STC13814-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC13814-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2023-00354-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de noviembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Edgar Fernando Mart\u00ednez Huertas instaur\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Familia de esa misma ciudad, extensiva al Ministerio P\u00fablico, el Defensor de Familia y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00036. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb para que i) \u00abSe declare la nulidad del auto que orden\u00f3 la medida cautelar por la suma de $41.459.586, o en su defecto, se ordene su disminuci\u00f3n conforme a los dineros consignados (\u2026) y pagados (\u2026)\u00bb; ii) \u00abSe le d\u00e9 tr\u00e1mite de manera inmediata al proceso, ya que lleva 19 meses en mandamiento de pago\u00bb; y, iii) Se invalide \u00abtodo lo actuado a partir del 25 de septiembre de 2023\u00bb, que admiti\u00f3 la reforma a la demanda e increment\u00f3 el monto del embargo de su salario. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, \u00abpresionado por las diversas quejas\u00bb, \u00abacciones de tutela\u00bb y solicitudes de Sonia Milena Garz\u00f3n Rend\u00f3n, repuso el rechazo a la \u00abreforma a la demanda\u00bb ejecutiva de alimentos promovida en su contra (12 abr. 2023) y, en su lugar, libr\u00f3 mandamiento por $27.639.729 (25 sep. 2023), pese a que \u00abno cumple con los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 93 numeral 3\u00ba del CGP\u00bb, pues no fue compendiada en un solo escrito con el pliego introductor. <\/p>\n
Tal proceder, conllev\u00f3 el aumento del valor cautelado, que pas\u00f3 de $26.309.160 (13 may. 2022) a $41.459.586 (25 sep. 2023), sin tener en cuenta que, en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que adjunt\u00f3 a la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por pago (18 may. 2023), acredit\u00f3 haber saldado $21.955.506,84, \u00abde los cuales $15.441.604,04 est\u00e1n en dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, lo que significa que \u00abtan solo adeudar\u00eda (\u2026) $5.684.222,16\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que las actuaciones descritas menoscaban su \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y \u00abafectan el cumplimiento de la cuota alimentaria de su hija\u00bb, que asciende a $1.000.000, raz\u00f3n por la cual interpuso los recursos ordinarios frente a la resoluci\u00f3n criticada. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta defendi\u00f3 la legalidad de sus mandatos, remiti\u00f3 link de la causa reprochada y afirm\u00f3 que el 8 de noviembre de 2023 \u00abrechaz\u00f3\u00bb por improcedentes las censuras del gestor. <\/p>\n
Sonia Milena Garz\u00f3n Rend\u00f3n se opuso al auxilio por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, por cuanto est\u00e1 pendiente la reposici\u00f3n impetrada y la anulaci\u00f3n no se ha formulado en el escenario natural. Requiri\u00f3 enviar copias del legajo a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial a fin de investigar la conducta de la abogada del actor, \u00abdedicad[a] a inducir en error\u00bb al estrado convocado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Santa Marta desestim\u00f3 el amparo, por evidenciar que (i) La providencia por medio de la cual se desat\u00f3 el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb presentado por el querellante contra la nueva orden de apremio (25 sep.), fue divulgada en el estado de 9 de noviembre, configur\u00e1ndose la carencia actual de objeto y, (ii) No se ha \u00abinstaurado petici\u00f3n alguna tendiente a la nulidad, disminuci\u00f3n o levantamiento de las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el precursor. Asegur\u00f3 que la tutela busca \u00abque se verifique la actuaci\u00f3n realizada al interior del proceso al momento de admitir la reforma de la demanda ya que (\u2026) hab\u00eda sido inadmitida el d\u00eda 18 de enero de 2023\u00bb, porque \u00abno se allegaron los soportes de los costos educativos y de salud [por los] que se pretende [el] mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, la interesada \u00abpresent\u00f3 unos documentos y no integr\u00f3 la demanda como lo establece el art\u00edculo 93 numeral 3\u00ba del CGP\u00bb y por tanto se \u00abrechaz\u00f3\u00bb, empero, ante la opugnaci\u00f3n de su adversaria, quien \u00abastutamente present\u00f3 acci\u00f3n de tutela por segunda vez aduciendo que no les hab\u00edan dado respuesta a varios oficios\u00bb, la funcionaria recriminada \u00abde manera inmediata procede a emitir mandamiento de pago a la reforma (\u2026) [se\u00f1alando] que como no se inform\u00f3 a la demandante que deb\u00eda integrar la demanda en un solo escrito, la demanda deb\u00eda admitirse\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Circunscrita la Sala al motivo de inconformidad esbozado por el promotor, se anticipa el decaimiento del resguardo y, por ende, la ratificaci\u00f3n del veredicto rebatido, porque el auto de 25 de septiembre de 2023 es razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- El an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 al citado pronunciamiento, emitido por el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta (25 sep. 2023), al zanjar la discusi\u00f3n que se trae a esta senda por la \u00abadmisi\u00f3n de la reforma a la demanda\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, se resalta que esa decisi\u00f3n no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, la falladora reflexion\u00f3 que \u00abla reforma de la demanda fue inadmitida porque no se aportaron los soportes de los costos educativos y de salud [por los cuales] se pretende que se libre mandamiento de pago\u00bb y al confrontar esa disposici\u00f3n con la subsanaci\u00f3n allegada, estableci\u00f3 que se encontraba acorde a \u00ablos t\u00e9rminos se\u00f1alados en auto del 18 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reconsider\u00f3 \u00abel rechazo de la [reforma]\u00bb, basada en que, en verdad, \u00e9ste \u00abno pod\u00eda fundarse en defectos no anunciados en el auto inadmisorio, dado que no se le concedi\u00f3 a la parte demandante la oportunidad de subsanarlos, desconociendo el debido proceso\u00bb. Con apoyo en esas premisas, revoc\u00f3 \u00abel numeral primero del auto recurrido y (\u2026) en su lugar, [libr\u00f3] el mandamiento de pago\u00bb y decidi\u00f3 favorablemente \u00ablas medidas cautelares solicitadas. <\/p>\n
Tal colof\u00f3n armoniza con el art\u00edculo 11 del Estatuto Adjetivo, a cuyo tenor: <\/p>\n
Al interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretaci\u00f3n de las normas del presente c\u00f3digo deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias (Se resalta). <\/p>\n
Igualmente, la hermen\u00e9utica refutada, atempera con el principio de prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, de acuerdo con el cual, \u00ablos ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior\u00bb, al tenor de lo preceptuado en los art\u00edculos 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 8\u00b0 de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
(\u2026) esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Y en la T-261\/13, dictamin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad. (Citada en STC5016-2016, STC5821-2022 y en STC11265-2023). <\/p>\n
Luego, no acoger la \u00abreforma a la demanda\u00bb radicada por la madre de la menor por \u00abno haberse integrado en un solo escrito\u00bb con el primigenio, como lo exige el accionante, tornar\u00eda nugatorios los privilegios de la ni\u00f1a beneficiaria del cobro forzado, en contrav\u00eda de los lineamientos legales y constitucionales acabados de referir. <\/p>\n
3.- Independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como denuncia el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo designio tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC9232-2018, STC2544-2021, STC15685-2022 y STC1407-2023). <\/p>\n
4.- Ergo, se acompa\u00f1ar\u00e1 el fallo recurrido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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