STC16686-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16686-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-004862-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00159. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
2. Menciona el accionante, que dentro de la referida acci\u00f3n constitucional el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira fij\u00f3 agencias en derecho a su favor como coadyuvante, pero que una vez apelado el fallo, el Tribunal querellado \u00abinaplica el Acuerdo PSAA16-10544 de 5 de agosto de 2016, art. 2.4 y 5.1\u00bb de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y se\u00f1ala como agencias en derecho \u00fanicamente la suma de $50.000,oo \u00abdespu\u00e9s de dos a\u00f1os de esperar un fallo\u00bb, y a su turno, en primera instancia fueron fijados $10.000,oo por el mismo concepto, para ser repartidos entre un accionante y \u00abtres\u00bb coadyuvantes, por lo que el retiro de ese dinero resulta m\u00e1s costoso que lo reconocido. <\/p>\n
3. Solicita en consecuencia que, tras conced\u00e9rsele amparo de pobreza, se le ordene a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo que intervengan a su favor; a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que informe si el mencionado acto administrativo se encuentra vigente; y, a las autoridades judiciales convocada, \u00abaplicar siempre en acciones populares para fijar agencias en derecho el Acuerdo del CSJ Sala Administrativa PSAA16-10544 del 5 de agosto de 2016 art. 2,4 y 5,1\u00bb y \u00abaportar copias digitales de todos los autos donde hayan fijado agencias en derecho en acciones populares en cualquier tiempo para probar el aparente abuso de poder en su contra\u00bb. Adem\u00e1s, en subsidio de lo anterior pide, que \u00abse ordene al juez tutelado y al Tribunal demostrar en derecho que con el convenio con Asorisa se cumple lo que se orden\u00f3 en sentencia y con lo que ordena la Ley 982 de 2005 art. 8, acciones afirmativas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3, que el 17 de enero del presente a\u00f1o dict\u00f3 sentencia de segunda instancia dentro del juicio de la referencia, y se remiti\u00f3 a las consideraciones all\u00ed consignadas, no sin antes resaltar que, dada la fecha del fallo, est\u00e1 incumplido el requisito de la inmediatez. Tambi\u00e9n resalt\u00f3 que, con sustento en \u00abiguales hechos y pretensiones\u00bb, ante esta Corte se tramit\u00f3 la acci\u00f3n de tutela con radicado n\u00b0 2023-01687-00. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. En este caso particular, encuentra la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional, es que se deje sin valor ni efecto la sentencia proferida el 17 de enero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que confirm\u00f3 lo decidido el 22 de noviembre de 2022 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro de la acci\u00f3n popular que Gerardo Alonso Herrera Hoyos, coadyuvado por el accionante y Cotty Morales Caama\u00f1o, tramit\u00f3 contra la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios Copservir Ltda \u2013Drogas la Rebaja, radicado n\u00b0. 66001-31-03-002-2021-00159-02, pues en su criterio, los juzgadores de primera y segunda instancia tasaron las agencias en derecho sin atender la normativa aplicable. <\/p>\n
3. Sin embargo, examinada la queja constitucional, se constata que en ocasi\u00f3n anterior esta Sala de decisi\u00f3n conoci\u00f3 de similar inconformidad respecto del mismo asunto, pero elevada por el actor popular Gerardo Alonso Herrera Hoyos, tramitada bajo el consecutivo 11001-02-03-000-2023-01687-00, donde \u00e9ste solicit\u00f3, en lo que ata\u00f1e a la presente actuaci\u00f3n que, <\/p>\n
i) Se ORDENE inmediatamente TRIBUNAL TUTELADO CONCEDER AGENCIAS EN DERECHO EN AMBAS INSTANCIAS A MI FAVOR, PUES MIS ACCIONES SALIERON VICTORIOSAS, (\u2026) NADIE PUEDE DESISTIR O CEDER ALGO QUE NO TIENE ALGO QUE ES MERA EXPECTATIVA, TAL COMO OCURRE EN MIS ACCIONES POPULARES <\/p>\n
Frente a lo cual, la Corte en prove\u00eddo STC4331-2023 del 10 de mayo neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras considerar que, <\/p>\n
\u00abEl Juzgado de conocimiento en auto de 11 de agosto de 2022, entre otros asuntos acept\u00f3 el desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 Gerardo Herrera. <\/p>\n
6.5 El Tribunal Superior de Pereira, en sentencia de 17 de enero de 2023, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, y ante la improsperidad del recurso propuesto por la sociedad demandada la conden\u00f3 \u00aben costas de segunda instancia\u00bb, y en auto de 2 de febrero de 2023, \u00abatendiendo que el actor popular ante esta sede solo present\u00f3 memoriales intrascendentes sobre el tr\u00e1mite procesal, del todo ineficaces para el fondo del asunto, y que la duraci\u00f3n de la instancia fue menor; se fijan como agencias en derecho de segunda instancia, a cargo de la apelante Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios Copservir Ltda-Drogas La Rebaja, y a favor de la parte accionante Gerardo Herrera, la suma de cincuenta mil pesos m\/cte ($50.000), con lo que se entiende compensada la vigilancia del asunto y su escasa intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n al debido proceso, como quiera que, el Tribunal Superior de Pereira en la sentencia resolvi\u00f3 condenar en costas a la sociedad demandada, de tal suerte que el reparo formulado por el accionante sali\u00f3 avante, pues obtuvo el reconocimiento de las \u00abcostas y agencias en derecho. <\/p>\n
De manera que, constatado que la decisi\u00f3n relativa a las costas procesales que fue tomada por el Tribunal convocado ya fue objeto de estudio en sede constitucional, a instancia del amparo solicitado por el actor popular de la misma actuaci\u00f3n criticada, resulta improcedente emitir nueva decisi\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
Lo anterior m\u00e1xime si se tiene en cuenta que a esa solicitud de amparo se vincul\u00f3 al aqu\u00ed inconforme, dada su calidad de integrante del extremo activo de la acci\u00f3n popular, quien, se destaca, en tal condici\u00f3n pudo coadyuvar las pretensiones supralegales, pero no lo hizo, as\u00ed como tampoco intervino para la eventual revisi\u00f3n de lo decidido ante la Corte Constitucional, de ah\u00ed que no resulte admisible que el gestor active el mecanismo constitucional, con el mismo objeto, causa y partes, pues como se dej\u00f3 dicho por la Sala en un asunto con cierta simetr\u00eda, <\/p>\n
\u00abse debe precisar que si la ac\u00e1 quejosa se encontraba inconforme con lo dispuesto en el prove\u00eddo del 26 de julio de 2019 emitido por el Tribunal de Arbitramento, debi\u00f3 intervenir en la acci\u00f3n de tutela inicialmente incoada, pues fue por el eventual inter\u00e9s que podr\u00eda tener en tal asunto que se le vincul\u00f3 a la actuaci\u00f3n, pero a pesar de ello no contest\u00f3 el amparo, ni lo coadyuv\u00f3 y tampoco interpuso impugnaci\u00f3n frente a lo dispuesto en el fallo de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que las desavenencias que se exponen mediante esta v\u00eda, debieron ser objeto de estudio en la acci\u00f3n de tutela que en un inicio se propuso. <\/p>\n
<\/p>\n
7. En ese orden, ante la evidente incuria en que incurri\u00f3 la entidad peticionaria no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al funcionario judicial que conoce del asunto, en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed tutelante no emple\u00f3 los medios de defensa judiciales ordinarios, pues la acci\u00f3n de tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su desidia\u00bb (STC705-2020). <\/p>\n
4. Ahora, en cuanto a las costas fijadas en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, la revisi\u00f3n del expediente da cuenta que, lo determinado data del 13 de marzo de 2023, y contra esa decisi\u00f3n el actor popular Gerardo Alonso Herrera Hoyos y la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o, interpusieron reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, recursos que fueron decididos en prove\u00eddo de 11 de mayo siguiente, manteni\u00e9ndose la tasaci\u00f3n por agencias en derecho en $10.000,oo y neg\u00e1ndose el mecanismo subsidiario por improcedente. <\/p>\n
Lo expuesto devela la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada sobre tales decisiones, por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, ya que, como qued\u00f3 en evidencia, entre el 11 de mayo de 2023, fecha de la \u00faltima providencia, y la de presentaci\u00f3n del amparo constitucional el 11 de diciembre pasado, transcurrieron siete (7) meses, lo que deja en evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Es evidente entonces que la solicitud de amparo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la data de las actuaciones que se tildaron como lesivas de los derechos fundamentales, pues fue elevada transcurridos m\u00e1s de los seis (6) meses que la reiterada jurisprudencia constitucional ha establecido como prudentes para acudir a la tutela, lo que impone la negativa de la protecci\u00f3n, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para exculpar la tardanza verificada. <\/p>\n
Sobre el requisito para la procedencia de la tutela que se viene comentando, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido de forma invariada que, <\/p>\n
as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC2024-2023). <\/p>\n
5. De otro lado, en relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo que intervengan dentro de la acci\u00f3n popular criticada en su favor; que el Consejo Superior de la Judicatura informe sobre la vigencia del Acuerdo PSAA16-10544 del 5 de agosto de 2016; y para que tanto el Juzgado como el Tribunal accionados aporten copia de todas las providencias emitidas en asuntos de igual naturaleza donde resuelvan sobre costas procesales, se advierte que el interesado que podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante las citadas autoridades sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, como lo ha reiterado la Sala, \u00abmientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC3592-2023). <\/p>\n
As\u00ed mismo, y tambi\u00e9n por estar incumplido el presupuesto de la subsidiariedad, no est\u00e1 llamado a prosperar el pedimento subsidiario para que las autoridades judiciales convocadas verifiquen que se cumpli\u00f3 con la protecci\u00f3n a derechos colectivos dispensada en el proceso cuestionado, pues tal solicitud le corresponde elevarla al actor primero ante el estrado de primera instancia. <\/p>\n
6. Finalmente, sobre la solicitud para que \u00abSE CONCEDA AMPARO DE POBREZA A MI FAVOR\u00bb, basta con se\u00f1alar que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la salvaguarda constitucional, la misma puede ser ejercida por \u00abcualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb1, quien podr\u00e1 actuar en nombre propio, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente asunto; sin embargo, si el gestor considera que debe ser asistido por un \u00abapoderado judicial\u00bb, nada impide que acuda a un profesional del derecho, a la Defensor\u00eda del Pueblo2 o a los consultorios jur\u00eddicos habilitados para tal fin, y solicite lo propio. <\/p>\n
7. Los motivos expuestos son suficientes para que se imponga la negativa a la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16686-2023 FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA Magistrado Ponente STC16686-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-004862-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Sebasti\u00e1n Colorado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}