STC16730-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16730-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00361-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 16 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Marina Garc\u00eda Dur\u00e1n contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, vida digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico expuso que para hacer efectivo el pago de los alimentos tasados a su favor y a cargo de su excompa\u00f1ero permanente Alfonso Montesino Yepes, impetr\u00f3 demanda ejecutiva que fue radicada en el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta bajo el n\u00b0 2023-00283. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene al estrado confutado \u00abque sin m\u00e1s dilaciones se decrete el mandamiento de pago solicitado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Tercera de Familia de Santa Marta, inform\u00f3 que en raz\u00f3n a que la actora solicit\u00f3 \u00abcomo medida cautelar la retenci\u00f3n y embargo del 50% de todos los emolumentos y dem\u00e1s del que sea asignatario el se\u00f1or Montesino Yepes como pensionado de Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Distrital de Santa Marta y Fiduprevisora, [sin que] dentro de los anexos de la demanda se aporta[ra] desprendible de pago donde conste a cu\u00e1nto asciende la mesada pensional del ejecutado y si este tiene alguna otra retenci\u00f3n por otros conceptos similares a alimentos\u00bb, por lo que, con \u00abauto de 25 de septiembre de 2023 [solicit\u00f3 esa informaci\u00f3n] a los pagadores (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abante el silencio de las entidades [mediante] auto de fecha 26 de octubre realiz\u00f3 segundo requerimiento a los pagadores para que aportaran los desprendibles de pago del ejecutado concedi\u00e9ndoles un plazo de tres (3) d\u00edas\u00bb. Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abninguna de las actuaciones dentro del proceso ha sido caprichosa toda vez que sin los desprendibles de pago del ejecutado se hace imposible constatar a cu\u00e1nto asume el 50% de lo comprometido por ambas pensiones\u00bb. <\/p>\n
2. El Secretario de Educaci\u00f3n Distrital de Santa Marta, se opuso a la tutela en lo que ata\u00f1e a esa entidad, porque en atenci\u00f3n al requerimiento realizado por el despacho judicial mediante \u00aboficio No. 1033 de fecha 11 de octubre [de 2023], se expidi\u00f3 por parte del Director de Capital Humano certificaci\u00f3n No. 00932 del 07\/11\/2023 y se le env\u00eda copia al Juzgado Tercero de Familia siendo un hecho cumplido\u00bb. <\/p>\n
3. Fiduprevisora S.A., \u00aben calidad de vocera y administradora del patrimonio aut\u00f3nomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio\u00bb, solicit\u00f3 se declare a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al sostener que con las \u00f3rdenes emitidas por el encartado el 25 de septiembre y 26 de octubre de 2023, \u00abla dilaci\u00f3n arg\u00fcida por la tutelante frente a la falta de pronunciamiento del mandamiento de pago, no luce injustificada, sino que se funda en verificar a cu\u00e1nto ascienden las cuotas alimentarias vencidas que, de acuerdo con lo visto, hab\u00edan sido pactadas de forma porcentual con base en los emolumentos salariales y\/o mesadas pensionales del entonces ejecutado, postura que, al margen que se comparta o no, no luce desatinada ni desproporcionada, de ah\u00ed que no le es dable a esta Sala intervenir (\u2026), m\u00e1xime cuando la actora no debati\u00f3 los requerimientos (\u2026), a trav\u00e9s de reposici\u00f3n\u00bb. Y que como el juzgado \u00abha desplegado actuaciones tendientes a cerciorarse de la suma adeudada por el ejecutado y a favor de la demandante, (\u2026) no se avizora injustificada su tardanza en adoptar una decisi\u00f3n frente al mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la pretensora del resguardo sin presentar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, en particular las derivadas del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque no ha dado impulso a la demanda ejecutiva de alimentos radicada bajo el n\u00b0 2023-00283. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: \u00ab[l]as dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables\u00bb, y que \u00ab[e]l derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
En similar sentido, se\u00f1al\u00f3 que: \u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia\u00bb, y que \u00abla tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC11585-2023, 18 oct., rad. 00292-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, revisados los argumentos de la demanda y confrontados con las pertinentes piezas procesales, la Sala avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, porque no se avizora dilaci\u00f3n procesal injustificada que amerite la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
3.1. Seg\u00fan acta de conciliaci\u00f3n \u00aben equidad\u00bb suscrita el 13 de diciembre de 2020, entre la hoy tutelante y Alfonso Montesino Yepes, se declar\u00f3 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, oblig\u00e1ndose este \u00faltimo a proporcionar a la primera, cuota alimentaria en suma \u00abequivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario, vacaciones, primas, cesant\u00edas e intereses de cesant\u00edas y dem\u00e1s emolumentos que perciba legal y extralegalmente o por cualquier concepto, como docente activo del Distrito Cultural e Hist\u00f3rico de Santa Marta; y del cincuenta por ciento (50%) que perciba como docente pensionado del mismo distrito (\u2026), como mesadas adicionales de junio y diciembre de cada a\u00f1o, a partir del mes de enero del a\u00f1o dos mil veintiuno, pensi\u00f3n que le cancela la Fiduprevisora\u00bb, acord\u00e1ndose su pago dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes, mediante entrega directa a la convocante, quien \u00able firmar\u00e1 una constancia de recibido\u00bb. <\/p>\n
Aduciendo incumplimiento de lo pactado, el 13 de julio de 2023 la reclamante -quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial-, present\u00f3 demanda ejecutiva en la que pidi\u00f3 librar mandamiento de pago \u00abpor la suma de trece millones quinientos mil pesos ($13.500.000), por concepto de las [mesadas] de junio, prima de junio y julio de 2023, equivalentes a la suma de $4.500.000 cada una, m\u00e1s las cuotas que en lo sucesivo se causen [e] intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
Ante ello, previa solicitud de impulso procesal elevada directamente por la actora el 11 de septiembre de 2023, el 25 del mismo mes y a\u00f1o el juzgado manifest\u00f3 que \u00abdeber\u00e1 abstenerse de proveer sobre el mandamiento de pago solicitado, hasta tanto el pagador SECRETARIA DE EDUCACI\u00d3N DISTRITAL DE SANTA MARTA y el pagador FIDUPREVISORA certifiquen el salario actual y las mesadas pensionales del demandado, respectivamente, puesto que en los anexos de la demanda no se cuenta con los desprendibles que certifiquen lo que devenga el ejecutado\u00bb. <\/p>\n
El expediente digital da cuenta que los oficios contentivos de las \u00f3rdenes antes referidas, fueron librados y diligenciados ante las entidades destinatarias el 11 y 12 de octubre de 2023, y que en atenci\u00f3n al informe secretarial en el sentido de que no hab\u00edan respondido, mediante prove\u00eddo del 26 de octubre de 2023, la autoridad querellada resolvi\u00f3 \u00abREQUERIR\u00bb a los pagadores para que emitieran la certificaci\u00f3n y desprendible de pago que d\u00e9 cuenta de la informaci\u00f3n deprecada, fijando para ello \u00abun plazo de TRES (3) d\u00edas\u00bb, de lo contrario abrir\u00eda en su contra \u00abincidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, la respectiva foliatura muestra que las comunicaciones notificando lo dispuesto por el accionado en el prove\u00eddo del 26 de octubre, se expidieron y remitieron a los pagadores requeridos el \u00ab8 de noviembre de 2023\u00bb. <\/p>\n
Por lo antedicho, deviene infundada la actual censura por mora judicial enrostrada al enjuiciado, pues no se evidencia en su titular \u00e1nimo de prolongar indebidamente el pleito bajo su conocimiento, sino una justificada tardanza surgida de las circunstancias que ameritaron obtener previa informaci\u00f3n para librar el mandamiento de pago deprecado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la tutela se muestra improcedente, pues seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger, han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01, citada en STC12021-2023, 26 oct., rad. 00955-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, ha dicho que para la procedencia del auxilio, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC12508-2023, 9 nov., rad. 00293-01). <\/p>\n
3.3. Sin perjuicio de lo anterior, encuentra la Sala que en raz\u00f3n a que en esta sede, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Distrital de Santa Marta inform\u00f3 que el pasado 7 de noviembre proporcion\u00f3 la informaci\u00f3n requerida por el juzgado, se exhortar\u00e1 a la directora del proceso para que con observancia en \u00abdeberes y poderes\u00bb previstos en los art\u00edculos 42 a 44 del estatuto adjetivo, en caso de que el otro pagador haya omitido responder, si lo considere necesario y procedente, adopte las medidas pertinentes para obtener el cumplimiento de lo ordenado, de manera que prontamente emita el pronunciamiento que en derecho corresponda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del amparo por no haberse consolidado la afectaci\u00f3n a las prerrogativas invocadas por la demandante, pero exhortando a la autoridad judicial convocada para que proceda de conformidad con lo anotado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: EXHORTAR a la titular del Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, para que, de no haberlo hecho al momento en que reciba notificaci\u00f3n del presente fallo, con observancia en lo se\u00f1alado en la parte motiva, proceda a analizar la posibilidad de aplicar las medidas pertinentes para la consecuci\u00f3n de la informaci\u00f3n que conlleve calificar prontamente la demanda ejecutiva bajo su conocimiento. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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