STC16706-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16706-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00727-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de noviembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que el Grupo Empresarial Confidesarrollo Express S.A.S. instaur\u00f3 contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva al Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla, Dalgys Patricia Arenas Bustamante y dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 08001-40-53-012-2023-00183-00 y 22-365142. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En compendio relat\u00f3 que el 17 de febrero de 2020 suscribi\u00f3 contrato de gesti\u00f3n y mandato con Dalgys Patricia Arenas Bustamante por doscientos millones de pesos ($200.000.000) y, en virtud del incumplimiento al clausulado del convenio, \u00abel departamento jur\u00eddico de la sociedad mencion\u00f3 unas fechas para realizar devoluci\u00f3n del dinero y resolver el contrato (\u2026) por dificultades econ\u00f3micas [de la empresa]\u00bb, por lo que, en acuerdo celebrado entre las partes \u00abconsign\u00f3 la suma de 90.000.000 (NOVENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS), [a Dalgys Patricia Arenas Bustamante] quedando un saldo pendiente de $110.000.000 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)\u00bb. <\/p>\n
Ante esa situaci\u00f3n, Dalgys Patricia demand\u00f3 ejecutivamente ante el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla \u00ab(\u2026) el cobro del dinero restante (\u2026), proceso que tiene medidas cautelares vigentes, dineros retenidos en los bancos (\u2026)\u00bb – rad. 2023-00183-00 \u2013 y, paralelo a ello, interpuso \u00ab(\u2026) demanda de protecci\u00f3n al consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio (\u2026) en la que no se tuvo en cuenta la defensa del demandado en este caso, la sociedad accionante\u00bb -22-365142-. <\/p>\n
En el \u00faltimo proceso, la Superintendencia dict\u00f3 sentencia, en la que resolvi\u00f3 \u00abdar por terminado el contrato suscrito entre las partes\u00bb (30 oct. 2023), desconociendo \u00abla cl\u00e1usula pactada la cual menciona ante qu\u00e9 autoridades acudir en caso de controversias entre las partes, adem\u00e1s que condena a la sociedad a la devoluci\u00f3n de los $110.000.000 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS), m\u00e1s la condena en costas y la resoluci\u00f3n del contrato, dictando un plazo de 15 d\u00edas h\u00e1biles para el cumplimiento de esta obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 estar inconforme con ese veredicto, ya que, fue \u00abcondenada 2 veces por los mismos valores, lo que sin duda va en contrav\u00eda de [la rogativa implorada]\u00bb. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso al amparo, toda vez que \u00abel car\u00e1cter excepcional\u00edsimo de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales\u00bb no se cumple en este asunto, y lo que queda demostrado es que \u00ab(\u2026) [el] accionante frente a su falta de deber de diligencia y atenci\u00f3n al proceso pretende volver a poner un caso en tela de juicio cuando se encuentra debidamente probado y fundamentado el fallo emitido por este Despacho\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n acot\u00f3 que el perjuicio irremediable que refiere el actor \u00ab(\u2026) debe ser inminente, grave y que, por lo tanto, requiera medidas urgentes e impostergables para su soluci\u00f3n y dentro de la presente acci\u00f3n constitucional no se vislumbra, la acreditaci\u00f3n del [mismo], por la sanci\u00f3n impuesta a una omisi\u00f3n por parte del accionante\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla inform\u00f3 que mediante auto de 9 de noviembre de 2023 \u00ab(\u2026) se dispuso declarar probadas las excepciones previas de \u201cFALTA DE JURISDICCI\u00d3N Y COMPETENCIA y COMPROMISO O CLAUSULA COMPROMISORIA\u201d, elevadas por la parte ejecutada y, como consecuencia de lo anterior, se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n y el levantamiento de las medidas cautelares practicadas dentro del proceso de marras\u00bb -2023-00183-00 -, ello atendiendo a que \u00ab(\u2026) en el Contrato de Gesti\u00f3n o Mandato allegado (\u2026), incluyeron una cl\u00e1usula compromisoria, por medio de la cual, acordaron que toda controversia (\u2026) ejecuci\u00f3n, liquidaci\u00f3n y dem\u00e1s que surjan se someter\u00edan inicialmente al Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla y\/o centros de conciliaci\u00f3n reconocidos por la ley para ese fin, y en el evento de no llegar a un acuerdo conciliatorio, la controversia se resolver\u00eda ante el Tribunal de Arbitramento de esa misma corporaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Dalgys Patricia Arena Bustamante asever\u00f3 que el Grupo accionante \u00abno tiene intenci\u00f3n de realizar la devoluci\u00f3n del dinero que por derecho le corresponde (\u2026), y al ser procedente esta tutela estar\u00eda causando un perjuicio irremediable (\u2026)\u00bb cre\u00e9, se le ocasionar\u00eda \u00abun da\u00f1o irreversible\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Barranquilla desestim\u00f3 el resguardo, porque \u00ab(\u2026) no se superan las causales gen\u00e9ricas de procedencia excepcional de la acci\u00f3n de la tutela contra providencias judiciales, por adolecer del requisito de subsidiariedad (\u2026). <\/p>\n
2.- El precursor recurri\u00f3 ese desenlace, arguyendo que lo definido \u00ab(\u2026) va en contrav\u00eda de los principios constitucionales y legales, (\u2026) ya que los hechos que fundamentan la acci\u00f3n constitucional es la de la doble condena acerca de m\u00faltiples demandas en diferentes jurisdicciones, buscando el cobro de un mismo dinero\u00bb, en tanto, \u00ab(\u2026) actualmente se encuentran retenidos los dineros y a disposici\u00f3n del Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla\u00bb y, aunque [el] 9 de noviembre de 2023 dio por terminado el proceso (\u2026) no es menos cierto que la parte demandante present\u00f3 un \u201crecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u201d que a\u00fan est\u00e1 pendiente de solventar, lo que implica que \u00ab(\u2026) las cuentas [a\u00fan] se encuentran embargadas y con los dineros retenidos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00ab(\u2026) la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ha ordenado el pago en un plazo m\u00e1ximo de 15 d\u00edas h\u00e1biles, imprimiendo as\u00ed una rigurosidad y obligando a la entidad a buscar otros dineros para suplir esta orden impartida\u00bb, lo que conlleva a \u00abuna afectaci\u00f3n directa (\u2026) que puede ocasionar el cierre de la [empresa]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la refrendaci\u00f3n del veredicto de primer grado, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad que impera en esta especial senda. <\/p>\n
1.1.- La aspiraci\u00f3n del Grupo Empresarial Confidesarrollo Express S.A.S. se enfila a que la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales-, revoque \u00abla sentencia emitida el d\u00eda 30 de octubre de 2023\u00bb en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n.\u00b0 22-365142, puesto que el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla tramita en simult\u00e1neo el juicio ejecutivo tambi\u00e9n incoado en su contra por Dalgys Patricia Arenas Bustamante (n.\u00b0 2023-00183), lo que constituye \u00abdoble condena (\u2026) por buscar el cobro de un mismo dinero\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, tal anhelo no est\u00e1 llamado a prosperar porque no utiliz\u00f3 adecuadamente los instrumentos ordinarios de defensa a su disposici\u00f3n. <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, porque qued\u00f3 evidenciado en la lid cuestionada, que el querellante, si bien contest\u00f3 en t\u00e9rmino la demanda, no formul\u00f3 la \u00abexcepci\u00f3n previa\u00bb de \u00abpleito entre las mismas partes y sobre el mismo asunto\u00bb, al tenor del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso, y en ese orden, si lo que buscaba era que no se le \u00abcondenara dos veces\u00bb por el mismo asunto, con dicha desatenci\u00f3n dej\u00f3 fenecer la facultad de controvertir la inconformidad que hoy ventila. <\/p>\n
Lo mismo ocurri\u00f3 respecto de la audiencia de 30 de octubre del a\u00f1o avante, ya que, pese a ser notificado, no asisti\u00f3 a la misma, ni tampoco alleg\u00f3 solicitud de aplazamiento, lo que ratifica que desaprovech\u00f3 la oportunidad con que contaba para exhibir su descontento. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026), (STC6663-2018, citada en STC1274-2022 y STC1437-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
Ello, en raz\u00f3n, a que <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, reiterada en STC1769-2023 y STC4080-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre ese aspecto, se ha dicho, que: <\/p>\n
(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026) -STC5053-2022 y STC464-2023-. <\/p>\n
2.- Ergo, se acompa\u00f1ar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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