STC16737-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16737-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2023-04812-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Sonia Milena Serrato Moreno instaur\u00f3 contra la Sala de Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Veintinueve de Familia, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-00140. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, por medio de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a los estrados censurados \u00absustituir las decisiones adoptadas en auto de 6 de diciembre de 2021 y en providencia de 26 de septiembre de 2023\u00bb y, en su lugar, \u00abreconozca[n] como activo de la sociedad conyugal SOTO – SERRATO los dineros correspondientes al pago del precio del veh\u00edculo HBM-496, el cual era un bien social\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado acusado declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n que Javier Alejandro Soto M\u00e9ndez plante\u00f3 frente a la partida \u00fanica que ella relacion\u00f3 en el juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, consistente en: \u00ab[l]os dineros producto de la venta del veh\u00edculo automotor placa HBM 496, que fue adquirido por Javier Alejandro (\u2026) el 26 de junio de 2017, es decir durante la vigencia de la sociedad conyugal toda vez que la sentencia la declar\u00f3 liquidada el 3 de octubre de 2017\u00bb, con la cual aport\u00f3 el certificado de libertad y tradici\u00f3n \u00abdonde se prueba que [Javier] (\u2026) lo vendi\u00f3 el 28 de junio de 2019\u00bb y la constancia de pago del impuesto del veh\u00edculo del a\u00f1o 2019, \u00abdonde [acredita] el valor del mismo para [ese] a\u00f1o\u00bb, por tanto, \u00abel valor del activo consta de $15.340.000\u00bb -rad. 2016-00140- (6 dic. 2021). <\/p>\n
El ad quem convalid\u00f3 esa determinaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que \u00abquien denunci\u00f3 la partida no alleg\u00f3 prueba id\u00f3nea que permita establecer la pretendida venta del automotor ni el monto de la enajenaci\u00f3n, y lo m\u00e1s importante, la existencia y ubicaci\u00f3n de los dineros correspondientes al pago del precio, es decir, su capitalizaci\u00f3n, es evidente que su inclusi\u00f3n en el inventario es inadmisible porque no se demostr\u00f3 en debida forma su existencia\u00bb (26 sep. 2023). <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 link de acceso al expediente objetado y el Juzgado Veintinueve de Familia defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien, la impulsora busca dejar sin efectos los autos a trav\u00e9s de los cuales: i)- Se declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n propuesta por Javier Alejandro Soto M\u00e9ndez a la partida \u00fanica en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, concerniente a \u00ab[l]os dineros producto de la venta del veh\u00edculo automotor placa HBM 496, que fue adquirido por Javier Alejandro (\u2026) el 26 de junio de 2017, es decir durante la vigencia de la sociedad conyugal toda vez que la sentencia la declar\u00f3 liquidada el 3 de octubre de 2017\u00bb (6 dic. 2021) y, ii)- El que lo ratific\u00f3 en segunda instancia el 26 de septiembre de 2023, se examinar\u00e1 \u00fanicamente la \u00faltima de tales providencias, por ser la que dirimi\u00f3, definitivamente la problem\u00e1tica que aqu\u00ed se trae. <\/p>\n
2.- Clarificado lo anterior, se anuncia el decaimiento del amparo, toda vez que dicha resoluci\u00f3n, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, inicialmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[e]l inventario de bienes debe cumplir con las exigencias formales y sustanciales de existencia, ser l\u00edcito, posible, y tal como lo ordena el art\u00edculo 34 de la Ley 63 de 1936 debe estar perfectamente determinado o ser determinable por su ubicaci\u00f3n, linderos, cabida, clase, entre otras caracter\u00edsticas\u00bb, pues <\/p>\n
La norma en cita prev\u00e9: \u2018En el inventario y aval\u00fao se especifican los bienes con la mayor precisi\u00f3n posible, haciendo la debida separaci\u00f3n entre bienes propios del causante y bienes de la sociedad conyugal. Respecto de (\u2026) los cr\u00e9ditos, acciones y dem\u00e1s efectos similares, deben enunciarse, entre ellos, intereses o dividendos pendientes a la muerte del causante, garant\u00edas que los respalden y dem\u00e1s especificaciones pertinentes. (\u2026) Los muebles deben tambi\u00e9n inventariarse y avaluarse por separado o en grupos homog\u00e9neos o con la debida clasificaci\u00f3n y enunciando la materia de que se componen y el estado y el sitio en que se hallan. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3, que \u00ablos bienes sociales cuando de liquidar la sociedad conyugal se trata, son los destinados a conformar el inventario y ellos deben relacionarse con apego a las formalidades establecidas para individualizarlos con toda claridad, de donde surge la necesidad de acreditar la condici\u00f3n de bienes sociales, esto es, adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal por uno de los c\u00f3nyuges, y su existencia al momento de la disoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 esbozando que el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso expresamente indica que \u00abla objeci\u00f3n respecto del inventario tiene como finalidad, entre otras, el que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas, reclamaci\u00f3n que obviamente deben realizar las partes del proceso para evitar futuros perjuicios ante el eventual caso de adjudicarse bienes que a pesar de resultar inventariados realmente no existen; o que pertenecen a terceras personas a quienes, por ende, no les es oponible el acto partitivo\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, advirti\u00f3 la confirmaci\u00f3n del interlocutorio apelado, teniendo en cuenta que \u00abSonia Milena Serrato Moreno y Javier Alejandro Soto M\u00e9ndez contrajeron matrimonio religioso el 31 de mayo de 2008 y se divorciaron mediante sentencia proferida el 3 de octubre de 2017\u00bb y, que \u00abel veh\u00edculo de placas HBM-496 lo adquiri\u00f3 Javier el 23 de junio de 2017, esto es, en vigencia de la sociedad conyugal, y que, posterior a la disoluci\u00f3n de la misma, dispuso del automotor el 28 de junio de 2019, dado que lo traspas\u00f3 a Nelson Eduardo Barreto Rodr\u00edguez, como consta en el certificado de tradici\u00f3n aportado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que \u00abeste no es el escenario, ni la oportunidad para abrir el debate en torno a la venta que el c\u00f3nyuge hizo del bien social luego de disuelta la sociedad conyugal, o la venta de cosa ajena, pues es asunto que debe debatirse en el proceso que le ley tiene previsto para tales fines, en donde, despu\u00e9s de un amplio debate probatorio deber\u00e1 tomarse decisi\u00f3n al respecto\u00bb. <\/p>\n
3.- En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la querellante, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n de la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de este mecanismo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018, STC2544-2021, STC360-2023). <\/p>\n
4.- En conclusi\u00f3n, el ruego no puede salir avante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Lina Roc\u00edo Cadena Montoya contra la Sala de Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Veintinueve de Familia, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse esta decisi\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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