STC16735-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16735-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00356-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 9 de noviembre de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Carlos Antonio Gonz\u00e1lez Guzm\u00e1n contra los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, las Notar\u00edas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, S\u00e9ptima y Octava del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9 y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
As\u00ed mismo solicit\u00f3 que en caso de no haberse tramitado el proceso de sucesi\u00f3n, se realice inmediatamente y se le adjudiquen los bienes a que tiene derecho. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1al\u00f3 el accionante que es hijo de Luis Antonio Gonz\u00e1lez Molano, quien falleci\u00f3 en el a\u00f1o 2018, asimismo, relat\u00f3 que su abuela Dolores Molano Hern\u00e1ndez y t\u00eda Aura Marina Gonz\u00e1lez Molano fallecieron respectivamente en los a\u00f1os 1994 y 1997, aunado a lo anterior, cuenta que su abuela presuntamente dej\u00f3 una casa, sin embargo, aduce que ni su madre, ni sus hermanos, ni \u00e9l han recibido nada de la herencia. <\/p>\n
2.2. Indica que el 23 de octubre de 2023 solicit\u00f3 a las autoridades accionadas que le informaran si existi\u00f3 alg\u00fan proceso de sucesi\u00f3n de sus familiares, sin que a la fecha de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela hubiera recibido respuesta alguna. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los Juzgados Segundo, Tercero, Quinto y Sexto, Familia de Ibagu\u00e9, las Notar\u00edas Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Sexta del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9 y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9, en sus escritos de r\u00e9plica indicaron que en efecto recibieron la petici\u00f3n del accionante a la cual le dieron respuesta inform\u00e1ndole al peticionario que a la fecha ante dichas autoridades no se ha tramitado sucesi\u00f3n del causante Luis Antonio Gonz\u00e1lez Molano. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s accionados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que para la fecha en que se radic\u00f3 la acci\u00f3n de tutela (30 de octubre de 2023) e incluso para la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia (9 de noviembre de 2023), el plazo establecido para resolver de fondo la aludida solicitud de informaci\u00f3n no ha transcurrido, lo cual sin lugar a equ\u00edvocos deja ver que la vulneraci\u00f3n alegada en el libelo genitor es inexistente. <\/p>\n
Finalmente estableci\u00f3 que de cara a la petici\u00f3n encaminada a que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela se d\u00e9 tr\u00e1mite al juicio de sucesi\u00f3n, se advert\u00eda que la misma carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con las herramientas judiciales pertinentes ante la autoridad correspondiente a fin de que se resuelva la controversia alegada por \u00e9l. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se limit\u00f3 a indicar que no estaba de acuerdo con la decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed pues, revisada la demanda de tutela, se extracta que el promotor se queja que: (i) las autoridades accionadas no han dado respuesta al derecho de petici\u00f3n que radic\u00f3 el 23 de octubre de 2023, para obtener informaci\u00f3n acerca de la sucesi\u00f3n del causante Luis Antonio Gonz\u00e1lez Molano; y (ii) si a la fecha no se ha tramitado ning\u00fan juicio mortuorio de su padre, que se proceda a dar tr\u00e1mite inmediato al mismo para que se le adjudique los bienes a que tiene derecho. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reclamos, advierte la Corte que, como lo concluy\u00f3 el a quo, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, por cuanto para la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, esto es, el 30 de octubre de 2023, no se hab\u00eda cumplido el t\u00e9rmino legal establecido para dar respuesta a las peticiones que piden informaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, para la fecha en que el accionante impetr\u00f3 el presente resguardo constitucional, las autoridades estaban en t\u00e9rmino para resolver la petici\u00f3n incoada el 23 de octubre de 2023, advirti\u00e9ndose incluso que, alguna de ellas, dieron repuesta a lo pedido por el actor. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
4. En cuanto a la otra inconformidad del promotor, considera la Corte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, al momento de impulsarse el presente tr\u00e1mite, el gestor no ha agotado los medios ordinarios de defensa judicial que tiene a su alcance para resolver la controversia que alega por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, t\u00e9ngase en cuenta que, si lo que pretende el actor es iniciar un proceso de sucesi\u00f3n de su difunto padre, bien puede acudir al ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria para que all\u00ed el juez competente resuelva la situaci\u00f3n que alega el accionante o puede acudir ante notario para realizar la correspondiente sucesi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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