STC16670-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16670-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02831-001 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por los accionados, especialmente, con la programaci\u00f3n de la continuaci\u00f3n de la diligencia de entrega del predio rematado en el juicio fustigado, sin que se haya definido la apelaci\u00f3n que propuso contra el prove\u00eddo mediante el cual se despach\u00f3 adversamente su oposici\u00f3n frente a la misma. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a los Juzgados convocados \u00ababstenerse de continuar con la entrega del\u2026 inmueble\u2026 hasta tanto quede en firme el auto del 11 de agosto de 2022[,] dictado por el Juzgado quinto civil del circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias, el cual en este momento es objeto de estudio del recurso de apelaci\u00f3n oportunamente interpuesto por [\u00e9]l\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo hipotecario que Central de Inversiones S.A. inco\u00f3 contra Board System Ltda., surtidas las etapas de rigor, en subasta realizada el 31 de enero de 2018, el bien gravado se adjudic\u00f3 a favor de Mar\u00eda Leticia Gonz\u00e1lez Giraldo, cesionaria de la inicial ejecutante, diligencia que el 30 de mayo de 2019 aprob\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Para la entrega del predio se comision\u00f3 al Juzgado Trece Civil Municipal de Bogot\u00e1, autoridad que fij\u00f3 el 21 de enero de 2020 para la materializaci\u00f3n de la diligencia, la que, luego, reprogram\u00f3 para el 14 de febrero siguiente, data \u00faltima en la cual le dio inicio y en la que formul\u00f3 oposici\u00f3n el ac\u00e1 accionante, la que acept\u00f3 el comisionado, pero al ser apelada esa decisi\u00f3n, con auto de 1\u00ba de diciembre de 2020, al advertir que se present\u00f3 insistencia en la entrega por parte de la rematante, el Tribunal convocado declar\u00f3 inadmisible tal censura y dispuso la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado del Circuito de conocimiento para que adoptara \u00ablos correctivos correspondientes\u00bb, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, destacando que era \u00abprematuro\u00bb pronunciarse \u00aben sede de apelaci\u00f3n respecto de la providencia del comisionado, cuya decisi\u00f3n es temporal mientras se adelanta el tr\u00e1mite legalmente previsto ante el comitente[,] a quien corresponde resolver de manera definitiva sobre la procedencia de la oposici\u00f3n[,] en decisi\u00f3n que ser\u00e1 la susceptible del recurso vertical\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 11 de agosto de 2022 el estrado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 neg\u00f3 \u00abla prosperidad de la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo el 24 de octubre siguiente y frente a la cual concedi\u00f3 el subsidiario recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el tutelante, \u00faltimo en tr\u00e1mite para el momento de interposici\u00f3n de esta petici\u00f3n de amparo (radicada el 21 de julio de 2023). <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, se reitera que el actor se\u00f1al\u00f3 acudir a este remedio excepcional, con el fin de que los Juzgados acusados se abstuvieran \u00abde continuar con la entrega del\u2026 inmueble\u2026 hasta tanto quede en firme el auto del 11 de agosto de 2022\u2026, el cual\u2026 es objeto de estudio del recurso de apelaci\u00f3n oportunamente interpuesto\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal acusado, con la decisi\u00f3n de 1\u00ba de diciembre de 2020, \u00abde forma arbitraria [e]\u2026 ilegal[,] se pronunci\u00f3 sobre cuestiones no argumentadas en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte solicitante\u00bb, el que en la diligencia se contrajo a que \u00abdeb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al numeral 4 del art\u00edculo 309\u00bb, pero la mentada colegiatura, al desatar la alzada, la \u00abadecu\u00f3 o consider\u00f3 que el solicitante lo que hab\u00eda hecho en dicha diligencia con su actitud fue insistir en la entrega y dar aplicaci\u00f3n as\u00ed a lo dispuesto en el numeral quinto primer inciso del art\u00edculo 309, contradiciendo con ello el mandato legal que obliga a que la insistencia deba realizarse de manera expresa y no de forma actitudinal o con actitudes o comportamientos, es decir, que le es vedado al juez interpretar lo que una parte dentro del proceso no manifest\u00f3 de manera clara y expresa[,] como lo exige la norma invocada\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, sostuvo que aunque en el auto de 11 de agosto de 2022 el Juzgado del Circuito criticado estableci\u00f3 que, en firme esa decisi\u00f3n, se devolviera el despacho comisorio al comisionado para que continuara con la diligencia de entrega; irregularmente, contrariando ello, el pasado 10 de marzo, dicho estrado judicial \u00aborden\u00f3 remitir o devolver las diligencias\u2026 [al] comisionado\u00bb; y \u00e9ste, el 20 de abril siguiente, se\u00f1al\u00f3 el 4 de agosto posterior \u00abcomo fecha para continuar con la diligencia\u00bb; siendo evidente que \u00abse pretende ejecutar el acto de entrega\u2026 sin que se haya desatado el recurso de apelaci\u00f3n en el cual se definir\u00e1 judicialmente el fundamento\u2026 de [su]\u2026 oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 ser \u00abposeedor de buena fe, con justo t\u00edtulo\u00bb, del mentado inmueble, sobre el que ha efectuado mejoras, el cual adquiri\u00f3 el 6 de marzo de 2014, fecha en que se hizo el registro p\u00fablico respectivo, pero para el a\u00f1o 2017 se enter\u00f3 que, por orden de un juez penal, sin surt\u00edrsele ninguna notificaci\u00f3n previa, fueron canceladas las anotaciones inscritas en el folio de matr\u00edcula correspondiente, desde el 15 de mayo de 2008 hasta aquella data; y que \u00abentre el 31 de enero de 2018 y el 21 de enero de 2020 se ejecut\u00f3 una irregularidad por parte\u2026 de la secretar[i]a [del Juzgado del Circuito]\u2026[,] quien el\u2026 25 de junio de 2019 libr\u00f3 un oficio dirigido a la oficina de registro [d]e instrumentos p\u00fablicos para que inscribiera a\u2026 Gonz\u00e1lez Giraldo como adjudicataria-propietaria del\u2026 inmueble, cuando el acta de adjudicaci\u00f3n a\u00fan no se encontraba en firme\u2026 Respeto (sic) de este actuar irregular se procedi\u00f3 a formular denuncia penal en contra de la empleada judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Esta Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, dispuso enterar a los accionados, a las partes y terceros intervinientes en el asunto fustigado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abno tiene en su conocimiento el asunto [criticado]\u2026, desde el 18 de octubre de 2013, por cuanto fue remitido al Juzgado 5 Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 ACUERDO PSAA13-9984\u00bb; y que, \u00abdel anexo\u2026 remitido se puede extraer que el conocimiento del asunto lo tiene el Juzgado 5 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n De Bogot\u00e1\u00bb, por lo que \u00e9ste es \u00abel llamado a indicar la informaci\u00f3n requerida\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Civil Municipal de la Capital de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 denegar la salvaguarda, \u00abal carecer de objeto, por motivo de una situaci\u00f3n sobreviniente\u00bb, comoquiera que la diligencia de entrega, cuya suspensi\u00f3n se pretend\u00eda, \u00abfue materializada el\u2026 4 de agosto de 2023, donde\u2026 hizo entrega del inmueble a la adjudicataria del remate, conforme a la comisi\u00f3n conferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Central de Inversiones contra Board System Ltda.\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00abla queja del gestor\u2026 se funda en su personal criterio\u00bb; que \u00abtodas [sus] decisiones han sido motivadas, fruto de un an\u00e1lisis legal y jurisprudencial de la controversia\u00bb; y que, \u00ab[e]n lo que concierne al prove\u00eddo emitido\u2026 el 1\u00ba de diciembre de 2020, del que el tutelante de manera irreverente califica de haberse realizado\u2026 un[a] \u201cinterpretaci\u00f3n peregrina\u201d, puede verse que la determinaci\u00f3n se erigi\u00f3 y respald\u00f3 en el precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia que all\u00ed se cit\u00f3, de la evaluaci\u00f3n detallada de la actuaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de la normativa pertinente. En todo caso, cualquier queja frente a esa determinaci\u00f3n por la senda excepcional de la tutela, resulta improcedente[,] pues no se satisface el requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
5. El abogado Helmer Mateus Ruiz, quien dijo actuar \u00abcomo apoderado de\u2026 Mar\u00eda Leticia Gonz\u00e1lez Giraldo en todas las actuaciones surtidas y originadas en el proceso ejecutivo hipotecario [fustigado]\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial que \u00e9sta le confiri\u00f3 para intervenir en su representaci\u00f3n en esta sumaria tramitaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
6. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y pidi\u00f3 negar \u00abel amparo\u2026 deprecado[,] por improcedente\u00bb, comoquiera que ha procedido \u00abde conformidad con los fundamentos legales y reglamentarios aplicables\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, con auto del pasado 10 de marzo, \u00aborden\u00f3 la devoluci\u00f3n de las diligencias\u2026 al despacho comisionado, para que contin\u00fae con el diligenciamiento de la entrega del inmueble rematado, teniendo en cuenta que, la apelaci\u00f3n concedida fue en el efecto devolutivo\u00bb; y que \u00abla parte opositora ha presentado incidente de nulidad, el cual le ha sido rechazado de plano en auto del 18 de mayo de 2023\u2026, el cual fue objeto de reposici\u00f3n y a la fecha se encuentra surtiendo el traslado al mismo de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 110 del C.G.P., por lo que una vez vencido\u2026, ingresar\u00e1 al despacho para tomar la decisi\u00f3n que corresponda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte el fracaso de la petici\u00f3n de amparo, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el prove\u00eddo cuestionado al Tribunal convocado, emitido el 1\u00ba de diciembre de 2020, este ruego tutelar insatisface el presupuesto de la inmediatez, en la medida en que desde el momento en que se dict\u00f3 esa providencia -as\u00ed como respecto de todas las actuaciones anteriores a ella- hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo (21 de julio de 2023), transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
2.1.1. Frente al requisito de la inmediatez, de forma reiterada la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
2.1.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
2.2. De otro lado, seg\u00fan se expuso, la situaci\u00f3n que motiv\u00f3 la formulaci\u00f3n de este ruego constitucional fue obtener, hasta tanto se definiera el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente al prove\u00eddo que el 11 de agosto de 2022 dict\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble ordenada en el juicio hipotecario reprochado. <\/p>\n
Ahora, de la respuesta de la Colegiatura acusada, las pruebas acopiadas y las anotaciones registradas en el sistema de gesti\u00f3n judicial, se desprende que tal censura vertical fue efectivamente desatada el pasado 29 de noviembre, ratificando lo decidido por el juzgador natural a-quo, acorde con las constancias insertas en el expediente, de donde la petici\u00f3n tutelar perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser, al hallarse condicionada a la definici\u00f3n de ese recurso, pues la misma ya se dio, de donde ning\u00fan objeto tendr\u00eda el pronunciamiento ac\u00e1 reclamado al fallador supralegal. <\/p>\n
De esta manera, es claro que, en cuanto dicho aspecto, la salvaguarda tampoco prospera, al evidenciarse su carencia actual de objeto, aspecto frente al cual la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026es el fen\u00f3meno procesal que se presenta cuando la acci\u00f3n de tutela pierde \u201csu raz\u00f3n de ser\u201d debido a la \u201calteraci\u00f3n o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos\u201d. Esto implica que cualquier orden del juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Al respecto, la Corte ha sostenido que el juez constitucional no es \u201cun \u00f3rgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jur\u00eddico, sobre escenarios hipot\u00e9ticos, consumados o ya superados\u201d. Ello es as\u00ed dado que la acci\u00f3n de tutela \u201ctiene un car\u00e1cter eminentemente preventivo m\u00e1s (sic) no indemnizatorio\u201d de modo que la intervenci\u00f3n del juez de tutela solo ser\u00e1 procedente cuando sea necesario desde un punto de vista constitucional (CC T-200\/22). <\/p>\n
3. Finalmente, de cara a los planteamientos novedosamente expuestos por el quejoso en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda de tutela, rogando que, a pesar de la materializaci\u00f3n de la entrega, se resguarden sus derechos, ante la supuesta evidencia de su conculcaci\u00f3n, es patente la inviabilidad de que este juez constitucional, en esta oportunidad, entre a analizar tales supuestos, comoquiera que, habi\u00e9ndose ocupado de ellos el Tribunal acusado, en el auto emitido el 29 de noviembre \u00faltimo, esto es, con posterioridad a la instauraci\u00f3n de este ruego tutelar (presentado el 21 de julio anterior), los argumentos all\u00ed exteriorizados para su definici\u00f3n constituyen \u00abhechos nuevos\u00bb, no propuestos en el liminar escrito de tutela (como, adem\u00e1s, no pod\u00edan serlo, pues, se repite, para entonces no exist\u00eda el referido prove\u00eddo del ad-quem ordinario), circunstancia por la cual no pudieron ser cabalmente controvertidos en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los ac\u00e1 intervinientes. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, como lo son la aludida variaci\u00f3n f\u00e1ctica y el auto que en su decurso emiti\u00f3 la autoridad acusada al interior del juicio reprochado, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
4. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia de tales presupuestos de procedibilidad impiden al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
5. Lo consignado impone el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo rogado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed decidido a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Aunque esta acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 el pasado 21 de julio, los Magistrados Guzm\u00e1n \u00c1lvarez -ponente inicial- y Ternera Barrios, con autos del d\u00eda 27 siguiente y 18 de agosto posterior, en su orden, manifestaron causales de impedimento para conocer de la misma, respecto de las que esta Corporaci\u00f3n, en Sala integrada por Conjueces, se pronunci\u00f3 el 5 de diciembre \u00faltimo, acept\u00e1ndolas (CSJ ATC1530-2023), lo que conllev\u00f3 a que el Magistrado a quien result\u00f3 reasignado el asunto, como ponente, lo admitiera a tr\u00e1mite el d\u00eda 7 siguiente, por lo que este pronunciamiento se emite en la oportunidad legal establecida por el Decreto 2591 de 1991 para tal efecto. <\/p>\n
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STC16670-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16670-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02831-001 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78114","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78114"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78114\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}