STC16682-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04856-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Hern\u00e1n Ortiz Atuesta contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el juicio penal n\u00b0 2018-01166. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
2. Menciona el accionante, que, mediante auto de 9 de noviembre de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n \u00ablanza certificaci\u00f3n carente de verdad\u00bb, al indicar que est\u00e1n ejecutoriadas las sentencias condenatorias emitidas en ambas instancias en su contra, pese a la ilegalidad del fallo proferido por el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Medell\u00edn. <\/p>\n
Refiere que no ha quedado desierto el mecanismo de insistencia en casaci\u00f3n, y que est\u00e1 en curso el incidente de nulidad que propuso dentro de la actuaci\u00f3n, por lo que contra aquella determinaci\u00f3n interpuso el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de queja\u00bb, pero \u00abhan pasado 15 d\u00edas\u00bb sin que se le haya dado tr\u00e1mite. <\/p>\n
Explica que el 6 de septiembre de los corrientes, la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso, pese a las actuaciones ilegales de la juzgadora de primera instancia, quien ten\u00eda una \u00abrelaci\u00f3n \u00edntima\u00bb con su defensor, lo que afect\u00f3 el ejercicio de su defensa, conforme qued\u00f3 plasmado en la acci\u00f3n de tutela \u00ab11001020400020220147700\/01\u00bb. Adem\u00e1s, sostiene, que, al calificar el mecanismo extraordinario, la Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en deficiencias t\u00e9cnicas. <\/p>\n
3. Solicita en consecuencia, \u00abanular las sentencias atacadas, atendiendo que se satisfacen todos los presupuestos exigidos para tal fin\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
A la fecha de registro del proyecto, no se hab\u00edan recibido intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En este caso particular, encuentra la Sala que el accionante sostiene que la Sala de Casaci\u00f3n Penal se est\u00e1 tardando en resolver el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja\u00bb que interpuso el 21 de noviembre de 2023 contra el auto de 9 de noviembre anterior, que le rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad de las sentencias condenatorias emitidas en su contra en ambas instancias procesales, dentro del juicio que se le sigui\u00f3 por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, ambos en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y, demandas de explotaci\u00f3n sexual comercial con menor de edad. <\/p>\n
3. Sin embargo, examinada la queja constitucional de cara a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente constitucional, no cabe duda de la improcedencia del resguardo reclamado, al no advertirse que la autoridad convocada hubiese incurrido en la demora endilgada. <\/p>\n
Las situaciones por mora judicial que habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional son aquellas donde la emisi\u00f3n de la respectiva decisi\u00f3n se ha extendido considerablemente en el tiempo sin que exista un motivo que lo justifique, es decir, son el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario. <\/p>\n
Sin embargo, en el presente caso no existi\u00f3 la tardanza alegada, si en cuenta se tiene que, entre la fecha en que el gestor interpuso los citados recursos el 21 de noviembre de 2023, y la radicaci\u00f3n del reclamo constitucional ocurrida el 11 de diciembre siguiente, solamente transcurrieron trece (13) d\u00edas, lapso cuya brevedad no permite predicar mora en la actividad judicial, y menos a\u00fan, una actitud renuente o descuidada de la autoridad accionada en el impulso de la actuaci\u00f3n, lo que impide la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez de tutela. <\/p>\n
De tiempo atr\u00e1s esta Sala ha sostenido que los eventos en que procede el resguardo constitucional por mora judicial, son lo que \u00absean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (STC8107-2023); y, en ese mismo sentido ha indicado, que \u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (Cit.). <\/p>\n
4. Tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso la solicitud del actor para que se invaliden los fallos emitidos en su contra dentro del referido juicio, toda vez que para ese prop\u00f3sito est\u00e1 en curso el mecanismo que se viene comentado, y que tiene por objeto que la Sala de Casaci\u00f3n Penal reconsidere su decisi\u00f3n del pasado 9 de noviembre de no anular esos fallos, de manera que, deber\u00e1 el actor aguardar al pronunciamiento correspondiente, sin que entretanto proceda la intervenci\u00f3n constitucional, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n, que le impide al juez de tutela actuar como si lo fuera de instancia u operar paralelamente con otras actuaciones, bien sea para interferir en el procedimiento o para adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte ha insistido en que el solicitante de la protecci\u00f3n \u00abdebe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC12407-2023). <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone la negativa a la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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