STC16734-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16734-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2023-00219-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 10 de noviembre de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Luc\u00eda V\u00e9lez Arango contra los Juzgados Promiscuo del Circuito y Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n. <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado1 que \u00c1ngela Mar\u00eda Toro Henao promovi\u00f3 contra Ramiro de Jes\u00fas Chavarr\u00eda Chavarr\u00eda y Mar\u00eda Alejandra Chavarr\u00eda Cifuentes (rad. n.\u00ba 2022-00218), el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n dict\u00f3 sentencia anticipada el 13 de marzo de 2023, en la que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato y orden\u00f3 la entrega del bien. <\/p>\n
2.2. Con ese prop\u00f3sito, se comision\u00f3 para la diligencia, en la que Martha Luc\u00eda V\u00e9lez Arango, tutelante, present\u00f3 oposici\u00f3n \u2013con fundamento en que es \u00abpropietaria y poseedora\u00bb del predio en disputa2\u2013, por lo que esta se suspendi\u00f3 y se remiti\u00f3 el asunto al estrado cognoscente, quien, con auto de 31 de julio posterior, la rechaz\u00f3 de plano, con base en el canon 309, numeral 1 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto \u00ab[los arrendatarios] deb\u00edan restituir el inmueble a su arrendadora, la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Toro Henao, sin embargo, por decisi\u00f3n propia le entregaron el inmueble a la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda V\u00e9lez Arango, opositora en la diligencia de entrega, y quien no hac\u00eda parte del negocio jur\u00eddico celebrado el 5 de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.3. Inconforme, la se\u00f1ora V\u00e9lez Arango formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, primera defensa en la que se dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto \u2013por cuanto \u00absi pretende hacer valer su calidad de propietaria del inmueble, deber\u00e1 ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria correspondiente, tal y como sucedi\u00f3 con la demanda de reconvenci\u00f3n planteada en el proceso con radicado 05761-40-89-001-2020-00168-00\u00bb\u2013; a la vez que la segunda se deneg\u00f3, por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia. <\/p>\n
2.4. No obstante, la actora recurri\u00f3 nuevamente a trav\u00e9s del remedio horizontal \u2013en el que se ratific\u00f3 el criterio expuesto\u2013, y en queja, \u00faltima en la que, el 11 de octubre hoga\u00f1o, el Juzgado Promiscuo del Circuito de la citada urbe declar\u00f3 bien denegada la alzada, por cuanto \u00abno procede de forma alguna el recurso de apelaci\u00f3n contra los autos proferidos en \u00fanica instancia, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 321 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sin embargo, a juicio de la memorialista, esas decisiones son irregulares, comoquiera que, al ser una tercera ajena al proceso, se le debi\u00f3 reconocer la garant\u00eda de doble instancia y estudiar sus argumentos, pues \u00abella no tiene v\u00ednculo con los demandados en el proceso de restituci\u00f3n y no hace parte del proceso, (\u2026) [y] no se pueden traer a colaci\u00f3n actuaciones correspondientes a otros procesos y mucho menos negar un recurso aduciendo que existen otras v\u00edas procesales\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00ab[dejar] sin valor los autos proferidos mediante los cuales se procede a rechazar de plano la oposici\u00f3n sin agotar el tr\u00e1mite estipulado en el Art\u00edculo 309 n. 6 y 7 del C\u00f3digo General del proceso, el auto que no concede el recurso de apelaci\u00f3n y del auto que rechaza de plano el Recurso de queja\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n anot\u00f3 que, \u00abesta judicatura resolvi\u00f3 el recurso de queja impetrado en contra de las decisiones del Juez Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n, negando la queja al ser improcedente el recurso de apelaci\u00f3n en procesos de \u00fanica instancia, conforme a la normatividad procesal aplicable. Providencia que fue notificada al Juzgado A QUO y a las partes procesales, por estados N\u00b0 082 del 12 de octubre de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Promiscuo Municipal de esa localidad relat\u00f3 las actuaciones del proceso y adujo que, \u00abcomo bien se ha explicado en las providencias emitidas por esta judicatura en el proceso con radicado 05761-40-89-000- 2022-00218-00, la accionante recibi\u00f3 el inmueble por parte de Ramiro y Mar\u00eda Alejandra Chavarr\u00eda, demandados en el proceso ordinario, adquiriendo en el proceso la misma calidad de los demandantes iniciales, por lo que se rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 309 del estatuto procesal vigente, sin que exista la necesidad de la pr\u00e1ctica de pruebas como lo sugiere la se\u00f1ora V\u00e9lez Arango\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que \u00abel bien objeto de litigio actualmente se encuentra inmerso en el proceso con radicado 05761-40-89-001-2020-00168-00, en el que las se\u00f1oras Martha Lucia V\u00e9lez Arango y Angela Mar\u00eda Toro Henao (parientes en grado de afinidad) se encuentran vinculadas, la primera formulando la pretensi\u00f3n de reivindicaci\u00f3n, y la segunda solicitando que se declare la pertenencia, en el que hace poco se notific\u00f3 a la curadora para que represente a los herederos indeterminados, se admiti\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n y se corri\u00f3 traslado de las excepciones previas formuladas en la demanda inicial por parte de la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La apoderada de \u00c1ngela Mar\u00eda Toro Henao reliev\u00f3 que \u00absi bien la accionante referencia por medio de su apoderada que ella se encontraba en el predio objeto de restituci\u00f3n al momento de la diligencia de entrega del inmueble, lo estaba \u00fanica y exclusivamente porque entre ella, su apodera y los inquilinos hacen una acta de entrega, salt\u00e1ndose no solo el contrato de arrendamiento, sino el proceso judicial en curso que se ten\u00eda y del que la accionante ten\u00eda conocimiento pleno, en este orden, no pod\u00eda ella haber recibido el inmueble, pues no figuraba dentro del contrato vigente\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Por ende, orden\u00f3 \u00abdejar sin efecto el auto calendado el 11 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n, en el marco del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado varias veces referido, mediante el cual deneg\u00f3 el recurso de queja formulado por la parte opositora y aqu\u00ed accionante; y en su lugar, se ORDENA a la mencionada agencia judicial con categor\u00eda de circuito, que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, proceda a estudiar nuevamente lo concerniente a tal recurso de queja y profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, tiendo (sic) en cuenta lo expuesto en la motivaci\u00f3n de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El titular del estrado Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n recurri\u00f3 la providencia del a quo constitucional, porque \u00abla accionante, Martha Luc\u00eda V\u00e9lez Arango, no cumple con ninguno de los presupuestos mencionados con antelaci\u00f3n, porque: 1) NO es tercera poseedora ajena al proceso, sino que ostenta la calidad de tenedora al haber recibido el inmueble directamente de los arrendatarios, aunado a que tuvo la oportunidad de intervenir en el tr\u00e1mite, espec\u00edficamente en la diligencia de restituci\u00f3n previa y; 2) SI cuenta con la posibilidad de hacer valer sus derechos como propietaria del inmueble objeto de restituci\u00f3n a trav\u00e9s de un proceso reivindicatorio, que se est\u00e1 surtiendo en el proceso con radicado 05761-40-89-001-2020-00168-00 \u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de la referencia (rad. n.\u00ba 2022-00218), por declarar bien denegada la apelaci\u00f3n que Martha Luc\u00eda V\u00e9lez Arango present\u00f3 contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n que formul\u00f3 a la entrega del bien en disputa. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, la Corte precisa que habr\u00e1 de confirmarse la concesi\u00f3n del amparo que hiciere el tribunal a quo, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n ha trasgredido las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso que le asisten a la tutelante, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que, para declarar bien denegada la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n que la libelista formul\u00f3 en la entrega del bien en disputa, en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de la referencia, la autoridad se\u00f1al\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de actuaciones al Interior de un proceso de \u00fanica instancia de restituci\u00f3n de Inmueble arrendado y a la luz del principio de taxatividad del recurso de apelaci\u00f3n, se evidencia de forma palmaria que no procede de forma alguna el recurso de apelaci\u00f3n contra los autos proferidos en \u00fanica instancia, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 321 del CGP (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Sobre el punto, se ha afirmado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La oposici\u00f3n del tercero poseedor es en esencia una cuesti\u00f3n diversa del conflicto que es debatido en el juicio, en la cual las pretensiones del interviniente son aut\u00f3nomas frente a las aducidas por el demandante y el demandado. Por ende, tanto su tr\u00e1mite como la decisi\u00f3n que la resuelva son totalmente independientes de la acci\u00f3n principal. <\/p>\n
Por consiguiente, las vicisitudes del litigio, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n que tiene definidas no se extienden a esa actuaci\u00f3n incidental que est\u00e1 gobernada por una forma procedimental propia, instituida para la tutela judicial efectiva de las garant\u00edas constitucionales y legales del tercero en su condici\u00f3n de extra\u00f1o a la discusi\u00f3n que enfrent\u00f3 a los sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica debatida en el litigio\u00bb <\/p>\n
(\u2026) Aunque no se discute que las partes del proceso est\u00e1n sometidas a esa restricci\u00f3n, el tercero que ha alegado tener la posesi\u00f3n material del bien no debe recibir id\u00e9ntico tratamiento <\/p>\n
porque simplemente no se encuentra en un plano de paridad con los demandantes y los demandados. <\/p>\n
Requisito imprescindible de la excepci\u00f3n a la doble instancia de los procesos consagrada en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es la garant\u00eda del principio de igualdad que no es la simplemente formal sino la material por la que aboga el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior, del cual deriva como mandato dar un mismo trato a iguales y uno diferenciado a desiguales\u00bb (STC3763-2016, 31 mar., citada y reiterada en STC7428-2021, 22 jun.). <\/p>\n
En otro caso similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tambi\u00e9n se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta propio afirmar, que la regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal. <\/p>\n
Y es que aceptando que la distinta posici\u00f3n jur\u00eddica de los opositores en relaci\u00f3n con los sujetos procesales los restringe para actuar en el proceso y poder censurar las decisiones que s\u00f3lo competen a los \u00faltimos, resultar\u00eda contradictorio, adem\u00e1s de improcedente, negar su acceso a la segunda instancia trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC5309-2016, 28 abr., reiterada en STC7428-2021, 22 jun.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha insistido en que \u00abfiguras procesales como la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega y la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, aunque bien pueden entenderse como actuaciones o etapas de un tr\u00e1mite en concreto, se erigen en instituciones transversales del ordenamiento adjetivo, cuya configuraci\u00f3n y previsi\u00f3n no pueden entenderse absolutamente delimitadas por las peculiaridades del proceso en que se suscitan\u00bb, y especialmente, \u00abcuando a esas facultades de oposici\u00f3n acuden quienes son ajenos a la relaci\u00f3n sustancial que motiva el proceso\u00bb (STC4312-2018, 4 abr.). <\/p>\n
De esa manera, se ha concluido que \u00ab(\u2026) en situaciones especiales, como la de los terceros opositores, debe procurarse la protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de forma reforzada, en tanto estos intervinientes no pueden sujetarse a aspectos como la cuant\u00eda del asunto, toda vez que no detentan la calidad de partes y, en esa medida, su inter\u00e9s se circunscribe \u00fanicamente sobre el bien en litigio, como en este caso, donde la convocante afirma ser poseedora de un inmueble\u00bb (STC7352-2018, 6 jun.; reiterada en STC14278-2019, 18 oct.). <\/p>\n
En tal virtud, la materializaci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional de defensa de la tercera tutelante, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la apelaci\u00f3n como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutir ante el superior funcional la legalidad de lo resuelto sobre su oposici\u00f3n, se justifica en la necesidad de propender la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos. <\/p>\n
3.2. Finalmente, sobre los dem\u00e1s embates tra\u00eddos a colaci\u00f3n por el titular del despacho Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n en su impugnaci\u00f3n \u2013v. gr., que la censora no cumple los presupuestos de la calidad en la que afirma actuar o que cuenta con otras v\u00edas procesales para hacer valer sus prerrogativas\u2013, precisa la Sala que, ciertamente, sobre esos aspectos versaron tanto la oposici\u00f3n como los recursos que se deber\u00e1n definir, por lo que, cualquier pronunciamiento que se hiciere en esta sede resultar\u00eda anticipado, en la medida en que, en ese decurso, se deber\u00e1n adoptar las determinaciones correspondientes. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00219-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria confirm\u00f3 el fallo proferido el 10 de noviembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Martha Luc\u00eda V\u00e9lez Arango contra los Juzgados Promiscuo del Circuito y Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n, porque \u00abla decisi\u00f3n proferida por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n, mediante la cual rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la entrega formulada por la aqu\u00ed accionante, resultaba susceptible del recurso de apelaci\u00f3n, pues pese a que la misma fue proferida en virtud de un proceso de \u00fanica instancia y que en principio en aquel no es permitido el recurso de apelaci\u00f3n, los precedentes jurisprudenciales citados ense\u00f1an una posici\u00f3n contraria a tal regla (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para ello, advirti\u00f3 el acompa\u00f1amiento de la sentencia de primera instancia, en tanto, <\/p>\n
\u00abde la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n ha trasgredido las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso que le asisten a la tutelante, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que, para declarar bien denegada la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n que la libelista formul\u00f3 en la entrega del bien en disputa, en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de la referencia, la autoridad se\u00f1al\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de actuaciones al Interior de un proceso de \u00fanica instancia de restituci\u00f3n de Inmueble arrendado y a la luz del principio de taxatividad del recurso de apelaci\u00f3n, se evidencia de forma palmaria que no procede de forma alguna el recurso de apelaci\u00f3n contra los autos proferidos en \u00fanica instancia, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 321 del CGP (\u2026)\u00bb <\/p>\n
No obstante, esa argumentaci\u00f3n contraviene el criterio que la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural ha venido sosteniendo de forma reiterada, consistente en que, con independencia de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado proceso \u2013como en el sub-lite\u2013, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve limitada para los terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto tal determinaci\u00f3n por las siguientes razones: <\/p>\n
(i). Queda claro que lo controvertido en esta oportunidad es lo dirimido en la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega de un inmueble, formulada dentro de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, que por disposici\u00f3n legal es de \u00fanica instancia. <\/p>\n
(ii) La \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb prevista en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, constituye un tr\u00e1mite especial, aunque de estructura similar al proceso, en la medida que impone la proposici\u00f3n de la pretensi\u00f3n, un t\u00e9rmino propio para pruebas y su decisi\u00f3n, su principal caracter\u00edstica es el de ser accesorio a \u00e9ste . Por ende, constituyen elementos de su naturaleza, i) La existencia de un pleito previo; ii) Que la \u00abcuesti\u00f3n\u00bb tenga el car\u00e1cter de \u00abaccesoria\u00bb respecto de aquel y, iii) Una resoluci\u00f3n judicial que lo dirima. <\/p>\n
Esa condici\u00f3n de \u00abaccesoriedad\u00bb, es precisamente la que impide, cualquiera sea la \u00abcuesti\u00f3n a definir\u00bb, que altere la esencia misma del \u00abproceso principal\u00bb, de acuerdo con el principio general del derecho \u00ablo accesorio sigue la suerte de lo principal\u00bb, y no al contrario. <\/p>\n
De manera, que, de conformidad con dicho \u00abprincipio\u00bb, las cosas \u00abaccesorias\u00bb que dependen de las \u00abprincipales\u00bb correr\u00e1n, material, ideal o jur\u00eddicamente la suerte de esta. <\/p>\n
(iii). El art\u00edculo 321 de la misma codificaci\u00f3n, en su numeral 9\u00b0, prev\u00e9 que es apelable el auto emitido en primera instancia, que \u00abresuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que lo rechace de plano\u00bb, lo que, en mi criterio, no permite la interpretaci\u00f3n extensiva que se hace en el veredicto del que tomo distancia. <\/p>\n
Cuando la norma hace referencia a \u00abautos proferidos en primera instancia\u00bb, excluye de entrada los expedidos en \u00fanica instancia, como es el asunto examinado que, por tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble dado en arrendamiento cuya causal es exclusivamente la mora, al tenor del art\u00edculo 384, numeral 9 ib\u00eddem, \u00abse tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
La principal caracter\u00edstica de los \u00abprocesos de \u00fanica instancia\u00bb es, precisamente, que las providencias all\u00ed adoptadas carecen del recurso de apelaci\u00f3n, lo que constituye una de las excepciones al \u00abprincipio de la doble instancia\u00bb contemplado en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 9 del C\u00f3digo General del Proceso, que, tal como lo estima la jurisprudencia constitucional, no es absoluto \u201cpues no hace parte del n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelaci\u00f3n puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte\u201d desde luego \u201c(\u2026) siempre y cuando con esa determinaci\u00f3n no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales\u2026\u00bb (C-179 de 1995 reiterado en la C- 103 de 2005). <\/p>\n
(iv). Si en el sub lite la \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb se present\u00f3 en un \u00abproceso de \u00fanica instancia\u00bb, que como qued\u00f3 dicho no tiene apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n adoptada, tampoco la tiene a menos de desatender la unidad del proceso civil en el que, adem\u00e1s, la igualdad como principio que regula la instancia impone una razonable equivalencia de posibilidades en el ejercicio de la acci\u00f3n y la defensa. <\/p>\n
3.- Por consiguiente, no era posible que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n concediera la apelaci\u00f3n del auto por medio del cual resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n referida y, por ende, que el Promiscuo del Circuito de dicha sede la tramitara. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Expediente. 05000-22-13-000-2023-00219-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los dem\u00e1s integrantes de la Sala, salvo mi voto, pues considero que debi\u00f3 revocarse la concesi\u00f3n del amparo y, en su lugar, desestimarlo. Todo porque, al tramitarse en \u00fanica instancia el proceso objeto de queja constitucional, era, en efecto, improcedente el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la accionante contra la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n a la diligencia de entrega del inmueble objeto del proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado, conforme a los siguientes argumentos. <\/p>\n
Cuatro son las vertientes que por manifiesto se\u00f1alamiento del C\u00f3digo General del Proceso conforman los procesos de \u00fanica instancia: i) por un lado, por el factor objetivo, los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda; ii) por otro, los que seg\u00fan su naturaleza tienen asignada esa consecuencia, tales como los de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fundada en la causal de mora [num, 9, art\u00edculo 384), etc.; iii) adem\u00e1s, por la \u00edndole misma del tr\u00e1mite, todos los verbales sumarios (Par\u00e1grafo 1 \u00ba, art, 390) que en \u00faltimas, se derivan de la materia y cuant\u00eda de sus pretensiones; iv) y finalmente, por el car\u00e1cter de los sujetos involucrados, como en el caso \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica) en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb que conoce esta Corte de conformidad con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 30. <\/p>\n
La m\u00e1s importante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u201c\u00fanica instancia\u201d, es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento jur\u00eddico patrio ya ha sido dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el principio de la doble instancia contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, al legislador le asiste una ponderada libertad de configuraci\u00f3n (C-103\/05 que estudio la exequibilidad del literal b) del art\u00edculo 70 de la Ley 794 de 2002). <\/p>\n
Esta categor\u00eda de procesos tiene una unidad estructural permeada o trascendida por la anterior circunstancia, de tal manera que cualquiera sea la \u00edndole de las instituciones jur\u00eddico-procesales que necesaria o accidentalmente se integran en su desarrollo quedan afectadas por esa caracter\u00edstica; no al contrario, es decir, no es v\u00e1lido que \u00e9stas lleguen a alterar esa propiedad esencial. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n deriva de sencillos principios de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no por a\u00f1osos algunos han ca\u00eddo en desuso, como que all\u00ed donde el legislador no distingue no le es permitido al int\u00e9rprete hacerlo, que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu (art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil) y que las excepciones son restrictivas, los que empalman directamente con el de seguridad jur\u00eddica que implica que en todo momento las personas sepan a qu\u00e9 atenerse en sus relaciones jur\u00eddicas con los dem\u00e1s particulares y con la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que no sucede cuando un planteamiento normativo di\u00e1fano es modificado por una hermen\u00e9utica desentendida de estos planteamientos. <\/p>\n
En tal medida, estimo que no es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, pues la particularidad que en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 321 procedimental el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto \u00ab…que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb no autoriza a autom\u00e1ticamente deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que se suscite esa discusi\u00f3n, pues, igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr., tomado al azar, para el prove\u00eddo \u201c…que por cualquier causa le ponga fin al proceso\u201d num. 7 idem) y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia, pues, de la misma forma que con la postura aqu\u00ed sostenida por la mayor\u00eda, lo desnaturalizar\u00eda. <\/p>\n
Menos a\u00fan, si lo que esa particular visi\u00f3n resulta creando es una excepci\u00f3n que, en los t\u00e9rminos del prove\u00eddo del que me aparto, privilegia el inter\u00e9s del tercero por el simple hecho de serlo; como si su actuaci\u00f3n se diera en un proceso distinto al que las partes afrontan con sus vicisitudes, ventajas y limitaciones. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u00ab[Bien] rural denominado VANAT\u00da, comprendido por tres inmuebles: Villa Mar\u00eda identificado con la matr\u00edcula inmobiliarias N\u00b0 029-3882, la \u201cAngostura El Retiro\u201d, Matricula No. 029-3884 y el Pedrero, con Matricula No. 029-3881 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n Antioquia\u00bb, de acuerdo con la providencia del ad quem. <\/p>\n
2\u0002 En el escrito inicial, la accionante manifest\u00f3: \u00abconforme a lo estipulado en el Art\u00edculo 309 No. 2 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que adujo la calidad poseedora y propietaria inscrita de los bienes objeto de \u00e9sta diligencia, tal como lo acredita el acto escriturario No. 1.867 del c\u00edrculo notarial de Medell\u00edn, de fecha cuatro (4) de Octubre, de dos mil (2.000), los se\u00f1ores JES\u00daS MAR\u00cdA V\u00c9LEZ ARANGO, identificado con la cedula de ciudadan\u00eda N\u00b0 8.294.198 y ANGELA MARIA TORO HENAO, identificada con la cedula de ciudadan\u00eda N\u00b0 42.874.855, transfirieron a t\u00edtulo de venta real y efectiva a la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA V\u00c9LEZ ARANGO, los inmuebles antes descritos y alinderados. La se\u00f1ora MARTHA LUCIA V\u00c9LEZ ARANGO tiene la posesi\u00f3n material sobre el inmueble, desde hace m\u00e1s de Veintid\u00f3s a\u00f1os (22) a\u00f1os, en forma quieta y pac\u00edfica, realizando actos de due\u00f1a y desconociendo cualquiera pretensi\u00f3n de terceros\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16734-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16734-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2023-00219-01 (Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 10 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78156","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78156","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78156"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78156\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}