9s a t\u00edtulo oneroso (art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil), o con el que se haya constituido un gravamen hipotecario o prendario, o con ambos de acuerdo con el art\u00edculo 2449 ibidem. <\/p>\n
Comoquiera que al momento de liquidar la sociedad corresponde presentar el inventario de los bienes y deudas que existan al momento de la disoluci\u00f3n conforme los art\u00edculos 1795 y 1796 del C\u00f3digo Civil que en su numeral 2\u00ba (modificado por el art\u00edculo 62 del Decreto 2820 de 1974), dispone que la sociedad es obligada al pago de las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por el marido o la mujer y que no fueren personales como lo ser\u00eda la que se genere por el establecimiento de un hijo de otro tipo de relaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, el saldo insoluto de las obligaciones adquiridas en vigencia de la sociedad y el que se genere entre el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, ser\u00e1 de cargo de la sociedad, esto es de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes por partes iguales, como ocurre con la distribuci\u00f3n del activo social. <\/p>\n
El numeral 5, art\u00edculo 25 de la Ley 1\u00aa de 1976 que reform\u00f3 el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, corrobora lo anterior toda vez que, si la sociedad conyugal se disuelve por el mutuo acuerdo, la pareja mediante escritura p\u00fablica \u00abincorporar\u00e1 el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidaci\u00f3n\u00bb, y responder\u00e1n \u00absolidariamente frente a los acreedores con t\u00edtulo anterior a la escritura p\u00fablica de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, previsi\u00f3n aplicable a la liquidaci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n del proceso de divorcio, separaci\u00f3n de cuerpos, de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes (art\u00edculo 7 Ley 54 de 1990). <\/p>\n
Por tanto, la hermen\u00e9utica que se ajusta a lo dispuesto por el legislador no solo del a\u00f1o 1932 sino al de 1974 y 1992 es el de establecer en la liquidaci\u00f3n el car\u00e1cter social de los pasivos constituidos en vigencia de la sociedad conyugal y\/o patrimonial. <\/p>\n
(\u2026) Entonces, si de especial trascendencia fue la reforma que introdujo la ley 28 de 1932, entender ahora que el art\u00edculo 2\u00ba consagr\u00f3 la presunci\u00f3n contraria, esto es, que todas las deudas que se contraigan durante el matrimonio son personales, a menos que se acredite que se invirtieron en la comunidad, desconoce totalmente el r\u00e9gimen de comunidad de bienes en cuanto a su conformaci\u00f3n que en t\u00e9rminos generales se mantuvo, la sustancial reforma, tuvo que ver fue con la administraci\u00f3n, que es diferente. <\/p>\n
En este sentido, interpretar err\u00f3neamente esta norma, genera, por dem\u00e1s, un sensible desequilibrio patrimonial, pues al momento de la adjudicaci\u00f3n del bien o bienes, estos s\u00ed ser\u00e1n distribuidos por partes iguales, mientras que la obligaci\u00f3n insoluta, contra\u00edda por cualquiera de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes durante el matrimonio o la convivencia marital por m\u00e1s de dos a\u00f1os, a manera de ejemplo, por la adquisici\u00f3n de uno o varios de los inmuebles o muebles que hacen parte de ese activo social, ser\u00e1 responsabilidad exclusiva, se insiste, de quien la contrajo en vigencia de la sociedad. <\/p>\n
(\u2026) El art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial o conyugal por remisi\u00f3n del canon 523 Ib., precisa que \u00ab[l]a objeci\u00f3n al inventario tendr\u00e1 por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, cuando de pasivos se trata, el juzgador deber\u00e1 atender inicialmente a su car\u00e1cter social cuando fueren adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial. La inclusi\u00f3n de dichas obligaciones se realizar\u00e1 siempre que se cumplan las formalidades all\u00ed previstas, esto es, que consten en t\u00edtulo ejecutivo y que en la audiencia no se objeten o se acepten expresamente por la contraparte (inciso 3, numeral 1, art\u00edculo 501 Ib.). <\/p>\n
La objeci\u00f3n corresponder\u00e1 a la parte que persiga su exclusi\u00f3n, la carga de \u00abprobar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que de ellas persigue\u00bb (art\u00edculo 167 ejusdem), esto es que lo obligaci\u00f3n cuya sociabilidad se presume (art\u00edculo 1795 del C\u00f3digo Civil) gener\u00f3 un beneficio exclusivo total o parcial al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente y no a la sociedad, lo anterior, sin perjuicio de que debido a las particularidades del caso el juez de oficio o a petici\u00f3n de parte distribuya esa carga probatoria entre los involucrados (inciso 2, art\u00edculo 167 C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb (CSJ STC1768-2023, 1\u00b0 mar., rad. 2022-04404-00). <\/p>\n
Entonces, al margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no la definici\u00f3n dada por el tribunal a la calificaci\u00f3n de ese pasivo, lo que debe enfatizarse es que dicho pronunciamiento omiti\u00f3 analizar la situaci\u00f3n con apoyo en los criterios jurisprudenciales referidos. Es decir, no apreci\u00f3 que la normativa aplicable al r\u00e9gimen de sociedad conyugal -como lo es tambi\u00e9n para la patrimonial-, consagra, seg\u00fan el actual criterio interpretativo de esta Sala, una presunci\u00f3n de sociabilidad de pasivos que elimina la posibilidad de desequilibrio patrimonial entre los miembros de la pareja, y en ese orden debieron examinarse los reparos planteados por la ac\u00e1 reclamante. <\/p>\n
Por ello, se itera, el hecho de concederse el auxilio por las deficiencias en la motivaci\u00f3n advertidas, en modo alguno sugiere a la autoridad acusada que el sentido de la resoluci\u00f3n deba ser favorable a la tutelante, en tanto que, con apego a los par\u00e1metros de unificaci\u00f3n, la autoridad accionada deber\u00e1 verificar si los embates de los interesados tienen o no vocaci\u00f3n de prosperidad, pues de lo que se trata es de garantizar la posibilidad de controvertir los argumentos en los que cada uno de ellos ciment\u00f3 sus pedimentos. <\/p>\n
3.2.3. En cuanto a la relevancia de que las providencias judiciales contengan la debida motivaci\u00f3n, los precedentes constitucionales y de esta Sala han sido enf\u00e1ticos en que su desconocimiento acarrea afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, y ello habilita el amparo para conjurarla, en tanto que su finalidad \u00abconsiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente\u00bb (CSJ STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00). <\/p>\n
Igualmente ha reiterado que: \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may., rad. 00123-01, citada en STC7897-2023-2023, 10 ago., rad. 00183-01, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente, recu\u00e9rdese que, \u00ablos jueces \u201cest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u201d (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01), por ello, cuando se enfrente a un caso que guarda connotaciones similares, el juez de la causa est\u00e1 llamado a atender el precedente especializado y vertical para no lesionar las prerrogativas que se protegen en sede constitucional. <\/p>\n
3.3. Del criterio razonable. <\/p>\n
3.3.1. Se predica de cara a los dem\u00e1s ataques que la se\u00f1ora Parales Carvajal dirigi\u00f3 contra la providencia del 18 de mayo de 2023, en primer lugar sobre el cuestionamiento realizado a la partida 4\u00aa del activo que ella present\u00f3, pues para no tener como incluidos \u00ablos 11 equinos y los 52 porcinos que fueron reportados por el Instituto Colombiano Agropecuario \u2013 ICA\u00bb, el tribunal -respaldando al juzgado a-quo-, emiti\u00f3 una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que aleja la posibilidad de incursi\u00f3n en yerros espec\u00edficos de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
Los argumentos de la colegiatura acusada fueron, en lo pertinente, los siguientes: <\/p>\n
\u00abTal como se describi\u00f3 en los antecedentes, la llamada al proceso report\u00f3 con este activo puntualmente 41 reses de ganado bovino, animales que, seg\u00fan lo dicho, estaban marcados con la cifra quemadora de David Holgu\u00edn, se\u00f1alando como aval\u00fao la suma de $58.500.000, pretensi\u00f3n que se incluy\u00f3 en el haber social. <\/p>\n
Es decir, en la estructuraci\u00f3n de los inventarios, la parte aqu\u00ed recurrente, quien es la \u00fanica encargada de confeccionar los mismos, conforme lo regula el numeral 1\u00b0 del art. 501 del CGP, no relacion\u00f3 el activo que ahora pretende incluir a trav\u00e9s de la alzada, raz\u00f3n evidente por la que la juez de instancia no se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n
En efecto, en desarrollo de la audiencia del 10 de julio de 2019, la representante de Luz Mirella inform\u00f3 que con el fin de tener certeza del censo o inventario del ganado inscrito en la finca Las Palmeras, hab\u00eda elevado el 8 de enero de 2019 derecho de petici\u00f3n ante el ICA, autoridad que respondi\u00f3 el requerimiento el 8 de agosto de 2019, en cuyo memorial se enlist\u00f3 los bovinos asociados con las partes -aspectos objeto de la solicitud-, al igual que se adjunt\u00f3 la existencia de los 11 equinos y los 12 porcinos, animales aqu\u00ed predicados por la demandada. <\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, ind\u00edquese a la recurrente la improcedencia de pretender a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n la inclusi\u00f3n en la partida cuarta de los equinos y porcinos en la cantidad ya mencionada, pues, los mismos nunca fueron relacionados, o, tan siquiera, referidos por esta en el desarrollo del tr\u00e1mite judicial, ni en la solicitud previa elevada ante la autoridad administrativa. Res\u00e1ltase, siempre se hizo menci\u00f3n a ganado bovino. <\/p>\n
Recordemos que la relaci\u00f3n que conforman el patrimonio debe arribar al proceso en una forma detallada, identificando de modo suficiente y apropiado los bienes y las deudas que integran el haber social. La compilaci\u00f3n debe contener, en igual medida, el aval\u00fao exacto de cada partida incorporada, situaci\u00f3n que sobre este t\u00f3pico no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Bajo este derrotero, si la demandada considera que se dej\u00f3 de inventariar estos bienes, puede presentar un inventario y aval\u00fao adicional, conforme lo regula el art. 502, y en este escenario, previa garant\u00eda del debido proceso de la contraparte, perseguir la inclusi\u00f3n del activo aqu\u00ed reclamado por parte de la juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
De lo antedicho emerge que al encontrarse debidamente reglamentadas en el ordenamiento adjetivo las formas en que debe presentarse el inventario y aval\u00fao de bienes, sin que una de ellas sea a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n como lo pretendi\u00f3 la ahora tutelante, ning\u00fan reproche en sede constitucional deviene viable frente a la actuaci\u00f3n judicial que acaba de referirse, en tanto se ci\u00f1e a la normativa que rige la tem\u00e1tica y, por consiguiente, aboga por mantener el orden de las actuaciones y garantizar las prerrogativas fundamentales de igualdad y debido proceso para las partes e intervinientes en la contienda judicial. <\/p>\n
3.3.2. En segundo lugar, la razonabilidad tambi\u00e9n emerge de lo resuelto por el ad quem en relaci\u00f3n con la exclusi\u00f3n de algunas de las partidas de pasivos presentados por su antagonista en el liquidatorio, como pasa a verse: <\/p>\n
a) Partida 1\u00aa, relacionada como cr\u00e9dito respaldado con el pagar\u00e9 200155 del 17 de abril de 2001, \u00abadquirido por Luz Mirella Parales Carvajal con el Instituto de Desarrollo de Arauca \u2013IDEAR- [por] $28.022.290\u00bb. Para su exclusi\u00f3n adujo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme lo certific\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca, el IDEAR pretendi\u00f3 judicialmente el recaudo correspondiente al t\u00edtulo valor rese\u00f1ado; sin embargo, la referida actuaci\u00f3n, adelantada bajo el radicado No. 81-001-40-89-002-2006-00077-00, se encuentra archivada, por cuanto el tr\u00e1mite culmin\u00f3 el 18 de mayo de 2010, cuando el Juzgado Civil del Circuito de Arauca confirm\u00f3 la sentencia que declar\u00f3 probada las excepciones propuestas por la ejecutada. <\/p>\n
Es decir, ante la defensa ejercida al interior del proceso ejecutivo, la demandada Parales Carvajal fue absuelta de cancelar la obligaci\u00f3n que ahora pretende relacionar en este tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n, sin que en el sub-lite se haya probado el adelantamiento de cualquier otra acci\u00f3n por parte de la entidad acreedora, que permita inferir la vigencia del pasivo relacionado. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al supuesto reporte negativo en las centrales de riesgo, corresponde a la parte interesada elevar la solicitud de su eliminaci\u00f3n, en el evento de cumplir con los par\u00e1metros y exigencias establecidas en la Ley 1266 de 2008, modificada con la Ley 2157 de 2021\u00bb. <\/p>\n
Es decir que, para el tribunal, como lo fue para el juzgador a-quo, el hecho de que por cuenta de dicho cr\u00e9dito aparezca reporte negativo de la demandada en centrales de riesgo, no implica que a\u00fan contin\u00fae vigente, pues en el expediente se acredit\u00f3 que esa obligaci\u00f3n jur\u00eddicamente qued\u00f3 extinguida por mandato judicial y por ello no podr\u00eda gravar a la sociedad conyugal. <\/p>\n
b) Partida 3\u00aa: \u00abobligaci\u00f3n contenida en la factura de venta No. 162571 y contrato No. 0001440957, adquirida con la sociedad Rena Ware de Colombia S.A. el 5 de junio de 2015, cuyo valor a la fecha asciende a la suma de $3.623.954\u00bb. En sentir de la autoridad convocada, no est\u00e1 llamada a ser incluida como pasivo de la sociedad conyugal, por cuanto, \u00aben la presentaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos no se inform\u00f3 por la parte interesada a que elemento correspond\u00eda esta compra, situaci\u00f3n por la que fue objetada la partida por el demandante\u00bb, y ello tampoco se desprende del \u00abdocumento mercantil\u00bb allegado como soporte, aunado a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el transcurso del tr\u00e1mite se hizo menci\u00f3n que el elemento anteriormente descrito corresponde a un \u201cpurificador de aire\u201d, del cual el demandante dijo desconocer tal utensilio, as\u00ed como que para la fecha de su adquisici\u00f3n al hogar nunca lleg\u00f3 el mismo; no obstante, la recurrente sustent\u00f3 que David Holgu\u00edn reconoci\u00f3 en audiencia que \u201csu hija padece de problemas respiratorios\u201d, lo que motiv\u00f3 la adquisici\u00f3n del aparato, raz\u00f3n por la que argument\u00f3 que esta compra no puede catalogarse como de uso personal de la demandada, sino que se adquiri\u00f3 para el restablecimiento de la salud de un descendiente com\u00fan de los c\u00f3nyuges, obligaci\u00f3n por la que debe responder el demandante, conforme lo establece el art. 1796 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Pues bien, para resolver este reparo, se constata lo siguiente: (i) la prueba allegada da certeza sobre la vigencia de esta obligaci\u00f3n en el interregno de conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, sin embargo, no emerge convencimiento alguno que este utensilio haya sido entregado para uso del hogar; (ii) de la factura de venta No. 162571 del 5 de junio de 2015 no se desprende que el elemento adquirido corresponda a un \u201cpurificador de aire\u201d, conforme lo alega la parte pasiva; y (iii) en el sub lite no qued\u00f3 clarificado si se trata de una obligaci\u00f3n a cargo del patrimonio y en beneficio de los descendientes comunes\u00bb. <\/p>\n
c) Similar situaci\u00f3n advirti\u00f3 el tribunal de cara a las partidas que refieren a cr\u00e9ditos representados en facturas de venta a favor de empresas de telefon\u00eda: Tigo (5\u00aa); Movistar (6\u00aa y 7\u00aa), y Avantel (8\u00aa), al se\u00f1alar como insuficiente la argumentaci\u00f3n dada por la interesada para que hicieran parte de los pasivos sociales, pues: <\/p>\n
\u00abAl ser excluidas del pasivo social, la recurrente sintetiz\u00f3 su inconformidad en que David Holgu\u00edn reconoci\u00f3 que \u201csus hijos tienen Iphone\u201d, adem\u00e1s que la demandada, como consecuencia de estas acreencias, se encuentra reportada en las centrales de riesgos, razones suficientes por las que la sociedad conyugal debe responder por las mismas. <\/p>\n
Frente a ello, ha de se\u00f1alarse varias situaciones: (i) incumpli\u00f3 la demandada con la carga que impone el inciso 4\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art. 501 del CGP, esto es, soportar el pasivo con el respectivo \u201ct\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo\u201d; (ii) del documento anexo como soporte para la obligaci\u00f3n No. 8899927177, no se desprende que la misma se haya generado en vigencia de la sociedad conyugal, as\u00ed como tampoco el abonado telef\u00f3nico m\u00f3vil al cual fue entregado dicho servicio, con el fin de establecer a quien estaba asignado el mismo y con ello, evidenciar si es una deuda personal o social; (ii) en cuanto al pasivo No. 8839114, pese a que fue asumido en vigencia de la sociedad, del memorial adjunto no se observa el beneficiario del servicio para establecer la clasificaci\u00f3n de la deuda; y (iii) referente a los compromisos No. 8839184 y 292279, no se aport\u00f3 documento alguno que soportara tales acreencias. <\/p>\n
Por ello, ante la incuria expuesta, no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperar la pretensi\u00f3n de inclusi\u00f3n de las partidas en el inventario final, el que, valga se\u00f1alar, tiene por objeto allanar el camino a la partici\u00f3n y llegar a la misma con un trabajo id\u00f3neo\u00bb. <\/p>\n
d) La partida 9\u00aa, consistente en el \u00abpagar\u00e9-factura No. 723\u00bb del 15 de septiembre de 2015 a favor de la empresa de comunicaciones \u00abEl Mayorista Tecnologys S.A.S.\u00bb, por la suma de \u00ab$806.105\u00bb, el tribunal la excluy\u00f3 se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00abLa alzada estuvo dirigida a cuestionar que en audiencia David Holgu\u00edn \u201crecord\u00f3 que en la casa exist\u00eda una impresora\u201d, pasivo que se gener\u00f3 en el haber social, deuda que, seg\u00fan considera la recurrente, tambi\u00e9n debe ser asumida por el demandante. <\/p>\n
Para esta Sala la recurrente no present\u00f3 un reparo serio de inconformidad, pues, como se acaba de exponer, solo se limit\u00f3 en decir que no estaba de acuerdo con la exclusi\u00f3n de la partida y manifest\u00f3 que en la sesi\u00f3n de audiencia el demandado hab\u00eda rememorado la existencia de \u201cuna impresora\u201d, lo que a todas luces no se puede tomar como una verdadera sustentaci\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
No hay que perder de vista que la natural reacci\u00f3n de una persona cuando se le resuelve desfavorablemente la controversia, se manifiesta en el deseo de cuestionar la decisi\u00f3n adoptada, y ello se perfecciona a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, que va acompasado con que \u201cel superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante\u201d, art. 320 del CGP, de all\u00ed la importancia de que la parte inconforme est\u00e9 obligada en sustentar su desacuerdo, para que de esta forma el funcionario judicial pueda sopesar los argumentos expuestos y determinar si la decisi\u00f3n censurada supera o no el margen de legalidad, carga procesal que incumpli\u00f3 la apoderada judicial de la demandada, pues se limit\u00f3 a se\u00f1alar que se trataba de la compra de una impresora. <\/p>\n
Lo manifestado por la recurrente no constituye un argumento suficiente que pueda tenerse como sustentaci\u00f3n; sin embargo, estima pertinente esta servidora, con el fin de ser garante de los derechos fundamentales de las partes, hacer las siguientes precisiones. <\/p>\n
Revisado el expediente, especialmente los documentos que sobre este pasivo se allegaron179, se concluye que la parte interesada omiti\u00f3 presentar el documento soporte y\/o t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo -inciso 3\u00b0 del art. 501 del CGP-. N\u00f3tese que la demandada alleg\u00f3 una liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, al igual que \u201cuna carta y reporte a centrales de riesgo\u201d suscrita por el gerente de la empresa de comunicaciones El Mayorista Tecnologys S.A.S; no obstante, de los mismo no se desprende las bases del negocio jur\u00eddico, o, por lo menos, los art\u00edculos adquiridos en la referida tienda, que permita evaluar si este corresponde a un gasto personal o social. <\/p>\n
Y es que fue solo hasta la sustentaci\u00f3n de la alzada, que la recurrente mencion\u00f3 \u201cuna impresora\u201d, presuntamente como el art\u00edculo adquirido; sin embargo, tal informaci\u00f3n no se registr\u00f3 cuando se elabor\u00f3 el respectivo inventario, ni muchos menos se dio a conocer en la audiencia del 10 de julio de 2019\u00bb. <\/p>\n
Por ello, precis\u00f3 que la interesada \u00abno se aport\u00f3 documento alguno que permita verificar estas acreencias, al igual que el valor de las mismas, (\u2026) en el evento de que estos gastos se hayan causado, deber\u00e1 Parales Carvajal acudir, conforme lo establece el art. 502 del CGP, en la referida oportunidad, previo traslado a la parte contraria [y en tales condiciones], ninguna modificaci\u00f3n se har\u00e1 a la decisi\u00f3n [apelada]\u00bb, lo que significa que en momento alguno se est\u00e1 cuestionando la calidad de social que tienen tales impuestos, s\u00f3lo que para intentar su incorporaci\u00f3n, debe acudirse a la figura de los inventarios adicionales. <\/p>\n
f) La partida 14\u00aa de los pasivos fue presentada la demandada en el pleito cuestionado como \u00abobligaci\u00f3n No. 549194 con proceso judicial promovido por la empresa Chevyplan S.A., adelantado en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca bajo el radicado No. 2016-00240-00\u00bb, avaluada en \u00ab$106.724.800\u00bb, la cual relacion\u00f3 seguidamente con \u00abdeuda contra\u00edda por Luz Mirella Parales Carvajal con el se\u00f1or Luis Eduardo Pineda Palomino, para cumplir el acuerdo pactado con Chevyplan [por la suma de] $88.727.192, la cual consta en pagar\u00e9 No. 001 del 7 de junio de 2018\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, fue menester dejar claro que la primera obligaci\u00f3n fue incluida por el juzgado, en tanto el ex c\u00f3nyuge s\u00ed ten\u00eda conocimiento de la existencia del cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de \u00abla camioneta Tracker de placa UDS-960 [y que] para el 26 de diciembre de 2016, fecha en que ocurri\u00f3 la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal se adeudaba la suma de $78.088.100\u00bb, y que, por tanto, la censura de la ac\u00e1 querellante, se enfil\u00f3 por la exclusi\u00f3n de la deuda que adquiri\u00f3 con el se\u00f1or Pineda Palomino mediante pagar\u00e9 del 7 de junio de 2018, frente a lo cual razon\u00f3: <\/p>\n
\u00abAnte este escenario, se parte del hecho cierto e indiscutible que la obligaci\u00f3n No. 001 del 7 de junio de 2018, se constituy\u00f3 por Luz Mirella y Luis Eduardo Pineda Palomino, cuando no estaba vigente la sociedad conyugal con David Holgu\u00edn. En otras palabras, surgi\u00f3 fuera del interregno del 26 de octubre de 1995 al 26 de diciembre de 2016. <\/p>\n
Al respecto, se recuerda que cada uno de los c\u00f3nyuges es responsable de las deudas personales que adquiera, a menos que estas hayan sido adquiridas para satisfacer a la sociedad conyugal. Es ah\u00ed donde corresponde al interesado demostrar de manera cierta la inversi\u00f3n de los dineros o acreencias en beneficio tambi\u00e9n de su c\u00f3nyuge, de no ser as\u00ed, esas obligaciones ser\u00e1n personales y no estar\u00e1n a cargo de la sociedad. <\/p>\n
Hecha la anterior precisi\u00f3n, pasa el Despacho a auscultar las pruebas soportes de la obligaci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Del pagar\u00e9 No. 001 del 7 de junio de 2018, se puede extraer que la suma negociada fue de $88.727.192, la cual se cancelar\u00eda en un plazo de ocho (8) a\u00f1os, cuyos intereses corrientes ser\u00edan del 2% e intereses de mora al m\u00e1ximo permitido por la ley. Asimismo, se consign\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEste dinero que prometo pagar es para respaldar el pr\u00e9stamo de dinero que LUIS EDUARDO PINEDA PALOMINO, me hizo para el pago de la obligaci\u00f3n social contra\u00edda con la sociedad CHEVIPLAN S.A., de fecha 23 de febrero de 2015, que a su vez fue respaldada por el pagar\u00e9 No. 143020, por la compra de una camioneta Chevrolet Tracker de placa UDS960; y la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca, radicado con el No. 2016-00240-00, promovido por \u00e9sta contra mi persona, conforme con la aceptaci\u00f3n del acuerdo de pago de fecha 27 de junio de 2018 firmado por MARCELA FONSECA ROJAS, profesional de cobro jur\u00eddico de CHEVYPLAN, cuyo monto al 30 de junio de 2018 estaba en $106.714.800, y la sociedad demandante condon\u00f3 los intereses moratorios causados hasta el mes de junio del mismo a\u00f1o, comprometi\u00e9ndome por medio de mi apoderado a pagar la \u201cobligaci\u00f3n por valor de $67.812.851, pagaderos as\u00ed: un pago de $12.000.000 a m\u00e1s tardar el 28 de junio de 2018, en horario bancario normal; 56 cuotas mensuales consecutivas de $1.000.000 a partir de julio de 2018. La cuota n\u00famero 56 deber\u00e1 ser de $812.851\u201d. M\u00e1s una prima mensual de seguro de vida por valor de $42.056; donde mi acreedor me entregar\u00e1 mensualmente la suma estipulada en el acuerdo realizado con CHEVYPLAN, a fin de cumplir con el compromiso adquirido y as\u00ed evitar la p\u00e9rdida de los beneficios pactados y una vez realizado el desembolso de la cuota 56, se incluir\u00e1n $15.000.000, por servicios de honorarios profesionales de la defensa judicial de este proceso\u201d. (\u2026) <\/p>\n
Que pagar\u00e9 el capital indicado (\u2026) mediante (24) cuotas iguales, mensuales y sucesivas, a partir del momento en que se realice el pago de la \u00faltima cuota y por ende la terminaci\u00f3n del proceso promovido por CHEVYPLAN, cada una de ellas por un mont\u00f3n de tres millones seiscientos noventa y seis mil novecientos sesenta y seis pesos ($3.696.966). La primera de estas cuotas se cancelar\u00e1 el d\u00eda (30 de junio de 2023) y de all\u00ed en adelante en forma mensual el \u00faltimo d\u00eda de cada mes, hasta el d\u00eda 30 de junio de 2025\u201d. <\/p>\n
En el expediente tambi\u00e9n obra oficio de 27 de junio de 2018, a trav\u00e9s del cual CHEVYPLAN S.A. inform\u00f3 a Parales Carvajal que: <\/p>\n
\u201c1. La obligaci\u00f3n ingres\u00f3 a cobro jur\u00eddico el 19 de mayo de 2016, debido a que present\u00f3 incumplimiento en el pago de sus cuotas mensuales; por esa raz\u00f3n, se hizo efectiva la cl\u00e1usula aceleratoria establecida en el pagar\u00e9 suscrito por Usted, es decir, que la sociedad exige el pago del saldo total de la deuda, el cual se cobra mediante proceso ejecutivo en su contra. <\/p>\n
2. ChevyPlan S.A. autoriza el pago de su obligaci\u00f3n por $67.812.851 pagaderos as\u00ed: <\/p>\n
\u27a2 Un pago de $12.000.000 a m\u00e1s tardar el 28 de junio de 2018, en horario bancario normal. <\/p>\n
\u27a2 56 cuotas mensuales consecutivas de $1.000.000, a partir de julio de 2018. La cuota n\u00famero 56 deber\u00e1 ser de $812.851. <\/p>\n
3. Informamos que debe realizar el pago de su obligaci\u00f3n a trav\u00e9s de volante de recaudo empresarial a la referencia o c\u00f3digo 0734003201-5, en las siguientes cuentas de recaudo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, de los interrogatorios y la prueba testimonial recaudada, se extrae lo siguiente: <\/p>\n
Luz Mirella Parales Carvajal reiter\u00f3 que se vio en la necesidad de suscribir con el se\u00f1or Luis Eduardo Pineda Palomino el pagar\u00e9 referido para \u201cpagar el cr\u00e9dito de CHEVYPLAN\u201d; asimismo, reiter\u00f3 que el acreedor Pineda Palomino es quien \u201cest\u00e1 pagando las cuotas respectivas mensuales\u201d a Chevyplan, conforme se registr\u00f3 en el contenido del negocio, desconociendo ella en la actualidad si existe saldo pendiente por cancelar. <\/p>\n
David Holgu\u00edn dijo no tener conocimiento de esta obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Luis Eduardo Pineda Palomino, quien afirm\u00f3 ser cu\u00f1ado de la demandada, refiri\u00f3 conocer los tr\u00e1mites adelantados por esta al interior de la negociaci\u00f3n con la empresa CHEVYPLAN S.A.; que fue \u00e9l quien prest\u00f3 el dinero a Parales Carvajal y asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de pagar mensualmente a CHEVYPLAN S.A. la suma de \u201cmill\u00f3n cuarenta y dos mil, algo as\u00ed, de las cincuenta y cinco cuotas, eso lo sigo pagando, estamos ah\u00ed con esa deuda\u201d , quien adem\u00e1s dijo que una vez \u201ctermine de pagar ella tiene que pagarme a m\u00ed, es una deuda respaldada\u201d. <\/p>\n
En ese orden, se puede concluir que Luz Mirella Parales Carvajal no demostr\u00f3 de manera cierta la inversi\u00f3n del pagar\u00e9 No. 001 de 7 de junio de 2018 en beneficio tambi\u00e9n de su c\u00f3nyuge, en este caso, para sufragar la deuda del veh\u00edculo camioneta, marca Chevrolet, l\u00ednea Tracker FWD LS MT, modelo 2015, placas UDS960 con la empresa CHEVYPLAN S.A., carga que deb\u00eda cumplir para la prosperidad de su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, llama la atenci\u00f3n de esta funcionaria judicial lo siguiente: (i) estamos ante una obligaci\u00f3n que no se celebr\u00f3 en el interregno de la sociedad conyugal; (ii) el t\u00edtulo valor se constituy\u00f3 veinte (20) d\u00edas antes de que se aceptara por CHEVYPLAN S.A. el ofrecimiento de pago. Obs\u00e9rvese que en el contenido del pagar\u00e9 se hace relaci\u00f3n a la aceptaci\u00f3n de la propuesta del 27 de junio de 2018, cuando para la creaci\u00f3n del documento \u00e9sta todav\u00eda no se hab\u00eda emitido, y; (iii) Luz Mirella Parales Carvajal no aport\u00f3 prueba siquiera sumaria que evidenciara que Luis Eduardo Pineda Palomino est\u00e1 realizando las consignaciones mensuales a la empresa CHEVYPLAN S.A., conforme se expuso en el tr\u00e1mite, resultando indispensable ello para establecer que los referidos pagos satisfacen una deuda social. <\/p>\n
Lo cierto es que, en la alzada, la recurrente es insistente en expresar que si la deuda adquirida con CHEVYPLAN S.A. es social, la misma suerte debe correr con el pagar\u00e9 No. 001 del 7 de junio de 2018, empero, como se acaba de exponer, existen serias contradicciones, al igual que en el plenario no qued\u00f3 establecido el aprovechamiento de este pasivo por el matrimonio. <\/p>\n
Finalmente, conforme lo expuso la a quo y en consonancia con el inciso 4\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art. 501 del CGP, Luis Eduardo Pineda Palomino podr\u00e1 hacer valer su derecho en proceso separado\u00bb. <\/p>\n
g) La partida 16\u00aa de los pasivos, presentada como \u00abdeuda contenida en la hipoteca -sobre el 50% de la finca Las Palmas-, por la suma de $30.000.000, suscrita a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica No. 1148 de 16 de junio de 2017, por Luz Mirella Parales Carvajal y cuyo acreedor es Marco Aurelio Hern\u00e1ndez Zambrano\u00bb, en tanto ese dinero \u00abfue para pagar \u201cotras deudas de la sociedad conyugal\u201d\u00bb, el tribunal lo dej\u00f3 fuera del inventario, reiterando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que cada uno de los c\u00f3nyuges es responsable de las deudas personales que adquiera, m\u00e1s a\u00fan cuando la obligaci\u00f3n se consolid\u00f3 posterior a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal. En el sub examine se tiene que David Holgu\u00edn y Luz Mirella disolvieron el matrimonio de com\u00fan acuerdo mediante escritura p\u00fablica No. 2196 de 26 de diciembre de 2016, con lo que queda plenamente establecido que la obligaci\u00f3n aqu\u00ed reclamada no se adquiri\u00f3 en su vigencia, sino tiempo despu\u00e9s de ocurrida dicha disoluci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, raz\u00f3n le asisti\u00f3 a la Juez cuando desestim\u00f3 la inclusi\u00f3n de este pasivo, dado que, a voces del numeral 2\u00b0 del art. 1796 del C\u00f3digo Civil, la misma no fue una obligaci\u00f3n contra\u00edda por el marido o la mujer durante la sociedad, motivo por el que el demandado no est\u00e1 obligada a asumirla. <\/p>\n
Y es que n\u00f3tese que la aqu\u00ed demandada reconoci\u00f3, al rendir el interrogatorio de parte, que David Holgu\u00edn no ten\u00eda conocimiento de la existencia de dicha obligaci\u00f3n. Puntualmente, cuando se le pregunt\u00f3: \u00bflas deudas adquiridas despu\u00e9s de octubre de 2015 se hicieron con el consentimiento de David Holgu\u00edn?, respondi\u00f3: \u201cla deuda con el se\u00f1or Marcos Hern\u00e1ndez no\u201d; esto es l\u00f3gico, en el sentido que las partes aqu\u00ed involucradas para el 16 de junio de 2017 ya no conviv\u00edan. <\/p>\n
Lo anterior, adem\u00e1s, es congruente con lo dicho por el demandante, quien en audiencia indic\u00f3 que esta obligaci\u00f3n era \u201ccompletamente desconocido para m\u00ed y no entiendo cu\u00e1l fue el motivo o la circunstancia que llev\u00f3 a adquirir, ni conozco al se\u00f1or Marcos\u201d. <\/p>\n
Ahora, en el curso del tr\u00e1mite se aleg\u00f3 por el extremo pasivo que esta obligaci\u00f3n se adquiri\u00f3 para sanear unas deudas causadas en vigencia de la sociedad conyugal, estas son, una contra\u00edda el 17 de junio de 2015 con Carmen Cisneros y, la otra, de 12 de enero de 2015 con Alirio Alberto Garrido Parales. <\/p>\n
De darse por cierto este proceder, Luz Mirella Parales Carvajal asumi\u00f3 personal y unilateralmente el cumplimiento de esas obligaciones y previo a este proceder, debi\u00f3 esperar para incluir estos compromisos en la relaci\u00f3n de pasivos asumidos por el hogar. <\/p>\n
Y no est\u00e1 de m\u00e1s resaltar que en la alzada se aleg\u00f3 que al tr\u00e1mite se allegaron pruebas documentales que dan cuenta que esta suma fue invertida para cancelar parte de esos cr\u00e9ditos; sin embargo, revisada esa instrumental, especialmente el comprobante que hace alusi\u00f3n a la deuda con Alirio Alberto Garrido Parales, observa esta judicatura que en este se consign\u00f3 como fecha del presunto abono el 28 de diciembre de 2016, situaci\u00f3n que contrar\u00eda el argumento central de la demandada, pues, la deuda contenida en la hipoteca aqu\u00ed estudiada data del 16 de junio de 2017. <\/p>\n
Entonces, se pregunta este estrado judicial \u00bfC\u00f3mo la demandada puede alegar que el 28 de diciembre de 2016 utiliz\u00f3 los recursos adquiridos con ocasi\u00f3n a una hipoteca suscrita el 16 de junio de 2017? <\/p>\n
Dada la anterior incongruencia, as\u00ed como los argumentos previamente expuestos, el camino no es otro que respaldar la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
h) Igualmente queda subsumida en la razonabilidad lo resuelto frente a la partida 17\u00aa del pasivo, esto es, el cr\u00e9dito a favor de Alirio Alberto Garrido Parales por \u00ab$17.600.000\u00bb, soportado en letra de cambio, pues en sentir de la demandada, ese dinero se utiliz\u00f3 \u00abpara tratar la enfermedad que padec\u00eda [el hijo com\u00fan de las partes] Jhosef David Holgu\u00edn Parales, que se detect\u00f3 el 10 de enero de 2015\u00bb, empero, para avalar su exclusi\u00f3n, tras analizar las declaraciones de parte y la versi\u00f3n dada por el acreedor, el tribunal adujo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Efectivamente al sub-lite se adjunt\u00f3 t\u00edtulo valor de esta obligaci\u00f3n, por un valor de veinte millones de pesos ($20.000.000); sin embargo, obs\u00e9rvese que en el interrogatorio de parte la demandada -interesada en este t\u00f3pico- siempre aludi\u00f3 que el efectivo conseguido fue por doce millones de pesos ($12.000.000). Es decir, al interior del tr\u00e1mite no existe congruencia con la deuda referida como pasivo social y el t\u00edtulo valor allegado por el acreedor. <\/p>\n
No obstante, la letra de cambio objeto de estudio da cuenta que frente a esta deuda la llamada al litigio ha cancelado a trav\u00e9s de abonos las siguientes sumas de dinero: (i) capital: $8.000.000, pagados el 10 de julio de 2017; y (ii) intereses: $12.400.000, cancelados el 28 de diciembre de 2016 y 10 de julio de 2017, valores que, como se expuso en la partida anterior, Luz Mirella asumi\u00f3 personal y unilateralmente. <\/p>\n
Pero, si en gracia de discusi\u00f3n esta Corporaci\u00f3n diera por cierta que la suma adeudada es por el valor de veinte millones de pesos ($20.000.000), tambi\u00e9n lo es que, tal y como lo fue para la Juez Segunda de Familia de este Circuito, en el sub examine resulta cre\u00edble la versi\u00f3n rendida por el demandante, cuando se\u00f1ala que esta cantidad de dinero no se utiliz\u00f3 para el fin alegado, dicho que no ofrece motivos de dudas, cuya declaraci\u00f3n encuentra un respaldo contundente con el acervo probatorio recaudado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que Luz Mirella Parales Carvajal, quien ten\u00eda la carga de probar la inversi\u00f3n de los veinte millones de pesos ($20.000.000) en el tratamiento de la enfermedad de su menor hijo, falt\u00f3 a ese deber. Al respecto, en lo que concierne a sumas de dinero, solo dijo que en Venezuela se gastaron \u201cdos millones de bol\u00edvares y quinientos mil pesos (500.000) se llevaron en efectivo\u201d; y en cuanto a los gastos previos en la ciudad de Bucaramanga, hizo relaci\u00f3n a ex\u00e1menes m\u00e9dicos, pero no especific\u00f3 el costo de los mismos, con el fin de establecer que el monto alegado se gast\u00f3 para el fin perseguido. Por el contrario, en su intervenci\u00f3n adujo que con parte de estos recursos tambi\u00e9n se costearon problemas m\u00e9dicos de Ludvy Mallirdec, aspecto que no fue consignado cuando se present\u00f3 la relaci\u00f3n del pasivo. <\/p>\n
Por su parte, el demandante, de forma espont\u00e1nea y con una riqueza en los detalles, dijo que \u00e9l coste\u00f3 los gastos de la cirug\u00eda de su hijo en Venezuela, que, para dicha \u00e9poca, dada la devaluaci\u00f3n de la moneda del vecino pa\u00eds, solo se vio en la necesidad de hacer la conversi\u00f3n de \u201cun mill\u00f3n de pesos ($1.000.000) en bol\u00edvares\u201d. Asimismo, relat\u00f3 aspectos significativos del viaje a la ciudad donde se realizar\u00eda el procedimiento. <\/p>\n
En lo que concierne al gasto en la ciudad de Bucaramanga, fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que todos aquellos aspectos relacionados con ex\u00e1menes y consultas fueron autorizadas por Sanitas E.P.S., entidad a la cual se encontraba afiliado su hijo en el r\u00e9gimen contributivo, como beneficiario de las cotizaciones que \u00e9l realizaba por estar laborando en la empresa Sar Energy S.A.S., argumento del que se puede inferir su veracidad, teniendo en cuenta el reporte de semanas cotizadas anexo al plenario209, que registra que para la fecha de enero a marzo de 2015, ciertamente el demandante se encontraba laborando en una empresa de notoriedad nacional, cuyos salarios le permit\u00edan sufragar los gastos del hogar, conforme fue alegado. <\/p>\n
Ante ese panorama, si bien es cierto la obligaci\u00f3n referida fue adquirida en vigencia de la sociedad conyugal, en el sub-lite no existe claridad frente al monto adquirido por Luz Mirella Parales Carvajal, al igual que la totalidad de dichos emolumentos hubieran sido invertidos para costear una necesidad del n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[El] c\u00f3nyuge interesado [debe] demostrar que invirti\u00f3 o puso a disposici\u00f3n de la sociedad, el bien de que se trate, para hacerse acreedor a la compensaci\u00f3n, pues solo de esa manera se fundamenta la orden de restituci\u00f3n consecuencial como contraprestaci\u00f3n al beneficio patrimonial que recibi\u00f3 la masa social de su aporte; lo contrario, equivale a procurarle un enriquecimiento sin causa, pues la recompensa, carecer\u00eda de ella\u201d. <\/p>\n
En este caso, se tiene que Luz Mirella Parales Carvajal antes del matrimonio ostentaba el dominio del bien singularizado con matr\u00edcula No. 410-30913, propiedad que posteriormente ingres\u00f3 a la sociedad conyugal, por un valor de un mill\u00f3n quinientos mil pesos ($1.500.000) -as\u00ed lo reconocieron las partes-; entonces, por el hecho de la demandada aportar el inmueble, existi\u00f3 un desequilibrio econ\u00f3mico a cargo de esta, lo que benefici\u00f3 a la sociedad conyugal, conformada con David Holgu\u00edn, raz\u00f3n por la que, tal como lo defini\u00f3 la juez de primera instancia, la sociedad le adeuda a Parales Carvajal el valor del bien cuando se consolid\u00f3 el matrimonio, por concepto de recompensa. <\/p>\n
Y es que, en este punto, no puede desconocerse que el demandante tiene la obligaci\u00f3n de restituir el valor del bien, toda vez que en el plenario est\u00e1 acreditado que se benefici\u00f3 del mismo, as\u00ed lo reconoci\u00f3 en audiencia del 7 de noviembre de 2019, raz\u00f3n por la que, al no existir discusi\u00f3n frente al aprovechamiento de ese bien por el matrimonio, resulta acertada la decisi\u00f3n de primer nivel. <\/p>\n
Ahora, sea pertinente aclarar que efectivamente los frutos que provengan de bienes propios o sociales, durante la vigencia de la sociedad conyugal, entran en el haber a liquidar, como pueden ser los c\u00e1nones de arriendo de un inmueble de uno de los contrayentes. En el sub examine no se desconoce que el inmueble ubicado en la carrera 17 No. 23 \u2013 101\/97 barrio C\u00f3rdoba de este municipio, estando vigente la sociedad conyugal, increment\u00f3 su valor a $9.714.000 -valor de la venta del 17 de noviembre de 2009-; sin embargo, esta mayor suma no se aleg\u00f3 ni se demostr\u00f3 que se diera por mejoras o inversiones que haya realizado el c\u00f3nyuge, lo que nos permite inferir que consisti\u00f3 fue en la valorizaci\u00f3n del bien como resultado de las fluctuaciones econ\u00f3micas y del mercado, raz\u00f3n por lo que ese monto no debe ser recompensado, al pertenecer a la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
j) Igual suerte corre la partida 19\u00aa, presentada en similares t\u00e9rminos, pero en lo atinente al inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 410-31960, aunado a que, sobre dicho bien, en precedencia se analiz\u00f3 la posibilidad de incluir como sociales las mejoras que pudieran haberse plantado sobre este. Por ende, sobre este punto en particular ninguna consideraci\u00f3n adicional se realiza a lo descrito y definido por los jueces de instancia. <\/p>\n
k) Por \u00faltimo, tambi\u00e9n emerge razonable la exclusi\u00f3n de la partida vig\u00e9sima de los pasivos que la demandada relacion\u00f3 \u00abpor concepto de frutos [dejados de percibir por ella] de la finca Las Palmas, desde el 22 de abril de 2016 hasta el 16 de febrero de 2019\u00bb, habida cuenta la orfandad probatoria de tal aserto, pues examinadas las declaraciones de parte y de testigos rendidas en el juicio, el tribunal concluy\u00f3 \u00abque David Holgu\u00edn con el negocio jur\u00eddico celebrado el 22 de abril de 2016, no obtuvo retribuci\u00f3n cuantificada -en el proceso tampoco qued\u00f3 acreditado, lo que impide acceder a la pretensi\u00f3n de los frutos reclamados por la demandada\u00bb, y \u00abque, si bien se avalu\u00f3 esta partida en la suma de \u201c$4.000.000, por tres a\u00f1os, da un total de $12.000.000\u201d, lo cierto es que, de las pruebas recaudadas, no se acredit\u00f3 dicho supuesto, por lo que ninguna modificaci\u00f3n se efectuar\u00e1 a la decisi\u00f3n de la a quo\u00bb. <\/p>\n
3.3.3. Conforme a lo que acaba de verse, los planteamientos realizados por la sala convocada, no se muestran caprichosos sino, por el contrario, ajustados a las disposiciones legales pertinentes, a una razonable ponderaci\u00f3n de las pruebas y acordes a la jurisprudencia aplicable. Por ello, las discrepancias nuevamente esbozadas sobre la exclusi\u00f3n de las partidas 4\u00aa del activo, 1\u00aa, 3\u00aa, 5\u00aa a 14\u00aa, 16\u00aa a 20\u00aa de los pasivos, demuestran que la intenci\u00f3n es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que no es viable invocar este remedio como mecanismo para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Recu\u00e9rdese que la salvaguarda s\u00f3lo procede cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, lo cual no ocurre en el sub j\u00fadice, por lo que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en citada en STC8772-2023, 31 ago., rad. 03233-00). <\/p>\n
Del mismo modo se ha sostenido que este instrumento \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC4631-2023, 17 may., rad. 00314-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se acceder\u00e1 de manera parcial al resguardo, para proteger el derecho fundamental al debido proceso, en conexidad con el de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante, habida cuenta la incursi\u00f3n de la colegiatura accionada en defectos f\u00e1ctico y de motivaci\u00f3n insuficiente que requieren su correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER parcialmente la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la actora. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin efecto la decisi\u00f3n de 18 de agosto de 2023, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca dentro del liquidatorio n\u00b0 2018-00154, en raz\u00f3n a los reproches puntuales que deber\u00e1n ser objeto de renovaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la citada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, vuelva a resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Familia de Arauca el 26 de enero de 2021, realizando nuevo pronunciamiento sobre las objeciones planteadas respecto de las partidas 3\u00aa del activo presentado por el demandante y 15\u00aa del pasivo denunciado por la demandada, precisando que en lo dem\u00e1s, la actuaci\u00f3n no admite reparo alguno. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Tanto la conyugal como la patrimonial. <\/p>\n
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STC13786-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13786-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04364-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Mirella Parales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}