STC16709-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16709-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04794-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abigualdad, vida\u00bb e \u00abintegridad personal\u00bb, las que adujo conculcadas por las autoridades repelidas. <\/p>\n
Y en concreto, \u00abse [l]e otorgue la LIBERTAD INMEDIATA\u00bb, luego de la \u00abanulaci\u00f3n\u00bb o desestimaci\u00f3n del rito adverso; o, en subsidio, proveer \u00abLA SUSPENSI\u00d3N\u00bb de los manifiestos administrativos emanados, hasta las resultas de unas s\u00faplica de \u00abrefugi[o] pol\u00edtico\u00bb y \u00abdenuncia ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que en breve se relata: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte opt\u00f3, a trav\u00e9s de CSJ CP168-2023, de 26 de julio de los corrientes, emitir \u00abCONCEPT[O] FAVORABLE\u2026\u00bb a la extradici\u00f3n del tutelante, solicitada por el Gobierno de Venezuela al de Colombia por su presunta perpetraci\u00f3n \u2013en calidad de \u00abdirector\u00bb\u2013 de los delitos de \u00abtr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias estupefacientes y psicotr\u00f3picas (\u2026) y asociaci\u00f3n para delinquir, seg\u00fan orden de aprehensi\u00f3n\u2026 [d]el Juzgado D\u00e9cimo de Primera Instancia (\u2026) de Control de la Circunscripci\u00f3n Judicial del \u00c1rea Metropolitana de Caracas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con Resoluci\u00f3n 255 de 25 de agosto siguiente, la Presidencia de la Rep\u00fablica \u2013por conducto del mismo jefe de Estado\u2013 en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho dispuso, grosso modo, conceder tal pedimento de extradici\u00f3n y ordenar la entrega del ah\u00ed implicado (ahora quejoso) al Estado requirente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Dicho acto administrativo acab\u00f3 siendo confirmado por virtud de Resoluci\u00f3n 356 de 10 de noviembre postrero, en sede de reposici\u00f3n de la defensa del all\u00e1 encartado -hoy promotor-. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El titular de la querella de amparo de marras critic\u00f3 lo dirimido por la corporaci\u00f3n jurisdiccional accionada, por violaci\u00f3n de los principios de \u00abdoble incriminaci\u00f3n y non bis in \u00eddem\u00bb, pues, en estricto compendio, am\u00e9n de pasar por alto la \u00abregla de suficiencia probatoria que obligatoriamente exig[e] el art\u00edculo I del Acuerdo sobre Extradici\u00f3n (Congreso Bolivariano de Caracas)\u00bb, as\u00ed como pronunciamientos propios anteriores en los que hubo de refrendar esa regla, merced a la imposibilidad de inferencia racional sobre su aparente participaci\u00f3n en los punibles que le enrostrara la justicia venezolana, lo cierto es que tampoco era viable el concepto sub examine, m\u00e1xime si nunca fue acopiada el correspondiente \u00abACTA POLICIAL\u00bb de la causa de la que provino el requerimiento, bajo un nombre \u2013\u00abalias\u00bb\u2013 que le es ajeno. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Reproch\u00f3, de otro flanco, que el Ejecutivo nacional de Colombia, por v\u00eda de las Resoluciones 255 y 356 arriba aludidas, \u00abcohonest[ara]\u00bb la determinaci\u00f3n \u00abcontraria a derecho\u00bb de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en tanto que, en s\u00edntesis, dio por admisible la extradici\u00f3n sin emprender un an\u00e1lisis \u00abjur\u00eddico-material\u00bb exhaustivo en torno al m\u00e9rito o no de la investigaci\u00f3n que se le surte en el vecino pa\u00eds, en similar forma a la que estaba obligado a hacerlo la colegiatura judicial en comento. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Recalc\u00f3 que la potencial acudida en senda de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb carecer\u00eda de idoneidad, al solo poderse enfilar frente a las expresiones administrativas definitivas (mas no hacia el concepto de Casaci\u00f3n Penal), de donde fluye urgente comparecer por este instrumento preferente y sumario. <\/p>\n
<\/p>\n
7. A\u00f1adi\u00f3 haber incoado una tutela previa, despachada en contra en CSJ STC8361-2023, 24 ag., pero -expuso- no hay duplicidad de acciones porque el embate de hoga\u00f1o es extensivo a los actos del Gobierno, inexistentes en aquel entonces. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se imparti\u00f3 adelanto al pliego supralegal. Y en paralelo, quedaron libradas todas las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n y posible temeridad. En sentido semejante (no vulneraci\u00f3n) se refirieron -separadamente- la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el que tambi\u00e9n esboz\u00f3 la improcedencia de la censura por herramientas ordinarias de ayuda a manos del pretensor. La cartera de Relaciones Exteriores y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n pregonaron -por aparte- que los ataques les son extra\u00f1os. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en abrigo de las premisas b\u00e1sicas, susceptible de invocar siempre que resulten afectadas o en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De forma preliminar se descarta un desempe\u00f1o temerario en el ac\u00e1 inicialista, en tanto que, como \u00e9l lo ha afirmado, su actual querella se dirige igualmente frente a los actos del Gobierno nacional en el rito de extradici\u00f3n sub examine, inexistentes al momento de la controversia iusfundamental que culmin\u00f3 con el fallo CSJ STC8361-2023, 24 ag. <\/p>\n
3. Plasmado lo anterior, refulge la vocaci\u00f3n de improsperidad de su concurrencia a trav\u00e9s de la demanda de amparo del ep\u00edgrafe \u2013lo que, obvio, impide acoger el pleno de sus aspiraciones\u2013, pues la Resoluci\u00f3n 255 de 25 de agosto de los corrientes, objeto de confirmaci\u00f3n con la No. 356 de 10 de noviembre postrero, proveniente del Gobierno colombiano en el sentido de conceder la solicitud de extradici\u00f3n hecha desde Venezuela con relaci\u00f3n a aquel, es susceptible de confutar ante la Jurisdicci\u00f3n de lo contencioso-administrativo, conforme lo consagra el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, situaci\u00f3n que, m\u00e1s all\u00e1 de sus aseveraciones, denota la existencia de medio judicial id\u00f3neo de auxilio al alcance. Por ende, no es de recibo la excusa tendiente a la imposibilidad de rebatir por dicho medio de control el concepto favorable previo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, si de relieve se pone que, en resumen de cuentas, el pronunciamiento del Ejecutivo es el definitivo en este tipo de casos. <\/p>\n
No en vano, en un asunto con cierta simetr\u00eda esta Magistratura doctrin\u00f3 que <\/p>\n
\u2026el gestor tiene a su alcance un remedio id\u00f3neo para plantear los reproches aqu\u00ed esgrimidos frente al Acto Administrativo que se emita, que es el que finalmente resolver\u00e1 sobre su situaci\u00f3n jur\u00eddica, consistente en la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la ilegalidad que le enrostra a la resoluci\u00f3n que se profiera (\u2026) <\/p>\n
Por ello debe reiterarse que esta especial justicia no puede arrogarse competencias para pronunciarse sobre una cuesti\u00f3n que en principio debe ser abordad[a] por las v\u00edas legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural, de consiguiente, sin asidero por esta ruta residual y extraordinaria\u2026 (CSJ STC17389, 19 dic. 2019, rad. 04122-00. En parecida orientaci\u00f3n, STC723, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00198-00 y STC7631, 2 ag. 2023, rad. 02812-00). <\/p>\n
Criterio a tono con la postura reiterada desde antes por esta Sala de la Corte, a cuya lectura, <\/p>\n
\u2026los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo [hoy art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d[ (CC C-243\/09)]\u2026 <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues (\u2026) no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb\u2026 (CSJ STC125-2015, reiterada en STC8742-2016. Cfr. STC723, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00198-00 y STC7631, 2 ag. 2023, rad. 02812-00). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, ergo, cerrar paso a la salvaguarda protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo implorado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo a cuyo tenor: (\u2026) Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel\u2026 <\/p>\n
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