STC16704-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16704-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00438-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mario Restrepo frente al fallo proferido el pasado 16 de noviembre por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la sede judicial accionada porque, en la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra Ferrealuminios Ltda. – Sucursal Pereira (en la cual el Juzgado acusado emiti\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones el 27 de febrero de 2023, la cual revoc\u00f3 el ad-quem el 12 de julio siguiente para, en su lugar, acceder a aqu\u00e9llas), \u00abse niega [a] aplicar [el] acuerdo\u2026 PSAA 10554 del 5 [de] agosto de 2016 art[s.] 2, 4\u2026 y 5, 1 y cree fijar agencias [a] favor desconoci[\u00e9]ndo[lo]\u00bb. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, ordenar aplicar el mentado acuerdo, \u00abconcediendo 10 smmlv como agencias\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira tambi\u00e9n deprec\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite porque, \u00abfrente a los t\u00e9rminos procesales utilizados por el despacho judicial, son de su absoluta competencia, sin que el municipio\u2026 haya influenciado lo decidido por el despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y pidi\u00f3 negar la salvaguarda porque \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, por cuanto se le ha otorgado el tr\u00e1mite procesal pertinente a cada una de las solicitudes presentadas, se ha actuado conforme la ley y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abel auto por medio del cual se liquidan las costas procesales[,] en el cual se incluyen las agencias en derecho[,] fue dictado el d\u00eda de hoy [se refiere al pasado 7 de noviembre]\u2026, por lo tanto\u2026[,] la acci\u00f3n de tutela presentada no se compagina con las decisiones tomadas al interior de la acci\u00f3n popular, en el entendido que a\u00fan no existe notificaci\u00f3n del prove\u00eddo por el cual se decida respecto de la fijaci\u00f3n de agencias en derecho, ni condena en costas\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo hall\u00f3 improcedente la salvaguarda porque \u00absi bien es cierto que con auto del 5 de octubre de 2023 el juzgado fij\u00f3 las agencias en derecho en la suma de $10.000, tambi\u00e9n lo es que, para cuando se radic\u00f3 esta demanda, \u2026no hab\u00eda liquidado las costas, y menos hab\u00edan sido aprobadas\u2026, ello quiere decir que la tutela es prematura, porque frente al auto mediante el cual se aprueban las costas, que ya se emiti\u00f3 en aquel juicio, el pasado 8 de noviembre, es posible controvertir la fijaci\u00f3n de agencias en derecho mediante los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante sin exponer los motivos de su disenso pero aduciendo ampararse en el fallo STL10011-2018. <\/p>\n
OTRA ACTUACI\u00d3N <\/p>\n
Mediante el mismo correo electr\u00f3nico con el que se interpuso la opugnaci\u00f3n, el quejoso pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado, \u00abpor falta de competencia, pues tutel[\u00f3] el tribunal tambi\u00e9n\u00bb; ante lo que el a-quo constitucional, el 28 de noviembre \u00faltimo, le indic\u00f3 que \u00abya la Corte Suprema de Justicia, mediante prove\u00eddo del 26 de octubre de 2023, determin\u00f3 que la competente para tramitarlo en primera instancia e[ra] [esa] Sala\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3. De entrada, en cuanto a la solicitud de nulidad planteada por el actor, basta se\u00f1alar que frente a la misma, como qued\u00f3 visto, ya se pronunci\u00f3 adversamente el Tribunal a-quo, en auto del pasado 28 de noviembre, y en todo caso, el censor no invoc\u00f3 ni se configura ninguna de las causales de anulaci\u00f3n taxativamente contempladas en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, a m\u00e1s que la competencia para la tramitaci\u00f3n de este asunto la fij\u00f3 esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, con auto del 26 de octubre \u00faltimo, observando lo se\u00f1alado por \u00e9l en el escrito de subsanaci\u00f3n, del que se extrajo que su reclamo s\u00f3lo comprend\u00eda al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira (rad. 2023-03996-00)1; de all\u00ed que no exista ninguna nulidad a declarar o irregularidad a subsanar. <\/p>\n
4. Zanjado lo anterior, se considera que la petici\u00f3n de amparo estaba llamada al fracaso porque, como acertadamente lo exterioriz\u00f3 el a-quo supralegal, para cuando se formul\u00f3 este ruego tutelar (12 de octubre de 2023), a\u00fan no hab\u00eda sido emitido auto alguno aprobando la liquidaci\u00f3n de costas en la acci\u00f3n popular fustigada, el que profiri\u00f3 el Juzgado acusado en el curso de este tr\u00e1mite constitucional, el 8 de noviembre de la presente anualidad, y respecto del cual el quejoso interpuso recurso de reposici\u00f3n, pendiente de definici\u00f3n por el fallador natural, siendo ese el mecanismo id\u00f3neo para controvertir la fijaci\u00f3n de agencias en derecho, como lo establece el numeral 5\u00ba del precepto 366 del C\u00f3digo General del Proceso, de donde su actual cuestionamiento frente a ellas se muestra prematuro. <\/p>\n
Respecto del mismo decurso popular, ante similar situaci\u00f3n a la analizada, esta Sala despach\u00f3 adversamente el resguardo entonces rogado por el accionante, bajo los siguientes argumentos que, mutatis mutandis, tambi\u00e9n resultan vigentes para desechar su reclamo actual: <\/p>\n
\u2026si la inconformidad del actor es con el monto de las agencias en derecho fijadas por el Tribunal y Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, la reclamaci\u00f3n deviene prematura, en la medida que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abLa liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho s\u00f3lo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas (\u2026)\u00bb, precis\u00e1ndose que, en trat\u00e1ndose de acciones populares, s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n (art. 36 Ley 472 de 1998). <\/p>\n
Significa entonces, que el impulsor aun cuenta con un medio legal de defensa para rebatir el quantum de las \u00abagencias en derecho\u00bb, sin que sea permitido al juez de tutela inmiscuirse en esa labor (CSJ STC11217-2023, 10 oct., rad. 2023-03801-00). <\/p>\n
En otras palabras, tanto para el momento de su formulaci\u00f3n como en la actualidad, esta demanda de amparo deviene presurosa, en la medida en que el fallador ordinario no ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera definitiva respecto a la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas, en la que est\u00e1 incluida la fijaci\u00f3n de agencias en derecho que ac\u00e1, precipitadamente, critic\u00f3 el censor; circunstancia por la cual la salvaguarda inobserv\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n p\u00fablica, dado que con ella se pretendi\u00f3 la usurpaci\u00f3n de las funciones propias del funcionario judicial com\u00fan, a lo que, al margen de los planteamientos del recurrente, no pod\u00eda acceder el juzgador constitucional, so pena de desnaturalizar el cometido de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener que: <\/p>\n
\u2026no resulta admisible que el accionante \u00aben apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador\u2026, desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga [dado que el] juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. Luego, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, am\u00e9n que, it\u00e9rase, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01). <\/p>\n
5. En adici\u00f3n, en cuanto al pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte que invoc\u00f3 el opugnante (STL10011-2018), basta se\u00f1alar que no es aplicable al caso del ep\u00edgrafe porque no guarda identidad f\u00e1ctica con el mismo, en tanto que en el que all\u00ed se estudi\u00f3, a diferencia de \u00e9ste, ya hab\u00eda sido definido el recurso de reposici\u00f3n propuesto frente al auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas, variaci\u00f3n medular que torna los casos abiertamente diferentes. <\/p>\n
6. Las anteriores consideraciones imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abAtendiendo a que, para subsanar las falencias de su demanda advertidas en prove\u00eddo del pasado 17 de octubre, el gestor se limit\u00f3 a manifestar que \u00abpida al Tribunal la informaci\u00f3n que pretende exigirme\u00bb, cuando lo cierto es que \u00e9l como supuesto afectado en sus garant\u00edas superiores es quien debe identificar y poder se\u00f1alar las precisas actuaciones que lo afectan, no dicha Colegiatura, de aqu\u00ed que, considera la Corte que existi\u00f3 un error en la radicaci\u00f3n del escrito introductor, por cuanto, seg\u00fan lo expuesto, el resguardo no cobija a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, quien conferir\u00eda la competencia a esta Corte, pues el actor no le atribuye ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n precisa vulneradora de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado, aunque el reclamo se dirigi\u00f3 contra la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Defensor de Pueblo, el mismo no recae sobre alguna actuaci\u00f3n que corresponda a esos funcionarios, sino a lo sumo, a la entidad que presiden, lo que descarta aplicar al caso la regla del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed mismo, el se\u00f1alamiento hecho en contra de la Corte Constitucional constituye una vinculaci\u00f3n apenas aparente, ya que no se elev\u00f3 reclamo respecto a alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta de dicha autoridad. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, se dispone remitir el expediente al reparto de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por ser el competente para avocar su conocimiento en primera instancia, por ser superior funcional del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, conforme a lo consagrado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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