STC13798-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13798-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04715-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor de edad involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en representaci\u00f3n de su descendiente, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, libre desarrollo de la personalidad, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado de Familia cursa el ejecutivo de alimentos que \u201cA\u201d inici\u00f3 contra \u201cC\u201d, asunto en el que la censora agot\u00f3 el tr\u00e1mite previsto en la Ley 2097 de 2021, por medio de la cual se cre\u00f3 el registro de deudores alimentarios morosos, que prev\u00e9 la prerrogativa de no requerir la autorizaci\u00f3n de dicho progenitor para la salida del pa\u00eds (art. 6, inc. 6., ejusdem2, en concordancia con el canon 110 de la Ley 1098 de 20063). <\/p>\n
2.2. Sin embargo, ante la negativa del cognoscente de comunicar en debida forma la adopci\u00f3n de esa medida en el REDAM a Migraci\u00f3n Colombia y a las centrales de riesgo, la libelista formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra esa autoridad, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Tribunal Superior del Distrito Judicial, quien concedi\u00f3 el resguardo, y, en tal virtud, orden\u00f3 al estrado de familia que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, dejara sin efectos el auto censurado y, en su lugar, adoptara una nueva decisi\u00f3n, librando las comunicaciones respectivas. <\/p>\n
2.3. No obstante, ante el alegado incumplimiento de la autoridad accionada, la gestora radic\u00f3 solicitud de desacato el \u00ab17 de noviembre de 2023\u00bb, pero, a la fecha de interposici\u00f3n de este mecanismo, no se ha dado tr\u00e1mite y est\u00e1n en riesgo las posibilidades de que su descendiente salga del pa\u00eds el 13 de diciembre pr\u00f3ximo, tal como program\u00f3 con antelaci\u00f3n. Ello, por cuanto \u00abdesde junio de 2023 adquir\u00ed tiquetes para salir del pa\u00eds con mi hija el 13 de diciembre de 2023, pues aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 6\u00ba numeral 6\u00ba de la ley 2027 de 2021, mi hija no requiere autorizaci\u00f3n de su padre para salir del pa\u00eds, derecho que se ve vulnerado, pues como el juez de conocimiento no cumpli\u00f3 la orden de tutela ni el Tribunal de Ibagu\u00e9 dio tr\u00e1mite al incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
2.4. Finalmente, adujo que \u00abelev\u00e9 consulta a MIGRACI\u00d3N COLOMBIA sobre si el demandado estaba inscrito en el REDAM y los requisitos para que mi hija saliera del pa\u00eds el 13 de diciembre de 2023, pero con sorpresa el d\u00eda de hoy fui informada sobre lo primero, que por razones de habeas data no pod\u00edan suministrar esa informaci\u00f3n, y sobre lo segundo, guardaron total silencio sobre la salida del pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n de su padre\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abdar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto por el art\u00edculo 7\u00ba Del Decreto 2591 de 1991, y ordenar a MIGRACI\u00d3N COLOMBIA permitir la salida del pa\u00eds de mi hija, en aplicaci\u00f3n del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 2097 de 2021, mientras dicha inscripci\u00f3n se encuentre vigente en el REDAM\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Las autoridades judiciales accionadas, a trav\u00e9s de sus Secretar\u00edas, enviaron los enlaces de acceso a los expedientes cuestionados a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
2. Migraci\u00f3n Colombia anot\u00f3 que \u00aba la fecha esta Unidad no tiene acceso, ni conocimiento de la implementaci\u00f3n del sistema de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), pese a que desde noviembre de 2021 esta entidad ha requerido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF, la necesidad de participar en la reglamentaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de cada uno de los aspectos de la ley 2097 de 2021. Examinados los anteriores argumentos, ha de se\u00f1alarse que la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, pese a las complicaciones que presenta la implementaci\u00f3n de la Ley Estatutaria 2097 de 2021, no puede ejecutar las disposiciones all\u00ed impartidas en lo que respecta a sus competencias, pues no puede incurrir en contravenci\u00f3n de la normatividad migratoria vigente, en contrav\u00eda de los derechos de los ciudadanos nacionales, ni mucho menos desconocer el principio del inter\u00e9s superior de los menores, como sujetos de especial protecci\u00f3n, espec\u00edficamente en temas como los que aqu\u00ed se discuten\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, reliev\u00f3 que \u00abes claro que el juramento presentado por la se\u00f1ora A, en representaci\u00f3n de B, carece de veracidad, tomando en consideraci\u00f3n que ya fue presentada una tutela que busca proteger a los mismos sujetos, con fundamento en los mismos supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, y donde de la lectura de ambos se encuentra que se trata de la protecci\u00f3n de los mismos derechos. En efecto, es posible afirmar, que a pesar de que la accionante conoce que no es posible presentar una acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos soportada en las mismas causas, lo hizo, buscando obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados a toda costa, haciendo un juramento falso\u00bb. <\/p>\n
3. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada sostuvo que \u00abpor medio de memorial fechado 17 de noviembre de 2023, la se\u00f1ora A en representaci\u00f3n de su hija, promovi\u00f3 incidente de desacato en contra el Juzgado de Familia por incumplimiento de la sentencia dictada por esta Corporaci\u00f3n el 8 del mismo mes y a\u00f1o, ante lo cual, mediante auto de 24 de noviembre de 2023, esta Sala Unitaria procedi\u00f3 a requerir al titular del JUZGADO, a fin de que informara las razones del presunto incumplimiento, para lo que se le otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado de Familia remiti\u00f3 copia de las gestiones adelantadas en el incidente de desacato. <\/p>\n
5. La libelista, en escrito posterior, insisti\u00f3 en sus reclamaciones y expuso que Migraci\u00f3n Colombia le inform\u00f3 que \u00aba la fecha no hemos sido comunicados de ning\u00fan procedimiento adoptado frente al tema. Por lo tanto, debemos aplicar lo estipulado en la Ley 1098 de 2006, la cual fue modificada por la ley 1878 de 2018 y la Gu\u00eda Control Migratorio a Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes v8″\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u00abel Tribunal y el Juzgado solo adelantaron actuaciones, vale decir, tramitar el incidente y dar cumplimiento del fallo de tutela, con posterioridad a la presente acci\u00f3n de tutela, presentada al reparto el 27 de noviembre de 2023, repartida a su despacho el 28 de noviembre de 2023 y tan solo admitida el 30 de noviembre de 2023. Por cosas de la vida, el desacato inicio su tr\u00e1mite el 28 de noviembre, mismo d\u00eda que el juzgado sac\u00f3 auto ordenado librar comunicaci\u00f3n a Migraci\u00f3n Colombia, sin que se tenga constancia de que la entidad recibi\u00f3 el oficio y lo va a cumplir. El fallo de tutela fue de 8 de noviembre de 2023\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho, por cuanto (i) el Tribunal Superior del Distrito Judicial no habr\u00eda dado tr\u00e1mite al incidente de desacato que la actora formul\u00f3 contra el Juzgado de Familia; aunado a que (ii) este \u00faltimo estrado no habr\u00eda observado el mandato impartido por el colegiado en la sentencia de 8 de noviembre de 2023, en la que se orden\u00f3 resolver sobre el registro en el REDAM. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que: (i) respecto del incidente de desacato no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; sumado a que, (ii) en lo que ata\u00f1e a la observancia del mandato constitucional por parte del estrado de familia, cualquier pronunciamiento resultar\u00eda anticipado en esta sede, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Sobre el incidente de desacato: ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Inicialmente, se precisa que, aun cuando en el escrito inicial se indic\u00f3 que, a la fecha de radicaci\u00f3n (27 nov.) no se hab\u00eda dado tr\u00e1mite al incidente de desacato, verificado el expediente, se evidencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial dict\u00f3 el prove\u00eddo de requerimiento antes de la formulaci\u00f3n de este amparo (24 nov.), notificado el d\u00eda h\u00e1bil siguiente, por lo que, en esas condiciones, no se acredit\u00f3 la trasgresi\u00f3n endilgada. <\/p>\n
Incluso, auscultada la foliatura, se pudo establecer que el Juzgado de Familia compareci\u00f3 e inform\u00f3 que, con auto de 28 de noviembre de 2023, resolvi\u00f3 en el asunto a su cargo: <\/p>\n
2. Por secretaria de forma inmediata of\u00edciese a MIGRACI\u00d3N COLOMBIA informando que el se\u00f1or C, quien se identifica con la cedula de ciudadan\u00eda No. XXX, est\u00e1 inscrito por este despacho judicial en el REDAM como deudor alimentario, con el fin de que se aplicaci\u00f3n por esa entidad a las consecuencias regladas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 2097 de 2021. C\u00daMPLASE. <\/p>\n
3. Por secretaria de forma inmediata of\u00edciese de forma individual a las centrales de riesgo CIFIN, DATACREDITO y PROCREDITO, informando que el se\u00f1or C, quien se identifica con la cedula de ciudadan\u00eda No. XXX, est\u00e1 inscrito por este despacho judicial en el REDAM como deudor alimentario, con el fin de que se de aplicaci\u00f3n por esas entidades a las consecuencias regladas en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 2097 de 2021. C\u00daMPLASE\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, es claro que el tribunal querellado est\u00e1 adelantando las gestiones pertinentes, en atenci\u00f3n a la censura que plante\u00f3 la promotora sobre el presunto desacato de la orden impartida el pasado 8 de noviembre de 2023, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov.). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, la Sala ha se\u00f1alado que para la viabilidad del auxilio \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., citada en STC5109-2022, 27 abr., et. al.). <\/p>\n
3.2. Sobre las gestiones del juzgado para oficiar a Migraci\u00f3n Colombia sobre el registro REDAM: prematuro. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la pretensi\u00f3n de la memorialista de que, ante la arg\u00fcida renuencia de la autoridad de familia a cumplir sin m\u00e1s dilaciones la orden constitucional, se conmine en esta sede a su efectiva observancia \u2013adoptando los correctivos de rigor\u2013, precisa la Sala que, al acreditarse que est\u00e1 en curso el incidente de desacato que ella promovi\u00f3 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial con esa finalidad, y que all\u00ed, inclusive, se han surtido algunas etapas, no es posible anticiparse a las resultas de esa causa. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, toda vez que, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
3.3. Precisi\u00f3n final. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Sala estima oportuno anotar que, lo concerniente a las gestiones ante Migraci\u00f3n Colombia, de los anexos de esta tutela se desprende la respuesta que esa autoridad brind\u00f3 a la interesada, en la que puso de relieve los requisitos para que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes puedan salir del pa\u00eds y los distintos escenarios posibles, de modo que, adem\u00e1s de no haberse cuestionado ese criterio \u2013sino las actuaciones del juzgado para poner en conocimiento de esa unidad administrativa las decisiones en el REDEM\u2013, no se colige un menoscabo del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que (i) no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental denunciada y (ii) actualmente est\u00e1 en curso el mecanismo previsto en el orden jur\u00eddico para definir el eventual incumplimiento de la orden de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 La inscripci\u00f3n en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generar\u00e1 las siguientes consecuencias: \u00ab(\u2026) 6. No se requerir\u00e1 la autorizaci\u00f3n del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el art\u00edculo 110 de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Que en su primer inciso se\u00f1ala: \u00ab[c]uando un ni\u00f1o, una ni\u00f1a o un adolescente que tiene residencia en Colombia vaya a salir del pa\u00eds con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deber\u00e1 obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deber\u00e1 contener el lugar de destino, el prop\u00f3sito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
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