STC16695-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16695-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-01094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 5 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Hernando Usc\u00e1tegui Ciend\u00faa contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 y los intervinientes en el juicio disciplinario n\u00b0 2021-01666. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la gestora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En compendio expuso, que en el a\u00f1o 2018 le fue otorgado poder para adelantar un proceso de administraci\u00f3n de bienes del ausente, el cual culmin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito sin que en \u00e9l efectuara alguna gesti\u00f3n; sin embargo, en su contra se present\u00f3 queja disciplinaria, con sustento en que no pod\u00eda actuar por estar sancionado disciplinariamente. <\/p>\n
A ra\u00edz de ello, fue iniciado en su contra un proceso disciplinario, donde le fue designado un defensor de oficio al no poder ser notificado personalmente de la actuaci\u00f3n, quien no realiz\u00f3 ninguna actividad en pro de su defensa, dado que, mediante fallo del 9 de agosto de 2022, el Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n del ejercicio profesional por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses y multa de dos (2) s.m.l.m.v., al hallarlo responsable a \u00abt\u00edtulo de dolo, de la falta prevista en el art\u00edculo 39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 29-4 ib\u00eddem\u00bb, decisi\u00f3n que aqu\u00e9l ni siquiera debati\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, remedio que \u00e9l si formul\u00f3 oportunamente, una vez se enter\u00f3 por un amigo de la existencia del juicio, alzada que dirimi\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el 24 de agosto del a\u00f1o en curso confirmando dicha determinaci\u00f3n, resoluci\u00f3n que tuvo un salvamento de voto. <\/p>\n
Sostiene que la aludida Colegiatura con lo resuelto incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, dado que no tuvo en cuenta \u00ablas pruebas ni [sus] argumentos\u00bb; no analiz\u00f3 la carencia de defensa t\u00e9cnica que tuvo en el proceso; y, nada dijo sobre el desistimiento t\u00e1cito, pese a que este fue la base de la sanci\u00f3n, suceso que al final no perjudic\u00f3 a ninguna de las partes; adem\u00e1s, ignor\u00f3 que se prob\u00f3 que no actu\u00f3, ni mucho menos suscribi\u00f3 memorial alguno estando sancionado. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pretende que \u00abse estudie [su] caso y se analice detalladamente, que no [ha] cometido ninguna falta disciplinaria, y que los magistrados (\u2026) decidan en justicia y en derecho basados en los hechos reales y objetivos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso al auxilio reclamado, por cuanto \u00abla providencia del 24 de agosto de 2023 no desconoci\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental del accionante, quien ahora acude a la acci\u00f3n de tutela ante el fracaso de los reparos planteados\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 declarar improcedente la ayuda suplicada, comoquiera que \u00abno se re\u00fanen los requisitos de car\u00e1cter general y espec\u00edfico que exige la jurisprudencia constitucional para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb, am\u00e9n que \u00ablas sentencias objeto de inconformidad est\u00e1n fundamentadas probatoria y jur\u00eddicamente\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de Judicatura inform\u00f3, que fue anotada la sanci\u00f3n impuesta al actor para empezar a regir a partir del 28 de septiembre de 2023 hasta el 27 de enero de 2024. <\/p>\n
ACTUACI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la solicitud de amparo, con fundamento en que \u00abno existe motivo para afirmar que la determinaci\u00f3n adoptada por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el 24 de agosto de 2023, comprometa los derechos fundamentales del accionante, pues, a pesar de la insatisfacci\u00f3n del demandante, aquella no se advierte contraria a mandatos constitucionales y legales, toda vez que, resulta razonable y aborda todos los cuestionamientos que USCATEGUI CIENDUA reitera en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, para insistir en los argumentos del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, cuando se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasific\u00f3 en sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, observa la Sala que el accionante se queja concretamente de la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023 por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, por medio de la cual resolvi\u00f3 \u00abNEGAR la solicitud de nulidad impetrada por el disciplinable\u00bb, y, \u00abCONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de agosto de 2022 por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 mediante la cual declar\u00f3 responsable disciplinariamente al abogado Omar Hernando Usc\u00e1tegui Ciendua y le impuso sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses y multa de dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por la comisi\u00f3n de la falta disciplinaria prevista en el art\u00edculo 39 de la Ley 1123 de 2007, a t\u00edtulo de dolo\u00bb, dentro del juicio disciplinario n\u00b0 2021-01666, pues en su criterio, dicha autoridad no realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria, aunado a que soslay\u00f3 que estuvo desprovisto de defensa t\u00e9cnica en el mismo. <\/p>\n
3. Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable y su cotejo con la informaci\u00f3n extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, en la medida en que la determinaci\u00f3n reprochada no estructura ning\u00fan defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su desautorizaci\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
\u00abEn primer lugar, debe indicarse que el nombramiento de la defensora de oficio tuvo como fundamento el hecho de que el disciplinable no asistiera al proceso disciplinario, motivo por el cual, luego de la publicaci\u00f3n de los dos edictos emplazatorios, mediante auto de fecha 16 de diciembre de 2021 se le declar\u00f3 persona ausente. <\/p>\n
En segundo lugar, los puntos 1, 2, 3 y 6 no dan cuenta del argumento en que reside la petici\u00f3n de nulidad por cuanto se refieren a hechos que contextualizan el pedimento o la solicitud misma. De all\u00ed que sea procedente examinar \u00fanicamente los numerales 4, 5 y 7. <\/p>\n
Frente al numeral 4.\u00ba, no es cierto que la defensora de oficio no hubiese pedido pruebas a favor del disciplinable. Por el contrario, consta que en la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional de fecha 8 de febrero de 202240, la defensora solicit\u00f3 como medio de prueba la declaraci\u00f3n del quejoso y la prueba grafol\u00f3gica para desvirtuar que la firma plasmada en el memorial radicado el 16 de octubre de 201941 fuere del disciplinable. En el mismo sentido, en la audiencia de fecha 29 de marzo, la togada solicit\u00f3 que se oficiara al Juzgado 18 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 a efectos de que certificara a qui\u00e9n correspondi\u00f3 el sello de recibido del mentado memorial. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en la audiencia de fecha 31 de mayo de 2022, en la que se calific\u00f3 el m\u00e9rito de la actuaci\u00f3n, luego de que se decretara la terminaci\u00f3n parcial del proceso disciplinario y se formulara el pliego de cargos, el disciplinable solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de su cliente, el se\u00f1or Fernando Rodr\u00edguez Mart\u00ednez. Esta petici\u00f3n fue respaldada por la defensora de oficio. <\/p>\n
Respecto del numeral 5.\u00ba, alusivo a que la defensora no apel\u00f3 la sentencia sancionatoria, no puede predicarse de ello ninguna causal de nulidad debido a que ello no resulta obligatorio, pues los togados que act\u00faan en tal calidad gozan de autonom\u00eda profesional para determinar la viabilidad de la interposici\u00f3n del recurso de alzada, cuando hay un motivo que as\u00ed lo justifique. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por \u00faltimo, acerca de que no se hubiese podido reunir con la defensora de oficio para planear su estrategia de defensa, ello no resulta obligatorio, m\u00e1xime cuando el disciplinable asisti\u00f3 a las \u00faltimas sesiones de la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional, en las que no se evidenci\u00f3 ninguna intenci\u00f3n de contactarse con su defensora. M\u00e1xime cuando la defensa de oficio justamente nace ante la necesidad de suplir la ausencia del abogado investigado, raz\u00f3n por la cual no es necesario, aunque sea deseable, el contacto entre el defensor de oficio y su patrocinado\u00bb. <\/p>\n
Luego, en cuanto al argumento expuesto por el accionante acerca de que no suscribi\u00f3 memorial alguno en el litigio que dio origen al juicio disciplinario, la Corporaci\u00f3n criticada razon\u00f3: <\/p>\n
\u00abSobre el primer reparo de apelaci\u00f3n, que calific\u00f3 de absurda e injusta la decisi\u00f3n sancionatoria porque logr\u00f3 demostrar que no suscribi\u00f3 el documento que se le endilg\u00f3 y que se radic\u00f3 ante el juzgado cognoscente, lo primero que debe advertir esta corporaci\u00f3n es que no se le formul\u00f3 pliego de cargos ni mucho menos se sancion\u00f3 al disciplinable por ese comportamiento. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026), aunque es cierto que no se acredit\u00f3 que el togado hubiese suscrito el mentado memorial, tambi\u00e9n lo es que esa conducta no fue investigada ni sancionada por la primera instancia. <\/p>\n
Huelga decir entonces que la conducta que se le endilg\u00f3 al disciplinable consisti\u00f3 en un comportamiento omisivo al no haber renunciado ni sustituido el poder pese a que estaba suspendido en el ejercicio de la profesi\u00f3n, mientras que la radicaci\u00f3n del memorial supone una conducta de car\u00e1cter activo. Lo anterior, sin perjuicio de que ambos supuestos de hecho (el ejercicio de la profesi\u00f3n en sentido activo y en sentido negativo, entendido como no renunciar al poder) est\u00e9n abarcados por la falta descrita en el art\u00edculo 39 de la Ley 1123 de 2007 como qued\u00f3 visto en el ac\u00e1pite anterior\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, en relaci\u00f3n a los reproches atinentes a que no se tuvo en cuenta que renunci\u00f3 al poder conferido debido a que su mandante no deseaba continuar con el proceso y que no caus\u00f3 perjuicio a ninguna persona con su actuar, precis\u00f3 que \u00abtampoco le asiste raz\u00f3n al apelante por dos razones principales\u00bb, a saber: <\/p>\n
\u00abEn primer lugar, porque el hecho de que el cliente no quiera continuar con el proceso judicial en el que funja como apoderado un profesional del derecho suspendido en el ejercicio de la profesi\u00f3n no torna at\u00edpica la conducta ni emerge como una causal excluyente de responsabilidad disciplinaria. <\/p>\n
En efecto, de lo que se trata es de respetar los efectos de una sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n, la cual adopt\u00f3 v\u00e1lidamente una autoridad judicial cuyos efectos hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada a voces del art\u00edculo 111 de la Ley 270 de 199654, y no de amparar la diligencia debida al cliente cuyos intereses se representa. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, tampoco es de recibo el reparo del apelante encaminado a sustentar que no afect\u00f3 a nadie con su comportamiento, puesto que la falta no exige para su configuraci\u00f3n un da\u00f1o o afectaci\u00f3n al cliente, a sus colegas, a la contraparte o a la administraci\u00f3n de justicia, sino que para su materializaci\u00f3n es suficiente el desconocimiento de la sanci\u00f3n que impide el ejercicio de la profesi\u00f3n, bien sea de manera temporal o definitiva. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es importante destacar, en este punto, que el alcance o efecto de las decisiones judiciales, tal como ocurri\u00f3 con la providencia cuyo desconocimiento dio origen al caso sub lite, no puede quedar al arbitrio de los clientes de los abogados sancionados. Si una autoridad judicial resuelve adoptar una providencia de car\u00e1cter sancionatorio en el \u00e1mbito disciplinario, la consecuencia jur\u00eddica se hace efectiva desde el momento en que se incluye en el Registro Nacional de Abogados, medio a trav\u00e9s del cual se da publicaci\u00f3n debida y no puede desconocerse so pretexto de la voluntad de quien le haya otorgado poder a un disciplinable\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n mencion\u00f3: <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la inconformidad que gravita sobre la base de que el proceso estaba pr\u00e1cticamente terminado para el momento en que entr\u00f3 a regir la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n, reflexion\u00f3: <\/p>\n
\u00abV\u00e9ase que la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n por dos (2) meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n estuvo vigente entre el 12 de septiembre y el 11 de noviembre de 2019 y el proceso de declaraci\u00f3n de ausencia termin\u00f3 con la expedici\u00f3n del auto de fecha 23 de julio de 202155, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de la cesaci\u00f3n del comportamiento reprochado\u00bb1. <\/p>\n
4. Conforme con ello, la determinaci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se configura una v\u00eda de hecho, comoquiera que el juzgador recriminado abord\u00f3 y desestim\u00f3 cada uno de los reparos del censor con apoyo en la normatividad que disciplina el caso y con sujeci\u00f3n a una valoraci\u00f3n probatoria respetable, de modo que el reclamo del tutelante no es de recibo en esta sede excepcional, m\u00e1xime cuando lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a los razonamientos expuestos por la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus planteamientos, situaci\u00f3n que per se, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC932-2022 y STC11523-2022). <\/p>\n
5. De este modo, se impone respaldar el veredicto reprochado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital: 12 PROVIDENCIA. ABO APE 202101666.pdf, expediente digitalizado allegado <\/p>\n
1 <\/p>\n
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