STC16698-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16698-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01318-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Miguel Felipe Ag\u00e1mez Potes instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 47001310500520110159 (interno 73694). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital y a la estabilidad laboral reforzada\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto la sentencia emitida el 14 de febrero de 2023 (SL258) en el asunto de la referencia y, en su lugar, \u00abdictar una nueva (\u2026) donde se apliquen (\u2026) los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la Corte Constitucional en la sentencia SU061 de 2023\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Santa Marta acogi\u00f3 las pretensiones del juicio que inco\u00f3 contra S.O.S. Empleados, en consecuencia, declar\u00f3 la existencia de un contrato de trabajo desde el 16 de febrero de 2009 al 7 de enero de 2010 y conden\u00f3 a la demandada y a CI Prodeco S.A. en calidad de litisconsorte necesario: (i) A reintegrarlo de manera definitiva reubic\u00e1ndolo en un cargo acorde con su discapacidad y en atenci\u00f3n a las recomendaciones que impartiera el m\u00e9dico tratante para el desempe\u00f1o de actividades; (ii) A pagar $72\u2019792.453 por concepto de salarios dejados de percibir; y (iii) Cancelar $8\u2019817.390 de indemnizaci\u00f3n por despido sin autorizaci\u00f3n del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social (7 mar. 2014). <\/p>\n
El superior modifico la determinaci\u00f3n en el sentido de absolver a CI Prodeco S.A. y la ratific\u00f3 en lo dem\u00e1s (26 mar. 2015), raz\u00f3n por la cual S.O.S. Empleados formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Colegiatura querellada quebr\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem y, en sede de instancia, la revoc\u00f3 y neg\u00f3 todas sus aspiraciones (14 feb. 2023, SL258). <\/p>\n
Reproch\u00f3 el anterior veredicto porque desconoci\u00f3 el precedente trazado por la Corte Constitucional en los prove\u00eddos SU-049 de 2017 y SU-087 de 2022, reiterados en SU-061 de 2023; ello, en atenci\u00f3n a que la Magistratura acusada coligi\u00f3 que para \u00e9l ser beneficiario de la \u201cestabilidad laboral reforzada\u201d para el 7 de enero de 2010, fecha en la que culmin\u00f3 el v\u00ednculo, deb\u00eda tener \u201cuna p\u00e9rdida de capacidad laboral no inferior al 15%, que la empresa conociera de esa situaci\u00f3n (\u2026) y por no encontrarse probado que dicho porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral tambi\u00e9n lo tuviera (\u2026) a la fecha en que feneci\u00f3 el v\u00ednculo contractual\u201d, empero, asegur\u00f3 que, contrario a lo valorado, en el paginario si obran las pruebas que demuestran lo obviado, entre estas, \u201cla fecha de estructuraci\u00f3n de dicha p\u00e9rdida de capacidad laboral\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien la accionada se apoy\u00f3 en la SL572-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, dicha providencia \u201ctiene una posici\u00f3n contraria a los principios y derechos fundamentales que aqu\u00ed se solicitan\u201d; asimismo, que tiene \u201c64 a\u00f1os (\u2026) lo que lo convierte en un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, (\u2026) es analfabeta (\u2026), carece de una fuente de ingresos econ\u00f3micos, por lo que existe una afectaci\u00f3n directa a sus necesidades b\u00e1sicas\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que desde el 10 de agosto de 2009 cuando sufri\u00f3 el accidente, \u201cpresenta una enfermedad o afectaci\u00f3n en su ojo derecho y consecuente tratamiento m\u00e9dico (\u2026) y para el momento del despido exist\u00eda un diagn\u00f3stico (\u2026) de la enfermedad (\u2026) present\u00f3 diferentes incapacidades y recomendaciones laborales\u201d. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que \u201cal proferir la decisi\u00f3n (\u2026) se atuvo al precedente de la Corporaci\u00f3n vigente para la \u00e9poca (\u2026), atinente a la protecci\u00f3n especial para trabajadores en situaci\u00f3n de discapacidad prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, vertido entre otras, en las sentencias CSJ SL3145-2021, SL571-2021 y SL4632-2021\u201d. <\/p>\n
C.I. PRODECO S.A. se opuso al auxilio ya que el gestor fundament\u00f3 los supuestos defectos de la directriz censurada en \u201cla diferencia de los criterios entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional frente al fuero de estabilidad laboral reforzada por temas de salud y se limita a transcribir en extenso un fragmento de la sentencia SU-061 de 2023, sin exponer raz\u00f3n alguna que soporte su tesis\u201d; finalmente, prohij\u00f3 la conclusi\u00f3n de la Sala confutada porque \u201clas valoraciones tanto probatorias como respecto de las normas y del precedente (\u2026) no fueron producto de arbitrariedad alguna, sino son el resultado de un juicioso examen del acervo probatorio que obedeci\u00f3 al principio de la autonom\u00eda judicial\u201d. <\/p>\n
AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u201cno tiene injerencia alguna\u201d frente a lo criticado por el impulsor y la autoridad convocada \u201cno vulner\u00f3 los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 el resguardo, tras deducir, que: <\/p>\n
(\u2026) le asiste raz\u00f3n al accionante por cuanto la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurri\u00f3 en el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial, el cual se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidas por los tribunales de cierre y, espec\u00edficamente, aquel que resuelve la controversia laboral de manera m\u00e1s favorable al trabajador en materia de estabilidad laboral por salud. <\/p>\n
En concreto, la autoridad judicial accionada desatendi\u00f3, sin las cargas debidas de transparencia y suficiencia que le eran exigibles (SU-149\/21), los lineamientos previstos en la sentencia SU-049 de 2017, reiterados en SU-380 de 2021 y SU-087 de 2022, relacionados con la aplicaci\u00f3n y el alcance del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual prev\u00e9 la garant\u00eda de estabilidad laboral reforzada por salud. <\/p>\n
En las providencias referidas, cuyas reglas fueron reciente y expl\u00edcitamente reiteradas en la SU-061\/23, pero frente a la cual no podr\u00eda predicarse su desconocimiento en el caso concreto, dado que fue proferida con posterioridad al fallo cuestionado, el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional estableci\u00f3 que para el reconocimiento del fuero por debilidad manifiesta por salud no es determinante ni condici\u00f3n necesaria determinar \u201cni el tipo de limitaci\u00f3n que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por el contrario, consider\u00f3 que, \u201cpara determinar si una persona es beneficiaria o no de la garant\u00eda de estabilidad laboral reforzada no es perentoria la existencia de una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u201d, toda vez que la activaci\u00f3n de la protecci\u00f3n foral referida depende de tres supuestos, a saber, que: i) el trabajador se encuentre en una condici\u00f3n de salud que le impida o dificulte, de manera significativa el normal y adecuado desempe\u00f1o de sus actividades; ii) esa condici\u00f3n las conozca el empleador; y iii) que no exista una justificaci\u00f3n suficiente para su desvinculaci\u00f3n, al punto de que esta tenga origen en un trato <\/p>\n
constitutivo de discriminaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otro modo, de acuerdo con el precedente constitucional, no existe una tarifa legal probatoria que sea susceptible de exigirse a fin de activar y garantizar la estabilidad laboral reforzada por salud. <\/p>\n
Al respecto, se debe mencionar que, se trata de un precedente jurisprudencial en cuanto, bajo circunstancias f\u00e1cticas similares, los problemas jur\u00eddicos y cuya raz\u00f3n de decisi\u00f3n contiene una regla relacionada con el caso a resolver, determina el alcance de las reglas de interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador, que operan por mandato directo del art. 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en cuanto a la libertad probatoria de la condici\u00f3n de debilidad manifiesta como supuesto de configuraci\u00f3n del fuero antes mencionado. <\/p>\n
Pese a lo rese\u00f1ado, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4 de la Corte, en la cuestionada sentencia del 14 de febrero de 2023, Rad. 73694, al estudiar la demanda de casaci\u00f3n promovida por SOS Empleados S.A., resolvi\u00f3 casar la providencia proferida el 26 de marzo de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, apart\u00e1ndose del precedente constitucional rese\u00f1ado y de la interpretaci\u00f3n pro operario pertinente para el caso concreto, sin exponer justificaci\u00f3n alguna al respecto. <\/p>\n
De un lado, la Corporaci\u00f3n de segunda instancia, bajo un riguroso an\u00e1lisis de las pruebas aportadas al proceso, y con fundamento en la jurisprudencia de la constitucional, concluy\u00f3 que, aun cuando la fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral fue posterior al despido, se advert\u00eda con claridad que para ese momento el actor se encontraba en estado de discapacidad, por lo que para el efecto su empleador requer\u00eda de la autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo y, al no obtenerla, su desvinculaci\u00f3n fue ilegal. <\/p>\n
Por su parte, la Sala accionada consider\u00f3, en s\u00edntesis, que a MIGUEL FELIPE AG\u00c1MEZ POTES no le asist\u00eda el fuero de estabilidad laboral reforzada por salud, dado que para la fecha del despido no contaba con un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, aunque este fue expedido posteriormente, incluso con un porcentaje del 23.85%. <\/p>\n
Lo dicho, de acuerdo con distintas decisiones, entre ellas las CSJ SL572-2021, porque los destinatarios de la garant\u00eda de estabilidad laboral reforzada son los trabajadores con una p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 15% independientemente de su origen. Y ello, entonces conllevaba analizar si al momento de la terminaci\u00f3n, el trabajador estaba ya calificado y cu\u00e1l era el impacto en su salud, pues este era el presupuesto para establecer una relaci\u00f3n directa con el acto discriminatorio que origin\u00f3 el despido. <\/p>\n
Sobre el punto, la Sala no desconoce la disparidad de criterios existentes en torno a la existencia o no de una tarifa legal probatoria, de cara a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. Uno, seg\u00fan el cual la estabilidad laboral reforzada por salud puede determinarse por libertad probatoria. Otro, de acuerdo con el cual existe una tarifa legal consistente en el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 15%. <\/p>\n
Con todo, en virtud del principio constitucional de favorabilidad antes citado, debe optarse por la m\u00e1s ben\u00e9fica para el trabajador (STP3500-2023), como adecuadamente lo hizo el Tribunal de segunda instancia. <\/p>\n
Luego, era constitucionalmente exigible acudir a la libertad probatoria en aras de determinar si el demandante contaba con la garant\u00eda foral de estabilidad laboral reforzada por salud, lo cual incluso ha sido reconocido no s\u00f3lo por la Corte Constitucional en las decisiones antes citadas sino tambi\u00e9n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente (CSL SL, Rad. 24392; SL2586, Rad. 67633). <\/p>\n
Ello, sin embargo, fue desatendido por la autoridad accionada que, adem\u00e1s, omiti\u00f3 dar cuenta de los motivos por los que se apartaba de aplicar ese principio fundamental y, por tanto, permiten concluir que no motiv\u00f3 debidamente la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ante tal panorama, se hace patente que la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 29 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica tuvo lugar, en tanto otras personas, que no contaban con un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral al momento de ser desvinculados laboralmente, en condiciones similares a las del accionante, obtuvieron decisiones favorables a sus intereses. <\/p>\n
Sobre el punto, no existe dentro del plenario alguna justificaci\u00f3n para el trato diferente e injustificado que recibi\u00f3 el actor y, en ese orden, sostener que el caso resuelto de manera desfavorable por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4, supere el juicio de igualdad. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la Sala se encuentra acreditada en la actuaci\u00f3n la configuraci\u00f3n del defecto de desconocimiento del precedente emitido por la Corte Constitucional (SU-049\/17, SU-381\/21 Y SU-087\/22) que permite la acreditaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de debilidad manifiesta al momento del despido a trav\u00e9s de libertad probatoria. <\/p>\n
Por lo esbozado, mand\u00f3: <\/p>\n
\u00abDEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 (SL258-2023 Rad. 73694) por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de la cual cas\u00f3 la sentencia del 26 de marzo de 2015 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta. <\/p>\n
ORDENAR a la autoridad accionada que, en el t\u00e9rmino de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita una nueva decisi\u00f3n conforme a los precedentes relacionados en las consideraciones de este fallo y, en caso de no compartirlos, exponga los motivos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de Casaci\u00f3n Laboral, quien insisti\u00f3 en que \u00abla decisi\u00f3n que origin\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional (\u2026), la decidi\u00f3 con fundamento en (\u2026) los postulados jurisprudenciales vigentes para la \u00e9poca (\u2026) de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el que, debe seguir conforme al inciso segundo del par\u00e1grafo del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n objet\u00f3 C.I. Prodeco S.A.; no obstante, no se tendr\u00e1n en cuenta las inconformidades exhibidas, toda vez que no aport\u00f3 el poder especial en el que se identificara el proceso y\/o la actuaci\u00f3n que sustenta la presunta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales, de acuerdo con el canon 10\u00b0 ib\u00eddem y conforme los presupuestos del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente revocatoria de lo opugnado, habida cuenta que el fallo combatido dictado por la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de Casaci\u00f3n Laboral (14 feb. 2023), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Liminarmente, plante\u00f3 el problema jur\u00eddico a solventar, esto es, si el Tribunal Superior de Santa Marta al definir la segunda instancia, err\u00f3 al apreciar que el querellante \u00abera beneficiario de la protecci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo del mismo, trajo los aspectos relevantes verificados en el cartapacio y frente a los cuales \u00abno exist\u00eda discusi\u00f3n\u00bb, a saber: \u00ab(\u2026) entre las partes existi\u00f3 un contrato de trabajo del 16 de febrero de 2009 al 7 de enero de 2010, y que el trabajador sufri\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 23,85%, estructurada el 17 de agosto de 2010, seg\u00fan el dictamen emitido el 14 de septiembre de 2010 por la respectiva ARL a la que estaba afiliado\u00bb. <\/p>\n
Al examinar la norma en menci\u00f3n, coligi\u00f3 que la sentencia del ad quem <\/p>\n
(\u2026) no concuerda con los postulados jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, conforme a los cuales, el fuero de estabilidad reforzada previsto en la Ley 361 de 1997 no se otorga solamente porque el trabajador sufra de afecciones en su salud, o porque est\u00e9 incapacitado, sino que debe demostrarse la \u00ablimitaci\u00f3n\u00bb f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, correspondiente a una p\u00e9rdida de capacidad laboral con el car\u00e1cter de moderada, severa o profunda, y que sea conocida por el empleador\u00bb. <\/p>\n
En sinergia con lo antelado, destac\u00f3 que, si bien el canon 26 de la Ley 361 de 1997, cobija a aquellos trabajadores que se encuentren en situaci\u00f3n de \u00abdiscapacidad (\u2026), a causa de las condiciones f\u00edsicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo\u00bb, para que no sean despedidos o el v\u00ednculo laboral culminado, salvo que medie autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo, tal protecci\u00f3n solo es posible exigirse, seg\u00fan los lineamientos jurisprudenciales fijados por esa Colegiatura (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, SL14134-2015, SL10538-2016, SL5163-2017, SL11411-2017, SL4609-2020 y SL1506-2022), cuando se acredite \u00abque tiene una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%\u00bb. <\/p>\n
De modo que, hall\u00f3 pr\u00f3spero el cargo formulado por la pasiva en tanto, en el sub lite, para el 7 de enero de 2010, data en la que finiquit\u00f3 el \u00abcontrato laboral\u00bb, Miguel Felipe deb\u00eda tener una \u00abp\u00e9rdida de capacidad laboral no inferior al 15% y que la empresa conociera de esta situaci\u00f3n de salud\u00bb; no obstante, como la fecha de estructuraci\u00f3n del 23,85% de \u00abp\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb que le arroj\u00f3 fue el 17 de agosto de 2010, es decir, despu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo, \u00abes forzoso colegir que no le asiste el derecho a la protecci\u00f3n especial contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se apart\u00f3 del an\u00e1lisis realizado por el juez plural en torno a unos documentos que reposaban en el expediente, porque, aun cuando intentaban acreditar que \u00abel trabajador presentaba una afectaci\u00f3n de su estado de salud, relacionada concretamente con la visi\u00f3n de su ojo derecho, secuela del accidente de trabajo\u00bb para el momento del despido, esas misivas no resultaban suficientes <\/p>\n
(\u2026) para tener la certeza de que, para el 7 de enero de 2010, el trabajador presentara al menos una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, por lo que, tambi\u00e9n desde el plano de lo f\u00e1ctico, resulta equivocada la inferencia del ad quem al sostener que, a pesar de que la fecha de estructuraci\u00f3n fue posterior al despido, era claro que el trabajador estaba en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
2.- En lo concerniente al \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb de la Corte Constitucional (SU-049 de 2017, SU-087 de 2022 y reiteradas en la m\u00e1s reciente SU-061 de 2023) en el que, seg\u00fan manifiesta Miguel Felipe, incurri\u00f3 el organismo cuestionado, se advierte que tal irregularidad no se avizora por cuanto aquel se acogi\u00f3 a la posici\u00f3n de la Sala Permanente vertida en la SL572-2021; aunado a ello, para la \u00e9poca en que se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n aqu\u00ed controvertida, la SU061-2023 no hab\u00eda sido publicada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que configure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el accionante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiteradas STC12044-2021, STC13808-2021, STC15534-2021 y STC5943-2023). <\/p>\n
3.- Corolario de lo discurrido, se impone infirmar la directriz refutada, destacando que para la Sala es procedente el respeto por \u00ablas decisiones judiciales\u00bb, comp\u00e1rtase o no lo resuelto por el juez natural, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo que \u00abla tutela depend[a] de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo\u00bb (STC13808-2021, reiterada en STC5943-2023), lo que aqu\u00ed no sucede. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16698-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC16698-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01318-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78129"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78129\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}