STC16694-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16694-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-02112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yini Norfalia Yanguma Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Segundo Penal del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Florencia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el resguardo n\u00b0 2023-00085. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En compendio expuso, que es madre cabeza de familia y hace parte de la poblaci\u00f3n desplaza por la violencia del pa\u00eds, debidamente registrada en el Registro \u00danico de V\u00edctimas de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV), por lo cual result\u00f3 ser beneficiaria del subsidio de vivienda otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda mediante \u00abResoluci\u00f3n No. 940 de 22 de noviembre de 2011\u00bb, por valor de \u00ab$16.068.000\u00bb, para ser aplicado en el \u00abproyecto Urbanizaci\u00f3n la Gloria II etapa del Municipio de Florencia\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en atenci\u00f3n a que la alcald\u00eda de dicha municipalidad le indic\u00f3 que \u00abes necesario que Fonvivienda indexe el subsidio, para proceder a construir y entregar la vivienda\u00bb, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra dicha entidad y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual fue asignada al Juzgado Segundo Penal del Circuito de dicha ciudad, quien la neg\u00f3, mediante fallo del 2 de mayo del a\u00f1o en curso, decisi\u00f3n que se mantuvo inc\u00f3lume a pesar de impugnarla, pues la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito judicial la confirm\u00f3 en providencia del 9 de junio de los corrientes. <\/p>\n
Sostiene que las autoridades accionadas con lo resuelto incurrieron en v\u00eda de hecho, dado que i) los argumentos del juez primario \u00abno est\u00e1n ajustados y fueron completamente desfazados\u00bb, ya que \u00abnada ten\u00edan que ver con el hilo conductor de la demanda\u00bb; ii) en las instancias \u00ab[n]o hay un pronunciamiento sobre [su] derecho a la igualdad, cuando hay ejemplos jurisprudenciales, que han llevado a que m\u00e1s de 300 familias hayan sido indexadas, que recibieron el subsidio con la misma Resoluci\u00f3n\u00bb; y, iii) los falladores no aplicaron \u00abel beneficio INTER COMUNIS sobre las tutelas que han fallado favorable y han ordenado este beneficio\u00bb. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pretende que se ordene al estrado y tribunal acusados, \u00abEMIT[IR] UN FALLO AJUSTADO A LA JURISPRUDENCIA que ordene en forma PERENTORIA al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y\/o Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, (\u2026) indexar o actualizar el valor del subsidio otorgado y que una vez indexado el municipio procede a construir la vivienda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia solicit\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda, comoquiera que \u00abse trata de una tutela contra decisi\u00f3n judicial de igual naturaleza, la que por dem\u00e1s no ha culminado su tr\u00e1mite, pues se itera, fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb, <\/p>\n
2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se opuso al auxilio reclamado, por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, m\u00e1xime cuando en su caso no resulta procedente acceder a la indexaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
3. La alcald\u00eda del municipio de Florencia pidi\u00f3 ser desvinculada de la actuaci\u00f3n, \u00abporque las causas que dieron origen a la misma, son situaciones complejas que requieren de acciones administrativas por parte de Fonvivienda para indexar el subsidio otorgado y de ser necesario prorrogar el mismo\u00bb. <\/p>\n
ACTUACI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la solicitud de amparo, bajo el argumento que \u00abno es posible intentar un nuevo amparo contra la providencia que ha fallado otra acci\u00f3n similar, pues ello alterar\u00eda la naturaleza jur\u00eddica de este mecanismo y frustrar\u00eda su objeto funcional\u00bb, hip\u00f3tesis que se da en el caso bajo estudio, ya que \u00abse advierte que Yini Norfalia Yanguma Hern\u00e1ndez se muestra inconforme con la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, del 2 de mayo de 2023, confirmada el 9 de junio de 2023, por la Sala Penal del Distrito Judicial de la misma ciudad, al no acceder a la protecci\u00f3n constitucional deprecada, esto es, la indexaci\u00f3n del subsidio de vivienda otorgado en su favor, de lo que surge evidente que, el objeto de reclamo tuitivo recae en las determinaciones adoptadas al interior de un tr\u00e1mite amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abno se verifica ninguna circunstancia excepcional que habilite la intervenci\u00f3n del juez, ello porque la accionante no demostr\u00f3 que la determinaci\u00f3n denunciada fuera producto de fraude – como que nada de ello dijo-, sino se limit\u00f3 a expresar razones por las cuales, estima que es procedente conceder el amparo solicitado\u00bb, sumado a que \u00abla acci\u00f3n de tutela ac\u00e1 cuestionada fue radicada en [la Corte Constitucional], bajo el expediente No T9639811, y el 2 de octubre de 2023 se remiti\u00f3 el expediente a la Sala de Selecci\u00f3n, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, luego a\u00fan se encuentra pendiente de que dicha autoridad se pronuncie sobre la selecci\u00f3n y revisi\u00f3n del asunto tuitivo conforme sus competencias\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la tutelante, para insistir en los argumentos del escrito de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizar el correspondiente escrutinio a la demanda de tutela instaurada por Yini Norfalia Yanguma Hern\u00e1ndez, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar las sentencias proferidas el 2 de mayo y 9 de junio de 2023 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente que hace poco aqu\u00e9lla promovi\u00f3 frente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda, con radicado No. 2023-00085, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica1, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 19912, am\u00e9n que no se aleg\u00f3 ni se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u201cfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u201d, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. Por otro lado, t\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, \u00faltimo escenario donde la parte interesada podr\u00e1, en caso de no ser seleccionado el dossier, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto3, para suplicar a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC, 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada, entre otras, en STC5025-2022 y STC3658-2023). <\/p>\n
Herramientas procesales que la impulsora desaprovech\u00f3, seg\u00fan se pudo verificar en el aplicativo \u201cBuscador de tutela\u201d de la p\u00e1gina Web de la Corte Constitucional4, ya que a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 31 de agosto de los corrientes, notificado el 14 de septiembre anterior, la Sala de Selecci\u00f3n n\u00b0 8 de dicha Colegiatura decidi\u00f3 no escoger el expediente contentivo del ruego censurado (T9532576)5, en cuyo texto no se menciona que la interesada haya presentado previamente una petici\u00f3n con ese fin, conforme lo autoriza el art\u00edculo 53 del Acuerdo n\u00b0 02 de 2015 (Reglamento unificado y actualizado), aunado a que la b\u00fasqueda evidenci\u00f3 que en esa encuadernaci\u00f3n no se elev\u00f3 ninguna solicitud de insistencia. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido, se impone respaldar el fallo impugnado, porque i) la acci\u00f3n de tutela no procede para cuestionar decisiones adoptadas en otro tr\u00e1mite de igual naturaleza y, ii) la promotora no hizo uso de los mecanismos que el ordenamiento brinda para corregir las posibles equivocaciones o injusticias que los jueces eventualmente puedan cometer al solventar dicho remedio excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que reza: \u201cEsta acci\u00f3n solo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Que expone: \u201cCuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Regulado en el Acuerdo No. 05 de 1992 (Reglamento de la Corte Constitucional), unificado y actualizado mediante Acuerdo No. 02 de 2015. <\/p>\n
4\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2023-12-10&radi=Radicados&palabra=Yanguma+HernAndez&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
5\u0002 M\u00e1s no el identificado con el consecutivo T9639811, como lo asever\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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