STC16697-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16697-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00282-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 29 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Elena Rivas Duss\u00e1n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Yaguar\u00e1 y los intervinientes en el resguardo n\u00b0 2023-00053. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la gestora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso, que Lino Guti\u00e9rrez Suaza, Alcides Polanco Bran y Jairo Montealegre, instauraron en su contra querella policiva, aduciendo una presunta \u00abperturbaci\u00f3n de servidumbre y v\u00eda p\u00fablica terciaria\u00bb, a ra\u00edz de la vecindad que existe entre ellos por ser copropietarios en com\u00fan y proindiviso del predio rural de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abLa Floresta\u00bb, ubicado en el municipio de Yaguar\u00e1, Huila. <\/p>\n
Dicho tr\u00e1mite fue resuelto en primera instancia el 18 de octubre de 2022, por la Directora T\u00e9cnica de Justicia de dicha localidad, quien le orden\u00f3 suspender los actos perturbatorios denunciados por los quejosos, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el alcalde mediante prove\u00eddo del 7 de junio de 2023, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso frente a dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra dicha dependencia y ente territorial, la cual fue asignada al Juzgado Promiscuo Municipal de ese mismo lugar, quien la neg\u00f3 mediante fallo del 17 de agosto del cursante a\u00f1o, decisi\u00f3n que no vari\u00f3 a pesar de impugnarla, pues el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva la ratific\u00f3 en providencia del 29 de septiembre siguiente, veredicto que \u00e9ste se abstuvo de aclarar en auto de 9 de octubre posterior. <\/p>\n
Sostiene que el despacho recriminado con lo resuelto incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, dado que \u00abdej\u00f3 de practicar una prueba legalmente decretada en ambas instancias\u00bb, y no tuvo en cuenta \u00abla totalidad de las pruebas practicadas\u00bb durante el tr\u00e1mite, en particular, \u00abla certificaci\u00f3n allegada (\u2026) por parte del representante legal de \u201cAsolafloresta\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pretende que \u00abse deje sin efecto la providencia del pasado veintinueve (29) de septiembre de 2023 y el auto de nueve (9) de octubre de 2023, para que en su lugar se rehaga la actuaci\u00f3n hasta tanto se reciba respuesta del Ministerio de Transporte\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva solicit\u00f3 negar la salvaguarda, comoquiera que en \u00abla sentencia confutada se realiz\u00f3 la correspondiente fundamentaci\u00f3n del tema, con el respectivo soporte normativo, de manera que la providencia judicial objeto de debate fue adoptada fruto del an\u00e1lisis racional y coherente de los elementos probatorios obrantes en el expediente\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00aben (\u2026) la audiencia llevada a cabo el d\u00eda 10 de diciembre de 2021 (fol 92 archivo 0058), se denota la ausencia de la solicitud y decreto de la prueba que pretende hacer valer la accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Yaguar\u00e1 se opuso al auxilio reclamado, por cuanto los jueces que conocieron del resguardo censurado \u00abno han vulnerado el derecho fundamental del debido proceso ni cualquier otro derecho, menos a\u00fan han incurrido en v\u00edas de hecho, como lo afirma la accionante; contrario sensu, las decisiones adoptadas mediante las sentencias respectivas fueron emitidas con apego a la ley y razonamientos jur\u00eddicamente relevantes, decisiones que obran en el expediente de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. La Directora T\u00e9cnica de Justicia del municipio citado en precedencia, pidi\u00f3 ser desvinculada de la actuaci\u00f3n, ya que \u00abno es responsable de la amenaza del derecho incoado por la accionante\u00bb. <\/p>\n
ACTUACI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 la solicitud de amparo, con fundamento en que, \u00ablo que se ataca por medio del presente amparo es un fallo de tutela adem\u00e1s los hechos invocados no son posteriores a la sentencia, es decir, no se encuentra enlistada en las excepciones se\u00f1aladas por la Corte Constitucional, ni lesiona el derecho fundamental al debido proceso invocado por la actora\u00bb, sumado a que \u00abante eventuales errores de los jueces de tutela, constitutivos de v\u00edas de hecho, \u00e9stos pueden ser corregidos en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la tutelante, para insistir en los planteamientos del escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizar el correspondiente examen a la demanda de tutela instaurada por Mar\u00eda Elena Rivas Duss\u00e1n, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, uno de sus objetivos es atacar la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente que hace poco aqu\u00e9lla promovi\u00f3 frente al municipio de Yaguar\u00e1 y la Directora T\u00e9cnica de Justicia de dicha poblaci\u00f3n, con radicado No. 2023-00053, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica1, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 19912, am\u00e9n que no se aleg\u00f3 ni se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u201cfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u201d, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. Por otro lado, t\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, \u00faltimo escenario donde la parte interesada podr\u00e1, en caso de no ser seleccionado el dossier, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto3, para suplicar a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC, 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada, entre otras, en STC5025-2022 y STC6714-2023). <\/p>\n
Herramientas procesales que la impulsora a\u00fan tiene a su disposici\u00f3n, dado que, seg\u00fan se pudo verificar de la encuadernaci\u00f3n remitida por los juzgados criticado y vinculado, el asunto todav\u00eda no ha sido enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, lo que cierra definitivamente la posibilidad de auscultar por este camino la sentencia de tutela controvertida. <\/p>\n
5. De otro lado, basta decir, en relaci\u00f3n con la queja enrostrada contra el prove\u00eddo de 9 de octubre de 2023, por medio del cual la autoridad judicial tachada neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n elevada por la impulsora frente al fallo atr\u00e1s comentado, que, si bien su inconformidad es con una actuaci\u00f3n posterior a dicho proveimiento, lo que torna pertinente el an\u00e1lisis de fondo de la ayuda supralegal instada, de acuerdo con el punto 4.6.3.2. del precedente al que se ha hecho alusi\u00f3n y la sentencia T-286 de 20184, lo solventado por esta no reviste arbitrariedad o capricho. <\/p>\n
Ello, por cuanto aquella postulaci\u00f3n, en verdad, no se aviene a los motivos espec\u00edficamente se\u00f1alados en el inciso primero del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que la providencia podr\u00e1 ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, \u00abcuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella\u00bb, en la medida que la interesada bas\u00f3 su pedimento en la falta de pronunciamiento respecto de una certificaci\u00f3n allegada por el representante legal de \u201cAsolafloresta\u201d y la ausencia de explicaci\u00f3n del por qu\u00e9 \u201cel despacho procedi\u00f3 a dictar sentencia de impugnaci\u00f3n sin haber esperado a recibir la recepci\u00f3n de la prueba decretada por el A-quo y por el mismo Juez de segunda instancia procedente del Ministerio del Transporte\u201d, hechos que no encuadran en la citada norma. <\/p>\n
6. En consecuencia, se impone respaldar el veredicto reprochado, porque i) la acci\u00f3n de tutela no procede para cuestionar decisiones adoptadas en otro tr\u00e1mite de igual naturaleza; ii) la promotora a\u00fan cuenta con mecanismos para corregir las posibles equivocaciones o injusticias que el juez de tutela de segundo grado eventualmente pudo cometer al solventar el ruego supralegal debatido; y, iii) la negativa de aclarar el fallo dictado en esa instancia es razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que reza: \u201cEsta acci\u00f3n solo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Que expone: \u201cCuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Regulado en el Acuerdo No. 05 de 1992 (Reglamento de la Corte Constitucional), unificado y actualizado mediante Acuerdo No. 02 de 2015. <\/p>\n
4\u0002 En la que la Corte Constitucional precis\u00f3 que, \u00abla acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb (resalto intencional). <\/p>\n
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STC16697-2023 FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA Magistrado Ponente STC16697-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00282-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78128\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}