STC16688-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16688-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01365-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 1\u00ba de agosto de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hilda Ter\u00e1n Calvache en su condici\u00f3n de \u00abapoderada general\u00bb del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidaci\u00f3n PAR, contra la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el proceso ordinario laboral n\u00b0 2016-00646. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la citada condici\u00f3n, la accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados a su representada por la Colegiatura convocada. <\/p>\n
2. Aduce la accionante que, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el Patrimonio Aut\u00f3nomo que representa, en contra de Mar\u00eda Nohemy L\u00f3pez L\u00f3pez, con el fin de obtener la devoluci\u00f3n de la suma de $112.439.447, se interpuso recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, toda vez que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado que hab\u00eda sido favorable a sus intereses, para, en su lugar, negar las pretensiones. <\/p>\n
3. Solicita en consecuencia, que se dejen sin valor ni efecto los prove\u00eddos fechados el 3 agosto de 2022 y el 25 de enero de 2023, por medio de los cuales se neg\u00f3 la invalidez reclamada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral precis\u00f3, que todas las decisiones le fueron notificadas a la parte inconforme en debida forma, sin que la diferencia num\u00e9rica advertida tuviera injerencia alguna en la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n, si se tiene en cuenta que la parte contaba con otros criterios de b\u00fasqueda para poder consultar y obtener informaci\u00f3n sobre el estado del proceso. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de Corporaci\u00f3n convocada, puntualiz\u00f3 que respecto de la notificaci\u00f3n objetada ya existi\u00f3 pronunciamiento por parte de la Sala Especializada Laboral en la nulidad criticada. <\/p>\n
ACTUACI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir que los prove\u00eddos criticados no lucen arbitrarios o antojadizos, \u00aben tanto se explic\u00f3 al recurrente que las actuaciones surtidas en el presente asunto fueron debidamente notificadas por estado, donde si bien se incurri\u00f3 en un error secretarial en tanto se radic\u00f3 el expediente con un c\u00f3digo \u00fanico nacional de identificaci\u00f3n que no correspond\u00eda al proceso de la referencia, el mismo pod\u00eda ser consultado por el nombre y raz\u00f3n social de las partes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la parte accionante se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela en punto de la debida identificaci\u00f3n de los procesos judiciales y el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Y sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. ST-878 de 2007; reiterada entre otras, en STC16275-2021 y STC12868-2023). <\/p>\n
2. En este caso particular, encuentra la Sala que la accionante, alegando ser la \u00abapoderada general\u00bb del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidaci\u00f3n PAR, pretende que se dejen sin valor ni efecto las providencias que negaron la nulidad invocada, dentro del proceso seguido por ese Patrimonio Aut\u00f3nomo frente a Mar\u00eda Nohemy L\u00f3pez (n\u00ba 2016-00646), pues en su criterio, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no tuvo en cuenta la indebida identificaci\u00f3n del auto que corri\u00f3 traslado para sustentar el recurso extraordinario propuesto, y por ende, los efectos que de ello se derivaron. <\/p>\n
3. Del expediente digital allegado, advierte la Sala la improcedencia del ruego constitucional que inst\u00f3 Hilda Ter\u00e1n Calvache, ya que resulta evidente que no es la titular de los derechos cuya infracci\u00f3n invoca, ni aport\u00f3 el poder especial que habilitara su mediaci\u00f3n en este particular asunto, como representante judicial del presunto afectado, es decir, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidaci\u00f3n PAR, de lo que se deriva su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, si bien la citada ciudadana aport\u00f3 el poder general otorgado mediante escritura p\u00fablica No. 2852 del 15 de julio de 2016 por las Sociedades Fiduciarias de Desarrollo Agropecuario S.A. y Popular S.A., quienes conforman el Consorcio de Remanentes de Telecom, este mandato por s\u00ed solo no la habilita para cuestionar en esta sede excepcional las actuaciones adelantadas al interior del citado proceso ordinario, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC14358-2021; reiterada entre otras en STC099-2023). <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso similar esta Sala expres\u00f3, que <\/p>\n
\u00abal verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente\u00bb. (CSJ STC14062-2021 reiterada en STC099-2023). <\/p>\n
4. Por lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La presente diligencia arrib\u00f3 a la Secretar\u00eda de esta Sala hasta el 7 de diciembre de los corrientes. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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