STC16715-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16715-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04806-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Juan Daza C\u00e1rdenas en nombre propio y como agente oficioso de Bellanira Rodr\u00edguez Contreras instaur\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Territorial Cesar \u2013 Guajira \u2013 Grupo Post Fallo-, extensiva a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-00033. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas invocaron la guarda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, para que se ordenara a la Corporaci\u00f3n y unidad accionadas, procedan a \u00abdar respuesta a la petici\u00f3n de cancelaci\u00f3n de la medida de restricci\u00f3n de prohibici\u00f3n de enajenar el bien inmueble restituido durante el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os siguientes a la entrega del mismo, en el tiempo prudencial que el Juez determine\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujeron que la Magistratura censurada en el juicio de restituci\u00f3n de tierras que interpuso a su favor la UAEGRTD (rad. 2016-00033), acogi\u00f3 las pretensiones \u00abpor ser v\u00edctimas de desplazamiento y abandono forzado de la Parcela 16 \u2013 Veinticinco de Agosto de la Vereda Hatos de la Guajira en el Municipio de Becerril \u2013 Cesar, ordenando su restituci\u00f3n\u00bb y, consecuentes medidas de protecci\u00f3n, como \u00abla restricci\u00f3n consistente en la prohibici\u00f3n de enajenar el bien inmueble restituido durante el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os siguientes a la entrega del mismo, acto que debe[r\u00eda] ser inscrito en el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria\u00bb (25 oct. 2018). <\/p>\n
Sostuvieron que la entrega material del inmueble se llev\u00f3 a cabo el 24 de julio de 2019, por lo que el t\u00e9rmino de la \u00abmedida restrictiva\u00bb ya se super\u00f3; de ah\u00ed que solicitaron el \u00ablevantamiento de medida de protecci\u00f3n\u00bb a fin de desenglobar el predio ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Territorial Cesar \u2013 Guajira \u2013 Grupo Post Fallo-, quien inform\u00f3 que \u00abya se hab\u00eda radicado ante el TRIBUNAL SUPERIOR\u00bb dicha rogativa (25 nov. 2022). <\/p>\n
Aseveraron que se acercaron a la UAEGRTD \u00abdurante todo este a\u00f1o\u00bb, con la debida diligencia en busca de \u00abuna respuesta clara y de fondo sobre la petici\u00f3n\u00bb; sin embargo, \u00ablos abogados de la misma (\u2026) respond\u00edan diciendo que la competencia para aclarar el levantamiento de la medida de protecci\u00f3n era del TRIBUNAL SUPERIOR y que por tanto deb\u00eda esperar que este se pronunciara\u00bb, sin que a la fecha de interposici\u00f3n de este ruego hayan obtenido soluci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Indicaron que no pueden dirigir su requerimiento directamente al Tribunal, porque (i) \u00abse encuentra[n] en la ciudad de Cartagena y no cuen[tan] con los medios suficientes para desplazar[se] a esa ciudad\u00bb y, (ii) La \u00abrepresentaci\u00f3n de [sus] derechos como victimas la ejerce la UAEGRTD a trav\u00e9s de los abogados del GRUPO POST-FALLO, lo cual [les] impide realizar diligencias directamente\u00bb; de suerte que, esa omisi\u00f3n les ha ocasionado \u00abserios perjuicios ya que dados los alcances de la sentencia no [han] podido adelantar la venta de una peque\u00f1a porci\u00f3n del bien inmueble (\u2026) con el prop\u00f3sito de obtener recursos para volver el predio restituido productivo\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena relat\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al decurso refutado y destac\u00f3 que \u00aben memorial del 10 de noviembre de 2022, el accionante Juan Daza C\u00e1rdenas solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la mencionada medida de protecci\u00f3n\u00bb, por lo que, a trav\u00e9s de \u00abauto del 12 de diciembre del mismo a\u00f1o (\u2026) orden\u00f3 \u201ca la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar la cancelaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n a la que se refiere el art\u00edculo 101 de la Ley 1448 de 2011, que fue ordenada en la sentencia del 25 de octubre de 2018 e inscrita en el FMI No. 190-67460\u201d\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si bien \u00abla Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar no ha allegado a [ese] despacho la respectiva constancia\u00bb de acatamiento de dicho mandato, lo cierto es que, al consultar \u00abel folio de matr\u00edcula inmobiliaria en menci\u00f3n, se observa que la medida de protecci\u00f3n se encuentra cancelada desde el 13 de diciembre de 2022\u00bb; por lo tanto, estim\u00f3 que \u00abno existe la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegada por el actor, comoquiera que la cancelaci\u00f3n deprecada fue ordenada por [ese] despacho e inscrita por el registrador de instrumentos p\u00fablicos mucho antes de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar dijo que \u00ablas determinaciones tomadas han sido ajustadas a derecho\u00bb, por lo que, este mecanismo \u00abresultar a todas luces improcedente y, [pidi\u00f3] se desvincule del presente tr\u00e1mite (\u2026) al no existir de su parte vulneraci\u00f3n y\/o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el extremo activo de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto no quebrant\u00f3 prerrogativa alguna. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto, el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb presentado por el promotor \u00abel 01 de noviembre de 2022 (\u2026) al cual le correspondi\u00f3 el radicado de entrada DTCG1-202201053\u00bb fue remitido por competencia el 24 de agosto de esa anualidad a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, como consta en oficio DTCG2-20220253. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Veintid\u00f3s de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar se opuso al ruego y destac\u00f3 que debe ser \u00abdesvinculada del presente tr\u00e1mite constitucional, ya que desde [ese] ente de control se ha hecho todo el acompa\u00f1amiento necesario\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi IGAC asever\u00f3 que \u00abno tiene injerencia en la omisi\u00f3n ni tampoco en las resultas atinentes a la respuesta, independiente a que haya sido parte dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras 2016-00033; tal como se evidencia en el extracto probatorio la solicitud puntualmente recae en pretensiones que deben ser satisfechas por la Sala Civil Especializada En Restituci\u00f3n de Tierras. Tribunal Superior de Cartagena, en funci\u00f3n de su poder judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anticipa el fracaso del amparo, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Al elevarse \u00absolicitudes\u00bb ante las autoridades judiciales, calificadas por los interesados como \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb, concernientes con pleitos a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales el petente anhela adelantar una actuaci\u00f3n propia del rito o la emisi\u00f3n de una providencia, de aqu\u00e9llas cuando se suplica una actividad administrativa. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con el expediente y se rigen por las reglas del mismo. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb y son susceptibles de custodiarse por esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los \u00abprocesos judiciales\u00bb, salvo en lo relativo a gestiones de linaje \u00abadministrativo\u00bb. <\/p>\n
Lo relatado se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha predicado: <\/p>\n
(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026) (STC8023-2020, reiterada en STC6517-2021, STC4534-2022 y STC3660-2023). <\/p>\n
Como quiera que la \u00abpetici\u00f3n\u00bb cuya resoluci\u00f3n exigen los promotores, estaba encaminada al \u00ablevantamiento de medida de protecci\u00f3n\u00bb que pesa sobre el bien objeto del proceso de restituci\u00f3n de tierras despojadas n.\u00ba 2016-00033, no hay lugar a establecer el quebranto del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, sino a la posible violaci\u00f3n del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Precisado lo anterior, se advierte que la salvaguarda debe negarse porque la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena acredit\u00f3 que el 12 de diciembre de 2022, atendi\u00f3 el pedimento de los impulsores y orden\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar cancelar \u00abla prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n a la que se refiere el art\u00edculo 101 de la Ley 1448 de 2011, que fue ordenada en la sentencia del 25 de octubre de 2018 e inscrita en el FMI No. 190-67460\u00bb [fl. 12, contestaci\u00f3n tutela, archivo: 0011Memorial.pdf, consecutivo 8 del ESAV]; decisi\u00f3n atendida por ese organismo, como se corrobora en la anotaci\u00f3n n.\u00b0 16 de 13 de diciembre de 2022 del F.M.I. n.\u00b0 190-67460 calendado 7 de diciembre de 2023 [fl. 7 ib\u00eddem]. <\/p>\n
En ese orden, como la tarea que por esta v\u00eda se persigue se satisfizo, inclusive con anterioridad a la radicaci\u00f3n del pliego superlativo \u2013 radicado el 5 de diciembre de 2023 -, es indudable que no hay raz\u00f3n para que el \u00abjuez de tutela\u00bb imparta \u00ab\u00f3rdenes de inmediato cumplimiento\u00bb, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de garant\u00eda iusfundamental alguna. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, esta Corte ha esbozado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (STC4943-2019, citada en STC9353-2020, STC13246-2021, STC1956-2022 y STC2692-2023). <\/p>\n
Adem\u00e1s, que, para el \u00e9xito de la ayuda, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC3764-2021, citada en STC1035-2023). <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, la ayuda suplicada resulta inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Juan Daza C\u00e1rdenas en nombre propio y como agente oficioso de Bellanira Rodr\u00edguez Contreras contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Territorial Cesar \u2013 Guajira \u2013 Grupo Post Fallo- <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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