STC13791-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13791-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2023-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 14 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito alimentario radicado bajo el n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y en representaci\u00f3n legal de su menor hija, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la ni\u00f1a, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que dentro del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria seguido ante el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, el 7 de septiembre de 2022 \u201cJ\u201d se oblig\u00f3 a pagar a favor de su menor hija \u201cS\u201d, cuota mensual por valor de \u00abde diez millones de pesos ($10.000.000), la cual deb\u00eda incrementarse en el mes de enero de cada a\u00f1o, de acuerdo con el aumento del salario m\u00ednimo legal mensual vigente m\u00e1s diez puntos porcentuales\u00bb, mudas de ropa (dos el 30 de junio y dos el 15 de diciembre de cada a\u00f1o), p\u00f3liza estudiantil, plan de medicina prepagada, recreaci\u00f3n, mobiliario y menaje. <\/p>\n
Que \u00abante el incumplimiento del acuerdo [anterior], a trav\u00e9s de apoderada judicial, instaur\u00e9, ante el mismo juzgado, proceso ejecutivo [para que se ordenara] el pago: (i) de la cuota alimentaria del mes de octubre de 2022, as\u00ed como el pago de las que en lo sucesivo se causaren en el proceso; (ii) de las cuotas de medicina prepagada de los meses de septiembre y octubre de 2022, [y] de las cuotas de medicina prepagada que en lo sucesivo se causaren en el proceso; y (iii) Los intereses legales moratorios desde que se hace exigible cada obligaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, se pidi\u00f3 \u00abdecretar la medida cautelar de salida del pa\u00eds en su contra, pues por la profesi\u00f3n de este, [futbolista profesional] existe un alto riesgo de salida del pa\u00eds, aun cuando tenga contrato, [toda vez que] el se\u00f1or \u201cJ\u201d es agente libre, es decir, \u00e9l es due\u00f1o de sus derechos deportivos, y ante una mejor oferta laboral, puede abandonar el pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
Que mediante prove\u00eddo del 28 de octubre de 2022, el accionado libr\u00f3 mandamiento de pago por \u00ab$10.000.000, correspondiente a la cuota de alimentos del mes de octubre de 2022; $484.680, correspondiente a las mensualidades de septiembre y octubre de 2022, de medicina prepagada Coomeva; por los intereses legales desde la fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta que se verifique su pago, [y] por las cuotas de alimentos futuras correspondiente a la suma de $10.000.000 mensuales\u00bb, y orden\u00f3 \u00abimpedir la salida del pa\u00eds al obligado, hasta tanto preste garant\u00eda suficiente de la obligaci\u00f3n alimentaria y ser\u00e1 reportado a las centrales de riesgo\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que el demandado \u00abcontinu\u00f3 siendo renuente en el pago de las obligaciones adeudadas, as\u00ed como de las que adquiri\u00f3 en virtud del acuerdo conciliatorio (\u2026), que se hicieron exigibles en el desarrollo del proceso, el 13 de enero de 2023 [solicit\u00f3] la ampliaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n\u00bb, para incluir, \u00ab$1.521.870 por concepto de medicina prepagada Coomeva de los meses de noviembre y diciembre de 2022, y enero de 2023\u00bb, as\u00ed como por \u00ablas cuotas adicionales que se causen en el proceso, actualizando el valor de estas seg\u00fan su aumento para el a\u00f1o 2023\u00bb; \u00abincremento de la cuota alimentaria para el a\u00f1o 2023 [conforme al ajuste pactado]\u00bb; \u00abobligaci\u00f3n de hacer consistente en suscribir p\u00f3liza estudiantil [la cual] a la fecha sigue incumplida\u00bb; \u00abvestuario para el mes de diciembre de 2022 y las que se causen en lo sucesivo [y] proporcionar todo el mobiliario, menaje y dem\u00e1s elementos que requirieran para que \u201cS\u201d tuviera una habitaci\u00f3n digna, lo cual deb\u00eda cumplirse para el 30 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Que lo anterior se soport\u00f3 en \u00abla necesidad de que [el] mandamiento de pago cobijara la totalidad de las obligaciones adquiridas por el se\u00f1or \u201cJ\u201d, dado que, adem\u00e1s del incumplimiento en sus obligaciones ya exigibles y adquiridas previamente a la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva conexa, hasta el momento ha mostrado constante renuencia para asumir las obligaciones que voluntariamente suscribi\u00f3. As\u00ed pues, la finalidad de dicha solicitud de ampliaci\u00f3n era la garant\u00eda que le asiste a mi hija menor de materializar su derecho fundamental de alimentos, (\u2026) le era dable a la se\u00f1ora Juez reconocer, atendiendo sus facultades ultra y extra petita toda clase de conceptos adicionales a los que inicialmente se requirieron y se se\u00f1alaron en el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
No obstante, con auto del 10 de julio de 2023, el juzgado \u00abdecidi\u00f3 levantar la medida cautelar de restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds que operaba en contra del se\u00f1or \u201cJ\u201d, al considerar que, dentro del mandamiento ejecutivo que dio origen al proceso, se evidencia que se reclam\u00f3 el cumplimiento de una \u00fanica cuota alimentaria correspondiente al mes de octubre de 2022, y considerando que el art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006 establece que dicha medida se impondr\u00e1 siempre que el ejecutado se encuentre en mora de efectuar el pago de m\u00e1s de un mes de cuota alimentaria, [y porque] el se\u00f1or \u201cJ\u201d, por el ejercicio de su profesi\u00f3n, requiere viajar al extranjero para el cumplimiento de los eventos deportivos a los que clasifique o sea citado el Club (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abpara ese momento, el se\u00f1or \u201cJ\u201d adeudaba tres (3) cuotas de alimentos, y ni siquiera estaba vigente la medida de embargo, pues el se\u00f1or \u201cJ\u201d hab\u00eda terminado su relaci\u00f3n laboral con el Deportivo (\u2026), y se le hab\u00eda informado al juzgado para que oficiara al nuevo empleador del ejecutado, con quien comenz\u00f3 relaci\u00f3n laboral el 23 de junio de 2023, y al 10 de julio, mi hija \u201cS\u201d no hab\u00eda percibido cuota de alimentos, no hab\u00eda un oficio de embargo al Club (\u2026), pero la se\u00f1ora Juez s\u00ed accedi\u00f3 a una petici\u00f3n del Presiente del nuevo Club para la salida del pa\u00eds del demandado, sin prestar garant\u00eda conforme lo requiere la ley, aun cuando ten\u00eda conocimiento que, el se\u00f1or \u201cJ\u201d deb\u00eda a ese momento tres (3) cuotas de alimentos, la medicina prepagada, los incrementos, y dem\u00e1s, las obligaciones de hacer, violentando as\u00ed los derechos de mi hija, quien volvi\u00f3 a percibir cuota hasta septiembre del presente a\u00f1o, incluso; d\u00e1ndole prioridad a los derechos del ejecutado, por encima de los de mi hija menor, que es por quien debe velar realmente, al ser sujeto especial de derechos tanto por Colombia como por los tratados Internacionales\u00bb. <\/p>\n
Que en la misma data -10 de julio de 2023-, con auto \u00ab460\u00bb el acusado orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, \u00abpor la cuota de alimentos del mes de octubre de 2022 [$10.000.000]\u00bb; \u00ab$484.680, por la medicina prepagada Coomeva del mes de septiembre de 2022\u00bb, y por los \u00abintereses legales\u00bb, con lo cual \u00abdesconoce la mora continuada del ejecutado, a pesar de que en la demanda se solicit\u00f3 las cuotas que se continuaran causando en el curso del proceso y que el mismo Despacho lo orden\u00f3 en el auto que libra mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Que tambi\u00e9n en esa oportunidad, con interlocutorio \u00ab461\u00bb, neg\u00f3 la \u00abampliaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n\u00bb, aduciendo que tales solicitudes \u00ab\u201cdeben ser sometidas al tr\u00e1mite de un proceso ejecutivo de alimentos, el cual debe adelantarse de manera independiente a este juicio [pues en este] recae \u00fanica y exclusivamente en el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria del mes de octubre de 2022 y las facturas del servicio de medicina prepagada correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022, [y no a] las obligaciones que se hicieron exigibles con posterioridad\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que por desconocimiento a las facultades ultra y extra petita, al principio de congruencia y a la finalidad del proceso para materializar derechos fundamentales de persona sujeta a especial protecci\u00f3n constitucional, \u00abmotivaci\u00f3n falsa o aparente o sof\u00edstica\u00bb y configuraci\u00f3n de \u00abdefectos sustantivos, procedimentales absolutos y exceso ritual manifiesto\u00bb, plante\u00f3 \u00absolicitud de nulidad y recurso de reposici\u00f3n\u00bb contra esas decisiones, los cuales fueron resueltos desfavorablemente con autos \u00ab697, 698 y 699 del 11 de septiembre de 2023\u00bb, incurriendo en similares yerros de procedibilidad del amparo implorado. <\/p>\n
3. Pretende, que se invaliden los autos 459, 460 y 461 proferidos por el querellado el 10 de julio de 2023, as\u00ed como los 697, 698 y 699 del 11 de septiembre de 2023, y en su lugar, \u00abse determine la preservaci\u00f3n de la medida cautelar de impedimento de salida del pa\u00eds, al encontrarse evidencia suficiente para concluir que desde el inicio del proceso, el demandado ha incurrido en mora de m\u00e1s de 2 cuotas alimentarias\u00bb, y \u00abse ampl\u00ede el mandamiento de pago, [y] se tenga en cuenta por el despacho que, al momento de ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n se incluya all\u00ed todas las obligaciones morosas que hayan sido ordenadas desde el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, se opuso a lo pretendido, aduciendo que la acci\u00f3n incumple el requisito de subsidiariedad, ya que contra \u00ablas providencias 697, 698 y 699 del 10 de julio de 2023, [donde] se resolvi\u00f3 la solicitud de levantamiento de la restricci\u00f3n de la salida del pa\u00eds que pesaba en contra del demandado, la que rechaz\u00f3 la ejecuci\u00f3n de obligaciones de hacer y el incremento de la cuota alimentaria, y la que neg\u00f3 la adici\u00f3n del auto mediante el cual se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, no fueron objeto de recurso\u00bb, y que \u00abel despacho judicial obr\u00f3 con total apego al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora (\u2026) Judicial II de Familia de esa ciudad, solicit\u00f3 se \u00abdeniegue\u00bb la acci\u00f3n \u00abpor no procedibilidad de la misma, ante el no cumplimiento del principio de subsidiariedad que consagra el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el resguardo al advertir la interesada \u00aben su momento tuvo la oportunidad de recurrir el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago si consideraba que all\u00ed no se orden\u00f3 el pago de alg\u00fan otro concepto pedido en las pretensiones de la demanda ejecutiva, y no lo hizo como se puede cotejar al revisar el registro de actuaciones\u00bb, y en cuanto al ataque contra \u00ablos prove\u00eddos Nro. 697, 698 y 699 del 11 de septiembre siguiente, a trav\u00e9s de los cuales el despacho encartado resolvi\u00f3 no reponer el auto de levantamiento de la medida cautelar de restricci\u00f3n de salir del pa\u00eds en contra del ejecutado, rechaz\u00f3 la solicitud de ejecuci\u00f3n de obligaciones de hacer e incremento de cuota alimentaria y accedi\u00f3 parcialmente a la solicitud de adici\u00f3n del auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, tampoco configuran \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues \u00abolvida la promotora que se trata de un proceso ejecutivo y no declarativo, en el cual ya se encuentran reconocidos los alimentos pro virtud de acuerdo entre las partes (\u2026) en el que para [el juzgado], qued\u00f3 plenamente satisfecho el alimento integral para la menor\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la demandante, porque al interior del ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n bajo un entendimiento que, en su sentir, no se ajusta a la ley ni al mandamiento de pago, y por haber levantado la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds que se hab\u00eda adoptado dentro del pleito en comento. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, esta acci\u00f3n no procede contra esta clase de actuaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Circunscrita la Sala al problema jur\u00eddico planteado en precedencia, de la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja y cotejados con las piezas procesales pertinentes, revocar\u00e1 la sentencia de primera instancia y en su lugar otorgar\u00e1 parcialmente la protecci\u00f3n implorada, comoquiera que para las decisiones objeto de cr\u00edtica constitucional, la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en yerros espec\u00edficos de procedibilidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Precisiones preliminares. <\/p>\n
3.1.1. En primer lugar, esta Sala considera necesario reiterar que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00abLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
Haciendo precisi\u00f3n sobre el punto, el art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u2013 Ley 1098 de 2006, se\u00f1ala que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Adicional y concordante con el criterio anterior, se advierte que, para abordar la concesi\u00f3n del amparo, no es obst\u00e1culo el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad, en primer lugar porque contrario a lo aducido por la colegiatura de primer grado, para la procedencia de algunas de las peticiones de la actora -como se indicar\u00e1 m\u00e1s adelante- no era dable agotar el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, pues este se libr\u00f3 para las cuotas en efectivo y mensualidades de medicina prepagada. <\/p>\n
En segundo lugar, porque de cara al auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, la interesada plante\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n, y frente a las dem\u00e1s actuaciones ahora criticadas, formul\u00f3 recursos horizontales y hasta nulidad de lo actuado, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable por el accionado, como tambi\u00e9n referir\u00e1 la Corte en el desarrollo de este asunto. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, frente a aquellas actuaciones que no hubieran sido objeto de previo cuestionamiento, se recuerda que si de estas surge la necesidad de corregirlas a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00ab(\u2026) la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01). <\/p>\n
De igual modo, que: \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada, entre otras, en STC13340-2022, 5 oct., rad. 00253-01). <\/p>\n
3.2. De los defectos espec\u00edficos de procedibilidad. <\/p>\n
Precisado lo anterior, la viabilidad del auxilio emerge por la incursi\u00f3n del despacho judicial accionado en desafuero procedimental, tanto absoluto como por exceso ritual manifiesto, y refiere a los reproches que la actora realiz\u00f3 de cara a la orden de \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb, y, por ende, los que negaron ajustarlo para obtener la satisfacci\u00f3n de las obligaciones alimentarias insolutas a favor de su menor hija. <\/p>\n
3.2.1. En ese sentido, la primera inconformidad frente a la decisi\u00f3n del 10 de julio de 2023 que inicialmente se aludi\u00f3 y que est\u00e1 contenida en el \u00abauto interlocutorio No. 460\u00bb, radic\u00f3 en que all\u00ed se excluyeron los dem\u00e1s conceptos de alimentos que podr\u00edan causarse hasta que se verifique su pago, pues se se\u00f1al\u00f3 que \u00abpara el cumplimiento del mandamiento de pago en contra del se\u00f1or \u201cJ\u201d y, a favor de la se\u00f1ora \u201cA\u201d, por la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), por la cuota de alimentos del mes de octubre del a\u00f1o 2022 y por cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos ($484.680), por la medicina prepagada COOMEVA del mes de septiembre de 2022. Adem\u00e1s, por los intereses legales desde la fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta que se verifique su pago\u00bb, y en esos t\u00e9rminos dispuso liquidar el cr\u00e9dito. <\/p>\n
El segundo ataque corresponde al dirigido contra el auto de la misma data \u00abNo. 461\u00bb, en el que el juzgado resolvi\u00f3 \u00abrechazar la solicitud de ejecuci\u00f3n de obligaciones de hacer y de incremento de cuota alimentaria elevada por la parte ejecutante\u00bb, tras aducir que \u00ablas solicitudes orientadas a obtener el pago de sumas de dinero y el cumplimiento de obligaciones de hacer (\u2026) deben ser sometidas al tr\u00e1mite de un proceso ejecutivo de alimentos, el cual debe adelantarse de manera independiente a este juicio, (\u2026) por cuanto la ejecuci\u00f3n planteada en primera medida por la ejecutante recae \u00fanica y exclusivamente en el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria del mes de octubre de 2022 y de la facturas del servicio de medicina prepagada correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022 (\u2026). Adem\u00e1s, es claro para el despacho que el incremento de la cuota a que hace referencia la demandante se traduce en una solicitud de actualizaci\u00f3n de [esta] conforme al aumento del salario del demandado, la cual debe ser atendida por el pagador del demandado\u00bb. <\/p>\n
La prosperidad de los embates contra esas determinaciones, radica en su falta de consonancia con el ordenamiento jur\u00eddico que rige estos asuntos, en particular con el principio de congruencia (art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso), al desconocer -sin justificaci\u00f3n alguna- lo se\u00f1alado en el mandamiento de pago adiado el 28 de octubre de 2022. <\/p>\n
Esto, porque dicha orden se libr\u00f3 por las sumas de dineros determinadas, consistentes en \u00abla cuota alimentaria del mes de octubre de 2022 [y] las mensualidades de septiembre y octubre de 2022, de la medicina prepagada Coomeva\u00bb, y tambi\u00e9n por las determinables con una simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, al referir los intereses legales exigibles, y \u00ablas cuotas de alimentos futuras correspondiente a la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) mensuales\u00bb. Concordante con ello, en esa ocasi\u00f3n el juzgado decret\u00f3, entre otras medidas cautelares previstas en el art\u00edculo 128 de la Ley 1098 de 2006, el impedimento de salida del pa\u00eds del ejecutado y \u00abel embargo y retenci\u00f3n de los dineros que perciba en cuant\u00eda de diez millones de pesos ($10.000.000) del salario del demandado, por concepto de cuotas futuras\u00bb. <\/p>\n
En este punto se precisa que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n corresponde al \u00abacta N\u00b0 76 de 7 de septiembre de 2022, corregida mediante auto interlocutorio N\u00b0 652 de 13 de septiembre de 2022, por medio de la cual se aprueba el acuerdo celebrado entre los padres de la menor, en cuanto al valor de la cuota alimentaria a cargo del padre, r\u00e9gimen de visitas, vestido, educaci\u00f3n, seguridad social y custodia\u00bb; que en el hecho 4\u00b0 de la demanda se asever\u00f3 que \u00abel se\u00f1or \u201cJ\u201d incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n de pago de la medicina prepagada COOMEVA, desde el mes de septiembre de 2022, inclusive, adeudando a la fecha la suma de cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos ($484.680). Es de anotar que dicho valor obedece al beneficio de reactivaci\u00f3n de la menor a la medicina prepagada en agosto de 2022, pues hab\u00eda sido retirada del servicio por mora anterior en la que hab\u00eda incurrido su padre (\u2026)\u00bb; que la pretensi\u00f3n 3\u00aa se formul\u00f3 \u00abpor las cuotas alimentarias que en los sucesivo se causen durante el proceso y sus correspondientes intereses moratorios\u00bb, mientras en la 4\u00aa, tras indicar el valor adeudado, pidi\u00f3 librar la orden de pago \u00abpor las mensualidades de medicina prepagada que en lo sucesivo se causen durante el proceso\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, las providencias antes referidas ri\u00f1en con lo consagrado en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 431 ibidem, seg\u00fan el cual \u00abcuando se trate de alimentos u otra prestaci\u00f3n peri\u00f3dica, la orden de pago comprender\u00e1, adem\u00e1s de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y dispondr\u00e1 que estas se paguen dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al respectivo vencimiento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, es claro entonces que si la demanda ejecutiva se fund\u00f3 en el incumplimiento del pago de cuotas mensuales en efectivo [que para cuando se tasaron -a\u00f1o 2022- correspond\u00edan a $10.000.000], y de aquellas enfiladas a pagar la medicina prepagada, tanto las adeudadas al incoar la acci\u00f3n como las que en lo sucesivo se causen, el compulsivo debe sujetarse a satisfacer tales obligaciones, sin tener como l\u00edmite temporal la presentaci\u00f3n de la demanda o el auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pues ello implicar\u00eda un proceder contrario a derecho. <\/p>\n
Bajo tales consideraciones y teniendo en cuenta que el ejecutado no propuso excepci\u00f3n alguna que refutara lo aducido y probado en el juicio, no le era dable al juzgado limitar la continuidad del cobro a las sumas de dinero liquidadas al momento de la demanda, dejando fuera conceptos que comprenden alimentos causados y cuya cancelaci\u00f3n no estaba acreditada, porque, conforme al mandato legal, deb\u00edan cubrirse en pro de los intereses prevalentes de una menor de edad. <\/p>\n
N\u00f3tese que es en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito donde se consolida el monto de la deuda o se establece que la misma fue solucionada mediante pago, no antes, pues no se acredit\u00f3 su pago u otra manera de extinci\u00f3n de esta. Ello, porque en trat\u00e1ndose de procesos de ejecuci\u00f3n, su terminaci\u00f3n no coincide con la providencia que ordena seguirla adelante sino con la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, no tiene asidero jur\u00eddico que en el auto \u00abNo. 461\u00bb, se asegurara que \u00ablas solicitudes orientadas a obtener el pago de sumas de dinero\u00bb, sobre cuotas alimentarias o saldos de estas, as\u00ed como a las mensualidades por concepto de \u00abmedicina prepagada Coomeva\u00bb a cargo del demandado, deb\u00edan someterse a nuevo proceso ejecutivo de alimentos \u00abpor cuanto la ejecuci\u00f3n planteada en primera medida por la ejecutante recae \u00fanica y exclusivamente en el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria del mes de octubre de 2022 y de la facturas del servicio de medicina prepagada correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022\u00bb, en tanto ello desconoce flagrantemente no s\u00f3lo la orden de pago, sino lo previsto en el inciso 2\u00b0 del canon 431 del estatuto adjetivo general atr\u00e1s transcrito. <\/p>\n
Es m\u00e1s, conllevar\u00eda fraccionar la obligaci\u00f3n alimentaria al momento de incoar la demanda, as\u00ed como a una eventual cadena -en algunos casos infinita- de demandas para cobrarla, lo que se muestra absurdo e injustificado, no s\u00f3lo por congestionar innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia, sino, a\u00fan m\u00e1s grave, por ocasionar flagrante violaci\u00f3n de los derechos superiores y prevalentes de la menor de edad que funge como beneficiaria de los alimentos. <\/p>\n
Ac\u00f3tese que, de las inconformidades expresadas por la demandante, en ning\u00fan momento el juzgado pod\u00eda entender que su pretensi\u00f3n se encaminaba a modificar la orden de pago para establecer \u00abel incremento de la cuota\u00bb, pues lo que se infer\u00eda de sus solicitudes era que, conforme a lo pactado en el t\u00edtulo ejecutivo, las mesadas se liquidaran teniendo en cuenta el reajuste anual pactado. En otras palabras, que las cuotas causadas con posterioridad cuya inclusi\u00f3n persegu\u00eda, correspondieran al valor actualizado teniendo en cuenta que, a partir de enero de cada a\u00f1o, se reajustar\u00edan, \u00abde conformidad con el incremento del salario m\u00ednimo legal mensual m\u00e1s 10 puntos\u00bb. <\/p>\n
En esas circunstancias, tampoco se muestra acorde a la legalidad el \u00abauto interlocutorio Nro. 698\u00bb del 11 de septiembre de 2023, donde el estrado querellado se pronunci\u00f3 desfavorablemente sobre la \u00abaclaraci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb del auto \u00ab460\u00bb del 10 de julio de 2023, pues si bien no proced\u00eda seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la totalidad de conceptos contenidos en el t\u00edtulo ejecutivo (p\u00f3liza estudiantil, vestuario, recreaci\u00f3n, mobiliario y menaje), s\u00ed debi\u00f3 hacerlo respecto de aquellos frente a los cuales en el libelo genitor se arguy\u00f3 incumplimiento: cuotas en efectivo mensuales y los aportes para atender la medicina prepagada. <\/p>\n
3.2.2. Ahora, en relaci\u00f3n con la medida de restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds, en el sub j\u00fadice se ha surtido un amplio debate a partir de su adopci\u00f3n con prove\u00eddo del 28 de octubre de 2022, pues esta fue levantada -sin l\u00edmite temporal- con \u00abauto interlocutorio No. 459\u00bb fechado el 10 de julio de 2023, mientras en \u00abauto interlocutorio No. 505\u00bb del 14 de julio del mismo a\u00f1o, otorg\u00f3 la \u00abautorizaci\u00f3n o permiso especial provisional\u00bb para que el demandado saliera del pa\u00eds con destino a \u00abla ciudad de Buenos Aires \u2013 Argentina desde el 17 y hasta el 20 de julio de 2023, para cumplir con la obligaci\u00f3n laboral adquirida con el Club (\u2026) de participar en la Copa Conmebol Suramericana 2023\u00bb. <\/p>\n
No obstante, se advierte que, si bien el juzgado para otorgar la autorizaci\u00f3n temporal adujo que el ejecutado \u00abse encuentra debidamente acreditado no s\u00f3lo su regreso o reingreso al pa\u00eds, sino tambi\u00e9n, el cumplimiento de su obligaci\u00f3n alimentaria para con la menor, toda vez que a la fecha se encuentra vigente y aplicada la medida de embargo decretada sobre el salario y prestaciones sociales\u00bb, en auto \u00abNo. 459\u00bb del 10 de julio, ratificado con \u00abauto interlocutorio No. 697\u00bb del 11 de septiembre de 2023, dijo que, con observancia en la actuaci\u00f3n surtida dentro del ejecutivo, aunado a lo previsto en los numerales 6\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006 y del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 2097 de 2021, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla imposici\u00f3n de la medida restrictiva para salir del pa\u00eds no proced\u00eda, siendo claro que la misma no debi\u00f3 aplicarse, por cuanto al momento de presentarse el ejecutivo solo se reclam\u00f3 el pago de la cuota de alimentos correspondiente al mes de octubre, la medicina prepagada del mes de septiembre y octubre de 2022 y, siendo que una vez analizada esta situaci\u00f3n, resalta palmario que la medicina prepagada no puede contarse como cuota a parte sino como parte integral de la cuota mensual de alimentos a cuyo pago se oblig\u00f3 el ejecutado, valor que no corresponde siquiera al de una cuota de alimentos, por lo que siendo as\u00ed las cosas, proced\u00eda ordenar el levantamiento de esa restricci\u00f3n tal como se hizo mediante el auto cuya reposici\u00f3n requiere la ejecutante. <\/p>\n
Los argumentos esbozados por la ejecutante, en relaci\u00f3n a que la mora en el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por el ejecutado, no son de recibo por cuanto los procesos ejecutivos proceden respecto de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, siendo claros que en el caso concreto no se discute que todas las obligaciones contenidas en el acuerdo conciliatorio aprobado en el acta Nro. 76 del 7 de septiembre de 2022, por cuanto, a pesar de ser claras y expresas, para el momento de instaurar la demanda ejecutiva solo era actualmente exigible la cuota alimentaria de octubre de 2022 y las facturas de la medicina prepagada vencidas sin pago comprobado por parte del ejecutado, y en curso este proceso no puede pretender la ejecutante posterior a la admisi\u00f3n de la demanda que se hace a trav\u00e9s del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, adicionar pretensiones o solicitudes de obligaciones cuya exigibilidad sobrevino con posterioridad, caso en cual lo que procede es presentar nueva demanda ejecutiva en tr\u00e1mite posterior, para insistir en que la mora en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el se\u00f1or \u201cJ\u201d es superior al tiempo que dispone la norma para que se mantenga dicha restricci\u00f3n, por lo que no se repondr\u00e1 la decisi\u00f3n contenida en el interlocutorio Nro. 459 del 10 de julio de 2023\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
La motivaci\u00f3n antes descrita vuelve a re\u00f1ir con las precisiones que se hicieron en precedencia, raz\u00f3n por la que bastar\u00e1 agregar por la Corte que tal situaci\u00f3n debe evaluarse frente a las dem\u00e1s previstas para evitar menoscabo a los intereses del menor alimentario, entre ellas el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, donde se contempla que \u00ab[e]l embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb, disposici\u00f3n que est\u00e1 redactada en similares t\u00e9rminos en el precepto 397 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De ah\u00ed la importancia de articular lo anterior con lo dispuesto en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 598 ibidem, seg\u00fan la cual, \u00abse dar\u00e1 aviso a las autoridades de emigraci\u00f3n para que el demandado no pueda ausentarse del pa\u00eds sin prestar cauci\u00f3n suficiente que respalde el cumplimiento de la obligaci\u00f3n hasta por dos (2) a\u00f1os\u00bb; con el canon 4\u00b0 de la Ley 311 de 1996, que estatuy\u00f3 el \u00abRegistro Nacional de Protecci\u00f3n Familiar\u00bb, para \u00abla identidad de quienes siendo demandados, se hayan sustra\u00eddo sin justa causa al cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria decretada mediante auto que orden alimentos provisional o como ejecutado cuando se libre mandamiento de pago en dichos procesos\u00bb; el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Ley 1098 de 2006, y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), estatuido con la Ley 2097 de 2021. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que acerca de la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds de los demandados en los pleitos ejecutivos de alimentos que involucran menores de edad, la medida se deriva del derogado canon 148 del Decreto 2737 de 1989, en cuyo estudio de constitucionalidad se dijo que \u00abno tiene un fin sancionatorio sino cautelar\u00bb (C-1064\/00), y con ello evitar que el obligado evada su responsabilidad, pues en caso de intentarlo, le resultar\u00eda m\u00e1s dif\u00edcil por encontrarse bajo los directos efectos judiciales existentes en el \u00e1mbito nacional. <\/p>\n
Sobre dicha medida, de vieja data esta la Corte sostuvo que \u00abcontiene una restricci\u00f3n justificada al derecho de locomoci\u00f3n de los obligados a suministrar alimentos, desde la perspectiva de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os consagrada en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, implica, en todo caso, un estudio racional de las circunstancias de cada caso, y debe imponerse como producto de un an\u00e1lisis conjunto de los medios probatorios existentes en el proceso\u201d\u00bb (STC, 8 may., 2014, rad. 00113-01, citada en STC4714-2022, 21 abr., rad. 00189-01). Subraya la Sala. <\/p>\n
En este orden, al quedar dilucidado que la ejecuci\u00f3n no s\u00f3lo se limitaba a los conceptos determinados en la orden de pago, sino a las cuotas mensuales y de medicina prepagada que en lo sucesivo se siguieran causando y tras la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no se hubiera acreditado su satisfacci\u00f3n, los argumentos dados por el juzgado para levantar la medida de impedimento de salida del pa\u00eds debe ser reconsiderada, atendiendo a que para ello deben mediar las garant\u00edas suficientes para solventar las obligaciones con observancia en el canon 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
3.2.3. As\u00ed, los defectos de orden procedimental advertidos, emergen porque la funcionaria accionada, actu\u00f3 al margen del procedimiento establecido para resolver la controversia, pues omiti\u00f3 aplicar la normativa adjetiva que concierne a las obligaciones de tracto sucesivo a que refieren los alimentos, por ende, la aplicaci\u00f3n de las disposiciones pertinentes en aras a una congruente y adecuada decisi\u00f3n frente a la orden de pago y la de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y la especial que rige para garantizar los derechos e intereses superiores de los menores de edad, como acaba de verse. <\/p>\n
Sobre tal desafuero, la jurisprudencia ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable al caso examinado, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16). <\/p>\n
En similar sentido ha dicho que \u00abel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, [C-029\/95] (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales [T-1091\/08]\u00bb (CC T-429\/11), y, en suma, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Igualmente se critica que la agencia judicial convocada no hubiera tenido presente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual se\u00f1ala que en la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se infirmar\u00e1 la negaci\u00f3n de la salvaguarda para en su lugar concederla parcialmente; como consecuencia, se invalidar\u00e1n los interlocutorios 697, 669 y 699 del 11 de septiembre de 2023, dictados por la autoridad confutada, mediante los cuales se mantuvieron inc\u00f3lumes los autos 459, 460 y 461 del 10 de julio de 2023, donde se dispuso levantar -sin l\u00edmite temporal- la medida de restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds del demandado, y negar el ajuste de la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En su lugar, se ordenar\u00e1 al accionado que, en un t\u00e9rmino perentorio, proceda a pronunciarse nuevamente sobre la oposici\u00f3n al levantamiento de la referida cautela, y para precisar que la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n debe incluir los conceptos de alimentos respecto de los cuales seg\u00fan la demanda se present\u00f3 incumplimiento y se causaron durante el curso del proceso, debidamente actualizados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER parcialmente la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y dem\u00e1s fundamentales de los ni\u00f1os. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin valor ni efecto los autos interlocutorios 697, 669 y 699 del 11 de septiembre de 2023, proferidos por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d dentro del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d en lo que comprenda los aspectos cuestionados en esta sede, conforme se explic\u00f3 en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la titular del despacho judicial accionado, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, se pronuncie nuevamente sobre los reparos presentados por la demandante, concretamente sobre la cancelaci\u00f3n de la medida de impedimento de salida del pa\u00eds del ejecutado, y en relaci\u00f3n con los conceptos de alimentos que comprenden la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, corrigiendo los yerros de orden procedimental observados seg\u00fan se explic\u00f3 en la parte motiva de la presente providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC13791-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13791-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2023-00112-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}