STC16719-2023 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16719-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2023-01398-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de noviembre de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Cristina Lozano Vanegas instaur\u00f3 contra el Juzgado Treinta y Dos de Familia de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00468. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto la providencia dictada el 19 de octubre de 2023 en el asunto de la referencia y, en su lugar, \u00abemitir una nueva (\u2026) que cumpla con el contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con la problem\u00e1tica planteada, toda vez que no fue acertada la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de (\u2026) la Ley 70 de 1931\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el estrado censurado, en el juicio que la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Urbanizaci\u00f3n Mazuren 23 P.H. inco\u00f3 en su contra y de Luis Enrique Olarte, dispuso la cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia constituido en E.P. n.\u00b0 3419 de 22 de mayo de 2003 sobre el predio ubicado en la \u201ccalle 152 #56-75, interior 8, apartamento 502\u201d con M.I. 50N-20375649 (19 oct. 2023). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregular dicho pronunciamiento por cuanto se \u201cincurre en una protuberante v\u00eda de hecho al actuar al margen del procedimiento establecido en la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999\u201d, en atenci\u00f3n a que la demandante es un \u201ctercero carente de legitimaci\u00f3n en la causa por activa (\u2026), no estaba probada la calidad parte (\u2026) para promover el proceso (\u2026) conforme a lo regulado\u201d, pues en tal normativa se \u201ctiene previsto que es un acto inherente de los constituyentes (\u2026) no es dable aceptar que en tercero, supuesto acreedor, quien no hace parte de la constituci\u00f3n del patrimonio\u201d y, por tanto, no era posible accederse a las pretensiones. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no valor\u00f3 en \u201cdebida forma\u201d la evidencia incorporada al infolio, ya que tuvo \u201cpor probada\u201d la calidad de \u201cacreedora\u201d del extremo activo con base en unas \u201cobligaciones que se encuentran en discusi\u00f3n, que nacieron con posterioridad a la constituci\u00f3n del patrimonio de familia (\u2026), cuya decisi\u00f3n a la fecha no se ha definido\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, si bien, todos los beneficiarios de la referida figura jur\u00eddica son mayores de edad, \u201cla afectaci\u00f3n no se extingue respecto de los dem\u00e1s beneficiarios, situaci\u00f3n que no fue analizada por la juez accionada\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad del prove\u00eddo reprochado porque est\u00e1 soportado en \u201clas normativas (\u2026) que regulan la materia y los precedentes\u201d. <\/p>\n
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Norte inform\u00f3 que el 30 de octubre de este a\u00f1o, devolvi\u00f3 \u201csin registrar\u201d el oficio remitido por el despacho acusado, por cuanto a trav\u00e9s de acto administrativo neg\u00f3 tal tr\u00e1mite teniendo en cuenta que \u201c(\u2026) para la cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia (\u2026) se debe elevar a escritura p\u00fablica\u201d; por tanto, \u201cno ha incurrido en conducta alguna que implique la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que invoca la accionante y esta entidad carece de la competencia para resolver, u ordenar actuaciones judiciales\u201d. <\/p>\n
1.- La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el socorro, tras advertir que la decisi\u00f3n cuestionada es \u00abrazonablemente motivada en la audiencia p\u00fablica del 19 de octubre de 2023, adem\u00e1s porque ninguna raz\u00f3n justificativa entreg\u00f3 la parte demandante para incumplir sus obligaciones adquiridas conforme a la norma (\u2026), para concluir en la viabilidad de acceder al levantamiento del patrimonio\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por la tutelante con argumentos similares a los del escrito primigenio y, recalc\u00f3 que, en el veredicto controvertido, \u00ab(\u2026) no se revel\u00f3 con suficiencia las razones de su columna, cual es el deber al que est\u00e1 obligado todo funcionario judicial (\u2026) no se trata de plantear una diferencia de criterios acerca de la manera como el fallador lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n censurada, aunado que efectivamente existi\u00f3 una irregularidad protuberante que claramente fue identificada en los hechos vulnerados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del resguardo y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, porque la sentencia confutada, expedida por el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 (19 oct. 2023), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Previo a definir la Litis, memor\u00f3 lo prohijado por la Corte Constitucional (T-950 de 2004) en el sentido que, cuando la \u00abconstituci\u00f3n de patrimonio de familia afecta a un tercero o existe un motivo justo para levantar, ciertamente (\u2026) la Ley 70 de 1931 (\u2026) previ\u00f3 la posibilidad de levantar judicialmente (\u2026) cuando se acredite la necesidad (\u2026) con lo cual se salvaguardan los derechos de posibles afectados\u00bb con la referida limitaci\u00f3n (minuto 42:17 al minuto 42:54). <\/p>\n
A partir de ah\u00ed, trayendo un caso an\u00e1logo estudiado por esta Corte en el a\u00f1o 2017 (STC15007; rad. 2017-00559-01), sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) debe tenerse en cuenta que la inembargabilidad de los bienes sometidos a patrimonio de familia no es absoluta, sino que cumple con unos fines directamente encaminados a proteger a la familia, espec\u00edficamente algunos de esos miembros durante una etapa de la vida en la que requieren de esta protecci\u00f3n y no permanentemente, trat\u00e1ndose de menores de edad, lo que implica que el patrimonio de familia (\u2026) no puede generar una evasi\u00f3n de obligaciones de los propietarios o una cultura de no pago, m\u00e1xime cuando esas deudas provengan del mismo bien, como es el caso de las cuotas de administraci\u00f3n, caso en el cual, dice la Corte, la carga de su mantenimiento y conservaci\u00f3n se trasladar\u00edan justamente a los otros copropietarios. As\u00ed la interpretaci\u00f3n que debe hacerse de las normas jur\u00eddicas cuyo terminaci\u00f3n o levantamiento se solicita debe hacerse de manera sistem\u00e1tica teniendo en cuenta los derechos de los beneficiarios de ella si es que persisten en caso de estar probado que llegaron a la mayor\u00eda de edad como se firma, pero tambi\u00e9n los deberes que frente a la copropiedad tienen que no pueden descargar en terceros que nada tienen que ver con las obligaciones familiares que se sustentar\u00edan con el bien sometido a gravamen y que ni aun subsistiendo el patrimonio de familia podr\u00edan excluirse en su pago porque est\u00e1n relacionadas con la existencia misma de los bienes alcanzando una calidad que podr\u00eda considerarse de inter\u00e9s p\u00fablico. (minuto 42:57 al minuto 44:42). <\/p>\n
Aplicando el anterior raciocinio al sub examine, concluy\u00f3 el \u00e9xito de los anhelos de la demanda y el \u00ablevantamiento del patrimonio de familia\u00bb, ya que, se logr\u00f3 establecer que ninguno de los requisitos contemplados en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 70 de 1931 se hallan colmados, en la medida que de acuerdo con lo testificado por la gestora y su hijo Gabriel Lozano, en este momento en el fundo no residen menores de edad, solo viven ellos dos y \u00e9ste \u00faltimo es m\u00e9dico; adicionalmente, Luis Enrique Olarte sali\u00f3 de la casa hace aproximadamente 10 a\u00f1os y, por ende, ya no estar\u00edan dadas las condiciones del canon en menci\u00f3n para mantener vigente el gravamen (minuto 44:43 al minuto 45:57). <\/p>\n
De modo que, adem\u00e1s de ser \u00abclaro que no se pueden imponer cargas a la copropiedad propias de los apartamentos cuando ni siquiera est\u00e1n dadas las condiciones para que persista ese patrimonio de familia\u00bb, verific\u00f3 la legitimaci\u00f3n en la causa por activa respecto de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda Urbanizaci\u00f3n Mazuren 23 P.H., punto que reproch\u00f3 la peticionaria, ya que comprob\u00f3 <\/p>\n
la calidad de la administradora (\u2026) con el certificado de la Alcald\u00eda Local de Suba y (\u2026) con el certificado de la C\u00e1mara y Comercio (\u2026), asimismo la existencia de la deuda con el certificado de la administraci\u00f3n que se aport\u00f3 y con el mandamiento de pago que fue librado por el Juzgado Treinta y Cinco Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple del 10 de agosto de 2020 en el proceso con radicado 2020-00094\u00bb (minuto 45:57 al minuto 47:23). <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces, que \u00abexiste un motivo justo para el levantamiento del patrimonio de familia y es la deuda con la administraci\u00f3n que cobija el apartamento\u00bb, pese a que dicha obligaci\u00f3n se encuentre configurada con posterioridad a la suscripci\u00f3n de la limitaci\u00f3n -aspecto que no desconoci\u00f3 el accionado-, en tanto, <\/p>\n
el patrimonio se constituy\u00f3 en mayo de 2003, lo cierto es, entonces que ese patrimonio de familia ya no est\u00e1 protegiendo a la familia de que trata el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 70 de 1931, por lo cual no es posible mantener vigente\u00bb, it\u00e9rese, \u00abla inembargabilidad de los bienes sometidos al patrimonio de familia no es absoluta y se ha demostrado no solo que no existen menores de edad, sino tambi\u00e9n que el hijo de la se\u00f1ora Cristina ya es mayor de edad, adem\u00e1s confes\u00f3 que ejerce como m\u00e9dico (minuto 47:47 al minuto 48:51). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la impulsora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse al pleito, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC1307-2023). <\/p>\n
3.- Con base en lo cavilado, se refrendar\u00e1 lo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16719-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC16719-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2023-01398-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de noviembre de 2023 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78147","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78147","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78147"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78147\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}