STC16699-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16699-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04623-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Karen Paola de la Hoz Rodr\u00edguez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la accionada al dictar sentencia disminuyendo la indemnizaci\u00f3n reconocida por el juzgador a-quo en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Colegiatura acusada i) \u00abdejar sin valor y efecto\u2026 la providencia\u2026 proferida el\u2026 (25) de septiembre de 2023\u00bb y ii) proferir \u00abuna nueva decisi\u00f3n[,] debidamente motivada, soportada en la o las pruebas plenas periciales practicadas en el proceso\u2026, por ser las mismas conducentes, pertinentes y \u00fatiles como fundamento para estimar el monto de la indemnizaci\u00f3n pendiente de pago a cargo de la demandante y a favor de la demandada, as\u00ed como, con la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente y que la misma se ajuste a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este asunto: <\/p>\n
2.1. En el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica seguido por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. – ISA S.A. contra Faustina de la Hoz Martelo, Juana, Elsa, Faustina y Emiro de la Hoz Silvera; Emiro, \u00c1ngela Rosa, Cielo Beatriz, Mario David, Aida Judith, Antonio, M\u00f3nica del Socorro y Yolanda de la Hoz Escorcia, as\u00ed como frente a los herederos determinados (Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, Efra\u00edn Jos\u00e9, Hugo Alfonso, Betty y Carmen de la Hoz Rochel) e indeterminados de Eduardo de la Hoz C\u00e1ceres; surtidas las etapas de rigor, el pasado 16 de marzo, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla dict\u00f3 sentencia, en la cual, en lo que ac\u00e1 interesa, accedi\u00f3 a las pretensiones, estableci\u00f3 \u00abcomo valor por concepto de indemnizaci\u00f3n a cargo de la\u2026 demandante y a favor de la demandada, la suma de ($1.082.586.982,40)\u00bb, y conden\u00f3 en costas a la primera. <\/p>\n
2.2. Esa determinaci\u00f3n, con providencia del 25 de septiembre \u00faltimo, la modific\u00f3 el Tribunal convocado, en el sentido de disminuir la indemnizaci\u00f3n, fij\u00e1ndola en $206.875.073, y condenar en costas a la parte demandada. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, la accionante, aduciendo, sin acreditarlo, ser propietaria proindiviso del predio objeto de la servidumbre, se quej\u00f3, en concreto, de que con esa sentencia el Tribunal acusado incurri\u00f3 en defectos procedimental, f\u00e1ctico, material y de desconocimiento del precedente, al desechar el dictamen pericial practicado al interior del proceso por los peritos Cavalli y Figueroa para, en su lugar, dar plena validez al allegado por la parte demandante, el cual no pudo ser controvertido en audiencia porque el avaluador que lo confeccion\u00f3 falleci\u00f3. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, sumado a lo dicho, lo cierto es que esa \u00faltima experticia no satisfac\u00eda las exigencias establecidas para el caso particular en la Ley 56 de 1981, especialmente en sus c\u00e1nones 21 y 29, y en los pronunciamientos constitucionales sobre la materia, con lo que tambi\u00e9n se pas\u00f3 por alto la reparaci\u00f3n integral de que trata el precepto 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
3. Esta Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla pidi\u00f3 declarar \u00abimpr\u00f3spera la pretensi\u00f3n de amparo\u00bb porque \u00ablos razonamientos de\u2026 [esa] corporaci\u00f3n para tomar la decisi\u00f3n en el sentido en el que lo hizo\u2026, se consideran ajustados a los lineamientos constitucionales y respetuosos de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abmediante sentencia STC12281-2023, la\u2026 Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por Carmen De la Hoz Rochel, atacando por v\u00eda constitucional la sentencia que es blanco de esta nueva acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla deprec\u00f3 \u00abdenegar la solicitud de amparo, por inexistencia de la vulneraci\u00f3n invocada en lo que ata\u00f1e a [ese estrado]\u00bb, en tanto que \u00ab[l]os hechos que motivan la formulaci\u00f3n de la tutela, no derivan de acci\u00f3n u omisi\u00f3n de [ese] despacho, poni\u00e9ndose de presente que se surti\u00f3 el tr\u00e1mite legal dentro de las actuaciones de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. defendi\u00f3 el proceder de la autoridad acusada, el que advirti\u00f3 ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, y se opuso a las pretensiones de la quejosa al considerar que su ruego insatisface los presupuestos generales y espec\u00edficos para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Sala el fracaso del ruego constitucional propuesto por ser evidente que la petente, Karen Paola de la Hoz Rodr\u00edguez, muy a pesar de sus alegaciones, ciertamente carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre fustigado (seguido por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. – ISA S.A. contra Faustina de la Hoz Martelo, Juana, Elsa, Faustina y Emiro de la Hoz Silvera; Emiro, \u00c1ngela Rosa, Cielo Beatriz, Mario David, Aida Judith, Antonio, M\u00f3nica del Socorro y Yolanda de la Hoz Escorcia, as\u00ed como frente a los herederos determinados (Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, Efra\u00edn Jos\u00e9, Hugo Alfonso, Betty y Carmen de la Hoz Rochel) e indeterminados de Eduardo de la Hoz C\u00e1ceres), por no ser parte ni interviniente reconocida en dicha contienda, a m\u00e1s que ninguna actuaci\u00f3n ha desplegado all\u00ed. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente, supuestos que, se itera, actualmente no se presentan frente a la quejosa. <\/p>\n
En cuanto al alcance del citado canon 10\u00ba, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Y en un caso de similares contornos al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
…\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Entonces, se repite, habida cuenta que la tutelante no es parte ni interviniente reconocida en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre que por v\u00eda de tutela cuestion\u00f3, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n que le impide promover el resguardo a t\u00edtulo personal, sin que tal conclusi\u00f3n var\u00ede por su supuesta -no acreditada ante el fallador natural ni en esta instancia- condici\u00f3n de propietaria proindiviso del predio sobre el que recay\u00f3 dicho juicio. <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone despachar adversamente este reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo rogado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, en caso de no impugnarse este veredicto, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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