STC16712-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16712-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01933-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de octubre de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Luciano Albino Soto Rodr\u00edguez instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso e igualdad y, a los principios de seguridad jur\u00eddica y \u00abfavorabilidad\u00bb, para que se ordenara a los estrados confutados, dejar sin efecto los autos de ambas instancias y, en su lugar, \u00abse ordene considerar nuevamente la solicitud de libertad condicional\u00bb, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
En compendio adujo que est\u00e1 privado de la libertad desde el 2 de abril de 2005, tras haber sido condenado a 480 meses de prisi\u00f3n (40 a\u00f1os) por los delitos de \u00absecuestro extorsivo, extorsi\u00f3n, tentativa de extorsi\u00f3n calificado y agravado, homicidio agravado, rebeli\u00f3n, secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado por los asuntos SPOA 1-7300 13 10 42000 6003 4800\/ 7300 13 10 700 12006 00 25400 \/ 7600 13 10 400 1200 700 6400\/ 7 300 13 10 7001200 800 18800 y (\u2026) 73 0013107001200700 2006\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 la \u00ablibertad condicional\u00bb por cumplir con las 3\/5 partes de la pena y haber obtenido resoluci\u00f3n favorable del Consejo de Disciplina del centro carcelario, pedimento que el despacho criticado neg\u00f3 porque no ha superado las 2\/3 partes del castigo como lo exige el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 890 de 2004 (16 may. 2023). <\/p>\n
Recurri\u00f3 verticalmente esa determinaci\u00f3n, resguardado en el \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, pero el superior la confirm\u00f3 al estimar que la norma m\u00e1s beneficiosa era el art\u00edculo 5\u00ba de la referida ley, conclusi\u00f3n que le resulta violatoria de sus garant\u00edas, pues \u00ablos delitos imputados fueron cometidos bajo la vigencia de la ley 733 y a su vez esta ley fue dictada bajo la vigencia de la ley 591 de 2000 y la ley 600 del mismo a\u00f1o. Ahora bien, con la expedici\u00f3n de la ley 890 y 906 de 2004, la prohibici\u00f3n del art\u00edculo 11 de la ley 733 de 2002 fue derogada t\u00e1citamente puesto que se concedi\u00f3 la libertad condicional para todos los delitos. Sin embargo, con el presente de la corte suprema de justicia sala de casaci\u00f3n penal, la derogatoria solo oper\u00f3 en aquellos distritos judiciales en los que no hab\u00eda a aplicarse la ley 906 de 2004 de lo cual se concluye que en el lugar donde fueron cometidos los delitos la ley que empez\u00f3 a regir el primero de enero de 2006, la ley 890 de 2004, fue y entro en vigencia seg\u00fan el diario oficial del 17 17 de julio de 2004\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Buga inform\u00f3 que conoci\u00f3 de la alzada interpuesta contra el prove\u00eddo que no accedi\u00f3 a la \u00abpetici\u00f3n de libertad\u00bb del actor y remiti\u00f3 copia de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Palmira, luego de narrar las actuaciones que involucran al quejoso, manifest\u00f3, que no concedi\u00f3 lo pedido por este, en virtud al \u00abincumplimiento del factor objetivo para acceder a la misma, es decir, por no cumplirse (\u2026) con las dos terceras (2\/3) partes de la condenado (sic) exigidas por la norma favorable aplicada en su caso, esto es, el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal modificado por el art\u00edculo 5 de la ley 890 de 2004 (\u2026) decisi\u00f3n que fue debidamente recurrida por el penado (\u2026)\u00bb y ratificada por el ad quem. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, porque \u00abla decisi\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga no es irrazonable ni arbitraria, ni mucho menos desconoce el principio de favorabilidad, sin que la simple inconformidad del accionante sea suficiente para considerar que se configur\u00f3 un defecto sustantivo (\u2026) [d]e hecho se adopt\u00f3 con base en lo dicho recientemente por esta Sala que determin\u00f3, en la Sentencia STP6857-2023 en un caso similar, que, en efecto, la norma m\u00e1s favorable para discutir la concesi\u00f3n de la libertad condicional es la Ley 890 de 2004\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento de la salvaguarda y la refrendaci\u00f3n de lo solventado en la primera instancia, toda vez que se avizora que la resoluci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga (29 ag. 2023) que aval\u00f3 la expedida por el a quo (16 may. 2023), mediante la cual, no accedi\u00f3 a la \u00ablibertad condicional\u00bb del gestor, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3, \u00abque en el lapso trascurrido desde la comisi\u00f3n de los delitos por los que fue condenado Luciano Albino Soto Rodr\u00edguez y la solicitud de libertad condicional se ha presentado un tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, con la emisi\u00f3n de distintas disposiciones reguladoras de la misma materia, pero con diferentes matices, por lo que lo procedente, en primer t\u00e9rmino, es establecer la m\u00e1s favorable al sentenciado\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, que entre las sentencias acumuladas emitidas contra el procesado se hallan algunas que lo condenan \u00abpor los delitos de Secuestro extorsivo y Extorsi\u00f3n agravada, por hechos ocurridos el 1 de marzo, 12 de agosto, 1 de diciembre y 17 de diciembre de 2002\u00bb, \u00e9poca en la que se encontraba vigente la Ley 733 de 2002. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00ab[e]l art\u00edculo 11 de la Ley 733 del 2002, dictada al amparo de los c\u00f3digos penal y de procedimiento penal de 2000, estableci\u00f3 una serie de prohibiciones para los procesados por delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo y extorsi\u00f3n, quienes no pueden disfrutar de rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n, suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, libertad condicional, prisi\u00f3n domiciliaria, ni ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, excepto los beneficios por colaboraci\u00f3n previstos en el estatuto procesal\u00bb y, con ello, justific\u00f3 la modificaci\u00f3n parcial de algunos preceptos del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, entre los que est\u00e1 el canon 64, que incluye la mencionada \u00abprohibici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Memor\u00f3, que posteriormente fue expedida la Ley 890 de 2004 que contiene \u00abdisposiciones que aluden a los mismos institutos mencionados en el citado art\u00edculo 11 pero sin establecer las prohibiciones que en \u00e9l se se\u00f1alan, lo cual implica su t\u00e1cita derogatoria, como ya lo hab\u00eda dicho la Corte en la sentencia de tutela del 7 de diciembre del 2005, radicado 23.322, donde se refiri\u00f3 \u00fanicamente a la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, aludi\u00f3 a precedentes de la especialidad penal de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SP 4 feb. 2009, Rad. 26569 y SP 1 jun. 2006, Rad. 24230 y SP 18 jun. 2008, Rad. 29808) para sostener que como \u00f3rgano de cierre \u00abreconoci\u00f3 que el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002 fue derogado t\u00e1citamente a partir de la entrada en vigor de las Leyes 890 y 906 de 2004, hermen\u00e9utica que se sostuvo hasta cuando la Ley 1121 del 29 de diciembre de 2006, reprodujo el texto del art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002\u00bb, lo que, llevado al caso concreto, le permit\u00eda concluir <\/p>\n
que, tanto el art\u00edculo 64 original del C\u00f3digo Penal, como la modificaci\u00f3n introducida con la Ley 1709 de 2014 no son favorables para el procesado, pues as\u00ed ambas contemplen un requisito objetivo un poco m\u00e1s laxo, lo cierto es que en sus vigencias confluyen las prohibiciones contenidas en las leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006 respecto de los delitos de Secuestro extorsivo y Extorsi\u00f3n, por los cuales fue condenado Luciano Albino Soto Rodr\u00edguez en la mayor\u00eda de las sentencias aqu\u00ed acumuladas. <\/p>\n
En otras palabras, <\/p>\n
que, el precepto favorable al sentenciado en el tr\u00e1nsito de legislaciones -y en virtud de lo dispuesto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica- es el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 con la modificaci\u00f3n de la Ley 890 de 2004, en tanto que, en el periplo trascurrido entre su entrada en vigor y la promulgaci\u00f3n de la Ley 1121 de 2006, no existi\u00f3 la prohibici\u00f3n para los referidos reatos, tal como se explic\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes. <\/p>\n
Sin embargo, como la norma que juzg\u00f3 m\u00e1s provechoso para el accionante impone como presupuestos \u00abhaberse cumplido las dos terceras partes de la pena y haberse pagado la multa, m\u00e1s la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima\u00bb, algunos de ellos no fueron satisfechos, dado que, i) de la pena total impuesta (40 a\u00f1os de prisi\u00f3n) \u00abha purgado entre f\u00edsico y redimido la cifra de 24 a\u00f1os, 4 meses y 12 d\u00edas para la fecha en que se emiti\u00f3 el auto apelado\u00bb, y las 2\/3 partes equivalen a 26 a\u00f1os y 8 meses; y, ii) no existe prueba de que se hubiese sufragado la sanci\u00f3n econ\u00f3mica y la reparaci\u00f3n de la v\u00edctima; por lo que, no tuvo remedio distinto que convalidar la negativa pregonada por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira <\/p>\n
1.2. Bajo ese entendido, con independencia de que esta Colegiatura apruebe o no las disertaciones transcritas, no emerge de ellas defecto alguno con entidad suficiente que estructura \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como sugiere el precursor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC7860-2023). <\/p>\n
2. Ahora, los reparos del recurrente alusivos a la falta i) de informaci\u00f3n sobre el castigo pecuniario que debe solventar y, ii) de an\u00e1lisis respecto de un caso de contornos similares que fue fallado favorablemente al requirente, constituyen hechos nuevos de los cuales no se enteraron el a quo ni los convocados a este rito, por tanto, no puede ser analizado en esta \u00abinstancia\u00bb, ya que afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no tuvieron la posibilidad de combatirlos. <\/p>\n
Esta Colegiatura ha sostenido, al respecto, que: <\/p>\n
(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa. (STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021, reiteradas en STC3157-2022, 17 mar., rad. 2021-02113 y 2023-00751, 9 ag., rad. 2023-00751). <\/p>\n
3.- Lo discurrido conlleva a acompa\u00f1ar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16712-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC16712-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01933-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78141","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78141","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78141"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78141\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78141"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78141"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}