STC16727-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16727-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00442-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 16 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de esa localidad, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda de Risaralda, Cotty Morales Caama\u00f1o y la sociedad \u00abDistribuciones e Importaciones J.A. S.A.S.\u00bb, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00212. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasi\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3, pues el estrado enjuiciado presuntamente \u00abniega [su] desistimiento\u00bb e incumple con los \u00abt\u00e9rminos perentorios de tiempo que la ley 472 de 1998\u00bb para definir dicho asunto. <\/p>\n
2. Pretende, en lo fundamental, que se ordene \u00abaceptar [su] desistimiento de la renuente acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira realiz\u00f3 un recuento de \u00abla carga laboral del despacho\u00bb e inform\u00f3 que \u00abentre el mes de enero de 2022 y el mes de junio de 2023 se han celebrado 122 audiencias en el tr\u00e1mite de acciones populares y 154 en el tr\u00e1mite de procesos civiles, para un total de 276\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del auxilio, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel 26 de octubre de 2023 el demandante present\u00f3 una solicitud de desistimiento de la demanda dentro de la acci\u00f3n popular de marras, y sin esperar que ello fuera resuelto por el despacho encausado, radic\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela, al d\u00eda siguiente, el 27 de octubre siguiente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el recurrente, para insistir en su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la salvaguarda satisface el presupuesto de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la autoridad enjuiciada lesion\u00f3 la prerrogativa fundamental Mario Alberto Restrepo Zapata, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00212), por cuanto, presuntamente: (i) no acept\u00f3 el desistimiento que aquel present\u00f3; y (ii) desconoci\u00f3 \u00ablos t\u00e9rminos perentorios de tiempo que la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que el resguardo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la improcedencia del auxilio deprecado, puesto que: i) el reproche sobre la presunta decisi\u00f3n del juzgado denunciado de no aceptar el desistimiento elevado por el actor, incumple el presupuesto de la subsidiariedad; y, ii) el retraso en la definici\u00f3n de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00212) se explica a partir de circunstancias justificativas del contexto de congesti\u00f3n del despacho. <\/p>\n
3.1. De la subsidiariedad <\/p>\n
El resguardo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclaman o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro.; en el caso que se revisa se configura esta \u00faltima modalidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el convocante censura que la agencia judicial \u00abniega [su] desistimiento\u00bb en la acci\u00f3n popular rad. 2022-00212; sin embargo, se observa que el estrado cognoscente todav\u00eda no se ha pronunciado sobre dicha petici\u00f3n1. <\/p>\n
De esta forma, al estar en curso las v\u00edas id\u00f3neas para que se defina la discusi\u00f3n aqu\u00ed expuesta, no es factible ventilar tales asuntos en forma paralela ante la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas salvaguardas, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
3.2. De la mora judicial <\/p>\n
3.2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, mas no cuando esta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entretanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, esta Sala recalc\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual de la agencia judicial, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto. Al respecto, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
3.2.2. De esta forma, revisadas las diligencias, advierte la Corte que la inobservancia del plazo prudencial por parte de la agencia judicial fustigada, para fallar en primera instancia, en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00212, no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, explic\u00f3 en su contestaci\u00f3n que \u00abla carga laboral del despacho ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, mismas que, a la fecha no han ofrecido soluci\u00f3n definitiva\u00bb; en esa l\u00ednea, remiti\u00f3 el \u00abenlace de acceso a las solicitudes elevadas ante la Unidad de Desarrollo Estad\u00edstico -UDAE- y ante el Consejo Superior de la Judicatura con sus respectivas respuestas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abseg\u00fan reporte actualizado; entre el mes de enero de 2022 y el mes de junio de 2023, se han recibido 6408 memoriales con destino a acciones populares, 11291 con destino a procesos judiciales y 2497 con destino a otras acciones constitucionales, lo que representa una alta carga laboral en lo que respecta al \u00e1mbito operativo y al judicial, pues, cada memorial debe ser organizado en el expediente respectivo, ser objeto de estudio y de posterior pronunciamiento por parte del despacho\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, indic\u00f3 que \u00aben el referido lapso, se han proferido 1211 providencias en el tr\u00e1mite de acciones populares, 1861 en el tr\u00e1mite de procesos civiles y 459 en el tr\u00e1mite de otras acciones constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se ha presentado actuaci\u00f3n irregular por parte del Despacho, pues, al contrario, a la parte demandante se le ha garantizado plenamente el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
De manera que, no podr\u00eda en este caso endilgarse un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso de la agencia judicial convocada, por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece, se itera, a circunstancias objetivas de insoslayable consideraci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia del estrado enjuiciado, pues el simple paso del tiempo, analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
3.2.3. Finalmente, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga ineludible la protecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el amparo transitorio estar\u00eda supeditado igualmente a que se halle probada la actitud omisiva por parte de la querellada, la cual, al no estar acreditada en el sub-lite, hace inviable la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al [mecanismo supralegal] sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. En lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de este auxilio, dirigidas a que se ordene \u00abAL CONSEJO SECCIONAL JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA Y SALA ADMINISTRATIVA EN PEREIRA RDA QUE aporten copias digitales de todas las quejas en cualquier tiempo contra jueces civiles cto y magistrados sala civil en el tribunal superior de Pereira Rda (sic)\u00bb y \u00abaportar copias de todas, todas [sus] tutelas donde [ha] desistido de las acciones populares\u00bb, entre otras2, nada obsta para que el censor comparezca directamente ante las autoridades para formular los requerimientos que estime pertinentes; pues se reitera que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que conciernen al interesado. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, respecto de la petici\u00f3n de que se \u00abnombre apoderado de pobre en esta tutela\u00bb\u2013, basta decir que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la salvaguarda constitucional, la misma puede ser ejercida por \u00abcualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb3 quien podr\u00e1 actuar en nombre propio, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente asunto. Sin embargo, si el promotor considera que en lo sucesivo debe ser asistido por un \u00abapoderado judicial\u00bb, nada impide que acuda a un profesional del derecho, a la Defensor\u00eda del Pueblo4 o a los consultorios jur\u00eddicos habilitados para tal fin y solicite lo correspondiente. <\/p>\n
4.3. Finalmente, sobre el escrito posterior allegado por el querellante, en el cual \u00abpid[i\u00f3] nulidad de todo lo actuado\u00bb, se procede a su rechazo, en aplicaci\u00f3n del inciso 4.\u00ba del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, que se\u00f1ala: \u00abel juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta\u00bb de las previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se confirmar\u00e1 la improcedencia del amparo, pues: (i) el mismo resulta prematuro; y (ii) no puede atribuirse una actitud ap\u00e1tica o negligente por parte del estrado fustigado, dado que, como se evidenci\u00f3 en estas diligencias, el retraso en la definici\u00f3n de la acci\u00f3n popular se explica a partir de circunstancias justificativas del contexto de congesti\u00f3n de ese despacho judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de nulidad presentada por Mario Alberto Restrepo Zapata. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el expediente digital rad. 2022-00212. <\/p>\n
2\u0002 Igual se predica de los requerimientos para que \u00abse ordene que [la] acci\u00f3n popular y todas [sus] acciones (\u2026) se sigan tramitando con el Procurador delegado en el despacho que tramite la renuente acci\u00f3n popular y con la intervenci\u00f3n (\u2026) del delegado del ministerio p\u00fablico (sic)\u00bb y que \u00abpierda competencia amparado art 121 factor tiempo\u00bb, pues no acredit\u00f3 presentar tales peticiones. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
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