STC16678-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16678-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04733-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mery Vargas Arias, en representaci\u00f3n de su menor hija, instaur\u00f3 contra la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 4\u00b0 de esa misma especialidad y ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho con radicado n\u00b0 110013110004-2020-00455-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3, en esencia, que se deje sin efecto la sentencia que confirm\u00f3 el \u00e9xito de las pretensiones (26 may. 2023) para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto conforme a sus intereses. <\/p>\n
En sustento, adujo ser representante legal de la demandada en la disputa objeto de revisi\u00f3n. Se doli\u00f3 de la \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb desplegada por el tribunal accionado respecto de algunos medios de prueba, as\u00ed como de la ausencia de pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n de otros tantos. Relat\u00f3 que no tuvo una adecuada defensa t\u00e9cnica por parte de su apoderado judicial. <\/p>\n
De esas situaciones deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales dado que, en su criterio, no se cumplieron los presupuestos axiol\u00f3gicos para declarar la uni\u00f3n marital de hecho -constitutiva del estado civil de compa\u00f1eros permanentes-, especificamente, el relativo a la \u00absingularidad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado de primer grado remiti\u00f3 el link del expediente, hizo un relato de las actuaciones a su cargo y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. A su turno, el apoderado de la parte demandante se opuso a la prosperidad del amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo se denegar\u00e1 porque no se satisface el requisito de subsidiariedad que impera en este tipo de acciones constitucionales. <\/p>\n
Ciertamente, la queja medular de la accionante se circunscribe a que el tribunal declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho -constitutiva del estado civil de compa\u00f1eros permanentes- a pesar de que, en su criterio, no se cumpl\u00eda el requisito de \u00absingularidad\u00bb requerido para tales efectos. <\/p>\n
No obstante, al revisar el expediente cuestionado, la p\u00e1gina web de consulta de procesos de la Rama Judicial y el mismo escrito de tutela, pudo constatarse que la tutelante desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer su inconformidad contra ese veredicto mediante las herramientas de defensa judicial que para tal fin ofrece el legislador adjetivo, particularmente, mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que resultaba procedente a la luz de los art\u00edculos 334 y 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Valga recordar que sobre la particular tem\u00e1tica esta Sala tiene dicho que: <\/p>\n
\u00abAhora, versando el debate sobre un asunto relativo al estado civil, no era menester reparar en la cuant\u00eda para recurrir. <\/p>\n
As\u00ed lo ha dejado sentado esta Corte, al manifestar que la casaci\u00f3n como recurso extraordinario, s\u00f3lo est\u00e1 contemplada frente a determinadas sentencias que se ajustan a las puntuales previsiones del legislador, atendiendo la \u00edndole del asunto junto al valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al impugnante, excepci\u00f3n hecha de las proferidas en procesos ordinarios que versan sobre el estado civil de las personas donde el reproche es viable por esa sola circunstancia, agregando que (\u2026) as\u00ed las cosas, est\u00e9ril resulta la controversia relativa a determinar el monto de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, puesto que de conformidad la jurisprudencia vigente, el factor preponderante en estos casos es la aspiraci\u00f3n en torno al reconocimiento de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, por constituir \u00e9sta un aut\u00e9ntico estado civil. <\/p>\n
En efecto, desde el prove\u00eddo CSJ AC, 18 jun. 2008, rad. 2004- 00205-01, es punto pac\u00edfico en la doctrina de la Sala que la uni\u00f3n marital de hecho es un \u201cestado civil\u201d y que, por lo mismo, en armon\u00eda con la norma indicada, la pretensi\u00f3n de que se declare su existencia es el factor que determina la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, al margen del aspecto pecuniario de la universalidad que eventualmente conformaron los compa\u00f1eros permanentes (AC2891-2015, 27 may., rad. 2014.02821-00) (\u2026). <\/p>\n
De manera que, si era viable controvertir la situaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la omisi\u00f3n en su formulaci\u00f3n impide que pueda acudir a este tr\u00e1mite, breve y sumario, para suplir su incuria y, por ende, estudiar el fondo de lo planteado en este preciso \u00e1mbito\u00bb (CSJ. STC6559-2016, reiterada en STC16511-2021 y STC1465-2022, entre otras). <\/p>\n
Ahora, no resulta de recibo el argumento de la tutelante relativo a la ausencia de capacidad econ\u00f3mica para cubrir los gastos del recurso en comento, dado que, de un lado, esa circunstancia no fue acreditada -ni se infiere del expediente- y de otro, no se prob\u00f3 que se expusiera esa situaci\u00f3n ante las autoridades pertinentes. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha predicado -mutatis mutandis-, que: <\/p>\n
(\u2026) como el gestor inform\u00f3 sobre el desconocimiento de ciertos procedimientos y la falta de capacidad econ\u00f3mica para cubrir los gastos que acarrea adelantar gestiones (\u2026) judiciales para que sus reclamos sean tramitados, se le hace saber que, en busca de una asesor\u00eda jur\u00eddica, puede acudir a la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o a la Personer\u00eda del municipio m\u00e1s cercano a su lugar de residencia, para que lo orienten, gu\u00eden y direccionen a fin de tramitar sus reclamaciones indemnizatorias y bien puede acudir directamente a la autoridad judicial competente y solicitar se le conceda amparo de pobreza para que se le designe un abogado de oficio, que represente y defienda sus intereses en el litigio, de conformidad con los art\u00edculos 151 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). (STC9178-2023, entre otras.) <\/p>\n
En definitiva, dada la insatisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, no queda alternativa distinta a desestimar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela instada por Mery Vargas Arias, en representaci\u00f3n de su menor hija. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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