STC16691-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16691-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01954-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 12 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edidson Campo Morcillo, Laureano Rosado R\u00edos, Bernardo Camargo Ferrer, Jos\u00e9 Eugenio Pimienta Cotes, Emiro Rafael Guti\u00e9rrez de Alba, Andr\u00e9s Manuel Camargo Mill\u00e1n, Numas Eduardo Mej\u00eda Ariza, Jorge Luis Amaya Fuentes, Rafael Alberto Plata Su\u00e1rez, Carlos Eduardo Ovalle Vanegas, Marluz Yairith O\u00f1ate Solano, Hugo Jos\u00e9 Brito Brito, y, Eugene Jos\u00e9 Medina, contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo laboral n\u00b0 2017-00438. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes por intermedio de apoderado judicial, acuden al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, y la \u00ablibertad de empresa\u00bb, que consideran quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que promovieron el referido juicio ordinario laboral contra Gecelca S.A. E.S.P., para que se les reconociera la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n y se ordenara el pago de la misma a partir de la fecha de terminaci\u00f3n de cada uno de los contratos laborales, en el equivalente al 75% del salario promedio devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio incrementado en un 0.5% por cada a\u00f1o servido despu\u00e9s de los 20 primeros, pedimento al cual no accedi\u00f3 el 28 de junio de 2018 el Juzgado Primero Laboral de Barranquilla, decisi\u00f3n que apelaron, pero fue confirmada el 29 de abril de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
Refieren que, contra el precitado fallo interpusieron sin \u00e9xito recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues no fue casado el 17 de mayo de 2023 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, al desconocer que, seg\u00fan la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, la edad es un requisito de exigibilidad de la prestaci\u00f3n reclamada, mas no de causaci\u00f3n, conforme lo ha sido establecido en m\u00faltiples precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, entre ellas, las decisiones SL3329-2021, SL3671-2021, SL2769-2021, SL2565-2021, SL3343-2020 y SL2130-2021. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretenden que se ordene \u00abrevocar (\u2026) la sentencia de 28 de junio de 2018 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla (\u2026); la sentencia del 29 de abril de 2022 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que confirm\u00f3 [la precitada decisi\u00f3n]; la sentencia del 17 de mayo de 2023 proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde no fue casada [la precitada determinaci\u00f3n]\u00bb, y en consecuencia, \u00abordenar y declarar que los accionantes son beneficiarios de la pensi\u00f3n convencional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Laboral de Barraquilla defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n de fondo que profiri\u00f3 dentro del asunto criticado. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, explic\u00f3 que no cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia debido a que los demandantes no consolidaron su derecho pensional antes del 31 de diciembre de 2010, y precis\u00f3 que los fallos citados por \u00e9stos no aplican al caso concreto, porque trataron sobre convenciones colectivas diferentes de la relacionada con el referido juicio. <\/p>\n
ACTUACI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, por considerar que no se presenta ninguno de los motivos para la procedencia de la tutela contra decisi\u00f3n judicial, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 tras citar apartes que consider\u00f3 relevantes del fallo de casaci\u00f3n cuestionado, de los cuales coligi\u00f3 que \u00abno hab\u00eda lugar al reconocimiento de la pensi\u00f3n de origen convencional reclamada, porque no cumpl\u00edan el requisito de la edad y el tiempo de servicio por los accionantes\u00bb, en seguida de lo cual refiri\u00f3, que los precedentes jurisprudenciales que los actores se\u00f1alaron de incumplidos no aplican al caso, porque \u00abno se relacionan con la convenci\u00f3n colectiva que reg\u00eda a los trabajadores de la GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERG\u00cdA DEL CARIBE S.A. ESP \u2013 GECELCA S.A. ESP, sino a otras empresas, las cuales no pueden ser aplicadas en su caso particular\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los accionantes, con persistencia en los mismos argumentos iniciales, enfatizando en el desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
2. En este caso particular, corresponde a la Corte establecer, si las autoridades querelladas lesionaron las garant\u00edas fundamentales invocadas dentro del proceso ordinario laboral seguido por los aqu\u00ed interesados contra la Generadora y Comercializadora de Energ\u00eda del Caribe S.A. ESP \u2013 Gecelca S.A. E.S.P. (n\u00b0 2017-00438), al negar las pretensiones tanto en las decisiones de primera y segunda instancia, como en el fallo que neg\u00f3 la casaci\u00f3n de la \u00faltima. <\/p>\n
3. Analizado el contenido de la sentencia CSJ SL1124-2023, por medio del cual la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral decidi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n de 29 de abril de 2022 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por ser la que cerr\u00f3 el debate sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed tra\u00edda, la Sala establece que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad convocada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, al revisar los argumentos esbozados por el fallador, \u00e9ste comenz\u00f3 por analizar el \u00fanico cargo propuesto y precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abNo son objeto de cuestionamiento los siguientes supuestos: (i) todos los demandantes ten\u00edan 20 a\u00f1os de servicios para la fecha en que se promulg\u00f3 el Acto Legislativo 01 de 2005; (ii) sus relaciones laborales estaban vigentes al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda; y (iii) teniendo en cuenta las fechas de nacimiento de cada uno de ellos, los 55 a\u00f1os de edad los cumplieron as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Nombre <\/p>\n
Fecha de nacimiento <\/p>\n
55 a\u00f1os de edad <\/p>\n
Laureano Rosado <\/p>\n
11 jul. 1958 <\/p>\n
11 jul. 2013 <\/p>\n
Bernardo Camargo <\/p>\n
13 sep. 1959 <\/p>\n
13 sep. 2014 <\/p>\n
Jos\u00e9 Pimienta <\/p>\n
19 mar. 1959 <\/p>\n
19 mar. 2014 <\/p>\n
Emiro Guti\u00e9rrez <\/p>\n
24 sep. 1960 <\/p>\n
24 sep. 2015 <\/p>\n
Andr\u00e9s Camargo <\/p>\n
6 ag. 1959 <\/p>\n
6 ag. 2014 <\/p>\n
Numas Mej\u00eda <\/p>\n
27 feb. 1961 <\/p>\n
27 feb. 2016 <\/p>\n
Jorge Amaya <\/p>\n
21 feb. 1960 <\/p>\n
Edidson Campo <\/p>\n
29 sep. 1959 <\/p>\n
29 sep. 2014 <\/p>\n
Rafael Plata <\/p>\n
30 ag. 1958 <\/p>\n
30 ag. 2013 <\/p>\n
Carlos Ovalle <\/p>\n
9 may. 1959 <\/p>\n
9 may. 2014 <\/p>\n
Marluz O\u00f1ate <\/p>\n
11 nov. 1961 <\/p>\n
11 nov. 2016 <\/p>\n
Hugo Brito <\/p>\n
21 nov. 1960 <\/p>\n
21 nov. 2015 <\/p>\n
Eugene Medina <\/p>\n
13 sep. 1961 <\/p>\n
13 sep. 2016 <\/p>\n
En seguida puntualiz\u00f3, que \u00able corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que los demandantes no ten\u00edan derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional deprecada, por no haber cumplido los 55 a\u00f1os de edad antes del 31 de julio de 2010\u00bb, prop\u00f3sito para el cual analiz\u00f3 el texto de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente para los a\u00f1os 1989 y 1990 y encontr\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abA juicio de la Sala, la lectura del precepto convencional se dirige a los trabajadores activos de la empresa que lleguen a los 20 a\u00f1os de servicio, y que, en esa misma condici\u00f3n, cumplan 55 a\u00f1os de edad, por lo tanto, si para causar el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, el trabajador activo de la empresa ha debido completar 20 a\u00f1os de servicio y cumplir 55 a\u00f1os de edad, como literalmente lo dice el canon extralegal examinado, entonces no les asiste raz\u00f3n a los recurrentes al sostener que la edad es un simple presupuesto de exigibilidad de la prestaci\u00f3n, pues no es eso lo que estipula\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 a continuaci\u00f3n que, <\/p>\n
\u00abTal entendimiento no deriva \u00fanicamente de las reglas gramaticales y del lenguaje aplicadas al texto examinado, sino tambi\u00e9n de una perspectiva sistem\u00e1tica, en la medida en que la norma expresamente hace una referencia espec\u00edfica al prever que la jubilaci\u00f3n de sus trabajadores oficiales se har\u00eda \u00abde acuerdo a la ley\u00bb, y es claro que, para la \u00e9poca en la que fue celebrada la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, aplicables a los trabajadores oficiales, exig\u00edan la confluencia de ambos requisitos de edad y tiempo de servicios para la causaci\u00f3n del derecho legal a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
A la luz de las consideraciones precedentes, no queda otro camino que desestimar las acusaciones de la censura, puesto que, al comprender que la edad era un requisito de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, entonces los demandantes habr\u00edan causado su derecho en las fechas registradas en el cuadro graficado al inicio de las consideraciones de esta providencia. Empero, todas ellas son posteriores al 31 de julio de 2010, es decir, cuando ya hab\u00edan perdido vigencia las reglas pensionales establecidas en las convenciones colectivas, con arreglo a lo estipulado en el par\u00e1grafo transitorio 3 del art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Con todo, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada agreg\u00f3 como motivo, para no casar el fallo de segunda instancia, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en rigor, si desde el escrito inaugural del proceso los propios accionantes manifestaron que segu\u00edan vinculados como trabajadores activos de la empresa, entonces la convenci\u00f3n colectiva que rige sus destinos es la \u00faltima vigente. <\/p>\n
Pues bien, pasando al an\u00e1lisis de ese acuerdo extralegal, se tiene que en su art\u00edculo vig\u00e9simo se pact\u00f3 que \u00abLA EMPRESA jubilar\u00e1 a sus Trabajadores activos cuando cumplan los dos requisitos, es decir, 55 a\u00f1os de edad y 20 a\u00f1os de servicio continuos o discontinuos con LA EMPRESA\u00bb, situaci\u00f3n que reafirma que la edad es un requisito de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n, pues n\u00f3tese que all\u00ed se estipul\u00f3 de forma espec\u00edfica que hay lugar a ella cuando el trabajador activo cumpla las dos exigencias. <\/p>\n
Importa poner de presente que, como ya se dijo, en esta \u00faltima convenci\u00f3n se pact\u00f3 expresamente una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que viene a constituir el t\u00e9rmino inicialmente estipulado al que se refiere el par\u00e1grafo transitorio 3 del art\u00edculo 1 de la enmienda constitucional de 2005, y por ende, la regla pensional prevista en el art\u00edculo 20 del referido convenio colectivo estaba vigente hasta esa calenda, m\u00e1s all\u00e1 de que fuera posterior al 31 de julio de ese a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
\u00daltimo aserto que respald\u00f3 en un pronunciamiento emitido sobre el particular por la Sala permanente de la especialidad, para en seguida colegir que: <\/p>\n
\u00abCon sujeci\u00f3n al precedente jurisprudencial, es claro que el colegiado s\u00ed cometi\u00f3 un error al limitar el cumplimiento del requisito de edad hasta el 31 de julio de 2010, ya que, como la norma convencional de la cual deriva el derecho pensional perseguido fue suscrita con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, entonces tuvo efectos hasta esa data, por tratarse del t\u00e9rmino inicialmente estipulado en el convenio colectivo. <\/p>\n
Pero, tal yerro no lleva a que se case la sentencia, pues en todo caso la Corte arribar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria, habida cuenta de que, como ya se advirti\u00f3, los accionantes no pudieron consolidar su derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n antes del 1\u00ba de diciembre de 2010, pues si bien ten\u00edan m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicio para esa calenda, lo cierto es que no contaban con la edad necesaria para cumplir los requisitos exigidos por la preceptiva extralegal invocada (55 a\u00f1os). Por todo lo anterior, el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme con lo citado, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se configura una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los actores no haya recibo en esta sede excepcional; por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aqu\u00e9llos frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos, situaci\u00f3n que per se, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, sin que la conclusi\u00f3n sufra alteraci\u00f3n por la supuesta desatenci\u00f3n del precedente, pues las determinaciones tra\u00eddas por los accionantes no coinciden f\u00e1cticamente con su caso, porque refieren a convenciones colectivas diferentes de las que rigi\u00f3 su relaci\u00f3n con la demandada. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
5. Corolario de lo expuesto, se ratificar\u00e1 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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